EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA

¿ INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO O NEOCOLONIALISMO COMERCIAL ?

Alvaro Ramis*

La escena transcurre en Madrid, en Mayo de 2002. En medio de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y Europa, se anuncia que han finalizado las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea (UE). Sin duda, se trataba del marco político y mediático propicio para instalar un hecho relevante, que se proponía como un modelo a imitar por las demás economías de la región.

Han pasado más de cinco años de este evento y América Latina vive un momento político diferente, en que se observan con mayor cautela este tipo de acuerdos, lo que nos permite evaluar con detenimiento el cumplimiento de las promesas que pomposamente se anunciaron a la prensa al momento de firmarse este tratado. Tal como lo ha dicho Stiglitz, “el hecho de que demasiado a menudo la liberación comercial fracasa en cumplir lo prometido, pero en su lugar simplemente genera más desempleo, es el por qué ella provoca fuerte oposición” (Stiglitz 2002:60).

Al mismo tiempo, es necesario comprender este acuerdo  en un contexto específico, propio de la historia económica de Chile, que no es fácilmente reproducible a escala latinoamericana. Por este motivo, este estudio pretende detenerse en estas singularidades. Las bondades y oportunidades que los Tratados de Libre Comercio han abierto a Chile ya han sido profusamente divulgadas por la prensa, las asociaciones empresariales y los gobiernos. Es necesario dar voz también a quines se ven afectados por un acuerdo de asociación que también cierra posibilidades y cuyos costos que traspasan especialmente a las PYMES, y la ciudadanía en general.

EL CONTEXTO DEL ACUERDO

Desde mediados de los años ochenta, la mayoría de los países de América Latina comenzaron a adoptar profundas reformas neoliberales que incluían, casi sin excepción, políticas unilaterales de liberalización del comercio exterior. Esto ocurrió en el contexto de las presiones de los grandes centros financieros por liberalizar el  comercio de bienes y privatizar los servicios en  todo el mundo. Estas políticas culminaron en los Acuerdos de la Ronda Uruguay de 1994 y en la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995. Por este motivo, los efectos de los programas de liberalización comercial en América Latina comenzaron a sentirse de forma gradual, y recién se hicieron evidentes a fines de los ochenta. Bolivia y México comenzaron los procesos de liberalización en 1985, Costa Rica en 1986, Brasil en 1988, Argentina y Venezuela en 1989, Perú y Colombia en 1990.

Sin embargo, Chile inició este tipo de políticas mucho antes y de una forma más radical y profunda. En 1973, antes del golpe militar de Augusto Pinochet, los aranceles nominales promediaban el 94% y tenían una dispersión que iba del 0 al 750% (Ffrench Davis 2005). Al mismo tiempo operaban una serie de restricciones no arancelarias y un sistema de cambios múltiples que aseguraban la protección de la producción nacional. Durante el primer año del régimen dictatorial se eliminaron todas las restricciones no arancelarias, se bajaron de forma radical y abrupta los aranceles y se unificó el tipo de cambio. Este proceso culminó en 1979, cuando se fijó de forma unilateral un arancel uniforme del 10%. Este nuevo escenario, junto a un tipo de cambio muy desfavorable, ya que se fijó precio del dólar a 39 pesos en julio de 1979, terminó por arrasar con la competitividad de la producción interna, mientras una serie de productos importados, jamás vistos, apareció en las estanterías de los supermercados. Los chilenos se endeudaban y viajaban y todo parecía encaminado a un boom duradero.

