La clase de religión y la educación en valores en Chile

Álvaro Ramis / Centro Ecuménico Diego de Medellín

  Junto con valorar la invitación del Foro Espiritual por la paz de Santiago, deseo agradecer a las personas que hoy nos acompañan. En lo personal me emociona mucho la realización de este seminario debido a que satisface una necesidad muy largamente postergada. Me he desempeñado por varios años como profesor de religión y me consta la poca relevancia y centralidad que se le asigna a este tema, incluso en los colegios confesionales católicos, que postergan la discusión de sus crecientes complejidades frente a temas siempre más urgentes, como los resultados en el SIMCE; la PSU, el color de los uniformes, etc. Parece que nadie quiere hablar de la clase de religión y se prefiere obviar su singularidad.

Nadie lo quiere hacer, hasta que los alumnos y alumnas llegan a abrir la boca. En varios colegios y en distintos años me ha tocado ver como los centros a alumnos o las asambleas estudiantiles colocan el tema dentro de sus listados de demandas, presionando por cambios en la asignatura. En esos momentos, los profesores vemos como se exponen públicamente nuestras dificultades cotidianas por hacer una clase de calidad, voluntad que choca de frente con los marcos estructurales que parecen haberse confabulado para hacer de ese objetivo una tarea de titanes.

Recordemos que por la Ley 19.638 se ha entregado a los padres o apoderados el derecho de elegir para los hijos la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En consecuencia, el decreto 924/83 de 1983, que norma las clases de religión en el sistema educacional, obliga a todos los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media a ofrecer dos horas de clase de religión semanales, desde primero básico a cuarto medio. Sin embargo la asistencia a esas clases es voluntaria  (decidida por padres y apoderados al momento de matricular) y su calificación no cuenta para la promoción escolar.

Este marco legal es el peor de los mundos posibles para el o la profesora. No tanto por la voluntariedad en la asistencia, ya que al menos de esta forma se produce una “selección natural” en las afinidades electivas de los alumnos que deciden asistir o no a la clase. El verdadero problema se deriva de la falta de calificación. Imposibilitado el profesor de generar mecanismos de incentivo o coacción, que permitan desarrollar la motivación intrínseca de los alumnos, el docente se ve en la obligación de buscar mecanismos de motivación extrínseca, lo que se traduce en tratar de hacer una clase “entretenida”, dinámica”, buscar formas de mover al aprendizaje bajo mecanismos puramente subjetivos, en un ambiente como el escolar que a diferencia de los ambientes parroquiales está signado por las dinámicas competitivas y productivistas propio de la educación formal.

Más difícil se torna este objetivo en los numerosos casos en los que el colegio dispone que los alumnos que no asistan a la clase se mantengan de igual forma en la sala de clases en la que se dicta la asignatura. Es fácil imaginarse el panorama: una sala de cuarenta alumnos, donde veinticinco asisten a la clase, quince están dispersos en su propia agenda de intereses, ante un profesor sin mayores armas que su convicción y su talento, que en muchos casos se basa más en el aprendizaje intuitivo que en la formación sistemática ya que recién en este año se espera que la totalidad de los docentes en religión del país deberán ser titulados.

Tras esta dificultad estructural se esconde además una complicación que arranca de la falta de claridad que viven hoy los docentes respecto a su rol como profesores de religión. Esta tensión se puede resumir como una crisis de identidad: por un lado, el sistema antes descrito impulsa al profesor a asimilar su tarea a la de un animador catequístico, que desarrolla las actividades de aprendizaje priorizando las dimensiones afectivas y sociales: dinámicas, juegos de integración, autoconocimiento, autoayuda, etc. Por otra parte los programas escolares y la misma sociedad demandan que la formación religiosa escolar sea mucho más profunda. Las discusiones valóricas, éticas, sociales, y teológicas del mundo actual requieren de sujetos activos y autónomos, capaces de pararse con  juicio propio, y nutridos de una formación mucho más sólida que la que ofrece la escuela actualmente.

