Chávez y lo políticamente incorrecto

Desde los años ochenta la cultura política norteamericana impuso universalmente sus  propios criterios sobre el lenguaje, los conceptos y los puntos de vista aceptables en el discurso público. Bajo el rótulo de lo politically correct se engendró un conjunto de límites y normas, subjetivas, pero efectivas y reales, que buscaron que todo discurso público, sea del partido que sea, se  llenara de eufemismos, bajo la excusa de impedir que alguien se pueda ofender. De esta forma se consolidó discursivamente el pensamiento único liberal. Se instaló un pacto tácito que supuso que “todo el mundo” está de acuerdo en los tópicos a abordar en público y en la forma de hacerlo, lo que permitió eliminar del habla de los políticos todo tipo de conflicto, especialmente los que están ligados a las desigualdades y discriminaciones por clase, raza, género o posición ideológica.

Por arte de magia pasó a ser políticamente incorrecto discutir “ciertas cosas”: entre otras, el valor sacrasanto de la propiedad privada,  el rol del mercado como “asignador de recursos”, el papel “subsidiario” del estado, la democracia representativa y un largo etcétera de instituciones y valores intocables. Entre estos últimos se instaló la “libertad de expresión”, desprendida de su contexto social y convertida en una dimensión más del derecho de propiedad. Esta es la razón por la cual la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión al canal RCTV causa tanto descontrol en la prensa internacional. Es difícil pensar en una decisión que resulte tan “politicamente incorrecta”. A tal punto que todo político oportunista, que se precie de su corrección, ha saltado a la palestra estos días para condenar este “pernicioso atentado a la libre expresión”.

Venezuela es hoy por hoy la capital de lo “políticamente incorrecto”, nadie lo duda. Por algo Vargas Llosa Jr. ha denominado al presidente Chávez el “idiota perfecto de América Latina”. Idiotez que se transforma en halago si se analizan las razones por las cuales se le ataca. Hugo Chávez ha devuelto su lugar en la sociedad a palabras que fueron sistemáticamente desterradas del léxico político, empezando por Socialismo, entendido como sistema económico y político, y no sólo como etiqueta electoral vaciada de todo significado. Y su último atentado ha sido demoler públicamente la hipocresía que entraña la “libertad de expresión” entendida de forma liberal. Y lo ha hecho sin importarle en lo más mínimo las diatribas mundiales que rugen ante la violación de uno de sus dogmas más sagrados.

El caso RCTV ha obligado al mundo a repensar la libertad de expresión en su formulación actual,  que ha vaciado de contenido el derecho a la comunicación para convertirlo en otro “derecho” individual y  formal,  desprovisto de toda exigibilidad para la mayoría de la población. El universalismo abstracto y políticamente correcto de la “libre expresión” debe ser deconstruido. Por sobre la libertad del individuo debe garantizarse la capacidad efectiva de información y comunicación para todos y todas. Es decir, esta  coyuntura  nos obliga a pensar en los derechos colectivos de información y expresión, que superan la concepción dominante, meramente individualista y procedimental de este derecho.

En una sociedad donde no existen los derechos colectivos, la libertad de expresión del señor Marcel Granier, el dueño de RCTV, vale más que la de millones de venezolanos, que además deben aguantar sus diatribas e insultos a diario. Lo que haga o no haga con su canal sólo es justificable desde criterios racionales de procedimiento jurídico y no desde las responsabilidades y los deberes de la vida en sociedad. Pero, como afirma la máxima jurídica liberal, “lo que no está prohibido, está permitido”, y por lo tanto Granier no tendría otra responsabilidad que hacer con su canal lo que individualistamente le venga en gana. Amparado en una concepción liberal de los derechos civiles y políticos y en la “mano invisible del mercado”, Granier, y todos los magnates de las comunicaciones, están amparados para sustentar su acción comunicativa de modo aislado, dirigidos por sus propios e intocables intereses.