Pero todo se detuvo tres años después. La brusca devaluación del 14 de junio de 1982 marcó el fin del “milagro económico” chileno, que dio paso a la peor crisis de nuestra  economía en los últimos cincuenta años. La caída del precio del cobre, el aumento de las tasas de interés y la suspensión del crédito externo contribuyeron a que el proceso de desindustrialización se volviera irreversible. En ese año la industria y la construcción registraron tasas de crecimiento negativo de 21,1% y 23,4%,  mientras el desempleo efectivo (que incluía programas de empleo de emergencia llamados PEM y POJH en los que los beneficiados recibían entre US$ 20 y US$ 40 por mes como indemnización de cesantía) superó el 30% en 1983. El Banco Central registró pérdida del 46,4% de sus reservas internacionales ya que el Estado socializó las perdidas de los Bancos Privados en Chile, afectando seriamente el patrimonio del instituto emisor chileno. En cuanto a la deuda externa, a fines de 1977 esta ascendía a US$ 5.200 millones; a fines de 1982, había alcanzado la suma de US$ 17.100 millones. En 1983, su monto era aproximadamente un 13% superior al PGB[1].

Este brusco colapso de la primera ola de la liberalización comercial  es fundamental a la hora de entender la evolución de la política comercial chilena. El triple shock de 1982/1983 generó efectos que de una u otra forma permanecen en la memoria económica del país hasta hoy. La primera consecuencia de la crisis fue un descenso brusco de las importaciones, mientras el nuevo tipo de cambio permitió que las  exportaciones, teóricamente, fueran nuevamente competitivas. Sin embargo, la quiebra masiva de industrias y la falta de voluntad política para recomponer la productividad de las “sobrevivientes” obligó a buscar un modelo de inserción en el mercado mundial basado en la exportación de productos primarios mediante la sobreexplotación de la mano de obra pauperizada por la crisis y disciplinada por el contexto político de la dictadura. No existía, por lo tanto, una “capacidad ociosa industrial” que pudiera ser reutilizada en un nuevo ciclo productivo.

Se recurrió en ese momento a la teoría de las “ventajas comparativas” de David Ricardo, que legitimó la idea de especializarse en la producción de bienes primarios basados en sus recursos naturales y renunciar a producir bienes manufacturados, ya que se asumía que en ellos se carecía de las “ventajas comparativas” necesarias para su producción. Este enfoque ha sido ampliamente criticado por los especialistas ya que es una teoría  estática, que presupone la inexistencia de imperfecciones del mercado, y la ausencia de cuestiones de poder entre los países. Sin embargo, este débil sustento teórico ha sido el fundamento de la orientación de la política libremercadista de Chile.

De esa forma, en los años siguientes a la crisis se crearon las bases del nuevo modelo exportador chileno, basado en la fruticultura, el sector forestal, la pesca y otros commodities, a los que se sumó en los noventa el “nuevo” sector minero, en manos privadas. Este cambio fue acompañado de una segunda fase liberalizadora más moderada, y en la que se elevaron los aranceles del 10 al 20% en el período 1983-1989, junto a mecanismos antidumpig basados en bandas de precio que beneficiaron a los exportadores.

Este panorama, la destrucción casi irreversible de la industria sustitutiva de importaciones, junto a la dependencia de los sectores extractivos y de bajo valor agregado, explican que los gobiernos democráticos que asumen en 1990 decidan mantener estable la situación y busquen alternativas para morigerar sus efectos más dañinos y potenciar las posibilidades de este modelo exportador basado en las “ventajas comparativas”. En estos últimos diecisiete años se han instalado en el mercado algunos productos con mayor valor agregado, las llamadas “exportaciones no tradicionales”, que han logrado un espacio que no se puede dejar de reconocer.

Además, el fin del aislamiento político internacional de Chile, permitido por el fin de la dictadura militar, ayudó a que los nuevos gobiernos democráticos lograran atraer grandes inversiones extranjeras a partir de los noventa. Este nuevo aire en las relaciones internacionales hizo pensar al gobierno de Chile  en formas de “convertir la necesidad en virtud” mediante una estrategia de negociación de tratados de libre comercio, basados en los ya bajos aranceles del país, política que serviría de “llave” para abrir nuevos mercados a las exportaciones chilenas. Este diseño se ha traducido en la firma de múltiples tratados de libre comercio con países y asociaciones que representan el 86% de la población mundial como Estados Unidos (2004), el grupo EFTA[2] (2003), Corea del Sur (2003), China (2005), Japón (2007) y varios países latinoamericanos.

