UNA FE QUE TRANSFORMA EL MUNDO

Mañana martes 31 de octubre se celebrará por primera vez el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Chile. Constituye un avance importante en la valoración de la diversidad religiosa y cultural de nuestro país. Es una ocasión para destacar y hacer visible a iglesias que históricamente han vivido una situación de menoscabo frente al poder e influencia que posee la Iglesia Católica en Chile.

Esta situación es un dato indesmentible, que la historia del pueblo evangélico puede testimoniar abundantemente. Basta recordar que solamente en 1854 se construyó en el Cementerio General el “patio de disidentes”, para dar sepultura a los miembros de las Iglesias protestantes. Antes de esa fecha, los evangélicos eran sepultados en una fosa común en el cerro Santa Lucía. Recién en 1865 se autorizó formalmente el culto evangélico de modo “privado” y sólo en 1927 y como consecuencia de la nueva Constitución de 1925, se permitió a los pentecostales predicar en la calle. Antes de esa fecha los predicadores eran perseguidos, por lo que debían mantenerse casi en la clandestinidad. El caso más famoso es el de Juan Bautista Canut de Bon, que a fines del siglo XIX se transformó en un héroe popular ya que logró superar durante años todo tipo de ataques y prohibiciones. De su apellido se derivó el apelativo de “canutos” con que el habla popular comenzó a designar a los evangélicos.

Si bien poco a poco esta situación ha cambiado y hoy existe una mayor equidad en la relación de las iglesias frente al Estado, especialmente después de la promulgación de la nueva ley de culto en 1999, igualmente queda mucho por avanzar en el objetivo de garantizar la plena igualdad y superar toda forma de discriminación religiosa.

Todavía es habitual que los colegios subvencionados incumplan la obligación de ofrecer clases de religión evangélica. Continúan las dificultades en la asistencia religiosa en las cárceles, hospitales, colegios y diversas instituciones del Estado. Tampoco es fácil para las iglesias evangélicas acceder a recursos estatales o privados para fortalecer sus programas sociales y de rehabilitación del alcohol y las drogas.

Por todas estas razones la instauración de este día nacional es importante y necesaria. Sin embargo, este día no puede de transformarse en una ocasión que promueva la vanagloria o el triunfalismo eclesial. No es un momento para buscar los mismos privilegios que ha tenido la Iglesia Católica. En cambio, lo que se debemos celebrar es la radicalidad del espíritu evangélico, entendido como una nueva comprensión del mensaje de Jesucristo, liberado de las amarras institucionales y doctrinales que coartan su capacidad crítica y transformadora.

El mayor aporte del mundo evangélico a nuestra sociedad es desafiar proféticamente toda forma de injusticia, incluso cuando esa injusticia ha sido legalizada. Porque como descubrieron los refomadores, la justicia no es atenerse a la letra de la ley, sino ver la necesidad del otro, percibir la existencia de los demás por encima de todo. Por este motivo, una verdadera reforma evangélica debe derribar toda forma de idolatría: ya sea religiosa, política, económica y cultural, ya que “en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios” (Rm. 1,17).

Esta idea es coherente con la fecha escogida para realizar esta celebración: el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó en la Iglesia del castillo de Wittenberg sus famosas 95 tesis en las que denunció la venta de indulgencias. Con ese acto Lutero desafió el poder de la Santa Alianza entre el poder papal y el Imperio “Romano-germánico”, que habían legalizado y sacralizado la mercantilización de la religión.

Esta complicidad no es algo del pasado. Hoy se ha establecido una nueva Santa Alianza entre una forma de cristianismo fundamentalista (que no distingue entre iglesias) y la idolatría del mercado. Se han forjado complicidades entre poderes religiosos y la nueva cara del Imperio y el poder financiero. Es una nueva forma de legalizar y sacralizar la violación de los derechos de las personas, ya no en la venta de indulgencias, sino mercantilizando todo lo que nos podemos imaginar: la educación, la salud, el trabajo e incluso la dignidad humana.

Este sistema de dominación sigue imponiendo un precio a la salvación. No en un sentido espiritual, sino en un sentido material y concreto. Se nos exige realizar “sacrificios” de una generación para salvar a otra, o de una clase para que otros vivan en el derroche. En esta sociedad no se alcanza la “vida” por la fe, sino por lo que somos capaces de comprar y de pagar.

