Violencia invisible y violencia supervisible

Viernes 20 de julio. Los funcionarios de la Cancillería se aprestan para dar a conocer las medidas que tomará el país ante la salvaje agresión policial sufrida por nuestra selección Sub 20. “Hemos decidido enviar una nota a través de nuestro embajador en Canadá a la Cancillería canadiense, para hacerles ver el malestar que hay en Chile respecto de lo que ocurrió, el exceso de violencia y pedir formalmente una explicación -ojala detallada- de por qué ocurrió esto”. Palabras decididas de nuestro canciller Alejandro Foxley. Es que tratándose de la rojita maravillosa no cabía hacer menos. Había que actuar rápido, de modo contundente, fuerte y claro.

A esa hora ya había reaccionado el diputado UDI Darío Paya, condenado la supuesta  tardanza del consulado chileno en Canadá. “Han pasado horas y aún no reaccionan a los daños sufridos por los jugadores de nuestra delegación, ¿Dónde está nuestro Cónsul?”. Se trataba, en las palabras de la presidenta Bachelet, de violencia policial “grave e  injustificada” que debía ser tratada como “cuestión de Estado”. Por su parte el presidente de RN Carlos Larraín salía al ruedo para afirmar: “La reacción de la policía canadiense fue excesiva y los chicos de la selección fueron maltratados sin ninguna necesidad”.”Voy a presentar un proyecto de acuerdo a la Cámara de Diputados para exigir que nosotros hagamos todas las gestiones para que den de baja a estos policías canadienses”, clamaba el presidente de la Cámara Baja, Patricio Walker. Mientras tanto el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Jorge Tarud se dejaba caer personalmente en la embajada canadiense para pedir explicaciones.

Esa mañana ni El Mercurio ni La Tercera dudaron en enfocar la responsabilidad en la policía canadiense. En la televisión tronaban los comentaristas para condenar la “represión policial”. Por un momento, el discurso mediático parecía indicar que el incidente se convertiría en un casus belli que desataría reacciones pasionales masivas en contra de todo lo que oliera a Canadiense. No faltaron los que llamaron a terminar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá o, incluso, los que ligaron el incidente al polémico proyecto minero de Pascua Lama que, justamente, pertenece a inversionistas de ese país.

No es posible negar gravedad de los acontecimientos del jueves 20 de julio. Pero algo parece no cuadra en medio de tanta preocupación política y comunicacional. No es ni la primera ni la última vez que un grupo de jóvenes chilenos sufre la violencia y brutalidad  policial. Al contrario, desde hace décadas la policía y la juventud no han convivido de modo amigable en nuestro país. En algunas ocasiones, es justo reconocerlo, las agresiones han corrido por cuenta de los jóvenes. Pero en una gran mayoría de los casos se ha tratado de violencia policial, que en ocasiones ha llevado a la muerte a más de alguien. Y para cualquier testigo de estos sucesos, los métodos canadienses parecerían juegos de niños. Basta recordar al obrero forestal Rodrigo Cisternas, acribillado en mayo de 2007. Pero también otros casos: Alex Lemún, de diecisiete años, muerto en noviembre de 2002, o a  Zenen Díaz Necul, de la misma edad, fallecido en mayo de 2005.

Es cierto que la violencia policial ejercida contra la selección chilena despierta mucha rabia. Pero más rabia genera la invisibilidad de la violencia cotidiana que en nuestra propio país sufren los jóvenes. En especial cuando se compara esta invisibilidad a la “supervisibilidad” y “superatención” que despiertan casos como los de la selección. ¿Acaso la TV o los diarios de circulación nacional  se dignaron a informar con la misma diligencia y dieron la misma cobertura al informe 2007 de Amnistía Internacional? En todos los casos denunciados este año aparece la violencia y el abuso policial: el maltrato a los mapuches, el exceso del empleo de la fuerza policial contra los manifestantes en las protestas estudiantiles y las “muy duras” condiciones en las cárceles en Chile.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación ha creado las condiciones para que la desigualdad ante la ley se exprese ahora en las pantallas y en los periódicos de una manera brutal. Cuando conviene, vende o marca rating, absoluta condena de la violencia policial. Cuando no, la violencia policial no existe, o es consecuencia de los mismos jóvenes. Ante el embrujo de este poder bailan los políticos, extasiados por un minuto de cámara, dejándose rayar la cancha por la agenda liberticida y violatoria de los derechos humanos que desarrollan los medios.