El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea se inscribe en este proceso ya que fundamentalmente se trata de un acuerdo de rebajas arancelarias, acompañadas de ciertas compensaciones que se canalizan mediante políticas de cooperación. En concreto se acordó la liberalización de arancel para el 90% del intercambio de productos, servicios e inversiones en un plazo máximo de 8 años.

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA ECONOMÍA CHILENA.

Para los círculos empresariales y gubernamentales la política de extender los acuerdos de libre comercio con el máximo número de países es presentada con frecuencia como la variable más determinante que ha permitido que la balanza comercial del país sea positiva. Efectivamente las cifras del Banco Central de Chile nos muestran que durante el año 2006, las exportaciones totalizaron los US$58.116 millones y las importaciones alcanzaron los US$35.903 millones. Entre enero y junio de 2007 la balanza comercial chilena acumula un saldo positivo de US$14.886,7 millones, frente a los US$11.578,8 millones de los primeros seis meses del año pasado. En lo que va de este mismo año las exportaciones tuvieron un alza de un 10,6% llegando a US$5.321,9 millones, mientras que las importaciones crecieron un 15% alcanzando los US$3.486,6 millones.

Sin embargo, no es claro que estas cifras se expliquen exclusivamente sobre la base de los Tratados de Libre Comercio. En 2005 los incrementos de las ventas chilenas a la Unión Europea fueron muy inferiores al crecimiento general que experimentaron las exportaciones durante ese año. Mientras las exportaciones totales aumentaron en 23,5%, las efectuadas a la UE sólo lo hicieron en 13,0%. En cambio, las ventas a China, nación con la cual en ese momento no existía TLC, experimentaron un incremento del 34,0%, ya que este intercambio comercial se basa centralmente en la minería, ya que la industria china está demandando cobre de una forma expansiva.

Por este motivo no es posible analizar el comercio internacional chileno sobre la base exclusiva de los TLC, sin tener en cuenta el extraordinario momento por el que ha atravesado el precio del cobre y sus derivados, que en los últimos años ha llegado a US$ 3,173 la libra. La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) aportó al Estado 9.215 millones de dólares durante el año 2006, y en los nueve primeros meses de 2007 logró excedentes por 6.736 millones de dólares, lo que permitirá que el  superávit para el ejercicio presupuestario fiscal de 2007 llegue al 8,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Por esta razón es necesario insistir en que los acuerdos de libre comercio no son el único factor que incide sobre el curso del intercambio comercial chileno. Las exportaciones mineras, que siguen representando más de un tercio de las exportaciones chilenas y que viven en este momento una situación extraordinariamente favorable, son un factor mucho más gravitante en este proceso.

Es necesario reconocer que el acuerdo con la Unión Europea ha significado un incentivo comercial a favor de Chile en comparación a otros países de América Latina. Chile se ha convertido en el segundo exportador a la UE en América del Sur. Pero lo que no ha cambiado es la composición de las exportaciones chilenas basadas, fundamentalmente en recursos primarios. En 2005 las ventas efectuadas a la Unión Europea siguieron concentrándose prioritariamente en productos mineros, y ante todo el cobre, que representó más de un 50% del total.

LAS APORÍAS DEL ACUERDO 

En  julio de este año, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, pidió a Bruselas ampliar las cláusulas de Libre Comercio contenidas en el Acuerdo de Asociación con nuestro país. En el marco del III Consejo de Asociación Chile-Unión Europea el canciller Foxley afirmó: “Tenemos un buen acuerdo comercial con la Unión Europea, pero queremos ampliarlo. Quisiéramos ver a los países de la UE abriéndose más en algunos rubros que para Chile son importantes[3]. Se refería en particular al sector servicios y a los productos agroalimentarios.

