LAS NUEVAS GUERRAS DE RELIGIÓN

Las guerras de religión parecían una cosa del pasado. Sin embargo, el siglo XXI nos ha devuelto a un escenario de intolerancia y violencia insospechada. Crecientemente, la fe de las personas y las comunidades suele manipularse como instrumento de confrontación de identidades en pugna. No es necesario viajar a Palestina o Israel para ser testigos de estas disputas, que no sólo se expresan de modo militar. Los efectos de este nuevo tipo de enfrentamiento global no sólo se han sentido en Nueva York o en Ammán. De una manera menos violenta, pero no por ello menos beligerante, en diversos contextos el debate acalora los ánimos.

El sábado 12 se realizó en Madrid una manifestación convocada por una docena de organizaciones católicas, en contra de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE). La marcha fue apoyada por numerosos obispos católicos en sus respectivas diócesis. Esta es la segunda vez, en los 30 años de democracia española, que un sector del episcopado sale a la calle. La primera vez fue hace cinco meses, en la marcha contra la ley de matrimonio homosexual. En esta ocasión, el debate es por la enseñanza religiosa confesional dentro de las salas de clase. Para un sector de la ciudadanía, es fundamental fortalecer la aconfesionalidad del Estado, por lo cual la escuela pública no debería impartir ningún tipo de enseñanza religiosa confesional. Para otro sector, se debe garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la enseñanza de la religión católica.

Simultáneamente, en Estados Unidos el debate está centrado en la reciente victoria que ha obtenido la derecha religiosa más recalcitrante en el Consejo de Educación de Kansas. Allí se ha aprobado una propuesta que permitirá enseñar en los colegios la teoría del “diseño inteligente”, como una explicación científica de la vida. Para el mundo científico esta propuesta constituye una nueva etiqueta del creacionismo bíblico, en rechazo a la teoría de la evolución formulada por Charles Darwin en el siglo XIX. En Francia, la rebelión de los jóvenes de ascendencia africana y magrebí no sólo se explica por la desigualdad económica. Ante la discriminación y el racismo, estas tribus urbanas han asumido su identidad islámica como un refugio y una señal de pertenencia. El laicismo francés, que se basa en negar el papel de la religión en la esfera pública, no ha sido capaz de administrar estos conflictos.

En todas estas disputas se extraña una reflexión más profunda sobre el valor de la laicidad del Estado. Convengamos en que no es lo mismo laicidad que el laicismo excluyente, que es la voluntad de liquidar el hecho religioso de la sociedad y circunscribirlo estrictamente al ámbito privado. El laicismo excluyente es aquel que no dialoga, aunque lo aparente, sino que se impone. La laicidad en cambio es la gestión de la pluralidad de concepciones en el campo de lo religioso. Se vivencia en el espacio de lo que Jurgen Habermas llama “la ética de la discusión”, donde cada uno puede hacer la prueba personal de aquello en lo que cree. En este sentido, es un espacio espiritual. Témoignane Chrétien, una respetada revista de los católicos progresistas de Francia, lo expresaba acertadamente: “La laicidad constituye el espacio donde cada uno puede aventurar su propio discurso, en lugar de permanecer ahogado en el pseudo-con­senso de un pensamiento único, cuyo vacío se llena con la religión mercantil “.

Una sana laicidad implica también desterrar las pretensiones de una nueva cristiandad, y de toda forma de Estado clerical. Recordemos la famosa declaración del Concilio Vaticano II que inaugura una nueva relación entre la Iglesia y el mundo: “Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía” (GS 36).

El Presidente Rodríguez Zapatero, tan atacado por la derecha religiosa de su país, apuntaba en la misma línea, cuando afirmaba en una intervención de 2001: “La creencia religiosa no es ajena a la esfera pública. Es un asunto privado, pues es opción personal la elección de uno u otro credo o la ausencia del mismo. Con la democracia han acabado los tiempos de la imposición religiosa. No obstante, en cuanto hecho compartido por una amplia ciudadanía, con indudables efectos en la vida cotidiana, en las referencias éticas, incluso en el comportamiento político, es preciso tomar la religión como un asunto público. Un asunto que es preciso examinar desde los valores constitucionales… Esta es la tarea pendiente: sustituir la negación del valor de lo religioso o una actitud de indiferencia, por un reconocimiento y valoración positiva del mismo”.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/las-nuevas-guerras-de-religion/2005-11-23/183603.html

