CONFIAR EN LOS CAMINOS DE CHILE

¿Hacia dónde camina Chile?, se preguntan nuestros obispos. Todo indica que hacia mayores libertades y derechos para sus ciudadanos y formas de convivencia social basadas en la confianza en la conciencia de las personas, especialmente en su capacidad de discernimiento y responsabilidad. Caminamos hacia marcos legales respetuosos de una pluralidad de opciones, que supere las normas que han funcionado de forma discriminadora por sus pretensiones de universalidad. Si a este camino se le quiere etiquetar como un proyecto totalitario, creo que no estamos hablando el mismo lenguaje. O no vivimos en el mismo país.

Hace más de 40 años, el Concilio Vaticano II superó los anhelos de regresar a un modelo de “cristiandad” donde la esfera civil debía subordinarse a los dictámenes de una Iglesia, entendida hasta entonces como una institución de “Estado”. Al hacerlo, los padres conciliares propusieron una nueva forma de convivencia entre la esfera pública y las competencias eclesiásticas. En este modelo se reconoció la autonomía del Estado secular. La Iglesia se reservó el legítimo derecho de ejercer un testimonio profético, mediante gestos y palabras. Sin embargo, el concilio supuso que la Iglesia debía lograr penetrar, convencer y evangelizar en una sociedad donde conviven diferentes religiones, tradiciones filosóficas y morales. Ese cambio de perspectiva le ha permitido al catolicismo poder entablar una relación con las sociedades plurales y abiertas de hoy, basada en compartir las certezas de la fe, pero sin la intención de excluir o someter.

Sin embargo, en ciertas ocasiones y ante algunos debates, la perspectiva conciliar parece desaparecer de la actitud de las autoridades eclesiales. De uno u otro modo, regresan las nostalgias del nacional-catolicismo y se pretende, con resquicios legales, ataques de prensa, contactos políticos o el recurso a poderes económicos, imponer la normatividad moral que propone el magisterio de la Iglesia. Este “celo apostólico” siempre está ligado en temáticas sobre la sexualidad, el matrimonio, y la convivencia familiar. No es normal ver el mismo “fervor” en debates sobre la ética política, social y económica, porque en esos temas parece primar la actitud exhortativa que asumió el concilio. Pero si se trata de la píldora del día después, o el divorcio, o los derechos de las minorías sexuales, entonces las pasiones se enervan y los báculos episcopales parecen sacudirse en tono de amenaza.

Los católicos coincidimos en que el aborto tiene que evitarse, sobre todo con el fin de impedir el sufrimiento de las mujeres que lo experimentan. Pero no coincidimos uniformemente en la manera en que esto se logra en la sociedad actual. Como muy bien distinguía el Papa Juan XXIII, todos adherimos al “depósito de la fe”, pero no todos tenemos la misma forma de “exponer la doctrina”. Muchos católicos estamos convencidos que el Estado tiene el deber de generar políticas públicas que permitan el acceso a métodos anticonceptivos efectivos y seguros a las mujeres que decidan usarlos. Sentimos que es un imperativo implementar una educación sexual amplia, que abarque desde la formación en la conciencia ética de la sexualidad hasta el uso de la anticoncepción y la paternidad y maternidad responsable. Al hacerlo, los gobiernos no sólo realizan una labor sanitaria. También combaten el aborto, promoviendo que las personas sean el principal agente moral en las decisiones de su vida.

Las cifras de embarazos adolescentes se incrementan, en especial en los sectores más pobres y vulnerables. En Santiago es fácil distinguir las diferencias: es cosa de preguntar en los colegios de Las Condes o Vitacura cuántas alumnas se embarazan al año y comparar esas estadísticas con las de un liceo de Lo Espejo o La Pintana. ¿Estas diferencias se explican porque los y las jóvenes del barrio alto son más castos que la juventud de los sectores populares? Eso no lo cree nadie. Durante este año, los adolescentes han demostrado que pueden tener mayor madurez que muchos adultos. Al rebelarse frente a las escandalosas desigualdades del sistema educacional, nos han dado clases de civismo y coraje político.

El Gobierno les ha reconocido el derecho a sentarse a la mesa para opinar sobre la LOCE, de las subvenciones, del currículum y del financiamiento de las escuelas. Pero, a la hora de poder decidir sobre su sexualidad y su cuerpo, la Iglesia vuelve a considerarlos niños incapaces de discernir. Paradójicamente, ante la justicia penal, los adolescentes son estimados imputables a los 16 años. ¿No será tiempo de confiar en la conciencia de los y las jóvenes?

¿No será entonces un deber del Estado implementar políticas de salud reproductiva orientadas a la población adolescente? ¿No es válido, en este contexto, disponer de la anticoncepción de emergencia como una alternativa que evite embarazos no deseados y abortos? ¿Cuando las autoridades de la Iglesia Católica rechazan la promoción de estas políticas no están, de facto, fomentando el aborto que afirman combatir con tanto ahínco?