Este desafío ha sido superado, al menos en parte, por los colegios particulares pagados confesionales, que de una u otra forma han incorporado mecanismos por los cuales la educación religiosa ha adquirido un estatus académico más sólido, partiendo por la incorporación de mecanismos de calificación idénticos a los de cualquier otra asignatura. Al mismo tiempo, este tipo de establecimientos no deben lidiar con los problemas referidos a la voluntariedad de la asistencia ya que se treta de colegios que ofrecen una opción clara a los padres dentro del marco de libertad de enseñanza por lo cual la asistencia es obligatoria para todo el alumnado.

El problema queda pendiente en los colegios particulares subvencionados y especialmente en la enseñanza pública municipal. Es en este tipo de escuelas donde a los problemas ya descritos se agregan otros más todavía. En estas escuelas, la escandalosa desigualdad financiera y de calidad que tan fuertemente han denunciado los estudiantes en 2006 cobra en este aspecto otra variante perversa.

En primer lugar, el bajo número de horas de clase de los profesores les obliga a rotar por varios establecimientos con tal de hacer un número de horas de clases suficientes para poder vivir. En segundo lugar, la discriminación hacia las Iglesias o confesiones religiosas minoritarias hace que la presencia de más de un profesor de religión por nivel sea todavía un derecho incumplido. Lamento no disponer de cifras sobre el número de profesores de religión no católicos que se desempeñan en el sistema educativo chileno, pero creo que esos datos  nos van a hablar de una situación de discriminación de gran  magnitud.

Por otra parte, es en las escuelas municipales donde el profesor o la profesora de religión viene a ser depositario de las expectativas de formación valórica que el sistema de educación pública actual no logra desarrollar. Por una parte, bajo el esquema de los actuales “objetivos transversales”, la formación ética debería ser objeto de preocupación de cada uno de los ramos específicos (ciencias naturales, historia, etc), dando énfasis al crecimiento y auto-afirmación personal, la formación ética basada en los Derechos Humanos y el discernimiento de valores.

Sin embargo, la experiencia concreta nos dice que cuando una responsabilidad es de “todos” mucha veces es de “nadie”. “¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, señor.” parece decir la escuela de hoy ante la responsabilidad de formar en valores. Se hace evidente la orfandad de los jóvenes, educados más por la opinión de la calle o de los medios de comunicación que por la familia o por la escuela. Entonces parece necesario señalar un culpable, que puede ser la orientadora, el profesor jefe, y también lo que hizo, o no hizo la clase de de religión.

Al parecer, cada vez que la sociedad tiene un problema (salud, drogas, educación vial, sexualidad, violencia, racismo… ) mira hacia la escuela como parte de la solución. Se piensa en la educación escolar como el marco necesario para darle continuidad a la formación, que debiera comenzar en el seno de las familias, en aspectos tales como la educación en valores éticos, en valores cívicos, en normas de convivencia, en definitiva, en conocimientos, procedimientos y actitudes sobre derechos y deberes ciudadanos. El problema es que en una sociedad laica y cada vez más plural en opciones religiosas diversas, la idea genérica de implementar esta tarea de modo transversal parece atractiva. Pero en la práctica se evidencia que se requiere de espacios de educación formal y explícita para abordar de modo coherente y sistemático este tipo de desafíos.

¿Como hacerlo?  Existen a mi modo de ver varias posibilidades que es necesario explorar. Y de ahí el valor de la experiencia que hoy nos comparten nuestros amigos de Brasil.

Pero en caso alguno se debería tratar de convertir la actual clase de religión en él sustituto a las deficiencias de la formación valórica de nuestras escuelas. Al contrario, creo que la clase de religión merece ser valorada en su propia naturaleza, sin tratar de convertirla en un recurso que está disponible para solucionar las demandas que actualmente no tienen solución, o como ocurre crecientemente, en un tiempo de libre disposición de la dirección de los colegios destinado para que los alumnos tengan entrevistas con su profesor jefe, reuniones de comités, recuperen pruebas atrasadas y un largo ETC.