Para abrir las anchas alamedas: socialismo y libertad

En la cumbre del milenio, celebrada en el año 2000, los gobernantes del planeta se propusieron ocho objetivos de desarrollo que serían muy plausibles de alcanzar, si tuvieran la voluntad política de hacerlo. Y fijaron una fecha para evaluar sus resultados: el año 2015. Hace pocos días el presidente de Venezuela, en su discurso ante la Asamblea general de la ONU reflexionaba sobre las metas del milenio diciendo: “Cinco años después de la Cumbre del Milenio, la cruda realidad es que la gran mayoría de las metas diseñadas, pese a que eran ya de por sí modestísimas, no serán alcanzadas. Pretendimos reducir a la mitad los 842 millones de hambrientos para el año 2015. Al ritmo actual la meta se lograría en el año 2215. Ve a ver quién de nosotros estaríamos allí para celebrarlo, si es que la especie humana logra sobrevivir a la destrucción que amenaza nuestro medio ambiente. “.

Se puede argumentar entonces: si no estamos en condiciones de alcanzar objetivos tan básicos como las metas del milenio ¿Porqué discutir de algo tan ambicioso como el socialismo? Esta discusión es necesaria justamente porque las metas del milenio no son compatibles con las prioridades políticas de quienes detentan el poder. Y por lo tanto, cambiar esas prioridades es fundamental. Y lograr que cambien las prioridades políticas significa lograr poner en el centro las necesidades sociales y no las expectativas de crecimiento o competitividad de la economía. Comenzar a discutir en serio sobre el socialismo permite pasar desde el discurso del antagonismo a una perspectiva creadora de alternativas. Las Izquierdas siempre logran vencer primero en la batalla de las ideas y después en la batalla por el poder. Luego de una década de hegemonía en el pensamiento neoliberal, hoy vivimos un despertar a las ideas y las experiencias de un nuevo socialismo que nos hacen prever avances insospechados.

Ya sabemos lo que no será el socialismo del futuro: No será una vía intermedia para humanizar el capitalismo. El socialismo del futuro no implica un viraje al centro, si entendemos el centro como una mayor tolerancia con la explotación, la miseria, la guerra, y la dominación. Por otro lado, también sabemos que el socialismo del futuro no puede identificarse con una nueva forma de doctrina donde existan verdades absolutas. Más bien debemos hablar del socialismo como un proceso, que se puede evaluar más por su intensidad y profundidad, que por su apego a patrones pre-establecidos en las nuevas “academias de ciencias de Moscú”.

La primera constatación de nuestro contexto es que vivimos en un orden mundial que no tolera alternativas. Aunque de facto, esas alternativas existen, crecen y se desarrollan. Empezamos a comprender que un orden imperial ordena nuestro tiempo. Un Imperio que sobrepasa a los estados nacionales, y que los utiliza para disciplinar, controlar y constreñir. Cuando hablamos de Imperio, no pensamos, por lo tanto, solo en los Estados Unidos. Pensamos en un orden global, en el que la superpotencia hegemónica ejerce un rol clave y determinante en lo económico, militar y cultural, pero que no puede ser reducido mecánicamente al poder de George W. Bush.

Este Imperio no es el primero al que asiste la humanidad. Sin embargo, es el primero que se manifiesta como una nueva forma de soberanía que actúa sin reconocer fronteras. El poder financiero, deslocalizado, que no reconoce banderas, es un poder que está por sobre la política de tal forma que no hay estructura legal que pueda contenerlo. Como afirma José Saramago “el poder real hoy es el económico, que es lo que verdaderamente gobierna el mundo. Pero los ciudadanos no tienen acceso, ni directo ni indirecto a ese poder ya que su voto no define las políticas económicas “.