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/confiar-en-los-caminos-de-chile/2006-09-14/184516.html

Un 11 de septiembre que no termina

Han pasado más de dieciséis años desde el fin de la dictadura militar. Sin embargo, los Derechos Humanos se continúan violando en Chile. No solamente se violan por la impunidad en que tantos crímenes de lesa humanidad han quedado sin lograr nunca verdad, justicia y reparación. No solamente se violan en la persona de los presos políticos mapuches que cumplen condenas injustas por “terrorismo”. A treinta y tres años del golpe militar de 1973 los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población chilena se continúan violando día a día. Hasta el golpe militar de 1973 la educación, la salud, la previsión y la vivienda -entre otros derechos- se consideraban bienes y servicios públicos; es decir, bienes a los que las personas accedían por su condición de ciudadanos/as y no como clientes o consumidores.

Se entendía que el financiamiento de la canasta de bienes y servicios públicos debía provenir de la recaudación de impuestos que el Estado realizaba. Al mismo tiempo, se establecieron derechos colectivos del trabajo: sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, entre otras conquistas que permitieron la defensa de los derechos laborales.

A partir del golpe militar de 1973, y bajo la influencia del programa y de la ideología neoliberal, se procedió a desconocer la existencia de los derechos sociales y económicos de la población, hasta situarlos como responsabilidad individual de las personas. Como reflejo de estas políticas, la Constitución de 1980, dejó de garantizar los derechos a la educación, a la salud, al empleo, a la justa remuneración, a la seguridad social, etc. El Art. 19 de la Constitución de 1980 en la mayoría de los casos consagra el derecho individual de “acceder libremente” al ejercicio de los derechos económicos y sociales, sin que el derecho sustantivo quede objetivamente asegurado o, al menos, consagrado.

Así se comenzó a considerar los servicios públicos como mercancías, lo que ha agravado la vulnerabilidad de los sectores bajos y medios, quienes no pueden costear los servicios privatizados y sólo pueden acceder a servicios estatales degradados y desfinanciados. Al mismo tiempo el Estado fue redefinido bajo un “rol subsidiario”, que redujo sus ingresos tributarios, debido a que se rebajaron los impuestos a las empresas y a los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, por medio de la ley sobre exenciones a la especulación financiera, que permite invertir en la Bolsa y en transacciones financieras sin tributar las utilidades que de ellas se perciba. Desde entonces la estructura tributaria chilena se caracteriza porque porcentualmente pagan más quienes tienen ingresos menores, lo cual rompe con los principios de equidad más elementales.

En Chile, la distribución del ingreso es más regresiva después que antes de pagarse impuestos” . Esa situación creó las condiciones para aplicar en Chile un modelo de “crecimiento empobrecedor”. Este modelo fue descrito por el profesor Jagdish Baghwati en 1958 y se refiere a los efectos perjudiciales que suelen afectar a países ricos en recursos naturales o que logran grandes inversiones extranjeras pero que no logran generar condiciones de desarrollo endógeno. Este modelo crea las condiciones para una desigualdad crónica, ligada a efectos nefastos como la violencia delictiva y otras patologías sociales que se acumulan de forma explosiva.

Paralelamente, toda la estructura política chilena fue configurada para conservar el Stau Quo, mediante un complejo sistema de cortapisas y amarres, como el sistema electoral binominal, la conformación de los distritos electorales, la fórmula de conversión de votos en escaños parlamentarios, y especialmente los altos quórum en las materias de ley de cierta trascendencia. Diversos especialistas han denunciado que el gasto social no ha mantenido los incrementos que tuvo en los primeros años de la democracia, existiendo los recursos para hacerlo. Sin embargo, debido a la ortodoxia económica del gobierno, empeñada en mantener un superávit estructural del 1% del PIB, estas utilidades no se han traducido en una mayor cobertura de las necesidades de las personas.

El gasto social en relación al PIB se mantiene en torno al 17%, en circunstancias que antes de 1973 alcanzó porcentajes superiores al 30%. Con anterioridad al golpe de Estado de 1973, el gasto público en salud y educación alcanzó al 4.7% y 7.2% del PIB, respectivamente, cifras que al fin de la dictadura se habían reducido a 2.6% y 2.9% del PIB, respectivamente. Al 2000 dichas cifras se habían recuperado a 3.1% y 4.1% del PIB, respectivamente, situación que se ha mantenido relativamente estable. Por esta razón la cobertura de los servicios básicos como educación, salud, vivienda y previsión siguen dependiendo de los ingresos de las personas y no de su dignidad como ciudadanos/as.

Por este motivo es posible caracterizar a la democracia chilena mediante una categoría elaborada por Franz Hinkelammert: “democracia de seguridad nacional”. Esta caracterización hace referencia a que la democracia que se re-estableció en 1990 no posee continuidad con la democracia anterior al golpe militar de 1973, sino que prolonga las principales políticas de la dictadura militar. Esta continuidad explica, entre otras cosas, la grave inequidad en la distribución del ingreso que se ha convertido en un problema crónico y que cuestiona gravemente la estructura social y política de Chile.

Los derechos humanos son indivisibles, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social. Por consiguiente, todos los derechos poseen el mismo rango y condición, y no pueden ser clasificados, a priori, en orden jerárquico. Por este motivo la Constitución de 1980 es un instrumento legal que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de la población chilena y por lo tanto es el principal responsable del sostenimiento de un sistema político y económico ilegítimo y atentatorio a la dignidad humana. –

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