Ciencia o política: ¿cuál manda?

Álvaro Ramis 

Martin Heidegger, en la primera lección de su curso “¿A qué se llama pensar?” desliza una de sus frases más controversiales y objeto de múltiples interpretaciones: “La ciencia no piensa”[1]. Años después el filósofo comentará esos dichos:  “Esta afirmación resulta escandalosa … dejemos a la frase su carácter escandaloso, aun cuando apostillemos inmediatamente que, no obstante, la ciencia tiene que habérselas con el pensar en su propia forma especial”[2].

Sostener que “la ciencia no piensa” puede llevar a escándalo, ya que la ciencia es en sí el acto humano reflexivo por excelencia, el más alto ejercicio del intelecto en sus funciones elucubrativas, explicativas, taxativas, predictivas y evaluativas. La ciencia lleva a la humanidad hacia las fronteras el conocimiento, y nos hace concientes tanto de lo que sabemos, como de lo que ignoramos, con la mayor certidumbre posible, en las condiciones de nuestro actual entender y comprender. Sin embargo, Heidegger sostiene en que la ciencia no piensa. ¿porqué lo hace? 

Lo que parece decir es que la ciencia calcula, razona, describe, taxonomiza, verifica, comprueba, anticipa, deduce e induce. Pero la ciencia no “piensa” en el sentido filosófico del término. En primer lugar, porque las disciplinas científicas no pueden ocuparse de elucidar sus propios conceptos fundamentales. Es decir, la ciencia se basa en conceptos previos, que le van valor y validez, pero que no necesariamente cumplen con lo que el método científico prescribe Eso se ve al estudiar la historia de la ciencia, donde se  constata que no existe un método único, basado en principios inalterables, ni una que regla que no se haya roto, en los procesos de avance científico. Cómo ha señalado el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend, las infracciones al “método científico”, en su versión cartesiana, han sido condición necesaria, y  no accidental, para su avance. La ciencia ha progresado en buena parte por medio de ensayo y error, construyendo “hipótesis ad hoc”[3], que han permitido “llenar” provisoriamente distintos “vacíos de evidencia”, hasta que un nuevo paradigma cientifico, más complejo, sustituye al anterior. 

Por otro lado, a la ciencia no le cabe decidir y ponderar lo que debemos hacer ante sus evidencias y datos. En otras palabras la ciencia puede decirnos cómo dominar la energía atómica. Pero no le cabe decidir si ese conociento se debería utilizar para producir electricidad, en su uso civil, o para construir armas de destrucción masiva. Nos puede dar datos sobre el desarrollo de una pandemia, pero no nos puede ar una receta única sobre la  política sanitaria del país. A quién le cabe analizar el aporte de la ciencia, y tomar una decisión, es a la conciencia de los gibernantes, y en general al conjunto de la sociedad, que puesta ante la evidencia científica, deberá pensar sobre sus efectos y valorar sus consecuencias. A ello lo llamamos “decisión política”.

En ese ámbito se aplica la distinción de Emanuel Kant entre Razón Pura y Razón Práctica. La ciencia habita en la Razón Pura, donde las evidencias y certidumbres son palmarias, claras, distintas y vinculantes. En cambio, lo que Heidegger llama “Pensar” radica en el reino del la Razón Práctica, el enorme y extenso campo de lo “opinable”, donde pueden existir legítimas preferencias y valoraciones de carácter político, religioso, moral, cultural, o espiritual. En ese sentido, y sólo en ese, la ciencia no piensa. Porque no es su papel extraer o ponderar las consecuencias de sus evidencias y experimentos. Pero el científico, en tanto ciudadano del mundo, sí debe pensar. Y la sociedad humana, tiene el deber de pensar. Actualizando la máxima de Heidegger, la ciencia no piensa…pero no se puede pensar sin la ciencia, o en contra de la ciencia. 

La política anticientífica 

Esta distinción es importante en este tiempo de pandemia. Lo que esta circunstancia obliga, especialmente a las autoridades y espacios de decisión pública, es a pensar. Pero ese pensar es un “momento segundo”, que sigue al “momento primero”, que radica en reconocer el dato o la evidencia de la ciencia, e impone actuar en coherencia con la verificación, empirica o analítica, que permite todo pensar posterior. 