Frente a una sociedad donde todo tiene precio, la tradición igualitaria y libertaria del Evangelio se levanta como un “castillo fuerte, defensa y buen escudo” frente a la teología del mercado total. Por eso, la radicalidad evangélica sigue siendo profundamente contra-cultural. Implica creer que la vida plena es un don gratuito, que no procede de nuestros méritos, ni del dinero que tengamos, ni del lugar o la casta donde nacimos, ni de nada más que de nuestra fe en nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.

Original: http://www.lanacion.cl/noticias/opinion/una-fe-que-transforma-el-mundo/2006-10-29/205528.html

Estrategias sociales de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile

Introducción

El principio de exigibilidad se debe entender como la búsqueda de mecanismos vinculantes para los Estados respecto a la aplicación, denuncia y sanción de cualquier forma de obstrucción a la realización de los Derechos  Humanos. Este principio cobra especial importancia con relación a los derechos económicos, sociales culturales (DESC), ya que muchos Estados les niegan el mismo estatuto legal, importancia y urgencia que los derechos civiles y políticos. Aunque la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) declaró la indivisibilidad, interconexión e interdependencia de todos los derechos humanos, alcanzar la exigibilidad de los DESC es un proyecto político ambicioso, que demanda a la sociedad civil la construcción de estrategias sociales, políticas y legales[1].

En Chile cobra una importancia primordial el desarrollo de estrategias sociales ya que la actual conformación política y legal del país hace muy lentos y complejos los avances en los ámbitos gubernamentales y judiciales. Este proceso genera conocimientos relevantes que pueden constituir una base sólida en el fortalecimiento de futuras estrategias, más complejas, que fortalezcan los niveles políticos y jurídicos de la exigibilidad. Sin embargo, como el conocimiento social es experiencial y no se han desarrollado prácticas relevantes de sistematización, gran parte de este saber social se puede transformar en un saber invisibilizado y difícilmente transferible.

Por este motivo las experiencias sociales de construcción de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que se han desarrollado en los últimos diez años en Chile  contienen estrategias relevantes, que deben ser incorporadas en los programas de formación acerca de los conceptos, estrategias y metodologías de exigibilidad de los DESC en el contexto latinoamericano.

Contextualización

En marzo de 2006 se cumplieron dieciseis años desde el término de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Entre 1990 y 2006 Chile se ha convertido en un país modelo para las instituciones financieras internacionales dada la estabilidad del sistema económico neoliberal[2]. Al mismo tiempo se ha consolidado un régimen político que se puede caracterizar como “democracia de seguridad nacional”[3]. Si bien este período ha estado marcado por la estabilidad política y financiera y de aparente calma social también es evidente que se han logrado escasos avances  en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que continúan siendo una aspiración lejana y altamente condicionada por la herencia dictatorial[4].

A partir del golpe de estado de 1973, y bajo la influencia del programa y de la ideología neoliberal, el régimen procedió a desconocer la existencia de los derechos sociales y económicos de la población, hasta situarlos como responsabilidad individual de las personas. Como parte de estas políticas se implantó la Constitución de 1980 que dejó de garantizar los derechos a la educación, a la salud, al empleo, a la justa remuneración, a la seguridad social, etc. En el Art. 19 solamente se reconoce el derecho individual de “acceder libremente” al ejercicio de los derechos económicos y sociales, sin que el derecho sustantivo quede objetivamente asegurado, o al menos, consagrado[5]. La constitución de 1980 excluye derechos fundamentales y privilegia el derecho de propiedad como el fundamental, incluso respecto al derecho a la vida. Por ello, la mayor parte del texto está dedicado prolijamente a la consagración de las libertades económicas empresariales: de crear empresas, adquirir toda clase de bienes, la concesión de explotaciones mineras, los derechos de autor, y las únicas limitaciones provienen de la seguridad nacional y las expropiaciones por utilidad pública. Se limita el derecho a la salud y la educación, al no garantizar la calidad de estos servicios (Art. 19, 9 y 10). Se excluye el derecho a la vivienda familiar, al trabajo, a recibir asistencia del Estado en casos de pobreza extrema, a no ser discriminado, a acceder a un sistema previsional que ofrezca pensiones decorosas, y otros importantes derechos económicos sociales contenidos en los Pactos de Naciones Unidas suscritos por Chile ( (art. 19, 21, 22, 23, 24 y 25)

