SERVICIO MILITAR EN CHILE

El 15 de junio, la Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley que incorpora la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y crea el servicio ciudadano alternativo, la medida 34 de su plan 100 días. Anteriormente, el Gobierno ya había anunciado la 33, que implica el inicio de una transición hacia un cuerpo armado profesional y voluntario. Como parte de este programa, se espera que en 2010 se enterará una cuota de 5 mil soldados profesionales, lo que permitirá hacer por completo voluntario este deber castrense. La medida 34 es coherente con este plan, porque permite que en estos años de transición, en los cuales el servicio militar aún será obligatorio, se pueda reconocer el derecho humano a objetar en conciencia el cumplimiento de las labores militares. Derecho exigido en diversos tratados internacionales que el país ha ratificado.

Es necesario recordar que el 12 de agosto de 2005 se promulgó la Ley 20.045, que reformó el sistema de reclutamiento y selección para el servicio militar y reforzó el carácter obligatorio de la conscripción. Por este motivo la incorporación de la objeción de conciencia se convierte en un elemento complementario e imprescindible en este nuevo sistema de reclutamiento. En todos los países en los cuales sigue existiendo un servicio militar obligatorio se ha ido imponiendo la existencia de la cláusula de objeción de conciencia, que involucra el cumplimiento de un servicio civil sustitutorio, como el que se propone en el nuevo proyecto de ley. Este servicio ciudadano eventualmente podría seguir existiendo, más allá de 2010, permitiendo abrir espacios de interacción de jóvenes de distinto origen social, y aportará servicios sociales de alto impacto a la comunidad.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/servicio-militar-en-chile/2006-06-27/201533.html

CHILE: EL PAÍS SECUESTRADO

Al finalizar la dictadura, quienes habían ejercido el poder absoluto desde 1973 evaluaron que para proteger sus intereses necesitaban generar una serie de mecanismos de control que impidieran que las mayorías pudieran cambiar, democráticamente, las políticas que habían implementado sin mayor contrapeso que su propia voluntad. En ese momento resolvieron secuestrar la soberanía popular de todo un país. Decidieron devolver la administración del Estado, pero se guardaron las llaves que le permitirían a la población hacerse con el control de sus propias vidas. Y todo para evitar que ese pueblo, sospechoso de querer subvertirlo todo, vuelva a “usar mal” su libertad.

Ya contaban con la Constitución de 1980, que incorporaba una serie de “resguardos institucionales” que impedían su reforma. Pero era necesario clausurar, aún más, los posibles cambios al sistema. De esa forma surgieron las más creativas e impensadas formas de amarre, consagradas en leyes entre octubre de 1988 y el 10 de marzo de 1990. Un amarre para cada tema sensible: La LOCE para la educación, el Sistema Binominal y los nuevos distritos electorales para asegurar la sobre-representación de la derecha y la exclusión de la izquierda, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para garantizar la afectación del 10% de los ingresos de Codelco en beneficio del Ejército, las designación del tribunal constitucional, y un largo etcétera.

El año recién pasado, algunos de los más burdos instrumentos del secuestro fueron eliminados: los senadores designados, el amenazador título que se designaba a las FFAA como ” garantes de la institucionalidad”, la inamovilidad de los comandantes en jefe, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras. Pero estas concesiones se basan en la seguridad que tienen los secuestradores de poder disponer de muchas otras formas de control.

Este secuestro constituye el mayor y más apremiante desafío que Chile enfrenta desde su nacimiento como república. En cuatro años más conmemoraremos doscientos años de vida como nación “independiente”. Vaya paradoja. El bicentenario nos encontrará secuestrados, despojados de nuestra propia soberanía, sin la capacidad de autodeterminar nuestra forma de vida, de gobierno, de educación, o de implementar las más nimias decisiones sobre nuestros propios asuntos. Es cierto que ningún país, ni tampoco ningún individuo, puede decir que dispone de una libertad total. Todos estamos condicionados en algún aspecto. Pero estar condicionados (es decir, estar afectados por límites estructurales, presupuestarios, o por el hecho mismo de tener que alcanzar los consensos propios de la vida en sociedad) no es sinónimo de estar determinados. Lamentablemente hoy todos y todas estamos determinados por un orden social que no escogimos y que parece eternizarse.

Si entendemos de la misma forma este panorama, creo que es lógico entender que estamos ante un desafío nacional, que no admite límites en el bando de quienes estén decididos a reconstruir la auténtica soberanía del pueblo.

