CERCANDO A LA ESCUELA DE ASESINOS

Roy Bourgeois, un sacerdote católico estadounidense, sabe muy bien lo que es la vida de la cárcel. La conoce desde dentro, y no sólo como capellán. Ha pasado más de cuatro años en prisión cumpliendo diferentes condenas por oponerse a la famosa Escuela de las Américas. En 1990, el padre Bourgeois y un grupo de religiosas y laicos fundó School of Americas Watch, un amplio movimiento que se propuso cerrar esta academia militar y transformar la política exterior de EEUU hacia Latinoamérica.

Desde ese año, las denuncias y acciones de resistencia pacífica se han multiplicado. Cada noviembre, decenas de miles de personas se movilizan hasta la puerta de Fort Benning, en Georgia. Al hacerlo desafían públicamente las leyes que prohíben “hablar de política” en las bases militares y demandan el cierre definitivo de la “Escuela de Asesinos”. En cada ocasión, un grupo de manifestantes traspasa la línea que demarca el límite del recinto militar, y al hacerlo acepta las consecuencias legales de su acción, que generalmente supone meses de prisión. Más de 170 mujeres y hombres han cumplido penas de cárcel por ello. La suma de sus condenas supera los 78 años de reclusión.

Esta experiencia es una forma de resistencia no violenta que ha logrado un enorme impacto mundial y que muestra la capacidad de resistencia del pueblo de EEUU a la complicidad de Washington en violaciones de los derechos humanos en América Latina. La presión de las manifestaciones ha sido tan grande que, en 2001, el Pentágono decidió cambiar el nombre de la escuela por el de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.

Sin embargo, aún es una escuela de entrenamiento contrainsurgente para oficiales de América Latina. Emplazada en el mismo edificio, mantiene a los mismos instructores, enseñando las mismas técnicas con los mismos manuales que le han hecho tan famosa. Algunos de sus egresados más famosos son el argentino Leopoldo Galtieri, el panameño Manuel Antonio Noriega, el boliviano Hugo Bánzer; el salvadoreño Roberto D’Aubuisson, y el peruano Vladimiro Montesinos. Sin olvidar a Timothy McVeigh, el famoso terrorista de Oklahoma. La lista de chilenos es igual de llamativa: Álvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez, José Zara, Humberto Gordon, Odlanier Mena, Miguel Krassnoff, Armando Fernández Larios. No es extraño: uno de cuatro agentes de la DINA recibió entrenamiento en EEUU. Pablo Belmar, oficial implicado en el asesinato de Carmelo Soria, alcanzó una calificación tan buena que su fotografía adornó por años el “Salón de Honor” del recinto. Cerca, colgaba la espada que Augusto Pinochet envió como obsequio a la institución.

El padre Bourgeois ha afirmado con mucha claridad que EEUU mantiene abierta la escuela porque necesita a los soldados latinoamericanos para proteger sus intereses, en nombre de la defensa de la democracia. Bajo este argumento actuaron los asesinos de monseñor Oscar Romero y de los jesuitas mártires de El Salvador. Y, seguramente, Manuel Contreras, otro de los famosos que pasó por la escuela, también pensaba en la democracia cuando planificaba sus fechorías.

Afortunadamente, los días de la “Escuela del terror” parecen cerca del fin. En 2005, el congresista demócrata Jim McGovern presentó una propuesta de ley, con más de 75 patrocinadores de ambos partidos, para investigar y suspender las operaciones del Instituto de Cooperación Hemisférica. Al mismo tiempo, los gobiernos de Argentina, Venezuela, Uruguay y Bolivia ya han decidido dejar de enviar a sus oficiales a Fort Benning. Nilda Garré, ministra de Defensa de Argentina, incluso afirmó: “No solamente no mandaremos militares a la Escuela de las Américas, sino que será ilegal mandarlos”.

