UNA CATOLICIDAD CADA VEZ MÁS ESTRECHA

En la misma semana, la jerarquía de la Iglesia Católica europea logró dos importantes triunfos políticos: mientras en Italia el llamado episcopal a la abstención en el referéndum sobre la fecundación asistida obtenía una victoria, en España el Senado vetaba la ley que legaliza las uniones homosexuales. El sábado 18 de junio, decenas de miles de personas, convocadas por el Partido Popular (PP) y la Conferencia Episcopal española se manifestaron en el centro de Madrid contra el proyecto de matrimonio gay que había sido aprobado en el Congreso de los Diputados.

No es novedoso el interés de la política vaticana por influir en los debates bioéticos y en la legislación sobre políticas matrimoniales y reproductivas. Lo nuevo de estos últimos sucesos es la forma y el efecto que la política vaticana ha logrado imprimir al curso de los acontecimientos. En Italia, en dos plebiscitos anteriores, referidos al divorcio y al aborto, la población acudió a las urnas y la opción que defendía la Iglesia fracasó. En este caso, el llamado a la abstención se ha conjugado perfectamente con la baja capacidad movilizadora de los sectores progresistas y de la comunidad científica. En España, donde casi dos terceras partes de la población aprueban el matrimonio gay, el arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, no tuvo resquemor alguno en caminar codo a codo con los dirigentes del PP, recalcando la “excepcionalidad” de su participación en este tipo de manifestaciones.

Ambos procesos son la evidencia de un cambio de estrategia en la agenda vaticana, que poco a poco se va a hacer sentir en otras latitudes. Es el regreso de la religión desde el ámbito privado al debate público. Y no por medio de partidos o asociaciones intermediarias, sino de forma directa y beligerante, con los obispos tomando las pancartas y presionando directamente a los gobiernos. Una estrategia más cercana al estilo polémico del cardenal Jorge Medina que a las exhortaciones del cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa. La elección de Joseph Ratzinger como Benedicto XVI fue la ratificación de esta tendencia, que ya se ha incubado en los últimos diez años, pero es ahora que comienza a generar sus efectos. La jerarquía católica en los años posteriores al Concilio Vaticano II trató de hacer convivir las diferentes almas ideológicas que habitan en la catolicidad. Hoy esa voluntad contemporizadora se ha perdido y no son extraños los sentimientos de “orfandad” que experimentan los católicos y católicas progresistas frente a una jerarquía que no teme a comentarios del tipo “dime con quien te manifiestas y te diré quién eres”.

Lo que ahora prima en los ambientes clericales es una enceguecedora voluntad de imponer una “verdad” religiosa en el ámbito público, generando normas para la sociedad y el Estado sin importar los consensos democráticos.

De nuevo se escucha decir: “el error no tiene derechos” y “la verdad no es cuestión de mayorías o minorías”. El gran problema es que no todos los católicos opinamos igual que nuestros obispos en muchos de estos temas. No nos parece mal que la Iglesia se manifieste en temas públicos, incluso puede llegar a ser estupendo ver a los obispos en las calles, ejerciendo su ciudadanía. El problema es la crisis de representatividad que se abre cuando la agenda política del episcopado es tan disímil de las preocupaciones de muchos de sus feligreses. En otros tiempos, obispos progresistas como Óscar Romero, Pedro Casaldáliga o Raúl Silva Henríquez, tuvieron el coraje político de manifestar explícitamente sus posiciones. Sin embargo, los sectores conservadores no dudaron en acusarlos de politizar la fe, de contaminar la doctrina con lo coyuntural y sufrieron severos reproches y castigos. Hoy en día los que salen a las calles, junto a derecha política, son justamente quienes más se opusieron a la “politización” de la Iglesia, en nombre de la neutralidad pastoral.