Al mismo tiempo, este Imperio no sólo es el capital financiero o la estructura económica, autonomizada de la política. El Imperio se reproduce en el terreno político, en la hegemonía subjetiva, en la capacidad de obtener plusvalía (y pluspoder) por medio de la ciencia y la tecnología y en la industria de los bienes “simbólicos”. La reproducción de la sociedad capitalista no se sostiene sólo en el capital, sino en esa infinidad de poderes concatenados que Foucault llamó “biopoder” y que permiten que exista la sociedad disciplinaria, la sociedad del control. Estos mecanismos de dominación los podemos ver hoy de modo evidente en la política norteamericana: la doctrina de la guerra preventiva al terrorismo, se sostiene y alimenta en la eliminación de las libertades cotidianas para los propios ciudadanos de Estados Unidos, por medio de la “ley patriota”. En Chile, sabemos que existe una tribu que desconfía de la política, pero que no quiere abandonar el poder. Que manda sin política. Es decir, gobierna sin necesitar ser gobierno. Una tribu fáctica que recorre las pantallas de la televisión, los cuarteles de los carabineros, los púlpitos de las Iglesias, los directorios de las empresas, los intereses del consumidor hasta llegar a las camas de los amantes.

En los años setenta, nuestro socialismo “con empanadas y vino tinto” realizó reformas económicas radicales, que tendían a que los medios de producción fueran poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada. Estos cambios eran posibles porque existía el poder político para lograrlo. El voto era una herramienta de cambio, y la población así lo experimentaba, al afiliarse a los partidos y acudir masivamente a las elecciones. Hoy se experimenta crecientemente la impotencia de la política ante este tipo de poder, que no necesita ejércitos para voltear gobiernos.

En este contexto, la democracia ha pasado a ser un instrumento de dominio más que una herramienta de transformación. La formalidad electoral se ha insertado como el único procedimiento de legitimación del poder, y por lo tanto, como un artefacto de la gobernabilidad, pero no de “buen gobierno”. En esta democracia minimalista, la única decisión que se nos delega es elegir el banco o la multitienda con la cual endeudarnos.

¿Qué se puede oponer entonces al Imperio? Al Imperio oponemos la República. Esa es nuestra herramienta más poderosa. O en palabras de Allende, nuestra alternativa son las anchas alamedas, donde caminemos las personas libres, haciendo posible una sociedad mejor. Las alamedas: democráticas y peatonales, santiaguinas y provincianas. Como espacio público en que emerge lo privado, las familias, las parejas, el arte, la cultura cotidiana, el compartir callejero. Las alamedas también tienen espacio para vendedores y comerciantes, porque el mercado no es el problema. El problema es el mercado desinformado, el mercado monopólico, el mercado donde la competencia es un fraude. Las alamedas son el reino de la libertad, donde hay libre flujo de personas, de información, de afectos, donde hay truques, y no hay que pedir permiso. Es el espacio de aparición, donde podemos tejer mundos comunes. Donde dejamos la labor, el cubrir nuestras necesidades, para vivir esos procesos que sólo se dan cuando estamos entre personas, y no cuando estamos con las cosas. Ese tiempo que Hanna Arendt llama la “acción”, la capacidad de iniciativa, de iniciar algo nuevo y que sólo puede darse en la pluralidad . Pero, cuantos de los que estamos en esta sala tenemos el tiempo para pasear por “las alamedas”. “Santiago es la ciudad en la que más horas se trabaja en el mundo, según cifras de la Dirección del Trabajo, el 83% de los chilenos trabaja en promedio 11 horas al día ” y sin embargo, la productividad es bajísima, y las horas que pasamos en las micros sobrepasan las horas de convivencia familiar. ¿Como entrar a estas alamedas?

Recordemos que a fines de los ochenta, se generó en Chile un debate sobre la renovación socialista. La intención era interesante: entroncar libertad e igualdad en el contexto del fin de los socialismos reales. Sin embargo, el resultado de la discusión lo conocemos: el ministro Eyzaguirre y su superávit fiscal es el máximo icono de esta discusión. ¿Qué pasó? En vez de entroncar libertad e igualdad en un plano político, subordinaron la igualdad a la pseudo-libertad económica. Hoy somos uno de los diez países más desiguales del planeta. Ese es el socialismo neoliberal. Un invento criollo. La genialidad máxima de los Viera Gallo, Tironi y todos sus asociados.