Paralelamente, la dictadura militar  comenzó a considerar los servicios públicos como mercancías, lo que ha agravado la vulnerabilidad de la población que no puede costear los servicios privatizados y sólo pueden acceder a servicios estatales degradados y desfinanciados. Al mismo tiempo, el Estado fue redefinido bajo un “Rol Subsidiario”, que redujo sus ingresos tributarios, debido a que se rebajaron los impuestos a las empresas y a los sectores de mayores ingresos. Desde entonces la estructura tributaria chilena se caracteriza porque porcentualmente pagan más quienes tienen ingresos menores, lo cual rompe con los principios de equidad más elementales. Por estos motivos el régimen democrático que se estableció en 1990 no posee continuidad con la democracia anterior al golpe militar de 1973, sino que prolonga institucionalmente las principales orientaciones políticas de la dictadura militar[6]. Esta situación es desconcertante, ya que la coalición que ha gobernado durante todos estos años está formada por los principales partidos políticos que se opusieron a la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales están comenzando a superar el temor al conflicto, y se vislumbran estrategias emergentes en la construcción de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esta tendencia se ha hecho especialmente evidente desde 1998, cuando Augusto Pinochet fue detenido durante 17 meses en Londres, lo que permitió a la sociedad chilena rediscutir el proceso de transición a la democracia. Esta tendencia también se ha hecho evidente en investigaciones recientes del PNUD[7]. Sin embargo, los informes ese mismo programa señalan que la sociedad civil chilena se enfrenta a los obstáculos de un escenario institucional, social, económico y político que no facilitan estos procesos, ya que la capacidad de incidencia de la ciudadanía siendo extremadamente débil debido a la existencia de un marco jurídico autoritario, al peso de la impunidad jurídica, y a la falta de herramientas y espacios de participación efectiva que permitan ejercer algún grado de influencia significativa.

En el campo de la exigibilidad de los Derechos Humanos existen una muy pocas posibilidades de avanzar en el plano jurídico, debido al estrecho marco legal y constitucional impuesto por la dictadura militar[8]. La actual Constitución chilena claramente impide el ejercicio pleno de la democracia y por ello diversos constitucionalistas la consideran la más cerrada a la participación ciudadana de toda América Latina[9]. Esto se evidencia en la ausencia de espacios efectivos de consulta y control que permitan un efectivo ejercicio democrático en el nivel comunal, provincial, regional o nacional. Esta situación ha obligado a las organizaciones y movimientos de derechos humanos a centrar su acción y reflexión  en la dimensión social de la exigibilidad. En el campo social se están desarrollando prácticas dispersas, basadas fundamentalmente en el método del “ensayo y error” por parte de movimientos y organizaciones que agrupan fundamentalmente a las personas directamente afectadas por la vulneración de sus derechos. Reconocer sus estrategias, y sistematizar sus aprendizajes constituye un desafío relevante para las organizaciones e instituciones que desarrollan programas de formación en Derechos Humanos.

Bibliografía

 

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Declaración de Quito. (1998) Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales (desc) en américa latina y el caribe (24 de julio de 1998).

 

Espinoza, Vicente. (1999) “Continuidad histórica en la acción colectiva de los pobladores chilenos: redes sociales e interacción estratégica” en Salman, T y Kingman, E. (compiladores) “Antigua modernidad y memoria del presente. Culturas urbanas e identidad”. Quito. Flacso.

 

Garretón, Manuel Antonio, Sosnowosky, Saúl y Subercaseaux, Bernardo. (1993). “Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile”. Santiago, Fondo de Cultura Económica.

 

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[1] “La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Los DESC son derechos subjetivos cuya exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente”. Declaración de Quito. Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina y el Caribe (24 de julio de 1998).