Esta petición refleja que la UE ha mantenido a buen recaudo ciertos sectores claves y sensibles. Por este motivo, a pesar del acuerdo de asociación existen cuotas muy limitadas para los  agroalimentos chilenos. La petición del gobierno de Chile apunta a aumentar la cuota de los envíos de la carne de 1.500 a 3.000 toneladas e ingresar el aceite de oliva y los productos del mar dentro del acuerdo comercial, que no los incluyó. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se lamentó además que la demanda no haya incluido a los lácteos. Enrique Figueroa, presidente de los productores de leche (Fedeleche), recalcó que el aumento de la cuota de los lácteos es absolutamente indispensable en estos momentos, en que el precio de la leche ha aumentado extraordinariamente en el primer trimestre de este año (8,7%). Es esperable que esta demanda chilena encuentre mucha resistencia en la comisión europea, ya que el acuerdo de asociación se ha basado en no tocar los intereses sensibles de sectores agrícolas y de servicios en la Unión Europea.

La economía europea, 25 veces más grande que la economía chilena, ha negociado este acuerdo de manera estratégica, abriendo espacios exclusivamente en los sectores en que  la producción de un país pequeño y distante no represente una amenaza. Además, junto a esta apertura “selectiva”, la Unión Europea implementa mecanismos de protección no arancelarios que mantienen la protección a su producción y por ende persisten las inequidades comerciales que el acuerdo debería haber superado.

Un ejemplo de este tipo de asimetrías se pudo observar en el caso de las salvaguardias que impuso a las ventas de salmón en 2004. Esta medida consistió en establecer cuotas arancelarias, además de un precio mínimo de 2.7 euros por kilogramo, de manera que las importaciones de salmón que se vendan por debajo de ese índice quedan gravadas con un impuesto, situación que deja en mal pie a los envíos nacionales. Esta medida fue solicitada por el Reino Unido e Irlanda – a requerimiento de los pescadores artesanales escoceses. Otro ejemplo se da en la producción lechera, ya que los productos lácteos europeos son los más protegidos y con los subsidios más altos del mundo.

Este tipo de salvaguardias nos muestra las falacias que se esconden tras los compromisos de “libre comercio”. Chile aceptó, tanto en el TLC con la UE como con EE.UU. suscribir convenios basados en una supuesta reciprocidad comercial, que no se ha cumplido, debido a que las contrapartes se reservaron el derecho de mantener vigentes sus mecanismos antidumping a los cuales pueden recurrir en cualquier momento. Como el mismo gobierno chileno ha reconocido, las grandes potencias firmantes de los TLC disponen de recursos para reducir la promesa de libre comercio a simples palabras.

Al respecto es interesante recordar que el Comité de Representantes de Comercio de Estados Unidos realizó una investigación al momento de suscribir el TLC con Chile en que calculó que luego de unos años en los que la balanza comercial sería favorable a Chile, a largo plazo esta situación tenderá a revertirse, y para el 2016 las exportaciones estadounidenses a Chile aumentarían de un 18 a un 52%, en tanto las provenientes de Chile crecerían sólo de un 6 a un 14%. No sería muy extraño que este proceso y estas cifras puedan se manifiesten de modo similar en el acuerdo con la UE, ya que la liberalización completa de los aranceles recién se implementará en su totalidad en 2010.

PROTEGIENDO A LAS TRANSNACIONALES

Por otra parte, el Acuerdo de Asociación Chile UE tiene un efecto no explicitado a la hora de ser firmado. Sabemos que estamos en un tiempo en el se registran inusitadas tensiones sociales en América Latina, que tienen como protagonistas involuntarias a las transnacionales europeas. Los conflictos más bullados se han dado en relación a la privatización del agua, los recursos energéticos y las externalidades ambientales que son traspasadas a la población local. Por este motivo, proteger las inversiones europeas en Chile constituyó un objetivo no publicitado, pero que constituye un elemento central  tras la firma de este acuerdo.