Uno de los mayores dramas que vivimos en este tiempo, con su terrible correlato de incremento en las muertes y en los efectos sociales de la pandemia, radica en aquellos gobernantes que han tratado de “pensar” antes de detenerse ante la ciencia. Ya sea Trump, Bolsonaro o Piñera, el patrón recurrente que se observa es el mismo: un intento de pensar la pandemia, desde la idelogía, y más aún,  desde el interés pecuniario, electoral, o personal. Se advierte un tratar de gobernar las cuarentenas desde la conveniencia de las cifras amañadas, los datos ocultos, los cuentas alegres, las fake news, las teorías del complot o los afanes de competencia internacional. Esto es lo que lleva a los desastres que hoy conocemos, y que se podrían haber evitado si las autoridades hubieran pensado cuando se debe y cómo se debe.

La ciencia no prescribe un curso único de acción política o gubernamental ante una emergencia. Pero presenta un abanico acotado de posibildades, que no se pueden soslayar. Por supuesto, le cabe un ámbito específico al deber de pensar. Los gobiernos deben hacerlo para interpretar, decidir, priorizar, reglamentar, prohibir, incentivar o desincentivar a la sociedad. Cabe allí un espacio a las legitimas preferencias ideológicas o convicciones personales. Pero estas funciones no se deben formular antes, ni menos en contra, de lo que la ciencia delimita como marco obligatorio de realidad. Hacerlo es desertar del deber de buscar aquella verdad que nos debemos, y que no puede surgir sin el recurso a la falibilidad de cada una de nuestras hipótesis.

Política sin ciencia: el caso chileno  

Queda claro que ciencia y política deben tener sus ámbitos de acción diferenciados. El punto de fricción opera cuando estos límites se traspasan.En el caso de Estados Unidos, esto se ve cotidianamente, en las abiertas fricciones entre Donald Trump y los especialistas en salud pública. A fines de junio los principales epidemiólogos de Estados Unidos, incluyendo los que trabajan para el propio gobierno, afirmaron ante el Congreso que es necesario hacer más pruebas de coronavirus para detectar la enfermedad, y no menos, como había anunciado pocos días antes el presidente: “Al contrario, vamos a hacer más test, no menos”, sostuvo el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas, Antony Fauci, considerado el principal epidemiólogo del país y miembro del cuerpo de asesores de la Casa Blanca para el combate a la pandemia de coronavirus.

Pero es en Brasil donde la “guerra” abierta entre ciencia y politica se expresa con su máxima crudeza. Llega a niveles absurdos. Jair Bolsonaro se ha negado, desde el comienzo de la pandemia por coronavirus, a usar una mascarilla de protección. Un juez federal ha tenido que determinar que el presidente brasileño deberá pagar una multa de 2.000 reales por cada día que desobedezca las órdenes que tratan de poner límites a la propagación de la pandemia. Esta situaciónse da en el segundo país del mundo en número de contagios, con más de 1,1 millones y donde el número de fallecidos sobrepasa ya la cifra de 52.000.

En Chile todo el manejo gubernamental de la cuarentena ha estado atravesado por el manejo poco riguroso de las cifras, situación que ha involucrado directamente al ministerio de salud y al ministerio de ciencia. La “Batalla de Santiago”, metáfora que guió las decisiones del ex ministro Jaime Mañalich, ocultó un combate mucho más político-electoral y comunicacional, que un esfuerzo técnico consistente. En palabras del académico y máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Gonzalo Bacigalupe:  “Se asesoraron por investigadores en inteligencia artificial sin calle, sin entender nuestra idiosincrasia. No aprendieron de lo que había sucedido en países con culturas similares -relaciones sociales de mucha cercanía, alta desconfianza en la autoridad, saliendo de crisis políticas y sociales- como Italia y España”.

Este aspecto revela que cuando habla de ciencia, no sólo se debe asumir las prescripciones de las ciencias exactas, como las estadísticas, o de las ciencias de la salud. También las ciencias sociales entregan elementos prescriptivos, en su propio campo de análisis. Carecer de esos elementos termina llevando a afirmaciones tan bochornosas como las que expresó en ex ministro Jaime Mañalisch cuando señaló: ““Hay un sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga… del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”. 