Estoy profundamente convencido que el nuevo socialismo sólo puede existir si se arraiga en la lucha integradora por mayor igualdad junto a mayor libertad. El “no a la explotación” no puede hacernos olvidar el “no a la dominación”. Reconstruir un socialismo republicano no significa reconstruir nuestros estados de la misma manera como nacieron en el siglo XIX. Necesitamos un estado que tenga poder, para evitar que los fuertes tomen como súbditos a los débiles. El profesor Philip Pettit , que inspira muchas de estas reflexiones, ha afirmado que la tradición liberal rompió la conexión entre libertad e igualdad y usó el término libertad para justificar que no querían ninguna interferencia. “Se trata de forzar a los demás a que te respeten porque quede claro que no eres su sirviente”. Por eso no toda interferencia pública es contraria a la libertad. La libertad republicana sólo puede existir si todos los ciudadanos y ciudadanas están protegidas contra la pobreza, porque la pobreza siempre implica la dominación por los que tienen más dinero. Pettit agrega que los liberales “sólo pretenden la no interferencia del gobierno, pero un gobierno que no intervenga tampoco impide la dominación de un grupo o de unos intereses de grupo o de clase sobre el resto ”. Dominación no es libertad.

Los hogares chilenos están destinando 43% de sus ingresos a pagar deudas . En 2000 esa cifra sólo llegaba a 35%. Este salto ha sido posible mediante la circulación de 13 millones de tarjetas de crédito para una población activa de sólo 7 millones de personas. Se calcula que el endeudamiento de los hogares chilenos aumenta cada año en 16%. Usura no es libertad.

La República ha sido la forma histórica en que se han integrado igualdad y libertad. Pero la libertad no es posible si se la aprisiona en la desigualdad. Maquiavelo ya lo expresaba muy claramente en sus discursos: “Cuando el grueso de la propiedad está distribuida entre un puñado de magnates, no hay espacio para instituir república alguna, y la vida política sólo puede hallar alguna esperanza en la discreción de un príncipe absolutista”.

Antonio Negri rescata desde la izquierda el ideal de libertad económica, vinculándolo al concepto de liberación, diciendo que “no es posible hablar de libertad política sin hablar de libertad económica, de libre producción, de trabajo vivo como fundamento político. La libertad se ha convertido en liberación, la liberación es poder constituyente ”. Por lo tanto, la auténtica libertad económica supone la liberación de la servidumbre del reino de la necesidad y la pobreza.

Recordemos la vieja consigna “pan, techo y abrigo”, que comporta derechos exigibles y universales para disponer de una vida económica dentro de la sociedad. Esto es lo que nuevos conceptos como el de “soberanía alimentaria” tienen de valor. También hoy se ha abierto un debate mundial, que no es posible abordar ahora, sobre nuevos instrumentos para reconstruir el estado de bienestar o de seguridad social. Por ejemplo las propuestas de Philippe van Parijs y la renta básica ciudadana. Lo importante es tener claro que superar la pobreza, hoy no tiene limites técnicos, sino sólo límites políticos. Kofi Annan lo ha dicho claramente este año: “La de hoy es la primera generación que cuenta con los recursos y la tecnología para hacer realidad para todos el derecho al desarrollo y poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad .

¿Pero cómo limitar al mismo tiempo el poder del Estado para que no sea despótico en sus interferencias repúblicanas? ¿Cómo generar un contrapoder? Por medio del control social, de la transparencia informativa, de movimientos y organizaciones sociales. Por medio de una democracia participativa, donde se delibere sobre los problemas de fondo y no sólo de forma.

Nosotros somos ese contrapoder. Somos la segunda superpotencia, que no tiene armas sino millones de conciencias en las calles. “Hay una segunda superpotencia naciente, pero no es una nación. En su lugar, es una forma nueva de actor internacional, constituido por la “voluntad popular” en un movimiento social global. La cara hermosa pero profundamente agitada de esta segunda superpotencia es la campaña mundial por la paz, pero el cuerpo del movimiento está compuesto por millones de personas preocupadas por una agenda más amplia que incluye el desarrollo social, el medio ambiente, la salud, y los derechos humanos. Este movimiento tiene un cuerpo sorprendentemente ágil y muscular de ciudadanos activos que identifican sus intereses con la sociedad mundial como un todo—y que reconoce que en un nivel fundamental, todos somos uno. Esta es la gente que procura tener en cuenta las necesidades y los sueños de los 6.3 mil millones de personas del mundo—y no sólo los miembros de una u otra nación ”