Al tratase de violencia policial contra jóvenes manifestantes siempre hay espacio para disculpar a Carabineros. En esos casos la fuerza de la prueba recae en las víctimas, sometidas a todo tipo de sospechas y criminalizadas por el mero hecho de expresar sus demandas. Cuando se han presentado en nuestro país casos de violencia policial no recordamos la misma celeridad de los parlamentarios para exigir rápidas y contundentes explicaciones a Carabineros. Ni en sueños se podría esperar al diputado Walter exigiendo la baja de los policías involucrados, sin mediar incluso la investigación pertinente. No me puedo imaginar al diputado Tarud concurriendo a las comisarías para exigir explicaciones y menos al Diputado Paya reclamando mayor rapidez al Gobierno para reaccionar ante este tipo de atropellos. La única iniciativa que recuerdo de parte de estos personajes es movilizarse raudos para aprobar la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que condena hasta en cinco años de cárcel a menores de 14 y 15 años, y hasta en 10 años a adolescentes de entre 16 y 18. Obviamente, en ese caso su celo y dedicación fue aplaudido por los mismos que hoy, henchidos en chauvinismo futbolero,  claman las penas del infierno para los que ozaron poner un dedo sobre los héroes de Toronto.

 

 

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Caminar al ritmo de la propia conciencia

La directiva del partido Demócrata Cristiano ha presentado una acusación en contra del Senador Adolfo Zaldívar ante el Tribunal Supremo de esa colectividad. Se le acusa de votar en contra del parecer de la directiva partidaria, al rechazar la entrega US$ 290 millones al Transantiago.

No recuerdo una situación semejante en nuestra convivencia democrática. Por una parte se ha argumentado que este tipo de acusaciones vulnera el art.32 de la ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que prohíbe las “órdenes de votación” a los parlamentarios. Sin embargo, creo que en este caso estamos ante una situación todavía más grave. A un Senador se le pretende condenar por votar en conciencia. La opinión pública en general, y los miembros de su partido en particular, pueden opinar como quieran sobre las razones que Adolfo Zaldívar ha esgrimido para votar en la forma como lo ha hecho. En una democracia se le puede apoyar o se le puede rebatir, pero lo inconcebible es que se juzgue la interioridad de una persona. Si eso ocurre con un parlamentario se abre la posibilidad a que en el futuro se abra la puerta para violar uno de los derechos fundamentales que nos permiten convivir de forma democrática. Estamos ante una coyuntura que amenaza el carácter sagrado de la libertad de conciencia, derecho anterior y superior a cualquier ordenamiento jurídico.

La libertad de conciencia sólo puede ser planteada si aceptamos la tesis de que en la naturaleza de todo ser humano -en su realidad primaria, básica y fundamental- existe un conjunto de prescripciones racionales que lo impelen a obrar el bien y evitar el mal. Conciencia, por lo tanto, es el juicio moral que cada persona hace de sus acciones, después de cotejarlas con la regla objetiva de conducta impresa en su propio ser. Esta capacidad fundamental bien puede basarse en principios religiosos, como inspirarse en sistemas de carácter filosófico, humanistas o políticos. Por este motivo la libertad de conciencia es uno de los fundamentos de la ética universal.

Parece inverosímil que en nuestro país se pretenda atentar contra ella y vulnerar así la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que garantiza este derecho en su artículo18. Por otra parte, nuestra  Constitución, como todas las constituciones o cartas magnas de los estados modernos,  resguarda la libertad de conciencia en el artículo 19, nº6.