[1] Heidegger, M. (2005), ¿Qué significa pensar? Trad, de Raúl Gabás Pallas. Madrid:Trotta, p. 19

[2] Heidegger, M. (1980), “Martin Heidegger en diálogo”, en: García de la Huerta L, M. La Técnica y el Estado Moderno. Santiago: Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile.p. 176.  

[3] Feyerabend, P. (1993). Contra el Método. Barcelona: Planeta De-Agostini.


De gerentes a ideólogos. El nuevo gabinete de Piñera

A inicio de 2010 Sebastián Piñera presentó su primer gabinete ministerial conformado predominantemente por equipos gerenciales. El sello de su primer gobierno pretendía ser el que le proveería gente experta en la gran empresa, con larga carrera en la gestión de compañías de gran escala. A los seis meses de recorrido este diseño empezó a hacer agua. Los gerentes no sabían cómo comunicarse en el congreso, no entendían que debían articularse con los partidos, se contradecían entre sí, minusvaloraban los movimientos sociales, y sobre todo, se desesperaban porque la administración pública es lenta, pesada, ultra-condicionada por las múltiples contralorías y fiscalizaciones internas propias del Estado.

Cuatro años se demoró Piñera en aprender que un buen gerente privado puede ser un pésimo gerente público, si es posible usar esa denominación para quienes detentan un cargo político. Sobre todo si se trata de un gerente a la chilena, acostumbrado a vencer pero no a convencer, ni siquiera a los de su propio equipo. La racionalidad empresarial chilena parece marcada por la vieja escuela del patrón de fundo, que controla el latifundio como quién controla una parte de su casa y que considera a sus trabajadores como servidumbre doméstica. Pero el Estado, con todas sus contradicciones, no es eso. Es un entramado hecho y pensado para despersonalizar los cargos, para complejizar las decisiones y para limitar el poder de sus detentores. Un patrón de fundo al frente de un ministerio se tiende a volver loco, porque tiene que dar cuenta de todo lo que hace a sus capataces, convencer a otros patrones de fundo que opinan y votan en el congreso sobre su feudo, mostrar sus cuentas más ínfimas a una nube de burócratas que sólo se dedican a controlar sus gastos, y sobre todo manejarse en una escena pública donde cada gesto y cada palabra es juzgada por una opinión pública quejumbrosa e hipercrítica, incluso la que ha votado por su sector en la última elección.

Este mal entendido de Piñera explica que su gobierno se convirtiera, indudablemente, con los números en la mesa, en el que tenga más imputados por corrupción haya tenido desde 1990 a la fecha. Solo para recordar algunos nombres: Gabriel Ruiz-Tagle, Laurence Golborne, Pablo Wagner y Santiago Valdés, los más emblemáticos. Estos nombres, provenientes del mundo netamente empresarial, se diferencian de otros casos de corrupción que encabezaron dirigentes políticos como Pablo Longueira, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Jovino Novoa o Iván Moreira.

Los aprendizajes del piñerismo 

Durante los últimos cuatro años, fuera del gobierno, Piñera y sus asesores han demostrado que han realizado algunos aprendizajes. El más importante es haber distinguido más claramente entre el rol del “político” y el rol del “gerente”. Y a la vez han diferenciado entre el “gerente público” o gerente de un ente estatal, y el gerente privado empresarial. Este aprendizaje se nota por los nombramientos que ha realizado y por la preparación que ha realizado de su gente.

Por ejemplo, el piñerismo profesionalizó la formación de sus cuadros intermedios encauzándolo en un curso universitario especialmente destinado a ello. A fines de 2016 lanzó un “Magíster en Gestión de Gobierno” en Universidad Autónoma, cuyo rector es el empresario y dirigente de derecha Teodoro Ribera. El director de este magister ha sido hasta ahora el ex subrecretario del interior Rodrigo Ubilla, quién volverá a ocupar ese cargo el 11 de marzo. Este magister, que se dictó en Santiago, Temuco y Talca, fue una forma de crear un enfoque propio respecto a la especificidad de la “gestión” de lo estatal, un punto débil en el gobierno anterior de Piñera. Seguramente los exalumnos de este magister ocuparan las seremías y direcciones de servicios regionales en los años venideros.