Por mucho tiempo el socialismo se pensó más como un sistema económico que como un proceso político. Sin embargo es necesario volver a las preguntas fundamentales que Albert Einstein dejó abiertas hace más de cincuenta años:

“…Es necesario recordar que una economía planificada no es todavía socialismo. Una economía planificada puede estar acompañada de la completa esclavitud del individuo. La realización del socialismo requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles: ¿cómo es posible, con una centralización de gran envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia? ”

Una concepción republicana del socialismo, donde el espacio público es central, debe reconocer el pluralismo como algo irreductible. Un pueblo nunca habla con una sola voz. Es necesario recrear los lazos con la tradición federalista, que desconfía de la centralidad del poder, y apuesta a nuevas autonomías locales, regionales, y sociales. Por lo tanto, la división, el balance y el control de los poderes públicos es fundamental al socialismo del futuro. Hannah Arendt lo expresaba diciendo: “La política trata del estar justos y los unos con los otros, de los diversos”.

Disponemos de muchos instrumentos de participación y control más allá del voto: el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, el presupuesto participativo y el control ciudadano de la gestión pública, la elección directa de los gobiernos regionales. Debemos debatir sobre mecanismos de seguimiento y control como la revocabilidad de los mandatos de quienes han sido elegidos por votación directa. Crear instituciones de control y equilibrio permiten ese camino. Venezuela y la idea de un cuarto poder es pionera en este proyecto. ¿Porqué no implementar formas de enmendar o confirmar las propuestas gubernamentales, y garantizar el cumplimiento de los compromisos de los representantes electos ante la ciudadanía?. Sólo una democracia más participativa garantiza la eficiencia y la transparencia de la gestión pública.

Pero el balance y control de los poderes estatales también debe ir aparejado al balance y al control de los poderes económicos, de los poderes de los medios de comunicación, de los poderes de los directorios de las transnacionales, cuyas decisiones hoy pesan más que las decisiones de un ministerio o una repartición pública. Esta pérdida de control político sobre el poder financiero llega a casos extremos en Chile. Recordemos los seis mil millones de dólares que el Estado chileno perdió con las privatizaciones de 725 empresas durante la dictadura. ATTAC ha propuesto aplicar a todas las empresas privatizadas bajo la dictadura un impuesto único extraordinario que grave proporcionalmente las enormes ganancias que han tenido desde la privatización hasta la fecha, y que siente precedentes que eviten nuevos crímenes económicos.

Un socialismo republicano debería funcionar como una extensa red que controle y domine las transnacionales, sometiendo al control político el poder financiero. Para eso se requieren alianzas tácticas, temporales y críticas, entre el mundo social y actores estatales que eventualmente abran espacio a este proyecto (por ejemplo municipios, gobiernos regionales, oficinas técnicas). También con organismos o instituciones internacionales (tribunales internacionales de DDHH, por ejemplo), y con medios de comunicación con auténtica vocación pluralista. La reciente iniciativa de la CUT de implementar un Observatorio Socio – Laboral, y sindical, que vigile a las multinacionales de acuerdo a los parámetros que ellas mismas se han comprometido a respetar va en esta línea.

Es necesario plantar cara política a los poderes económicos en el campo de las comunicaciones. Venezuela nos muestra el caso de la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Al declarar que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, se adentra en la aventura de garantizar el respeto a la libertad de expresión, junto a las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad. El socialismo del siglo XXI debe garantizar la dispersión de la propiedad de los medios de comunicación y, por supuesto, a un sistema realmente autónomo de gestión de los medios de comunicación públicos.