La libertad de conciencia como derecho humano primario, abarca, simultáneamente, dos poderes jurídicos: el de obrar sin impedimento y de obrar sin coacción. El primero es una inmunidad. El segundo, una autonomía. La libertad de conciencia nos hace inmunes y autónomos. Inmunes, porque nadie puede impedirnos o imposibilitarnos el seguimiento de los juicios proferidos por aquella facultad a la cual compete dictaminar sobre las cualidades de nuestros actos. Autónomos, porque nadie puede hacer violencia para ordenarnos a obrar en oposición de esos dictámenes. Se viola, pues, la libertad de conciencia cuando un hombre es víctima de impedimentos o de coacciones que afectan su fidelidad al juicio de la razón sobre lo que moralmente puede hacer u omitir en una circunstancia particular.

Ya en el siglo XVIII Tomas Paine señalaba que la conciencia humana, su capacidad de discernir entre el bien y el mal, no puede ser violada ni siquiera por una obligación legal, y que el contrato social representa una sujeción de conductas externas, pero jamás puede llegar a afectar la interioridad moral fundamental de la persona.

Ser ciudadano es objetivamente una condición que antecede a la inserción en una determinada sociedad política. La capacidad y dignidad inviolable de la conciencia humana nunca puede ser vulnerada bajo el pretexto de la lealtad partidaria o la obediencia ciega a las jerarquías. Si en esta ocasión permitimos que este derecho humano sea violado se sentará un precedente nefasto que amenazará no solo los derechos de un parlamentario, sino también los de toda la ciudadanía.

Tal vez, los acusadores del Senador Zaldivar deberían reflexionar por un momento los versos de Henry David Thoreau: “Cuando un hombre no camina al mismo ritmo que sus compañeros, puede ser debido a que oye un tambor distinto. Que ande al son de su música, por distinta y lejana que sea su cadencia”.

A 40 años de la Teología de la Liberación

En 1967 Gustavo Gutierrez utilizó por primera vez la expresión Teología de la Liberación para señalar el nuevo debate que recorría el cristianismo latinoamericano. La temática de la liberación empezaba a recorrer las Iglesias, y las reflexiones de los Obispos, de las comunidades, los centros académicos y eclesiales. Se trataba de superar las prácticas asiencialistas ante la pobeza e inequidad, para poder identificar y denunciar las causas estructurales de la injusticia y la explotación que vive el continente

A partir de ese momento una parte significativa de las Iglesias cristianas comenzó a compartir con los movimientos sociales de América Latina sus preocupaciones y sus luchas: por los derechos de los pobres, por la reforma agraria, en las pastorales sociales de la tierra, techo, salud, de la mujer marginada, de los niños y niñas de la calle, a favor de escuelas para todos y por la seguridad social. La conferecia de  Medellín (1968) afirmó que “la evangelización necesita, como soporte, de una Iglesia-signo”[1]  capaz de atender a las causas de la miseria de América Latina. Por su parte la Conferecia de Puebla (1979) formuló una clara opción por los pobres, y llamó a vivir un proceso de“inculturación” de la fe en las culturas popular, indígena y negra.

Sin embargo, cuarenta años después, la Iglesias parecen estar preocupadas de otras temáticas y problemas La conciencia social y política alcanzada en los años sesenta y setenta parece haber sido intencionalmente apagada por una jerarquía más preocupada de defender sus prerrogativas ante el Estado e instalar una agenda conservadora en el plano de la moral sexual.

Este proceso de involución conservadora preocupa crecientemente a las organizaciones académicas, sociales y políticas que habían logrado en años pasados abrir un proceso de diálogo fecundo entre creyentes y no creyentes, sobre la base del interes común de defender y promover la “vida en abundancia” de los excluidos y marginados.

¿Cual es la causa de estos cambios eclesiales? ¿Es posible revertir esta tendencia? ¿Qué impacto tiene el cristianismo en los procesos políticos y sociales que viven en la actualidad América latina? ¿Qué  temas motivan en la actualidad el diálogo entre creyentes y no creyentes? ¿Es posible esperar una nueva tendencia perspectiva desde las conclusiones de la reciente Conferecia episcopal de Aparecida?

[1] Medellín 7, 13