Chile aún sigue entrenando militares en Georgia. Por este motivo, el padre Bourgeois y una delegación de School of Americas Watch visitará el país para impulsar una agenda que permita que el Gobierno ponga término al envío de oficiales. Para los organismos de defensa de los derechos humanos, es incomprensible que Chile siga participando en una institución responsable de que miles de latinoamericanos hayan sido asesinados, torturados, hechos desaparecer u obligados a salir al exilio. Llegó la hora de tomar una decisión en coherencia y con valentía.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/cercando-a-la-escuela-de-asesinos/2006-08-28/202148.html

Educación: ¿el fin de las comisiones?

Esta semana los secundarios han vuelto de forma radicalizada a las calles, causando sorpresa en diversos medios de comunicación que aseguraban que el conflicto de mayo y junio pasado ya había sido superado. Es evidente que la instalación de la comisión asesora presidencial no ha significado de modo alguno que los motivos que llevaron a este verdadero estallido juvenil se hayan agotado.

Al contrario, las graves deficiencias en la calidad y en la equidad de la educación corresponden a desafíos de marca mayor, que necesitan mucha voluntad política y la asignación de enormes recursos. Ambas variables todavía no entran en escena. Es esperable que los estudiantes secundarios muestren su desilusión respecto al lento y poco eficaz desarrollo de la comisión asesora presidencial y comiencen a exigir resultados. La magnitud de la crisis y la masividad de las manifestaciones constituyen elementos que deberían mover a esta instancia a acelerar sus debates y a profundizar su actividad en vistas de ofrecer a la ciudadanía una reforma profunda al sistema educacional actual.

Casi desde que comenzó a funcionar la mesa asesora presidencial han circulado rumores sobre la posibilidad de que el “Bloque Social”, compuesto por los estudiantes, profesores y organizaciones sociales presentes en dicha instancia, se retire de este espacio. El Bloque Social ha desarrollado en este tiempo un interesante proceso de discusión tendiente a elaborar sus propuestas respecto al tipo de educación que necesita el país. Sería muy lamentable que este trabajo quede inconcluso y se difumine.

Por otro lado, si el Bloque Social llega a retirarse de esta comisión será una nueva evidencia los límites estructurales que poseen todas las comisiones asesoras que se han instalado en este año. Como ya es evidente, ni la comisión Marcel, ni la comisión Boeninger han logrado impulsar los cambios que se esperaban de ellas. Sería muy lamentable que también la comisión de educación no alcance su objetivo. La raíz del desencanto y del fracaso de las comisiones presidenciales radica en la incapacidad estructural de estas instancias de resolver los temas que les competen.

La constitución de 1980, desconfiada de la democracia, impide casi toda forma de participación social. El gobierno de Michelle Bachelet ha ofrecido a la ciudadanía una nueva actitud, de mayor apertura y una disposición más favorable a la participación. Sin embargo, este “buena voluntad” presidencial esta enmarcada en los límites estructurales del actual modelo. Por ello, las comisiones reflejan en su composición la sobre-representación de los sectores neoliberales. Y además no poseen la fuerza ni la capacidad de llevar a delante su propio programa. Chile necesita una verdadera revolución participativa, que devuelva a los ciudadanos la competencia y la capacidad de incidencia en sus propios asuntos.

El extremado centralismo y presidencialismo de nuestro país se condice con los valores que deberían regir a cualquier república: delegación y dispersión del poder, balances y controles sociales a la gestión pública, pluralismo en la discusión y en la toma de decisiones. Nuestra institucionalidad, marcada por el sesgo de Pinochet, no termina de vaciarse de su sello despótico y autoritario. Por este motivo, seguir constituyendo comisiones que simulan la participación, solo constituye una medida de emergencia, que no logra dar respuesta a la crisis de fondo, que radica en los crónicas déficit democráticos de la Constitución de 1980.