El “socialismo republicano” es heredero del feminismo, que ha insistido siempre en la consigna “lo privado también es político” . Las mujeres han sido más conscientes que los hombres de la importancia de las relaciones de poder, porque históricamente han vivido los efectos del patriarcado, como sistema fundado en la idea de una “inferioridad natural” de las mujeres y una “supremacía biológica” de los hombres. Por eso la política siempre ha sido el campo de los hombres, que se podían liberar de las labores domésticas para entrar a la esfera de la acción política. Las mujeres permanecían en el mundo de lo pre-político, y de la vida familiar. La revolución feminista ha sido la más exitosa revolución en la historia humana y esta destruyendo, sin contemplaciones, estas categorías. Las mujeres, y no sólo los hombres, transitan hoy las anchas alamedas. Y junto a ellas, también lo están haciendo los homosexuales, y todos y todas las personas que han vivido la dominación por raza, etnia, nacionalidad, edad, religión, o cultura.

El socialismo de siglo XXI implica pensar más en relaciones sociales y de poder que en un sistema económico predefinido. No podemos imaginar el socialismo sólo como el resultado de una institucionalidad determinada. Incluso en países que se declaren socialistas, el fuego del socialismo se puede extinguir irremediablemente. Porque si bien las instituciones socialistas crean valores socialistas, esas instituciones sólo se pueden sostener en convicciones y valores arraigados en la práctica. Por eso es explicable el fracaso de los socialismos reales, pero también de la debilidad y el vaciamiento de partidos socialistas que pierden su corazón.

Nuestro gran reto es demostrar que podemos ser fieles a estas convicciones y al mismo tiempo eficaces transformadores del capitalismo. Y para eso se requiere el coraje que las personas que hoy nos acompañan, y sus pueblos, han demostrado. Se trata de hacer política enfrentando la realidad ficticia que manipula nuestras propias mentes. El caso más reciente: el estudio sobre competitividad mundial del Foro Económico Mundial, donde Chile aparece como el país más competitivo de América Latina, y 23 en el mundo. Fantástico ¿Pero que alguien nos explique, por favor, que se entiende por competitividad? ¿Y quién asignó estos puntajes ?. Este estudio se basa en una encuesta aplicada a 11.000 empresarios en el mundo y recoge sus percepciones en torno a la economía, la política y vida jurídica de un país. Por eso Hernán Somerville se limitó a comentar el estudio diciendo: “A mí no me cabe duda de que Chile es el país más competitivo, que mantiene las mejores condiciones para hacer negocios en cuanto a estado de Derecho, cumplimiento de las reglas del juego”. Las reglas del juego que los mismos empresarios han fijado.

Tratando de entender los parámetros de competitividad aparece como criterio central que el país tenga “Una politica macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de capitales, dentro de un marco económico donde no exista la regulación y control de precios”. El paraíso de los ricos: libertad para el capital, prisión para el consumidor. Otros criterios: “Transparencia y reglas claras”, perfecto, pero ¿reglas claras para qué?, las reglas de la constitución de 1980, o del código laboral, son muy claras pero no son justas ni democráticas. “Fomentar el crecimiento de la tecnología”, ¿porqué no? ¿Pero una tecnología compatible con el medio ambiente o depredadora?, ¿una tecnología al servicio de los ciudadanos o al servicio del poder de las transnacionales?. “Reestructurar la educación de acuerdo a las necesidades reales del sector productivo:” ¿educar para la vida o amaestrar a los esclavos?. En definitiva, ¿es democrático que las evaluaciones políticas y económicas de los países queden en las manos de 11000 empresarios? ¿Porqué no evaluamos la sustentabilidad social y ambiental de nuestras sociedades, preguntándole a la gente lo que opina directamente?

Una mayor igualdad social es siempre la mayor ventaja competitiva y no puede seguir siendo considerada como un costo o una externalidad económica. Un estudio de la CEPAL ha confirmado que bajar en uno o dos puntos el índice Gini, que mide la concentración del ingreso, lograría la misma reducción de la pobreza que muchos años de crecimiento económico. Hoy se sabe que disminuir las desigualdades es un factor inherente al crecimiento de una economía, porque un bienestar compartido permite elevar la innovación e incrementa la productividad. Para eso es urgente en Chile una reforma tributaria con un impuesto a la renta, de personas y empresas, más progresivo. Sin duda una medida de esta naturaleza sería conflictiva, pero inevitable si comparamos los niveles tributarios de Chile con los de países que poseen mayor equidad interna. También urge discutir sobre la explotación sostenible de nuestros recursos naturales. ¿Por qué no implementar un royalty compensatorio por el aporte de los recursos naturales a la producción? Un mecanismo de esta especie permitiría corregir las distorsiones en el mercado, y hacer más eficiente la producción. ¿Porqué no partir por una subvención escolar diferenciada de acuerdo a la situación social de los estudiantes? Necesitamos a los mejores profesores en las escuelas más difíciles. Urge también acelerar reformas sociales postergadas. Entre ellas, la reforma previsional. Hoy estamos obligados a cotizar en un sistema privado que obtiene grandes utilidades pero que no asegura a la gran mayoría de los chilenos una pensión digna. ¿Por qué no hacer efectivo el artículo de la Constitución que asegura que el Estado debe garantizar la prestación de iguales servicios de seguridad social mediante instituciones públicas o privadas? ¿Por qué no permitir a la ciudadanía escoger entre un sistema privado o un sistema público de previsión?