 

Una concepción postliberal del derecho a la comunicación debe tratar de  tomarse en serio el pluralismo, no como mera “superposición” de consensos, sino como una práctica democrática que refuerce la diferencias de las posiciones en conflicto y que se sustente en la singularidad de sus interpretaciones y perspectivas acerca de la realidad. Es decir, debe terminar con las hipocresías y eufemismos que ha instalado el pensamiento único para permitir que la libertad instrumental se transforme en lo que Amrtya  Sen ha llamado “libertad como capacidad”: de nada vale que la libertad de expresión sea declarada en los textos jurídicos y en las constituciones si no tengo la capacidad de ejercer ese derecho. Por esta razón es tan importante que la nueva cadena TEVES se consolide como un servicio público, como una auténtica cadena de Televisión social,  que garantice el acceso público a la información y a la comunicación.

Esta concepción post liberal se complementa con propuestas teóricas como las que sustenta Philip Pettit [1] quién ha sacudido los debates políticos en los últimos años, al plantear una concepción de la libertad como no-dominación. Para Pettit solo hay libertad cuando un individuo (o una institución) no tiene el poder de interferir de modo arbitrario en las elecciones que otro individuos tienen la capacidad de hacer. De acuerdo a Pettit la libertad política no se basa en la sagrada “autonomía individual”, sino en garantizar que nadie quede sujeto a una interferencia arbitraria, aunque ella se ampare en los intersticios legales de un contrato aparentemente libre y consentido. Para Pettit es necesaria la intervención del Estado para generar inmunidad contra toda forma de dependencia arbitraria. Por ello Pettit  afirma que “el liberal es tanto más feliz cuanto menos interviene el Estado en su vida; el republicano acepta de buen grado sufrir incluso interferencias graves, si sirven para combatir la arbitrariedad”.

En síntesis, es necesario llevar al campo de las comunicaciones lo que Pettit define en términos genéricos. La decisión adoptada por el gobierno de Hugo Chávez, y  su absoluta falta de temor a la “incorreción política”,  constituyen un gran avance en este objetivo.

 

[1] Republicanismo, Paidós, Madrid,  1999, pp. 52-66.

Aparecida: Preguntas y disyuntivas para la Iglesia

La V Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), que se desarrollará hasta el domingo 31 de mayo en Aparecida, Brasil, estará marcada por la confluencia de dos agendas temáticas diferentes y en algunos aspectos contrapuestas. Por un lado, la visión de los obispos conservadores apuesta a reforzar la tendencia imperante, que sigue puntualmente las orientaciones de Roma. Esta mirada buscará priorizar la “agenda valórica”, en especial ante una opinión pública latinoamericana que está cada vez más abierta a los derechos reproductivos y a liberalizar su convivencia. Su propuesta consiste en fortalecer la homogeneidad de la Iglesia del continente, promoviendo el crecimiento de vocaciones y frenando la migración de fieles a otras confesiones.

Por otra parte, los obispos progresistas tratarán de  profundizar las opciones hechas por la tradición eclesial latinoamericana, de las Conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979). En esas ocasiones, los obispos latinoamericanos alzaron su voz en contra de las violaciones de la derechos humanos cometidas por las dictaduras militares y llamaron a los fieles a asumir una “opción preferencial por los pobres”, comprometiéndose en su promoción social. En Aparecida, estos obispos buscarán el reconocimiento a la singularidad de la Iglesia latinoamericana, que ha tomado desde los años sesenta importantes opciones propias, diversas a las pretendidas por el Vaticano. Esta propuesta supone una mayor descentralización y flexibilidad de las estructuras eclesiásticas. Además, buscará impulsar una pastoral más acogedora de quienes se sienten desplazados de los templos por el discurso conservador, así como movilizar a la Iglesia en la lucha contra de los efectos del neoliberalismo.

