MAKING THE ENEMY

El martes 18 de julio los vicecancilleres de ambos países, Alberto van Klaveren y Mauricio Dorfler, acordaron “desarrollar un diálogo amplio y constructivo, sin exclusiones, entre Bolivia y Chile, basado en la confianza mutua, la cooperación y el entendimiento”. En esta agenda se ha incorporado el tema marítimo, ya que por primera vez un gobierno chileno acepta colocar encima de la mesa este problema.

La actitud de la cancillería chilena es digna de ser destacada. Porque construir una agenda de trabajo bilateral con Bolivia, y seguir obviando el tema del mar sería continuar como en los últimos cien años: escondiendo la cabeza frente al verdadero elemento que debe ser debatido. Es necesario un diálogo sin apresuramientos, pero que enfrente las diferencias reales, de un modo desprejuiciado y constructivo. Es evidente la necesidad de asumir este tema, pues todo esfuerzo en el restablecimiento de las relaciones bilaterales será estéril si no se reconoce que es ese, y no otro, el punto clave que requiere reflexión mutua, diálogo paciente y enorme valentía.

Los gobiernos de ambos países llegan a esta mesa de discusión sostenidos por una gran legitimidad democrática, y avalados la enorme mayoría de sus ciudadanos, que esperan avanzar en procesos de integración y amistad. La calurosa bienvenida que el presidente Evo Morales recibió en marzo de este año en su visita a Santiago, y la acogida boliviana a variadas muestras culturales chilenas que han visitado Bolivia así lo demuestran. Incluso Joaquín Lavín, junto a medio centenar de estudiantes de la Universidad del Desarrollo asistió recientemente en La Paz a una clase sobre la versión boliviana de la Guerra del Pacífico.

Lamentablemente, el cortoplacismo, la arrogancia y la soberbia de algunos chilenos parecen no tener límites. El acercamiento de Chile y Bolivia es mal visto por las mentes afiebradas de sectores militaristas, que han comenzado a disparar las teorías más absurdas con tal de impedir que avance este proceso. Para eso hay que fabricar un enemigo, tratando de instalar una supuesta amenaza en la mente de los chilenos.

Daniel Prieto Vial, supuesto “analista internacional”, propone aislar y bloquear a Bolivia, cortándole el paso a sus productos, para obligarle a vender su gas. Incluso este comentarista llega a deslizar la hipótesis de desconocer el Tratado de 1904. ¿Porque esta beligerancia tan absurda? Acercar posiciones con Bolivia es eliminar una de las hipótesis de conflicto que actualmente maneja el ministerio de defensa. Al hacerlo, sería mucho más difícil justificar nuevos gastos militares, lo que es un pésimo negocio para los “analistas de defensa”, que en muchas ocasiones obtienen jugosas comisiones cuando logran ayudar a cerrar un negocio de estas características. Por eso es necesario seguir “construyendo” una hipótesis de conflicto, que justifique mantener o incrementar el gasto en armas y la ley reservada del cobre.

Para otros, la beligerancia con Bolivia está marcada por el olor a gas. Recordemos que en abril de 2004 el gobierno de Carlos Mesa firmó un convenio de aumento del volumen de exportación de gas hacia Argentina a un precio “solidario”. Este convenio permitía que Repsol-YPF y Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy bajo costo un mayor volumen de sus reservas de gas boliviano a un precio muy reducido a sus filiales en Argentina. Un negocio altamente lucrativo para las transnacionales que expoliaban a precios irrisorios el gas boliviano para venderlo a terceros países a precios internacionales. Luego de la nacionalización del gas, La Paz ha exigido que Argentina pague un precio justo por este recurso. Es absolutamente lógico que este aumento se traslade a las transacciones con Chile. Si un caso similar ocurriera con nuestro cobre seguramente nadie estaría reclamando.

Finalmente, un tercer motivo de agresividad contra Bolivia parece provenir simple y llanamente del interés de algunos en promover el racismo, la xenofobia, la intolerancia, y el etnocentrismo.

Sin duda estamos en un momento propicio. Es el momento indicado para enfrentar los temas conflictivos. Porque alcanzar una paz justa, estable y duradera, requiere mucho más coraje que el que muestran muchos soldaditos de escritorio.

FABRICANDO AL ENEMIGO

NUNCA, DESDE QUE CONCLUYÓ la triste guerra de 1879, Chile y Bolivia han vivido un momento de tanta fluidez en sus relaciones bilaterales como en la actualidad. El martes 18 de julio los subsecretarios de ambos países, Alberto van Klaveren y Mauricio Dorfler, acordaron “desarrollar un diálogo amplio y constructivo, sin exclusiones, entre Bolivia y Chile, basado en la confianza mutua, la cooperación y el entendimiento”. En esta agenda se ha incorporado el tema marítimo, ya que por primera vez un Gobierno chileno acepta colocar encima de la mesa este problema.