El drama de nuestra sociedad es que la ética, en esta alta Modernidad, ha sido separada de las relaciones humanas, de las cuestiones relativas a la convivencia humana por la ciencia positivista, por la racionalidad técnica y científica, utilitarista, promotora del poder, del poder del dinero, y de la producción. Cunde entonces el utilitarismo y el pragmatismo fragmentador.

Por este motivo necesitamos que la educación ética se pueda anclar en un conjunto de principios y valores que guíen y orienten las relaciones humanas por medio de principios universales, que puedan ser válidos para todas las personas. En nuestro contexto solamente se puede alcanzar este tipo de valores universales si fundamos esta educación ética en los derechos humanos, entendidos como “universalidades necesarias, esto es, responsabilidades universales para con la crisis ecológica, las prácticas económicas excluyentes, el desempleo, el hambre, la miseria, la falta de ciudadanía, etc. (Ahlert, 2003, p. 160). Es deber de nuestras escueles poner en el centro de su labor el rescate de los valores humanitarios como la solidaridad, la conciencia del compromiso para con el bienestar de todos, la fraternidad y la reciprocidad.

Es útil recordar que es la distinción entre ética y religión la que nos permite convivir en una sociedad crecientemente plural como la nuestra. Necesitamos aprender a compartir valores que sobrepasen nuestras identidades religiosas. De lo contrario será cada vez más difícil “vivir juntos”. Como dice Alain Touraine “No hay ninguna discontinuidad entre la idea de Sujeto y la de sociedad multicultural, porque sólo podemos vivir juntos con nuestras diferencias si mutuamente nos reconocemos como Sujetos[1].” Para ello es necesario crear espacios pedagógicos que permitan la interculturalidad, por medio de  imágenes que destraben los conflictos culturales que hemos mantenido en reserva, ocultos, fuera de nuestras aulas escolares. Llegó la hora en que la escuela municipal debe hablar de los temas tabú: Por ejemplo: muchas escuelas del centro de Santiago, en donde la proporción de niños migrantes es muy alta, nunca han puesto en discusión temas como el racismo, la xenofobia, la discriminación. ¡Cuantos otros temas mantenemos bajo la alfombra en nuestras escuelas para evitar la conflictividad! Y en nombre de la paz, preparamos las condiciones para la violencia y la descalificación.

Por otro lado, necesitamos comprender y profundizar nuestras identidades religiosas, culturales nacionales y sociales,  para saber quienes somos y hacia donde vamos en el mundo uniformizador de la globalización. En ese objetivo cobra absoluta legitimidad ciudadana la clase de religión, concebida no como un espacio de proselitismo confesional, sino como un medio de fortalecimiento de las identidades de los sujetos concretos que deben lograr profundizar en su propia autocomprención y autoconciencia.

El desafío consiste en lograr que las personas puedan poseer identidades abiertas y dialogales, capaces de abrirse a la diversidad, sin negar lo que cada uno es, pero sin tratar de avasallar ni minusvalorar al diferente. Para ello se requiere lo que Boaventura de Sousa Santos llama una “hermenéutica diatópica” (topos = lugar) que parta de la idea de que todas las culturas, todas las identidades, incluso las religiosas, son incompletas. Maximizando la idea de la incompletud recíproca mediante un diálogo con un pie en una identidad y el otro pie en otra identidad, se hace posible un ejercicio de ecumenismo práctico, de “ecumenismo cultural”. Es necesario que la educación religiosa permita el desarrollo de un proceso de reciprocidad entre las culturas,  mediante la discusión argumentativa, el conocimiento del diferente, del aprendizaje cotidiano de la tolerancia y de la interdependencia.