La importancia de las orientaciones de Aparecida pueden llegar a ser decisivas en un momento en que la Iglesia Católica latinoamericana se enfrenta a cruciales desafíos. Es evidente que la fortaleza y el poder institucional del catolicismo siguen siendo muy grandes en el continente. Sin embargo, también es claro su declive demográfico en la región. Si bien la población latinoamericana creció 77 por ciento en los últimos 30 años, la Iglesia Católica sólo aumentó 67 por ciento, el número de sacerdotes un 44 por ciento y el de religiosas en un ocho. A pesar de a lo anterior, América Latina sigue aportando el 42,6 por ciento de los católicos del mundo.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la disputa entre agendas disímiles obligará a las partes a llegar a consensos que preserven lo que la tradición eclesial ha llamado “la unidad dentro de la diversidad”. Esta dinámica de acuerdos, si bien permite la convivencia intraeclesial, también puede convertirse en uno de los grandes escollos de Aparecida. Ya en 1992, la IV conferencia del CELAM, celebrada en Santo Domingo, perdió gran parte de su relevancia ya que la confrontación de visiones terminó desdibujando el documento final, que finalmente no tuvo gran repercusión. Algunos obispos han manifestado ya su temor al respecto. Por ejemplo el obispo boliviano Mons. Toribio Porco Ticona afirmó al llegar a Brasil que “hay sacar lecciones del pasado para que las conclusiones de Aparecida no queden sólo en el papel como ha ocurrido a veces con las conclusiones de las otras conferencias episcopales”.  Un Jesuita, el obispo peruano Pedro Barreto sentenció que  “la gente no espera mucho y en parte tiene razón”, en alusión a las esperanzas postergadas de los fieles que esperan que la Iglesia esté a la altura de los tiempos.

Un elemento muy diferente a 1992 lo constituye la evolución del proceso democrático  latinoamericano. La emergencia de gobiernos progresistas, de centro-izquierda, en casi todos los países del continente constituye una novedad absoluta, que no tiene parangón con el contexto de las anteriores conferencias del CELAM.  Este proceso no se explicaría sin la emergencia de centenares de movimientos sociales que hoy están en condiciones de  dialogar con los estados y presionarles a impulsar políticas públicas en su beneficio.

En buena parte, esos movimientos sociales han sido fruto de las pastorales sociales que la Iglesia desarrolló desde los años setenta y que han madurado hasta convertirse en espacios autónomos, que ya no dependen del amparo eclesial que les permitió nacer. Es el caso del Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, ligado históricamente a la Pastoral de la Tierra, o los movimientos indígenas de Ecuador o Bolivia,  que ahora han asumido un rol clave en sus gobiernos nacionales.  ¿Cuál será en el futuro la evolución de este proceso? ¿Logrará la Iglesia mantener sus vínculos históricos los sectores empobrecidos del continente? ¿Qué elementos de continuidad tendrá Aparecida respecto a Medellín y Puebla?  Preguntas abiertas que requieren la distancia del tiempo para ser contestadas.

 

 

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD

Álvaro Ramis. Mayo de 2007

Centro Ecuménico Diego de Medellín.

La Ley reservada del cobre (Nº 13.196), que financia las compras de armamento de las FFAA chilenas, se ha justificado históricamente como un mecanismo que garantiza la estabilidad de este flujo financiero. Este procedimiento constituye una  anomalía ya que se trata de la única partida presupuestaria que no está sometida a los debates y discusiones que tienen lugar en el parlamento a través de la discusión del presupuesto anual de la nación. La especificidad de esta ley se justificaría en que las compras de armas deberían estar a resguardo de la discusión pública, ya que por el carácter sensible de los temas referidos a la seguridad nacional estas materias deberían ser tratadas de manera reservada por los especialistas militares.

El espíritu de esta ley presupone que el presupuesto militar no puede estar sujeto a  los vaivenes propios de la actividad parlamentaria. Se deberían asegurar a largo plazo, más allá de las mayorías o minorías democráticas, fuentes de financiamiento estables que permitan adquirir armamento de una manera permanente. Este razonamiento nos lleva a concluir que en Chile podemos discutir pública e informadamente sobre el monto de recursos que se debe asignar a educación, a salud, a vivienda o a la infraestructura pública, pero no podemos hacer lo mismo respecto al gasto en armas.