Pero donde más se nota el cambio de criterio es en el gabinete ministerial. En primer lugar, la “gestión” ministerial la ha radicado claramente en los subsecretarios,  9 de los cuales se repiten el plato: Rodrigo Ubilla en interior, Alfonso Silva en Relaciones Exteriores, Claudio Alvarado (UDI) en la Segpres, Fernando Arab en Trabajo, Lucas Palacios (UDI) en Obras Públicas y Rodrigo Benítez en Medio Ambiente. Además Carol Brown (UDI), asumirá Niñez tras haber estado antes en la subsecretaría de Carabineros; Alfonso Vargas (RN), que pasará de Defensa a Agricultura; Ricardo Irarrázabal, de Medio Ambiente a Energía y Juan Manuel Toso, quien fue subsecretario subrogante de Redes Asistenciales durante el primer período y esta vez asumirá como titular. Piñera sabe que esta gente ya aprendió a hacer la pega y conoce la enmarañada dinámica de la “gestión” interna del Estado. A los subsecretarios les tocará hacer la labor cotidiana, burocrática, administrativa para “liberar” totalmente a los ministros para que tengan un rol netamente “político”.

¿Y quienes son sus ministros? en su enorme mayoría cuadros políticos experimentados, que saben de la política parlamentaria. En un primer anillo duro, claramente provienen de los partidos de la derecha: Andrés Chadwick (UDI) en interior, Alberto Espina (RN) en defensa, Hernán Larraín (UDI) en Justicia, Nicolás Monckeberg (RN) en trabajo, Cristián Monckeberg (RN) en vivienda, Baldo Prokurica (RN) en minería, Felipe Ward (UDI) en bienes nacionales.

El segundo grupo de ministros se puede denominar “los ideólogos”. Es gente que sin experiencia relevante en el campo partidario o parlamentario, posee una experiencia clave en el ámbito del desarrollo de las ideas de la derecha, por su participación en alguno de los tres grandes think tank de este sector ideológico: Libertad y Desarrollo, Avanza Chile y Fundación Para el Progreso.

Libertad y Desarrollo es el centro de estudios tradicional de la UDI, fundado por Hernán Büchi y dirigido por décadas por Cristián Larroulet. En este gabinete contará con Juan Andrés Fontaine como ministro de Obras Públicas, Susana Jiménez como ministra de Energía, José Ramón Valente, en el ministerio de economía, Marcela Cubillos, ministra de Medio Ambiente, y Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social.

Libertad y Desarrollo es un think tank clamente neoliberal pero casi perece moderado al lado de la furibunda y anarco-capitalista Fundación para el Progreso. Este centro fundado y financiado por el ex propietario de los supermercados Líder Nicolás Ibáñez y dirigido por el economista Axel Kaiser, se ha ganado el apelativo de los yihadistas del libre mercado por parte de los otros grupos de estudio de la derecha. Este espacio llegó al gabinete con dos de sus integrantes: Roberto Ampuero en la Cancillería y Gerardo Varela, en Educación. No son casuales estos nombramientos. No se trata de gerentes, se trata de ideólogos, de “guerreros culturales” en dos áreas que la derecha reconoce como su debilidad. El analista Cristobal Bellolio, comentando estos nombramientos señaló “Son dos ministerios donde se libra la batalla cultural. En ese sentido, Piñera le hace caso a Kaiser: esta es una batalla cultural y no hay que darla a medias tintas, hay que darla con lo más duro que uno tiene[1]“.

La Fundación para el Progreso (FPP), junto con manejar un presupuesto impresionante, que sale del bolsillo de Ibañez, cuenta con una red internacional de contactos con las fundaciones y centros neoliberales más duros del mundo. Mientras Libertad y Desarrollo es la contraparte en Chile del tradicional CATO Institute norteamericano, ligado al partido republicano, la FPP es el socio de del Ayn Rand Institute y de Atlas Society, unos think tank que van mucho más lejos que el partido de Donald Trump en materia de ideológica. Se trata en realidad de gupos que proponen la disolución del Estado en el mercado, incuso en áreas y maneras que Friederich Hayek y Milton Friedman nunca hubieran apoyado. La comparación con el yihadismo no es inapropiada porque es un centro que no teme las consecuencias que provoquen sus actos. Lo que busca no es administrar bien la realidad existente, sino alterarla generando un “caos creativo” que desemboque en un nuevo orden modelado de acuerdo a su utopía del mercado autoregulado sin el menor rastro del Estado.