Por estas razones creo que la Escuela debe responder a dos desafíos simultáneos: por un lado a la formación ética universalista y ciudadana, y por otro, la formación religiosa, que abra las miradas y refuerce las identidades en diálogo y reciprocidad. Creo que ambos desafíos deben ser resueltos de modo urgente,  de una manera en que los dos puedan ser cubiertos de modo integrador y de una forma en que se complementen de modo adecuado.

Si lo logramos nuestra educación crecerá en densidad y capacidad de ampliar la conciencia y las capacidades de nuestros alumnos de modo insospechado.

Vivimos, nos dice Boaventura, en tiempos de epistemicidio, en los que impera el asesinato del conocimiento. Y la escuela es una de las principales instituciones responsables de este crimen. Se trata de en la deslegitimación de aquellas formas de conocer que hoy son subordinadas ante el Saber de la ciencia occidental, deshumanizadora y omnipotente. Desde la educación religiosa y la formación ética  debemos ser capaces de revalorar los conocimientos subalternos y subvertir el epistemicidio, que se ha vuelto condición para el genocidio cultural.

Al respecto es necesario reconocer que el cristianismo, en el pasado también fue cómplice en otras experiencias de epistemicidio, especialmente en nuestro continente. Ha llegado el momento en que enmendemos los errores y nos transformemos en defensores de una nueva “ecología de saberes”, donde no sólo quepa en la escuela el conocimiento utilitarista, no solo quepan los números de la PSU, sino también haya espacio para las preguntas por el bien la bondad y le belleza. Una escuela que aliente y acompañe las preguntas por el problema del sentido. Una escuela que eduque en y para  el conflicto liberador.

Biliografía

Ahlert, Alvori. A eticidade da educação: o discurso de uma práxis solidária/universal. 2. ed. Ijuí, RS : UNIJUÍ, 2003. (Coleção fronteiras da educação)

Santos, Boaventura de Souza. “Para uma pedagogia do conflito”. In: Silva, Luiz Eron da. Reestruturação curricular: novos mapas culturais, novas perspectivas educacionais. Porto Alegre : Sulina, 1996, p. 15-33.

Touraine, Alain ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Ed. PPC, Madrid, 1997

La voracidad del progreso infinito

“La iluminación y las revoluciones burguesas no hicieron rebelión en el cielo sino que lo destituyeron, pero en el mismo movimiento lo sustituyeron recuperándolo en una dimensión diferente. En el lugar del cielo religioso transmundano pusieron el progreso infinito, producto de una alianza entre tecnología y empresa, laboratorio y fábrica. Constituyeron una religión intramundana que como mito fundante tiene el del progreso infinito”.

 Franz Hinkelammert

  El 26 de marzo recién pasado, la empresa transnacional Monsanto anunció que había  elegido a Chile para sembrar, de modo experimental, 20.000 hectáreas de soya transgénica para la producción de semillas. La empresa anunció además su intención de introducir en Chile nuevas variedades de maíz y raps transgénicos. Este anuncio fue saludado por el Ministerio de Agricultura como una señal de innegable progreso.

Monsanto es la mayor productora de semillas transgénicas en el mundo y una de las más grandes productoras de agrotóxicos, incluyendo el “agente naranja”. Es también el mayor impulsor de semillas semillas “estériles” que obligan a los agricultores a comprar semilla año tras año. Este tipo de prácticas tiende a eliminar la diversidad de la producción campesina y encadenarla a las grandes empresas agroexportadoras. Desde hace décadas esta empresa ha desarrollado una estrategia deliberada de contaminación transgénica de cultivos y alimentos, que ha incluido el contrabando de semillas, la violación de normas de seguridad y el soborno directo a funcionarios gubernamentales.