La única explicación de la singularidad que se pretende aplicar a los gastos militares, que le eximirían del control democrático y de la transparencia exigida a todas las otras dimensiones de la  acción del Estado, radica en considerar a los propios ciudadanos del país como posibles amenazas a la seguridad nacional. Bajo esta concepción, la ley reservada del cobre pretende salvaguardar el financiamiento de las FFAA debido a que ellas son las instituciones llamadas a proteger al Estado, incluso de su propio pueblo. Esta concepción de la defensa es propia de la guerra fría, período en el cual, de acuerdo a los gobernantes de esa época, una parte de la población debía ser caracterizada como un enemigo interno, que lejos de ser sujeto de derecho, constituía una amenaza a los intereses del Estado.

Esta concepción de la seguridad nacional subordina los intereses de la población a los intereses estatales. Es una mirada que está muy lejos de la concepción integral de  seguridad humana que debería guiar  una política moderna de defensa. No es posible, en la actualidad, proponer políticas de seguridad que estén exclusivamente centradas en la defensa del estado nacional, sin tener en cuenta que la finalidad última de la labor defensiva es la protección del ser humano. Por lo tanto, una política actual de defensa debe incorporar también los resguardos que protejan a las personas de los abusos por parte del Estado. Esencialmente, la seguridad humana significa garantizar a la población una vida libre de amenazas profundas a sus derechos, a su seguridad y a  sus propias vidas. A este objetivo contribuyen en igualdad de condiciones el gasto social y el gasto militar. No es posible afirmar que el gasto en educación, en salud, en vivienda o en el cuidado del medio ambiente no contribuyan de modo integral e inseparable a la misma meta de garantizar la seguridad humana de la ciudadanía.

Una política de seguridad humana no excluye la acción disuasiva y militar. Al contrario, las FFAA deben ser una herramienta más en la protección de la paz y la inclusión de todos y todas, en plenitud de derechos, en la comunidad nacional e internacional. No hay duda que sin seguridad entre los estados la seguridad de las personas corre los más altos riesgos. Se debe defender de manera real la soberanía a nuestros países, tantas veces víctimas de la injerencia de las potencias dominantes. En torno a este objetivo es razonable contar con fuerzas armadas al servicio de los intereses nacionales. Sin embargo, cuando nos aproximamos a la realidad, descubrimos que desde el fin de guerra fría la enorme mayoría de los conflictos armados en el mundo han correspondido a conflictos internos, principalmente convulsiones sociales, y en esos casos el 90% de las víctimas han sido civiles. Estos conflictos han estallado por la carencia de democracia en lo político, por la inequidad en lo económico, por las graves discriminaciones étnicas, religiosas o culturales o por acción de redes que acrecientan la violencia y la criminalidad. Cabe preguntarse, entonces, si la seguridad es preferentemente un tema militar, o incluso policial. Y si la inversión más inteligente a la hora de promover la seguridad humana es el gasto en armas.

De cierta manera, el gasto militar puede conspirar contra la seguridad humana cuando la población percibe que los recursos destinados a la defensa del estado nacional implican postergar sus aspiraciones de inclusión social. Bajo las condiciones de la actual ley reservada del cobre se asume que cada año, cada rama de las FFAA debe recibir al menos US$ 93 millones, lo que constituye un piso inamovible, invariable e indiscutible. En virtud de esta norma, cuando el precio del cobre es alto se produce un enorme excedente que va automáticamente al presupuesto reservado de las cuatro ramas de la defensa nacional.  Al respecto la ley fija un mínimo pero no un monto máximo. ¿El país tiene acaso ilimitadas necesidades en el campo de la defensa que justifiquen un presupuesto diseñado para adquirir armas de esta manera? ¿Puede ser racional que el presupuesto militar no tenga un tope que impida que se gasten irracionalmente los recursos? ¿No atenta este hecho en contra de la seguridad humana de los chilenos? ¿No será necesario que el presupuesto de inversiones militares se inscriba en un plan nacional de seguridad humana, que abarque muchos otros elementos más allá del armamento?