Por su parte Avanza Chile es el corazón del peñerismo, el centro de estudios personal del candidato. A tal punto que muchas de sus actividades se realizaban en sus oficinas de Apoquindo 3000. De allí viene Cecilia Pérez, que vuelve a la Secretaría General de Gobierno; Felipe Larraín, en Hacienda; y Gonzalo Blumel, que era el director ejecutivo de esta fundación es el nuevo ministro de Segpres. También desde este espacio proviene Alfredo Moreno nuevo ministro de desarrollo social, incorporado al comité político a partir de marzo. Otro rostro es Isabel Plá, Ministra de la Mujer y Equidad de Género. Este grupo es incondicional al presidente, su brazo ejecutor directo sin mediaciones ni resistencias.

Cabe hacer notar que en este diseño no figuró el Centro de Estudios Públicos. El CEP, que trató de posicionar una derecha liberal, independiente de los partidos e “inteligente”, no contará con ningún ministro ni alto cargo en el nuevo gobierno de Piñera. Es un síntoma de la derrota final de intelectuales de gran nivel, como Aturo Fontaine, que justamente por pensar y hablar sin filtros se han hecho incómodos para el poder de su propio sector político. Hoy Piñera quiere otra cosa: políticos disciplinados, intelectuales funcionales a su proyectos y agitadores ideológicos para correr el cerco de lo posible. Hacia la derecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] El Mercurio, 24 de enero de 2018.

Piñera: ¿el presidente del crecimiento?

El factor crucial, que definió las elecciones presidenciales de 2017 fue sin duda la expectativa de los electores respecto al crecimiento económico. Y eso explica el arrollador triunfo de Sebastián Piñera. La división de la Nueva Mayoría y el impulso del naciente Frente Amplio también fueron elementos que jugaron un rol, pero no tienen punto de comparación ante un dato fundamental, que fue muy bien trabajado por la derecha y que encontró eco, de distintas maneras, entre diferentes capas de la población.

Vale recordar que la ralentización de la economía chilena no comenzó con la elección de Michelle Bachelet. Ya en 2013 la economía chilena creció un 4,1 por ciento, la cifra más baja desde 2010, producto de una fuerte caída en la inversión durante la segunda mitad de ese año. Como recuerda el economista Ricardo Ffrench-Davis[1] “Las exportaciones en el gobierno de Piñera se trancaron. En el gobierno de Piñera. No en este gobierno”. A la vez, fue el gobierno de la derecha el que deterioró los equilibrios fiscales: “Piñera recibió un estado que era acreedor del mundo” y “entregó un estado que era deudor neto del mundo”. Como observa el académico: “Estaban con las manos llenas con el precio del cobre y tuvieron déficit fiscal. Entregaron déficit estructural y efectivo”. Recordemos que Piñera subió el impuesto a las empresas del 17 al 20%, pero a la vez redujo otra serie amplia gama de impuestos, mientras introdujo diversos gastos permanentes, como el nuevo post natal. De allí que Ffrench-Davis concluya que “No se pueden bajar impuestos a menos que se bajen grandes gastos permanentes”.

Pero en términos generales Piñera contó entre 2010 y 2012 de una suerte excepcional, ya que le acompañó un alto precio del cobre y un gran dinamismo internacional, por lo cual la derecha resalta cada vez que puede que se creció al 5,3% anual como promedio de su gestión, aunque entregó el Gobierno creciendo sólo a 2,7% en sus dos últimos trimestres. En general fue un período que navegó con viento de cola a nivel global. Pero cabe dudar de que ello pueda explicarse por méritos de la gestión del gobierno. En ese mismo lapso, 2010-2013, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia crecieron más que Chile.