Una de las consecuencias más gravosas de estos procesos tiene que ver con la ruptura del ciclo natural semilla-planta-semilla, donde el campesinado recibía de la naturaleza las semillas para la producción alimentaria. Con el despliegue de la biotecnología, se han creado condiciones biológicas que rompen tal ciclo, por lo que las semillas deben ser compradas a los grupos de capital.

Sin embargo, el resguardo de la biodiversidad y la salud de los chilenos parecen no estar dentro de las prioridades de nuestros gobernantes y empresarios. Tanto el gobierno como  la Sociedad Nacional de Agricultura, han indicado que su principal meta es “trasformar este país en una potencia agroexportadora y llegar al 2012 con cerca de 17 mil millones de dólares (en exportaciones), que es lo que exporta todo el país en cobre”. Para cumplir semejante objetivo a su juicio se hacen necesarias dos cosas: “la importancia de tener una legislación laboral  flexible que nos permita tener jornadas parciales…lo que nosotros necesitamos es trabajo por hora, lo que nosotros necesitamos es poder estar cambiando permanentemente el horario de trabajo[1].” y además “más que exportar fruta o salmones, tener la capacidad científica de producir determinadas variedades protegidas con patentes de propiedad intelectual[2]. En síntesis, para ser potencia agroexportadora Chile necesita aumentar los niveles de explotación de sus trabajadores y trabajadoras agrícolas e incorporar procesos biotecnológicos, como los cultivos transgénicos, para aumentar exponencialmente su competitividad y productividad.

Por efecto del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Chile deberá adaptar  su legislación sobre propiedad industrial y homologarla a la de ese país. Por esa razón deberá permitir el patentamiento de semillas y del ADN de animales. El argumento es dar  “seguridad jurídica” a las investigaciones (e inversiones) de laboratorios extranjeros que han buscado desde hace años la forma de apropiarse de bienes colectivos. Se viene a privatizar de esta forma la biodiversidad del país, que podrá ser apropiada por intereses privados mediante normas de propiedad intelectual que permiten patentar materia viva, siempre que se considere a la misma como un descubrimiento.

Actualmente Chile no posee normas de bioseguridad que reglamenten el cultivo de organismos transgénicos en el país.  Sin embargo, cada vez que en el pasado se ha legislado para regularizar situaciones similares, la presión empresarial ha empujado a los legisladores a beneficiar los intereses de los agroexportadores. Por ejemplo, en 2002 un juez decidió aplicar una antigua ley que prohibía la venta de alimentos transgénicos. Inmediatamente la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) reaccionó señalando  que eso era imposible, ya que habría que retirar cerca del 75% de los alimentos envasados. Por su parte el gobierno, en vez de aplicar la ley, emitió un decreto, permitiendo oficialmente la venta de este tipo de alimentos. En 2003, se levantó la última cláusula de esta ley que prohibía incluir materiales transgénicos en los alimentos para niños.

Este tipo de problemáticas nos ponen frente a la necesidad de distinguir entre el reconocimiento de los avances en la investigación genética y las exigencias éticas que exige la aplicación comercial de este conocimiento. La voracidad empresarial se ha amparado en la producción científica para sostener que toda regulación o limitación a las investigaciones biogenéticas, y a su resguardo jurídico, constituyen una forma de conservadurismo que se opone al ilimitado progreso científico, cultural y tecnológico de la humanidad.

Sin embargo, no es éticamente responsable validar este tipo “progreso” si los actores involucrados en él no se responsabilizan de los efectos indirectos que su acción lleva aparejada. La trampa del funcionalismo ético y jurídico, que ampara estos crímenes, nos ha llevado al absurdo de considerar que una despojar a la población de su patrimonio ancestral  es una forma de avance histórico. Esta situación no se puede superar con la mera regulación formal y jurídica. Según Franz Hinkelammert  “no se trata de cambiar las normas, sino de hacerlas efectivas frente a los efectos indirectos de la acción directa”, es decir, construir una ética de la responsabilidad, basada en el bien común, que permita hacer efectiva la protección de los bienes de la humanidad.