La audacia exhibida por la Cancillería chilena es digna de ser destacada. Porque construir una agenda de trabajo bilateral con Bolivia, y seguir obviando el tema del mar sería continuar como se ha hecho durante los últimos cien años: escondiendo la cabeza ante el verdadero elemento que debe ser debatido. Es necesario un diálogo sin apresuramientos, pero que enfrente las diferencias reales, de un modo desprejuiciado y constructivo. Es evidente la necesidad de asumir este asunto, porque todo esfuerzo en el restablecimiento de las relaciones bilaterales será estéril si no se reconoce que es ese, y no otro, el punto clave que requiere una reflexión mutua, un diálogo paciente y, sobre todo, una enorme valentía.

Los gobiernos de ambos países llegan a esta mesa de discusión sostenidos por una gran legitimidad democrática, y también avalados por la enorme mayoría de sus ciudadanos, que esperan avanzar en los procesos de integración y amistad. La calurosa bienvenida que el Presidente Evo Morales recibió en marzo de este año, durante la visita que realizó a Santiago, y la acogida boliviana a las variadas muestras culturales chilenas que en el último tiempo han visitado Bolivia así lo demuestran. Incluso Joaquín Lavín, junto a medio centenar de estudiantes de la Universidad del Desarrollo asistió en La Paz a una clase sobre la versión boliviana de la Guerra del Pacífico.

Lamentablemente, el cortoplacismo, la arrogancia y la soberbia de algunos chilenos parecen no tener límites. El acercamiento de Chile y Bolivia es mal visto por las mentes afiebradas de sectores militaristas, que han empezado a disparar las teorías más absurdas con tal de impedir que avance el proceso. Daniel Prieto Vial, supuesto “analista internacional”, propone aislar y bloquear a Bolivia, cortándole el paso a sus productos, para obligarle a vender su gas. Incluso este comentarista llega a deslizar la hipótesis de desconocer el Tratado que se firmó en 1904. ¿Por qué esta beligerancia tan absurda?

Acercar posiciones con Bolivia es eliminar una de las hipótesis de conflicto que actualmente se manejan en el Ministerio de Defensa. Al hacerlo, sería mucho más difícil justificar la necesidad de nuevos gastos militares, lo que es un pésimo negocio, precisamente, para los “analistas de defensa”, que en muchas ocasiones obtienen jugosas comisiones si logran ayudar a cerrar un negocio de estas características. Por eso es necesario seguir fabricando un enemigo, que justifique mantener o incrementar el gasto en armas y la vigencia de la ley reservada del cobre.

Para otros, la beligerancia con Bolivia está marcada por el olor a gas. Recordemos que en abril de 2004 el Gobierno de Carlos Mesa firmó un convenio de aumento del volumen de exportación de este recurso hacia Argentina a un precio “solidario”.

Este convenio permitía que Repsol-YPF y Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy bajo costo un mayor volumen de sus reservas a un valor muy reducido a sus filiales en Argentina. Un negocio altamente lucrativo para las trasnacionales que expoliaban a precios irrisorios el gas boliviano para venderlo a precios internacionales. Luego de la nacionalización del gas, La Paz ha exigido que Argentina pague un valor justo por este recurso. Es absolutamente lógico que este aumento se traslade a las transacciones que se realizan Chile. Si un caso similar ocurriera con nuestro cobre seguramente nadie estaría reclamando.

Finalmente, un tercer motivo de agresividad contra Bolivia parece provenir simple y llanamente del interés de algunos en promover el racismo, la xenofobia, la intolerancia, y el etnocentrismo. Sin duda estamos en un momento propicio. Es el instante indicado para enfrentar los temas conflictivos. Porque alcanzar una paz justa, estable y duradera requiere mucho más coraje que el que exhiben en la actualidad muchos soldaditos de escritorio.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/fabricando-al-enemigo/2006-07-23/184023.html

MANO DURA PARA TI, MANO BLANDA PARA MI

Según las estadísticas de la Defensoría Pública Nacional, los delitos no se han incrementado en el país. Cómo entender entonces esta situación. O las cifras oficiales no muestran la verdadera magnitud de la actividad delictual o la opinión pública magnifica la criminalidad que se produce en Santiago.

¿Es factible que la Defensoría no consigne en su cálculo el alza de la delincuencia que la población pareciera estar acusando? Hipótesis difícil de aceptar, en especial por la mayor capacidad de respuesta del actual sistema procesal penal.

Lo que la reforma está mostrando es que la población tiene mayor predisposición a denunciar porque nota mayor celeridad y facilidad en los procedimientos.