Al contrario, al gobierno de Michelle Bachelet le tocó navegar con un fuerte viento de frente, promediando un 2% en cuatro años. Por eso Andrés Allamand publicó sarcásticamente en Twitter: “El legado Bachelet: El gobierno con peor crecimiento económico desde 1990. Punto final”. Es indudable que la desaceleración de los últimos meses de la administración de Piñera se agravó durante 2014, y llevó a un 2015 en que no sólo se estancó la inversión sino también el consumo, un dato inédito desde 1990. Este elemento es el que más impacto tiene en la calle. Es el factor que resienten de inmediato los comerciantes, sin importar su escala. Ya sea una gran cadena de Retail o una feriante del persa de teniente Cruz en Pudahuel, la contracción en la demanda del consumo cotidiano es un dato que se percibe de forma instantánea, y genera efectos subjetivos enormes, que inciden directamente en el deterioro del mercado del trabajo y en las remuneraciones.

Crecimiento: ¿pieza clave, pero suficiente?

El gobierno de Sebastián Piñera sabe que sus electores lo medirán casi exclusivamente por esta vara. Todo lo que acompañe su gestión será anecdótico respecto al sumo criterio del crecimiento. Y todo indica que nuevamente comenzará su gestión con mucho viento a favor. Roberto Angelini, presidente de empresas Copec, ya lo expresó en octubre pasado en una entrevista: “¿Cómo le fue económicamente al Grupo Angelini este año? – Creo que terminará mejor de como empezó. Tampoco puedo decir en detalle porque no tenemos el resultado, pero así como se ven las cifras, hay buenas perspectivas. ¿Concuerda con el ministro de Hacienda en que hay señales robustas de reactivación, que irían más allá de brotes verdes en la economía? – Sí, por los precios de nuestros productos. Creo que cerraremos un buen año, con brotes verdes tanto en Chile como afuera […] En general, el año 2018 se ve bastante bien para todos los sectores en que estamos involucrados[2]”.

Similares opiniones han mostrado todos los principales grupos económicos del país. Esta situación se explica por la recuperación económica mundial, la estabilidad del mercado chino -el principal comprador de cobre del mundo- y la disminución del valor del dólar, lo que favorece el incremento del valor de la libra del metal rojo. El precio de la libra de cobre alcanzó en diciembre los US$ 3,24, un alza de un 30,1% respecto de enero de 2017, cuando llegó a los 2,5 dólares.

Un efecto de este nuevo ciclo es el incremento del valor del peso chileno en un 8,93% respecto de enero de 2017. A su vez el segundo semestre muestra un incremento de los flujos de capital, y fuertes ganancias Otro del IPSA, que cerró el año con 5.564,6 puntos, un 30,14% superior a enero del pasado 2016, algo que no ocurría desde 2010. La clave de este proceso no está en Chile, sino en la recuperación económica mundial y particularmente en la estabilidad del mercado chino. Aducir variables de política interna es simplemente un recurso oportunista y electoral.

El significado del crecimiento

Es indudable que el crecimiento económico es un factor relevante en la vida de un país. Sin embargo, no lo es todo. Así lo entendió la presidenta Michelle Bachelet, según sus propias palabras: “A mí no me interesa para nada un crecimiento económico brutal por sí solo, el crecimiento económico tiene que expresarse en una mejora en la vida de las personas […] Y digo para las personas porque para aquellos que miden el Gobierno solo por el crecimiento económico, evidentemente este no va a ser el Gobierno de mayor crecimiento económico. Eso es evidente. Sin embargo, yo espero que todas aquellas reformas que han buscado darle más dignidad a las personas, más igualdad en sus oportunidades y derechos, queden plasmadas en la vida de la gente”.

Esta mirada descree del crecimiento como solución para todos los males y fuente de todos los bienes de una sociedad. Pero este convencimiento va en contra de una de las bases de la modernidad capitalista. Una idea tan fuerte y extendida que ha llegado a ser una convicción casi religiosa. Eso es lo que plantea Yuval Noah Harari: “La modernidad, en cambio, se basa en la firme creencia de que el crecimiento económico no solo es posible, sino que es absolutamente esencial. Las oraciones, las buenas obras y la meditación pueden ser reconfortantes e inspiradoras, pero problemas tales como el hambre, la peste y la guerra solo pueden resolverse por medio del crecimiento”. La idealización de estas variable ha llegado en algunas sociedades a ser una verdadera obsesión, como ocurre en Singapur, donde el salario de los ministros está asociado directamente al porcentaje de crecimiento, de forma similar a los bonos que reciben los directores de una empresa.