Para alcanzar este objetivo es necesario que la acción colectiva se oriente a abrir espacios de denuncia y reclamación de derechos. Es lo que realizan organizaciones como la Asociación chilena de mujeres rurales e indígenas “ANAMURI”, que  en marzo de 2007  realizó en Santiago de Chile su primer congreso nacional, en el que declaró:

La agricultura campesina e indígena ha sido históricamente la fuente más importante de alimentos sanos y variados para toda la población, no sólo la rural. Sin embargo, vemos que la agricultura campesina e indígena está siendo sistemáticamente destruida, producto de los  procesos de privatización, la invasión y los abusos por parte  de las grandes empresas nacionales y transnacionales y un conjunto de políticas públicas que se empeñan ciegamente en entregar el país a los empresarios[3]”.

Frente a este desafío ANAMURI declaró que su resistencia partirá desde sus propias identidades y prácticas campesinas:

Reafirmamos nuestra identidad como campesinas, como indígenas, como mujeres. Nos comprometemos con defender el derecho y el deber de continuar produciendo alimentos para nosotros y el resto de los chilenos. Nos comprometemos con una agricultura sin agrotóxicos, con la defensa de nuestras semillas,  nuestros saberes y nuestra cultura, en contra de las semillas transgénicas y los monocultivos. No queremos ser potencia agroexportadora. Rechazamos el encadenamiento productivo y seguiremos luchando por producir de manera libre y de acuerdo a nuestros principios. Lucharemos por la soberanía alimentaria como un derecho fundamental de los pueblos[4]

Frente al discurso del “progreso”, que condena a desaparecer al campesinado en función de de exportar 17 mil millones de dólares, emergen las luchas de las personas concretas, por los derechos, en el aquí y ahora, en su territorio, en su cultura , y a un tipo de producción concreta que es capaz de sostener la vida cotidiana de las grandes mayorías.

 

Notas

[1] Luis Schmidt, presidente de Fedefrutas. Entrevista de Camilo Fredes. Radio U de Chile  05 Abr 2005

[2] Presidente Ricardo Lagos, 19 de Mayo de 2004. http://www.conicyt.cl/revista/2004/mayo/html/Nota-Gira.html

[3] Declaración final. Primer congreso nacional de ANAMURI. Marzo 2007.

http://www.viacampesina.org/main_sp/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=29

[4] Ibid.

Buenas noticias y grandes desafíos

Se han dado a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterización Socio Económica (Casen) 2006. Las estadísticas traen buenas noticias: la pobreza se ha reducido de 18,7% en 2003 a 13,7%, y la indigencia bajó de 4,7% a 3,2% en el mismo período. Estos dos avances habrían sido imposibles sin políticas públicas activas, que se han convertido en un elemento fundamental para el progreso del país. La segunda buena noticia es que el índice Gini bajó del 0,57 al 0,54; se trata de una pequeña disminución en la crónica desigualdad que determina nuestra identidad nacional. En este caso, el Ministerio de Hacienda ha refrendado con números el efecto de los subsidios: las políticas estatales han permitido, efectivamente, reducir de trece a siete veces la diferencia de los ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población chilena.

Ya nadie lo puede negar: el crecimiento y el empleo no garantizan, por sí solos, la superación de la pobreza. Recordemos que más de 40% de la población vivía bajo esta condición en 1989, en un año que registró un alto crecimiento económico pero que no incidió para nada en las condiciones de vida de las personas. Por otro lado, estudios preparados por la Universidad de Chile han mostrado que más de 50% de las personas bajo la línea de la pobreza en 2003 tenían trabajo. El problema radicaba en la calidad y la dignidad de ese empleo. Por esto, hoy se puede afirmar que las políticas públicas son la clave en este proceso. A los que dicen lo contrario, no les queda más que repetir sus viejos prejuicios ideológicos.