Estamos ante una creciente falta de sintonía entre la posición oficial de la Iglesia y la de la opinión pública, que se agudiza cada vez que se produce un nuevo nombramiento episcopal, por lo general, beligerantemente conservador. Es en esos momentos en los que la “catolicidad”, entendida como universalidad, se hace tan estrecha que muchos bautizados sienten que no caben en sus límites.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/una-catolicidad-cada-vez-mas-estrecha/2005-06-28/190723.html

ENDEUDANDO A LOS ENDEUDADOS

Los chilenos estamos muy endeudados. El Banco Central calculó que los hogares chilenos están destinando 43% de sus ingresos a pagar deudas. En 2000 esa cifra sólo llegaba a 35%. Este salto ha sido posible mediante la circulación de 13 millones de tarjetas de crédito para una población activa de sólo 7 millones de personas. Se calcula que el endeudamiento de los hogares chilenos aumenta cada año en 16%. Definitivamente, nos están comiendo las deudas.

No es extraño que el nuevo proyecto para el financiamiento universitario preparado por el Ministerio de Educación haya encontrado tanta oposición. Es evidente que la universidad es la principal vía de movilidad social que está al alcance de la población. Optar a mejores niveles de productividad y salarios pasa por la inversión que sea capaz de realizar una persona. En ese punto hay consenso, pero las diferencias comienzan al pensar en las responsabilidades de las personas, el Estado y el mercado en ese proceso.

En los últimos 25 años la cobertura de la educación superior chilena se ha ampliado hasta llegar a los 600 mil estudiantes. Este crecimiento ha sido desigual y fragmentado, tanto en calidad como en orientación. Las nuevas universidades privadas han hecho inversiones y han canalizado las demandas de movilidad social de una importante porción de la población. La propuesta que el Ministerio de Educación ha elaborado en la nueva ley de financiamiento trata de responder a este escenario al tratar de elevar los estándares de calidad por medio de políticas de acreditación y al abrir nuevas posibilidades de financiamiento a los estudiantes de las universidades privadas e institutos técnicos. Pero el proyecto contempla que el actual crédito universitario sea otorgado, universalmente, por la banca privada, bajo sus condiciones de interés y cobranza.

Para los hogares chilenos, sobreendeudados y acosados por la vulnerabilidad y flexibilidad de los empleos, esta solución no es atractiva. Es justo que exista un sistema de crédito para estudiantes que deseen tomar libremente esa opción. El problema es que el costo de las carreras es tan alto que para la gran mayoría sería imposible acceder a estudios universitarios sin contraer una deuda bancaria. En el sobreendeudamiento generalizado es una mala noticia. ¿Estamos condenados a un endeudamiénto crónico, que hipoteque las posibilidades de nuestras familias de acceder a otros bienes? Muchos pensamos que no. Pero para eso es necesario construir una “agenda pro igualdad”, que contemple medios de redistribución del ingreso. No basta asignar al Estado el rol de nivelador de las asimetrías. También es necesaria una mayor e inteligente inversión estatal.

En la actualidad, de cada 10 pesos que se invierten en educación superior, el Estado aporta 2 pesos. El 80 % restante proviene fundamentalmente del bolsillo de las familias. Esta desproporción es una de las más altas del mundo. Según un estudio del Banco Mundial sólo Singapur aventaja a Chile en esto. Una solución justa debe evitar que el gasto estatal termine subsidiando a quienes cuentan con los recursos suficientes para sus estudios. La educación es un bien público por cuanto reporta beneficios a la sociedad, pero también claros beneficios privados a cada estudiante. Por eso se requiere un sistema en que los costos sean compartidos.

¿Por qué no pensar en un subsidio por el costo de oportunidad de trabajo de los estudiantes más pobres? ¿Porqué no plantear una reforma tributaria progresiva, focalizada en los profesionales, como retorno social por su educación? ¿Porqué no privilegiar en la asignación de recursos a los CFT e IP? Un estudio de la Cepal ha confirmado que bajar en uno o dos puntos el índice Gini, que mide la concentración del ingreso, lograría la misma reducción de la pobreza que muchos años de crecimiento. Necesitamos una “agenda pro igualdad” que no le tema al desafío.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/endeudando-a-los-endeudados/2005-06-12/185449.html

UN DEBATE SERIO SOBRE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Álvaro Ramis Olivos. Publicado en La Nación el 2 de junio de 2005.