La realidad ficticia se rompe si enfrentamos los dogmas del neoliberalismo, uno a uno. El más importante es el dogma del crecimiento infinito. Los seres humanos necesitaríamos 40 planetas en 2050 para mantener el ritmo actual de consumo mundial . Si no enfrentamos en nuestras alamedas los límites del crecimiento no hay un mundo vivible para nadie. Michael Lowy y Joel Kovel han convocado en su manifiesto ecosocialista a un cambio profundo de nuestros criterios. ¿Cómo? Recordando que el valor de uso de la mercancía debe estar por sobre los valores de cambio. No es cierto que el oro vale más que el agua, como quieren imponernos en Pascua Lama . No es cierto que la celulosa vale más que la vida de los cisnes de Valdivia. No es cierto que el petróleo vale más que la sangre de quienes mueren en Irak. Las alamedas que necesitamos deben ser tan anchas que permitan pasar todos y a todas. Si 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar al día, no es porque falten dólares. Lo que falta es una nueva revolución, ecosocislista, republicana, feminista, y libertaria.

EL DEBATE DE FONDO SOBRE EL CASO FUJIMORI

Las conjeturas políticas sobre los motivos que llevaron a Alberto Fujimori a aterrizar en Santiago un caluroso domingo de noviembre pueden ser infinitas. Las dudas, en todo caso, se resolverán con el transcurso del tiempo, y se podrá evaluar si el ex dictador alcanzó o no sus objetivos. Al mismo tiempo, la discusión sobre la responsabilidad gubermanental en su ingreso al país se comienza a despejar paulatinamente. La prensa peruana ha valorado el reconocimiento chileno de la indiscutible descoordinación de los equipos de gobierno. Sin embargo, es importante que estos gestos de autocrítica se realicen con la rigurosidad necesaria. Más allá de mejorar y corregir los procedimientos de la policía de fronteras, es necesario evitar que la evaluación termine en la remoción de un par de funcionarios intermedios, y que se eludan las responsabilidades políticas de quién corresponda.

Al mismo tiempo, es necesario proseguir con las investigaciones sobre la participación de Japón, México y Estados Unidos en el viaje de Fujimori a Chile. Aún no se ha aclarado suficientemente si esos países encubrieron o no a un prófugo de la justicia internacional. El embajador de Japón en Chile lo ha negado de forma explícita. Pero, por los antecedentes del caso, el gobierno japones debería demostrar, en el transcurso de la investigación, que no está amparando al “subdito” Fujimori. Y además, debería estar dispuesto a facilitar una investigación internacional sobre la red de protección que ha brindado apoyo a Fujimori en sus años de residencia en Japón.

Mientras tanto, en Chile ha comenzado el debate de fondo: la actitud que el país debe tener para con el ex dictador. En ese debate se suelen escuchar una serie de planteamientos que es necesario analizar con cuidado.

Se afirma que Chile debería sacar provecho de la detención de Fujimori, para así negociar en mejor pié la demarcación de la frontera marítima. Y en ese sentido, se debería negar o facilitar la extradición, dependiendo de lo que Perú este dispuesto a ceder a cambio.

También se opina que Fujimori firmó el acta de ejecución del tratado de 1929 y suscribió los tratados para la complementación económica y protección de las inversiones binacionales, lo que debería dar pié a un tratamiento benevolente. Hernán Felipe Errázuriz, canciller durante la dictadura militar, expresa esta corriente muy claramente al decir: “Debemos reconocer que el ex Presidente, al combatir el terrorismo y el narcotráfico, dio seguridad a la frontera compartida y celebró tratados que han creado vínculos sin precedentes entre ambas naciones”.