Sin embargo, las buenas noticias no nos deben cegar: la pobreza ha disminuido en cantidad e intensidad, y ya no conocemos en Chile la miseria que acostumbrábamos ver en otras épocas de nuestra historia. Pero tampoco nos hemos convertido en un país con una inmensa clase media, que goce del bienestar y el desarrollo. Este 13,7% de pobreza estadística no va a cambiar nuestro panorama social si sacamos la cabeza por la ventana y nos damos cuenta de las condiciones de vida de la mayoría: cómo se puede vivir con 48 mil pesos mensuales, uno más que lo que se requiere para dejar de ser “estadísticamente” pobre. Por este motivo, para no autoengañarnos, resulta necesario actualizar la línea de la pobreza, que tiene su origen en la canasta de satisfacción de las necesidades que se consideraban básicas hace 20 años. Desde esa fecha, los patrones de consumo en nuestra sociedad han variado notablemente, por lo que se hace necesario una nueva fotografía de nuestra realidad.

Un desafío aún más difícil es poder revertir de forma profunda la desigualdad endémica de Chile. Ésta será una meta inalcanzable si no establecemos un debate nacional sobre los criterios de la justicia tributaria. La actual política impositiva resulta perversa, porque la vida para los pobres es más costosa por donde se la mire. Setenta y cinco por ciento de los ingresos tributarios del Estado chileno provienen de los impuestos indirectos, o sea de aquellos que tiene que cancelar el conjunto de la población. Entre estas tributaciones está el IVA, que representa 40% de todo lo recaudado. Debido a este esquema, Chile se convierte en el reino de “Hood Robin”, ya que el 10% más rico de la población apenas tributa 11,8% de sus ingresos, mientras que el 10% más pobre de los chilenos paga 14,4% de los suyos en impuestos.

Se ha argumentado que la actual administración nunca planteó en su programa de Gobierno el objetivo de implementar una reforma tributaria para abordar esta situación. Esto se aprecia como un argumento bastante atendible y creo que justifica que durante la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet no se aborde el problema. Sin embargo, la responsabilidad recae, entonces, en los partidos políticos, que deberían plantear una respuesta a esta situación escandalosa cuando tengan que reflexionar sobre sus programas de gobierno futuros.

Es de sentido común que ninguna candidatura presidencial podría tener la desfachatez de evadir este drama. Como ciudadanos, no deberíamos permitir que en 2008 y 2009 se evada la discusión sobre el establecimiento de un impuesto a la renta -de personas y empresas- más progresivo que el sistema actual. En un reciente artículo de opinión el ex ministro de Hacienda del anterior Gobierno, Nicolás Eyzaguirre, sintetizó esta realidad: “Si se miran las estadísticas internacionales seriamente, no hay un país en el mundo con nuestro nivel de desarrollo o superior que tenga una carga tributaria más baja. Tampoco encontrarán un país que tenga nuestro nivel de desarrollo y que sea más desigual. La relación entre desigualdad y carga tributaria es evidente, están ligadas total y completamente: no hay un país que haya logrado una mejor distribución del ingreso con una menor carga tributaria”.

Sin duda una medida de esta naturaleza sería conflictiva, pero se aprecia inevitable si comparamos los niveles tributarios de Chile con los de países que poseen mayor equidad interna. Sabemos que existen fuertes intereses en contra de generar criterios de justicia en el campo de los impuestos, frecuentemente anclados en posiciones antiestatistas e individualistas. Para vencerlos se requiere un nuevo acuerdo político nacional, amplio y generoso, que supere las alianzas que nos permitieron volver a la democracia en 1990. Sin desandar el camino, y sin desmerecer lo avanzado, los desafíos exigen articulaciones políticas y sociales mucho mayores, capaces de volver a tejer los vínculos cortados entre la sociedad civil y los partidos políticos bajo objetivos de largo plazo.