Para Chile el énfasis unilateral del nuevo gobierno en el crecimiento puede incrementar la conflictividad social. Especialmente si se recuerda que en nuestro país el 1% más rico, 120 mil personas, tienen una mediana de ingresos de $8,1 millones mensuales y el 0,1% más rico, 12 mil personas, una mediana de $48 millones mensuales. El 30% de los ingresos nacionales se concentra en el 1% más rico; el ingreso promedio de los trabajadores es de $517 mil, pero el 50% de los trabajadores recibe menos de $350 mil y el 80% menos de $650 mil. A la vez la deuda morosa promedio es de $1.450.000. La pensión de vejez por edad promedio que entregan las AFP en modalidad de retiro programado es de $126 mil y el 90% recibe menos de $160 mil. En este contexto el crecimiento por el crecimiento es una bomba de tiempo.

Pero la desigualdad no es la única variable crítica. Más radicalmente, el énfasis productivista puede llevar a exacerbar la conflictividad ambiental. Es lo que auguran las declaraciones de varias personalidades del nuevo gabinete, en particular de la futura ministra de medio ambiente Marcela Cubillos, que adelantando los ejes de su gestión señaló: “Es un proyecto en el que queremos que el cuidado y la protección del medio ambiente salga de una discusión o dicotomía que se oponga al desarrollo[3]”.  En la misma línea se interpretan las declaraciones del futuro ministro de economía José Ramón Valente respecto al caso de una minera: “Dominga es un proyecto grande. En mi opinión un proyecto interesante, pero obviamente fue rechazado por alguna razón y lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan a ese proyecto que está en el tribunal ambiental y ver si es que efectivamente puede ser rescatado[4]”.

Otro factor crítico es el carácter del crecimiento y su sostenibilidad en el tiempo. Para ello sería necesario diversificar la matriz exportadora, especialmente en las áreas donde el país presenta fortalezas, como la industria de la energía solar, la industria del litio, el “cobre verde”, el turismo de intereses especiales, los servicios globales y a la “economía naranja”, ligada a la creatividad y los bienes intangibles del conocimiento. Pero estos factores no aparecen destacados en el programa de Sebastián Piñera. Y en general, no se percibe voluntad de elevar el gasto en I+D+i+e, que permita incorporar más conocimiento y tecnología a la producción.

Chile posee grandes riquezas ligadas a sus recursos naturales. Pero este patrimonio es por su naturaleza limitado. O no es renovable, como en la minería, o es de muy lenta y difícil recuperación, como la pesca y la industria forestal. Frente a eso el crecimiento sólo se puede expandir hacia una única frontera: el conocimiento. Este tipo de producción inmaterial desafía y excede los límites de la propiedad privada, porque posee la necesidad de generar redes colaborativas para su producción, y exige una relación privilegiada de inversión desde la esfera estatal. Por lo tanto, es un ámbito que permite enfrentar y compensar las tendencias rentistas y extractivistas de la economía chilena. La pregunta clave es, por lo tanto: ¿será capaz la derecha chilena de asumir este desafío dentro de su agenda pro crecimiento? ¿o sucumbirá nuevamente ante la ganancia fácil e inmediata ligada a la sobreexplotación de los recursos naturales? Si bien a los electores de Piñera lo que le piden es incrementar crecimiento a cualquier precio, el país es mucho más amplio, y la historia le juzgará de cara a este desafío.

Referencias

[1] Declaraciones a ADN Radio http://www.adnradio.cl/noticias/economia/economista-pinera-recibio-un-estado-acreedor-y-lo-devolvio-como-deudor/20170510/nota/3459138.aspx

[2] Entrevista en Pulso, 18/10/2017.

[3] El Dínamo, 15 de febrero de 2018.

[4] La Tercera, 12 de febrero de 2018.