Durante la última década, la UE ha superado a EEUU como el principal inversionista de en Sudamérica. Estos capitales se han instalado especialmente en sectores sensibles en términos laborales y ambientales, como la Energía, el Agua, Telecomunicaciones, Seguros sociales y médicos, Servicios Financieros y previsionales. En Chile el monto de las inversiones europeas, llegó entre 1974 y 2001 a US $ 17697. Los principales sectores fueron la electricidad, el agua, gas, servicios, transporte y telecomunicaciones. La gran mayoría de estas inversiones le permitieron a las transnacionales hacerse del control de empresas ya existentes, en su mayoría de propiedad estatal, que fueron privatizadas durante la dictadura. Por este motivo, estas inversiones no han creado nuevos empleos. Al contrario, en la mayoría de los casos han procedido a disminuir drásticamente la planta del personal.

La firma del Acuerdo incluye cláusulas de protección de inversiones que permiten a estas trasnacionales contar con instrumentos jurídicos extraordinariamente efectivos para proteger sus intereses, lo que cercena la soberanía nacional de Chile. Por este motivo la firma de este tipo de tratados ha sido tan celebrada por los grandes sectores empresariales de la UE.  Por ejemplo, debido a este acuerdo no es posible revertir los procesos de privatización implementados por la dictadura de Pinochet a 725 empresas estatales, que tuvieron como consecuencia que el Estado chileno perdiera seis mil millones de dólares, tal como lo demostró una investigación del parlamento chileno en 2005. Muchas de esas empresas, están en manos de capitales europeos, como Endesa, Telefónica española o Suez (Aguas Andinas).

Especialmente grave es la participación de capitales europeos en los fondos de pensiones, en un momento en que se discute una reforma al sistema de capitalización individual impuesto por Pinochet (las famosas AFPs). Empresas como BBVA, Banco Santander o ING han presionado fuertemente al gobierno en contra de esta reforma, y se teme que este Acuerdo de Asociación actúe como un factor inhibidor de cualquier cambio profundo a este impopular sistema de pensiones.

Por otra parte, el acuerdo de asociación incluyó una verdadera liberalización del sector servicios, de los contratos de infraestructura publica y de las inversiones. Esto ha significado, que cualquier gran empresa europea puede presentarse hoy a una licitación pública en Chile en las mismas condiciones que lo haría una empresa local. También puede ser una empresa dentro del área de la salud, o de la educación. Cualquier exclusión u omisión puede ser reclamada por las empresas y solicitar al estado Chileno una indemnización por daños y perjuicios. Por ser un tratado recíproco, las empresas chilenas también podrían hacer lo mismo en Europa, sin embargo esto no pasa de ser una ficción teórica debido a que la escala financiera de las empresas nacionales no les permitiría en muchos casos ni siquiera cubrir una parte de los bonos de garantía de buena ejecución que se exigen en este tipo de obras en Europa.

Una mediana empresa chilena no alcanza a ser, por su volumen de ventas, una empresa pequeña en la UE. En los hechos se trata de una de las materias más delicadas de este TLC pues la tendencia dominante  es la transnacionalización de los servicios básicos de agua, salud, educación escolar y superior, etc.

LIBRE COMERCIO EN UN CONTEXTO DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

Las importaciones efectuadas desde la UE crecieron en un 2005 en un 40%, lo que constituye un porcentaje superior al incremento general. Ese mimo año 2005, las exportaciones chilenas llegaron, en total, a casi US$ 40.000 millones, pero de esa cifra sólo el 7% correspondió a ventas al exterior de pequeñas y medianas empresas. La prometida expansión en las exportaciones de las PYMES, producto de los Acuerdos y tratados de libre comercio no se ha cumplido.

Entre 1999-2003 las ventas de las Pequeñas y medianas empresas  cayeron en promedio 3,8%; sin embargo en el mismo período las ventas de la gran empresa aumentaron 27,9%. En los últimos años estas cifras se han radicalizado todavía más.