– Alvaro Ramis es Teólogo y ex presidente de la FEUC, miembro de Consejo Editorial de Crónica Digital. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile) http://www.cronicadigital.cl

HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La expresión “Gobierno ciudadano” ha dado mucho que hablar y con justa razón, porque no es un concepto unívoco y da pie a diversas especulaciones. Si el adjetivo ciudadano expresa la pretensión de establecer un Gobierno de personalidades que están por encima del control y la responsabilidad de los partidos, estaríamos frente a un proyecto elitista y que, con justa razón, resulta objeto de amplio rechazo. En una sociedad democrática, los partidos tienen la labor de mediar entre las aspiraciones de la población y la esfera gubernamental y por ello se organizan para permanecer más allá de las ambiciones o propuestas individuales.

Por otro lado, está claro que existen otras formas de comprender e implementar un “Gobierno ciudadano”. A mi parecer, esta expresión trata de responder a una necesidad profunda del país, que radica en el déficit participativo de nuestra institucionalidad. La Constitución de 1980 es claramente una carta que desconfía de la democracia y por ello los expertos la consideran la más cerrada a la participación ciudadana de toda América Latina. Bajo el actual marco legal no es posible implementar mecanismos de control ciudadano o de iniciativa popular de ley ni plebiscitos vinculantes. La Constitución no permite consejos ni espacios de consulta, ni presupuestos participativos ni revocación de mandatos. Heredera del extremo centralismo de la tradición presidencialista y unitaria, la Constitución se convierte en una herramienta que sistemáticamente desalienta las iniciativas ciudadanas. Por este motivo, la participación en Chile depende más que nada de la “capacidad de escucha” de los gobiernos de turno.

El de la doctora Bachelet ha despertado muchas expectativas porque la población ha sentido en ella esta disposición positiva a la participación. Se percibe una predisposición de acogida de las demandas sociales y de escucha a las propuestas. Esta actitud es una fortaleza de la nueva administración y, evidentemente, los chilenos esperan que se mantenga durante los cuatro años del Gobierno. De otra forma se puede producir una fuerte desilusión respecto de las grandes esperanzas iniciales. La gran dificultad es que un “Gobierno ciudadano” no puede estar basado sólo en la “buena voluntad” de los gobernantes. Se requiere de espacios institucionales y cauces democráticos para hacer efectiva la participación de un modo permanente y sistemático.

Mientras Chile no cuente con una nueva Constitución, democrática y participativa, la ciudadanía continuará presionando de modo inorgánico, y los estallidos de rabia y frustración se seguirán produciendo de forma cíclica sin conseguir transformar las causas del malestar difuso y desorganizado. Por este motivo es necesario que la propia sociedad civil construya herramientas que le permitan, pese a la falta de cauces institucionales de participación, poder expresar sus demandas, dolores y anhelos.

En estos días, un gran número de organizaciones sociales, encabezadas por Acción, la asociación chilena de ONGs, ha lanzado la convocatoria al segundo Foro Social Chile. En 2004, en paralelo a la cumbre de la APEC, más de 200 organizaciones y movimientos irrumpieron en escena mostrando la riqueza asociativa y la profundidad de las demandas que la sociedad civil, en un espacio creado a imagen del Foro Social Mundial para articular de forma descentralizada y autogestionada a cientos de talleres, debates, paneles y actividades culturales. Este año, la cita es para el 25 y 26 de noviembre, cuando se espera convocar nuevamente a cientos de organizaciones y miles de ciudadanos para debatir y plantear ideas y propuestas de país. En esta ocasión se trata de recuperar la visibilidad del mundo social y la capacidad de incidencia de tantas pequeñas iniciativas que van prefigurando, desde su acción cotidiana, ese otro país posible que tanto anhelamos.

El Foro Social Chile es una herramienta participativa imprescindible en nuestro contexto, carente de espacios de articulación de las demandas sociales, de confrontación y debate democrático y de visibilización de las propuestas de innovación ciudadana. Pero es una herramienta provisoria, que no puede sustituir la tarea de instituir una democracia “en forma”, que permita hacer de la participación algo tan obvio que el adjetivo “ciudadano” sea innecesario para los futuros gobiernos.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/herramientas-para-la-participacion-ciudadana/2006-08-09/191605.html