Antuco y la trágica muerte de los 44 jóvenes conscriptos nos recordó la vigencia del Servicio Militar Obligatorio. Lejos de ser una carga pública equitativa, esta obligación se ha transformado en una odiosa forma de discriminación clasista. Basta ver el origen social de las familias afectadas por la tragedia para recordar que el servicio militar, lejos de ser una responsabilidad universal, es una carga que sólo los más pobres deben cumplir, con mayor o menor voluntariedad.

En 1998 tres jóvenes objetores de conciencia al servicio militar, luego de agotar todas las instancias de apelación nacional, interpusieron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En 2000, la Comisión resolvió de mandar una respuesta al estado chileno en lo referente a este punto. Ante esta solicitud, el Ministerio de Defensa convocó en julio de 2000 al primer foro nacional sobre el servicio militar, que contó con todos los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y las organizaciones religiosas y humanitarias que se han manifestado históricamente ante el punto. Al finalizar el foro, el Ministerio presentó al Congreso un proyecto de ley de modernización del SMO. Este proyecto fue variando en el transcurso de la discusión parlamentaria y en 2004, producto de una indicación de los diputados Antonio Leal y Jorge Burgos, y de la buena disposición de la ministra Michelle Bachelet, pasó a incorporar en su texto una cláusula de objeción de conciencia. Se lograba armonizar así el principio de igualdad ante la ley con el de libertad de conciencia.

Hasta ese momento, la derecha se había manifestado invariablemente por mantener la obligatoriedad del servicio militar, obviamente excluyendo la posibilidad de objetar. Justo en el momento en que esta indicación fue incluida en el texto, el candidato presidencial Joaquín Lavín salió al paso lanzando una de sus más “audaces” propuestas: a su juicio “la objeción” no tenía sentido, ya que él era partidario de implementar un servicio militar enteramente voluntario. Tras esta bombástica noticia el debate “mediático” sobre la vigencia del servicio militar se ha tornado un campo de disputas entre las dos aparentes alternativas: obligatoriedad o voluntariedad.

A juicio de las instituciones que desde hace diez años estamos proponiendo la incorporación de la objeción de conciencia al servicio militar, la propuesta de voluntariedad de Lavín nos huele más a ofertón electoral que a una real voluntad de cambiar el injusto modelo del servicio militar actual. ¿Es que no estamos de acuerdo con un sistema enteramente voluntario? ¿Es que queremos mantener la obligatoriedad? Nada más lejano de nuestras intenciones. Para nadie es un secreto que la implementación de un servicio voluntario exige mayor gasto militar y menor contingente de conscriptos. Pero, ¿un país como el nuestro, que cuenta con un per cápita de cinco mil dólares, será capaz de implementar un sistema que sólo se ha implementado en países que cuadruplican esa cifra? ¿Estamos dispuestos a aumentar el gasto militar? ¿En qué porcentaje? ¿Estamos dispuestos a reducir el contingente de conscriptos? ¿Y qué piensa al respecto el Ejército, que ha señalado que reducir el contingente pondría en riesgo la actual política de defensa?

Lo que sospechamos, desde el campo de los que nos oponemos al actual servicio militar, es que no estamos ante propuestas serias, sino ante una forma muy populista de evadir la discusión y mantener el statu quo. Aunque no nos guste, parece una triste realidad el que por muchos años más Chile va a contar con un Servicio Militar Obligatorio, por razones presupuestarias y estratégicas.

Entonces, la única manera de garantizar la equidad en el marco de un sistema de obligatoriedad universal es reconocer el derecho a la objeción de conciencia e implementar un servicio civil sustitutorio adecuado a nuestra realidad nacional.

Si Lavín y la derecha no quieren cambiar el actual Servicio Militar Obligatorio, lo mejor es que lo digan con todas sus letras, y no sigan engañando a los jóvenes chilenos con promesas que nunca van a querer ni poder cumplir.