Si a mediano plazo el precio del Cobre tiende a la baja, el Estado estará obligado a desembolsar recursos extraordinarios, tal como aconteció en 1986 y 1987 cuando se debió aportar un suplemento de 38 y 25 millones de dólares a las FFAA con el fin de cumplir con el monto establecido en la ley. En el momento en que esa situación ocurra la percepción ciudadana estará tensionada por los recortes presupuestarios que esta situación acarreará, por lo tanto es coherente pensar que la actual ley constituye una amenaza al propósito de dar estabilidad al financiamiento de las FFAA.

En coherencia, incorporar las inversiones de las FFAA al presupuesto nacional con la mayor transparencia posible, contribuiría a fortalecer la  confianza ciudadana en las FFAA y obligaría a que cada peso que se gaste en armamento se inscriba en una estrategia de seguridad humana integral, consensuada y discutida bajo condiciones en las que prime la responsabilidad política.  De esta manera el financiamiento del gasto militar estaría avalado por el más sólido de los resguardos: el aval de la democracia.

Una última reflexión tiene relación con el contexto global en el que se inscribe esta discusión. El gasto militar mundial en 2006 alcanzará previsiblemente 1,06 billones de dólares, superando el récord establecido durante la Guerra Fría. El anterior récord de gasto militar databa de 1988,  cuando los gobiernos gastaron una cifra estimada en 1,03 billones de dólares. Tras decaer en los años posteriores a la guerra fría, el gasto militar se ha ido incrementando paulatinamente desde 1999 y ha experimentado una verdadera explosión desde el 11 de septiembre de 2001. Pero las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak no son el único factor de este incremente en el gasto militar global. En 1989 la participación de los países en desarrollo  en el gasto militar mundial representaba el 155,8%. En 1999 ocupaban el 28,8%. América del Sur gastaba en 1989 1,3 % del gasto militar mundial pero en 1999 ya gastaba un 2,6%. En los años recientes esta tendencia se ha mantenido.

Si Chile se inscribe en la tendencia de expandir el gasto militar mundial está impulsando una política que repercutirá en contra de la estabilidad global. Sabemos, por cifras de UNICEF, que si se destinaran 70000 a 80000 millones de dólares anuales se podrían cubrir las necesidades humanas más urgentes de la población mundial. Esta cifra representa solamente el 10% del gasto militar mundial. Se podría reducir a la mitad la pobreza mundial en el año 2015 si se pudiera destinar a esta meta el equivalente al 25% del presupuesto militar de Estados Unidos, Reino Unido, Francia Alemania y Japón. Lamentablemente el incremento del gasto militar mundial es un factor que lejos de permitir la seguridad humana, contribuye a la inestabilidad global. Sabemos que la industria armamentística es un pilar muy importante de la economía de algunos países. Pero el costo global del armamentismo supera con creces los beneficios económicos de esta industria, dañando incluso a los mismos países que se benefician del comercio de armas.

Chile necesita optar: o apuesta por el armamentismo, propio de las doctrinas de la “seguridad nacional”, y que incrementa la inseguridad mundial  o se decide invertir más recursos en garantizar la seguridad humana de su población. Para lograr este objetivo debe prevenir la conflictividad social, defendiendo los derechos humanos  y el estado de derecho, perfeccionado el sistema de gobierno democrático, y promoviendo el desarrollo humano sostenible. Algo muy grave nos ocurre como sociedad cuando algunas encuestas nos dicen que sólo el 9% de los chilenos creen que pueden confiar en su prójimo[1]. La expansión del miedo refleja la inseguridad en la que vivimos los chilenos, y la falta de garantía en el respeto de nuestros derechos sociales. La seguridad humana pasa por hacer frente a los conflictos de una manera pacífica, resolviendo las causas de la  violencia estructural, estableciendo un sistema de protección social que permita ampliar las libertades a partir de la responsabilidad colectiva de la sociedad.

Tal vez todavía estamos a tiempo de poder ver cumplida entre nosotros la profecía de Isaías que afirmaba: “De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra” (Is. 2,4)


[1] CERC. Septiembre 2002.