Tal vez, una parte de los delitos en que ella percibe en aumento consiste en pequeños actos delictuales que no llegan a ser denunciados, lo que puede explicar estas diferencias. Pero, aunque así sea, el panorama no debería ser objeto de la histeria comunicacional evidente en la televisión y la mayor parte de la prensa escrita. La otra posibilidad es que la percepción pública es objeto de una campaña que usa algunos delitos aislados, pero muy espectaculares, para fortalecer el miedo a la delincuencia, haciendo de este tema el eje de la discusión pública. En este caso, las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet llamando a la oposición a no politizar el tema, adquieren pleno sentido.

Desde 1990, la Alianza de derecha ha tratado de hacer la delincuencia un elemento diferenciador en su plataforma programática. En cierta medida han conseguido algún éxito con ese discurso, porque el candidato Joaquín Lavín siempre apareció en los estudios de opinión como el político más capacitado para enfrentarla. La consigna reiterada del sector ha sido que los gobiernos de la Concertación han sido blandos y excesivamente tolerantes. En cambio, su oferta es la mano dura, inflexible y rigurosa. Estamos ante una actitud, más que ante una agenda concreta de medidas. El discurso se avala en el currículum histórico de la derecha más que en un plan consistente de políticas públicas, porque es evidente que propuestas como la cárcel isla, la reimplantación de la pena de muerte o la castración de los violadores no se pueden considerar ejemplos de políticas modernas y efectivas para combatir la criminalidad.

La fortaleza de la derecha se basa en hacer de su mayor debilidad, una virtud. Lo que parecen decir a gritos sus dirigentes es que ellos sí saben administrar la función policial del Estado. Y que durante 17 años lo demostraron con creces, no en el control del delito común, sino en la represión política de sus opositores. Porque no es posible argumentar que entre 1973 y 1990 Chile fuera un país muy tranquilo, libre de asaltos, robos, o asesinatos. Bastaría revisar las páginas de la prensa sensacionalista de ese tiempo para percibir que nunca les faltó material para incrementar su crónica roja.

La postura decidida y fuerte que la derecha muestra ante los delitos comunes no se condice con su actitud ante los delitos económicos que practican criminales de cuello y corbata. La delincuencia económica no es objeto de la menor reflexión por parte de estos partidos, que más bien alegan, como lo ha hecho recientemente Bruno Philippi, presidente de la Sofofa, ante la posibilidad de una legislación más estricta y con mayores controles y competencias fiscalizadoras del Estado. Philippi , en la cuenta anual de su organización empresarial declaró tener mucho temor por la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Es una aprehensión muy bien fundada ya que si ese Ministerio se convierte en un adecuado instrumento fiscalizador de la normativa medioambiental del país, los grupos empresariales estarían en la obligación de cumplir con las leyes nacionales.

Seguramente, semejante exigencia esa sería una imposición inaudita. Además, este temor se ve agravado por la amenaza soterrada de que esta nueva institucionalidad ambiental pueda elevar los estándares vigentes. En ese caso ya estamos ante una amenaza. Imaginémonos a las grandes empresas tratando de responder a normativas que verdaderamente resguarden la salud de la población y la sostenibilidad ambiental del país. Sería una gran amenaza a la delincuencia empresarial.

Cuando surgen estos temas, se desinfla la lucha contra la delincuencia de la derecha y se insinúan propuestas de mano blanda. No hay palabras sobre la evasión de impuestos y se argumenta que deberían relajarse las normas ambientales y laborales, lo que en la práctica incentiva la criminalidad empresarial, que la población contempla resignadamente día a día. Tampoco hay apuro en sancionar los abusos y delitos por prácticas discriminatorias. ¿Cómo entender las dificultades que parlamentarios de la Alianza han impuesto a la tramitación del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación? ¿Es que ante la delincuencia de las bandas neonazis, ante el femicidio, ante los que atacan a los migrantes, a los indígenas y a las personas de diferente orientación sexual hay que actuar con otros criterios que ante la delincuencia callejera?

La misma mano blanda se aplica ante los delitos cometidos por agentes del Estado. Las violaciones de los derechos humanos, la más grave acción delincuencial, siempre han sido objeto de propuestas contemporizadoras de la derecha, que relativiza la gravedad de las infracciones cometidas por delincuentes con uniforme.

No es extraño que medidas que efectivamente ayudarían a prevenir este tipo de delincuencia, como la implementación del tribunal penal internacional, no tengan su apoyo entusiasta. La mano dura parece tener entonces un doble estándar. Muy dura para los delitos contra la propiedad privada, pero muy blanda en garantizar los derechos de la población frente al abuso de los poderosos.