[2] Algunos indicadores de la consolidación del sistema neoliberal chileno: La economía chilena creció a un promedio de 5,5% anual entre 1990 y 2005. El índice de  riesgo país, que define la tasa de interés bancaria de sus créditos internacionales, llegó a un mínimo en 2005. Chile se ubica en el undécimo lugar  mundial en el ranking de libertad económica de Heritage Foundation. El país exporta más de US$ 32.000 millones, con un crecimiento sólo en este año de más de 50% en el valor exportado. El Producto Interno Bruto por persona ajustado por poder de compra se empina por sobre los US$ 11.000. Chile cuenta con cuatro grupos económicos que ubican a sus empresas entre las dos mil más grandes del mundo según Forbes.

[3] Sobre el concepto “Democracias de seguridad nacional”cfr. Hinkelammert, Franz. “La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el proyecto de liberación”. En Revista Pasos, DEI, San José, nº 3,1992.   Esta categoría es retomada por Felipe Portales en “Los mitos de la democracia chilena”. Catalonia, Santiago, 2004.

[4] Cfr. “Informe paralelo al informe periódico del gobierno de chile presentado al comité de derechos económicos, sociales y culturales sobre la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales”. Capítulo Chile Ciudadanía de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo- PIDHDD. Santiago de Chile, Noviembre de 2004

 

[5] Cfr. Honorable Junta de Gobierno de Chile (1980), Constitución política de la República de Chile, Ed. Cienna, Santiago, 1998.

[6] Moulián, Tomás. (1997), “Chile actual, anatomía de un mito”. Santiago, Arcis-LOM.

 

[7] Informe sobre Desarrollo Humano en Chile: “El Poder: ¿para qué y para quién?. PNUD. 2004

[8] A pesar de las reformas de 2005 la Constitución chilena dispone de diversos dispositivos antidemocráticos: establece el rol tutelar y suprapolítico al instituir que: “las Fuerzas Armadas garantizan el orden institucional de la República” (Ibid: 72, (Art. 90)). los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el Director General de Carabineros, junto a la Corte Suprema, designan a cinco de los siete miembros del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes. Hasta 2005 estos comandantes  nombraban a siete senadores designados, en un senado que cuenta con sólo 38 senadores elegidos. La constitución define el sistema electoral y determina el modelo económico al impedir al estado crear nuevas empresas estatales, otorgando autonomía al Banco Central, en definitiva, convirtiendo a la libertad económica en un derecho constitucional que subordina permanentemente los derechos económicos y sociales.

[9] Portales, Felipe. (2004) “Los mitos de la democracia chilena.”. Santiago. Catalonia Libros.

Ley reservada del cobre

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados ha abierto el debate. La Ley reservada del Cobre no resiste reformas ya que sólo se mantiene como un testimonio aberrante de los efectos económicos y sociales de la vieja doctrina de la seguridad nacional. Recordemos que la Ley reservada del Cobre, que financia las compras de armamento de las FFAA chilenas sobre la base de destinar obligatoriamente a esta finalidad el 10% de los ingresos de CODELCO, se ha justificado históricamente como un mecanismo que garantiza la estabilidad de este flujo financiero.

Este procedimiento constituye una anomalía ya que se trata de la única partida presupuestaria que no está sometida a los debates y discusiones que tienen lugar en el parlamento a través de la discusión del presupuesto anual de la nación. La especificidad de esta ley se justificaría en que las compras de armas deberían estar a resguardo de la discusión pública, ya que por el carácter sensible de los temas referidos a la seguridad nacional estas materias deberían ser tratadas de manera reservada por los especialistas militares. El espíritu de esta ley presupone que el presupuesto militar no puede estar sujeto a los vaivenes propios de la actividad parlamentaria.

Se deberían asegurar a largo plazo, más allá de las mayorías o minorías democráticas, fuentes de financiamiento estables que permitan adquirir armamento de una manera permanente. Este razonamiento nos lleva a concluir que en Chile podemos discutir pública e informadamente sobre el monto de recursos que se debe asignar a educación, a salud, a vivienda o a la infraestructura pública, pero no podemos hacer lo mismo respecto al gasto en armas. La única explicación de la singularidad que se pretende aplicar a los gastos militares, que le eximirían del control democrático y de la transparencia exigida a todas las otras dimensiones de la acción del Estado, radica en considerar a los propios ciudadanos del país como posibles amenazas a la seguridad nacional. Bajo esta concepción, la ley reservada del cobre pretende salvaguardar el financiamiento de las FFAA debido a que ellas son las instituciones llamadas a proteger al Estado, incluso de su propio pueblo.