El martes 20 de junio, Arturo Martínez, presidente de la CUT, encabezó la constitución del frente contra la exclusión política en Chile, formado por los principales líderes de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria. Esta iniciativa es un acuerdo que llega de una forma tardía, pero no por ello deja de ser de enorme relevancia. Lo que está en juego no sólo es dar una representación parlamentaria a fuerzas políticas que teniendo en variados distritos una importante votación, no han accedido al Congreso. Lo verdaderamente importante es que se trata de un gesto político que compromete a las partes a articular su acción con el objetivo de devolver al país su capacidad de autodeterminación y terminar con el secuestro permanente de nuestra soberanía.

Superar el secuestro de Chile es una causa nacional. No es un objetivo ideológico, ni partidista. No puede ser subordinado a las disputas por pequeñas parcelas de poder local, gremial o sectorial. Es tarea urgente, pero de tal importancia, que merece que se le dedique el tiempo que sea necesario. En esta tarea debemos ser muchos los que aportemos con generosidad. No es posible en este momento anteponer el corto-plazo, la mirada estrecha, la agenda corta, y el interés particular.

CIEN DÍAS

Era de esperar. Apenas se anunció el cumplimiento de las 36 medidas comprometidas por la Presidenta Michelle Bachelet, el comentario de la derecha se dejó caer implacable. Según el gremialismo, estaríamos ante las 36 F: 36 fallas, fracasos y faltas. Todo mal, y nada que hacer. Otra es la mirada de quienes aguardábamos ansiosamente el anuncio de alguno de esos compromisos. Esta incertidumbre creo que la deben haber compartido muchas de las organizaciones ciudadanas y sectores sociales que esperaban con ansia alguna de las medidas presidenciales.

Es interesante tratar de analizar lo que cada uno, desde su lugar, ha sentido a lo largo de estos cien primeros días de Gobierno. No han faltado las opiniones pesimistas del tipo: no van a alcanzar, es mucha pega, y es muy poco tiempo. O comentarios simplones, que deslucían la meta diciendo que 36 medidas no es nada, es poco, se puede ir más rápido. Y también los mensajes desconfiados, que pensaban que más de alguna medida se iba a quedar abajo, convenientemente olvidada en un cajón ministerial.

Es necesario reconocer que, a medida en que pasaban estos cien días, la ansiedad me empezó a carcomer y cuando llegamos al día 90 mi escepticismo era completo. Pero llegó el 97 y ya estaba. Lo que por tanto tiempo habíamos esperado entraba al Congreso como un proyecto con todas las de la ley. En mi caso, lo aguardado era el cumplimiento de la medida 34, el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar y la creación de un servicio ciudadano alternativo. Allá por el día 30, el Ministerio de Defensa anunció la medida 33, que consistía en comenzar la transición hacia un cuerpo armado profesional. ¡Fantástico! Vamos a tener en unos años un Ejército completamente profesional. Pero, ¿qué pasó con la 34? ¿Qué pasa mientras tanto, en estos años en los que el servicio militar sigue siendo obligatorio?

El día 97, por fin, se acabó el misterio. Y, junto con el cumplimiento de la medida que más interesaba a nuestro grupo, se cerraba la primera etapa del Gobierno de Bachelet, que podía decir que en cien días había cumplido los 36 compromisos de su campaña.

Ahora empieza una segunda etapa. El Gobierno ya ha hecho su parte: ha tomado todas las medidas administrativas que le correspondía y ha enviado todos los proyectos de ley. Ahora le toca al Congreso. Pero ahí nos volveremos a encontrar con los señores de las 36 F. Aquellos que como nada esperaban, nada encuentran bueno, y nada quieren que se haga realidad. Lamentablemente, el estilo de obstrucción total que está asumiendo la oposición no sólo daña al Gobierno. Está confrontándose con las aspiraciones de las organizaciones y sectores sociales que hemos esperado en estos cien días que se vayan haciendo realidad los compromisos de la Presidenta. En otras palabras, el portazo no sólo es al Ejecutivo, sino que es mucho más extenso, es para muchas otras personas, instituciones e intereses sociales y eso no lo olvidaremos fácilmente.

Tras las elecciones, parecía haber surgido una nueva derecha en el debate nacional. La famosa derecha democrática, pluralista, que superaba la ética y la estética de los años grises.

Pero llegó marzo y, de nuevo, la vemos en las mismas actitudes de siempre, pensando más en sus intereses partidarios que en los del país. La única novedad parece ser un renovado interés por salir a la calle, a reclamar la rebaja de sus impuestos, o a denunciar a la delincuencia. Nada parece cambiar. La misma de siempre, sólo un poco más populista y patotera, nada más.

Pero no nos desesperemos. Recién pasaron cien días y queda un largo trecho. Esperemos que los amigos de las 36 F recapaciten, vuelvan a sacar sus cálculos y se convenzan de que es mucho más lo que podrían ganar colaborando y reconociendo los avances del país, que encerrándose a sacar sus tristes cuentas en las que el resultado siempre suma cero.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/cien-dias/2006-06-21/191036.html