Estas opiniones se deben complementrar con lo que El Mercurio expresa en su editorial del miércoles 9 de noviembre, que se orienta a evitar una posible extradición: “Sin cuestionar la existencia de un estado de derecho en Perú, chilenos y peruanos saben que difícilmente el ex Presidente Fujimori tendrá un juicio imparcial en su país. Por de pronto, la opinión pública conoce de sentencias aberrantes de las cortes peruanas en contra de ciudadanos e intereses chilenos”. El Mercurio se refiere en la última frase a la orden de extradición que pesa sobre Andrónico Luksic, y que pronto deberá ser resuelta por la Corte Suprema.

Joaquín Lavín, llama a desentenderse del caso, al afirmar que: “Fujimori es un problema de los peruanos, no es un problema de los chilenos.”. Jovino Novoa le complementa diciendo: “No cabe la menor duda que la presencia del señor Fujimori en Chile genera una situación conflictiva con el Perú y nosotros no tenemos porqué estar sufriendo en Chile los problemas políticos que puedan existir en ese país”.

Por último, Hermógenes Perez de Arce banaliza los cargos judiciales que pesan sobre Fujimori debido a que se enmarcarían en la lucha antiterrorista: “Alberto Fujimori, a su turno, tuvo el valor de combatir al terrorismo de extrema izquierda en su país. Las faltas cometidas por su gobierno no alcanzan a opacar ese logro”. Los delitos por los cuales Fujimori es requerido en Perú, son trivializados en nombre de los objetivos que trató de alcanzar, los que le exculparían de sus responsabilidades ante la justicia.

Estamos ante una extraña mezcla de argumentaciones que mezclan un pragmatismo oportunista, un nacionalismo estrecho, y una alarmante actitud relativizadora del respeto a los derechos humanos.

Es importante contrastar estas opiniones con las del escritor Mario Vargas Llosa que señaló que es importante que Fujimori por “destruir la democracia, saquear recursos públicos y ser responsable de tantos crímenes contra los derechos humanos, sea juzgado y sancionado”. Al mismo tiempo dijo esperar “que se siga el proceso de extradición” y que (Fujimori) sea devuelto al Perú donde tiene pendiente 22 juicios”. El escritor añadió que “nuestros dictadores nunca son sancionados, mueren en la cama ricos” y mostró su esperanza de que por una vez “cambie la historia”.

Recordemos que en agosto de 2003 se dio a conocer el informe de la Comisión de Verdad de Perú, donde se establecen las resposabilidades en las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los 20 años de conflicto armado. El presidente de esta comisión, Salomón Lerner, sintetizó las conclusiones de este informe al decir: “En nuestro informe condenamos la subversión. Pero sí decimos que dentro de las FF.AA. hubo personas que aplicaron una mala comprensión de lo que era la estrategia de combate, y creyeron que era lícito, moral, pagar costos ‘marginales’ para combatir el terrorismo, que era el que murieran inocentes. Eso es inaceptable”.

Fujimori afirma ser objeto de persecución política, pero los delitos que se le imputan a no pueden ser considerados “delitos políticos”. Se trata de corrupción y violaciones a los derechos humanos, que incluyen homicidios, torturas y desapariciones forzadas. Es decir, crimenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, inderogables e inalienables. La única actitud que cabe a las autoridades chilenas es asegurar que el proceso para su extradición se lleve a cabo de manera justa y expedita.

Es intolerable toda forma de justificación ética a las atrocidades que se cometieron en Perú y que detalla el Informe de la Verdad. Por nuestra propia historia sabemos que el respeto a los derechos humanos es un valor que no se puede tranzar, ni por oportunismos económicos ni por un nacionalismo ciego. Es un deber de la ciudadanía chilena rechazar las presiones indebidas a los tribunales, que ya comienzan a operar de diversas maneras, desde sectores interesados en impedir la extradición de Fujimori. Que nuestra palabra sea clara: “nunca más” es justicia inclaudicable ante toda forma de impunidad.