Esta concepción de la defensa es propia de la guerra fría, período en el cual, de acuerdo a los gobernantes de esa época, una parte de la población debía ser caracterizada como un enemigo interno, que lejos de ser sujeto de derecho, constituía una amenaza a los intereses del Estado. Esta concepción de la seguridad nacional subordina los intereses de la población a los intereses estatales. Es una mirada que está muy lejos de la concepción integral de seguridad humana que debería guiar una política moderna de defensa. No es posible, en la actualidad, proponer políticas de seguridad que estén exclusivamente centradas en la defensa del estado nacional, sin tener en cuenta que la finalidad última de la labor defensiva es la protección del ser humano. Por lo tanto, una política actual de defensa debe incorporar también los resguardos que protejan a las personas de los abusos por parte del Estado.

Esencialmente, la seguridad humana significa garantizar a la población una vida libre de amenazas profundas a sus derechos, a su seguridad y a sus propias vidas. De cierta manera, el gasto militar puede conspirar contra la seguridad humana cuando la población percibe que los recursos destinados a la defensa del estado nacional implican postergar sus aspiraciones de inclusión social. Bajo las condiciones de la actual ley reservada del cobre se asume que cada año, cada rama de las FFAA debe recibir al menos US$ 93 millones, lo que constituye un piso inamovible, invariable e indiscutible. En virtud de esta norma, cuando el precio del cobre es alto se produce un enorme excedente que va automáticamente al presupuesto reservado de las cuatro ramas de la defensa nacional. Al respecto la ley fija un mínimo pero no un monto máximo.

¿El país tiene acaso ilimitadas necesidades en el campo de la defensa que justifiquen un presupuesto diseñado para adquirir armas de esta manera? ¿Puede ser racional que el presupuesto militar no tenga un tope que impida que se gasten irracionalmente los recursos? ¿No atenta este hecho en contra de la seguridad humana de los chilenos? ¿No será necesario que el presupuesto de inversiones militares se inscriba en un plan nacional de seguridad humana, que abarque muchos otros elementos más allá del armamento? Chile necesita optar: o apuesta por el armamentismo, propio de las doctrinas de la “seguridad nacional”, y que incrementa la inseguridad mundial o se decide invertir más recursos en garantizar la seguridad humana de su población.

Para lograr este objetivo debe prevenir la conflictividad social, defendiendo los derechos humanos y el estado de derecho, perfeccionado el sistema de gobierno democrático, y promoviendo el desarrollo humano sostenible. La seguridad humana pasa por hacer frente a los conflictos de una manera pacífica, resolviendo las causas de la violencia estructural, estableciendo un sistema de protección social que permita ampliar las libertades, a partir de la responsabilidad colectiva de la sociedad. En coherencia, se debe incorporar todo el presupuesto de las FFAA como un item más en presupuesto nacional. Este traspaso debe garantizar la transparencia y el control político y social del gasto militar. La experiencia de los años noventa nos debería hacer recordar casos como las ventas de armas a Croacia en 1991, en medio del conflicto de la ex Yugoslavia y la venta de armas a Ecuador en 1995, en el contexto de la guerra con Perú.

Estas graves situaciones se habrían evitado si el criterio de transparencia y probidad hubieran primado sobre los criterios heredados de la doctrina de la seguridad nacional, que amparan de facto este tipo de prácticas. Al mismo tiempo, este cambio contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en las FFAA y obligaría a que cada peso que se gaste en armamento se inscriba en una estrategia de seguridad humana integral, consensuada y discutida bajo condiciones en las que prime la responsabilidad política. Chile necesita que sus FFAA se transformen en verdaderas herramientas de defensa de su soberanía, amenazada por las imposiciones de la globalización neoliberal. Si ellas asumen ese objetivo el financiamiento del gasto militar estaría avalado por el más sólido de los resguardos: el aval de la democracia.

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