Si bien las PYMES generan el 77 % de los empleos productivos, su capacidad de competir está severamente restringida debido a un creciente proceso de concentración y  monopolización del mercado que somete a una gran presión a los pequeños y medianos productores y comerciantes, que ya no pueden competir.

En Chile se permite la discriminación de precios y condiciones en las transacciones entre empresas. Dentro de las discriminaciones más “normales” están los descuentos por volumen, que obviamente favorecen a las grandes cadenas. Esta situación también presiona a los pequeños y medianos empresarios industriales y comerciales que proveen a estas grandes cadenas comerciales. Al monopolizar el mercado, los grandes grupos del Retail limitan las alternativas de las pequeñas y medianas empresas para llegar al consumidor final, por lo que pueden imponer arbitrariamente sus condiciones. Esta asimetría estructural provoca el debilitamiento de los medianos y pequeños empresarios y les incapacita para generar nuevos empleos, precarizando los ya existentes, lo que atenta directamente en contra de la distribución de la renta.

En general, los diversos tratados de libre comercio harán sentir sus efectos negativos de manera progresiva. Poco a poco se están visibilizando, por ejemplo, los costos aparejados al TLC con China, que ha supuesto una verdadera invasión de productos importados de bajo costo por las cadenas de Retail. A medida que se implemente totalmente este tratado se tenderá a radicalizar este escenario de concentración económica. Algo similar acontecerá  en relación a Estados Unidos , ya que en 2011 aproximadamente el 75% de los envíos agrícolas del país del norte entrarán a Chile sin impuestos. Al menos de momento Chile mantiene un complejo sistema de bandas de precio para trigo, harina y azúcar, que será eliminado para importaciones desde Estados Unidos en 2016. Además conserva algunas barreras no arancelarias.  Es fácil prever los efectos tendrá la eliminación de estas barreras: los agricultores chilenos ya no podrán contar con el sistema de bandas de precios para protegerse de la invasión de productos subsidiados. Unas 150.000 hectáreas de trigo dejarán de cultivarse, lo que representa el 40% del total de la producción de 2006. La importación de edulcorantes sustituirá al cultivo de remolacha afectando a muchos pequeños agricultores. Similares problemas enfrentarán los cultivadores de maíz, avena, arroz y otros productos ligados a la agricultura familiar campesina.

Por otra parte, los Tratados de Libre Comercio no han logrado paliar los efectos negativos ligados al bajo precio del dólar, que afecta especialmente a los exportadores de frutas, afectados de una fuerte contracción. La actitud del Banco Central de Chile, que simplemente busca controlar la inflación, prescindiendo de medidas a favor del crecimiento y el empleo, coopera a cerrar un cuadro en el que uno de los sectores estrella de la economía chilena en los noventa parece ingresar a una etapa de mayor riesgo.

INVERSIÓN EUROPEA: ¿UN APORTE AL DESARROLLO SUSTENTABLE?

Para muchas de las organizaciones sociales del país, el Acuerdo de Asociación Unión Europea – Chile fomenta y beneficia las actividades comerciales de las empresas multinacionales, cuyo efecto inmediato es el incremento de la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Esta situación es fácilmente previsible como consecuencia que Chile carece de una legislación efectiva que regule e incentive el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

El Acuerdo de Asociación, como los demás TLC firmados por Chile, concede amplias facilidades a la inversión extranjera, lo que ha beneficiado a las transnacionales europeas que se han incursionado crecientemente en los recursos naturales y genéticos de Chile. En la practica, los TLC dificultan cualquier reforma en el Código de Aguas, la ley de Pesca, la Ley de Bosque, el Código Minero y la Ley Laboral. Lejos de preservar los recursos naturales este tipo de acuerdos pueden impedir el cumplimiento de estándares ambientales haciendo imposible su mejoramiento, tal como lo ha hecho el famoso capítulo 11 sobre inversiones de Norteamérica (NAFTA), que ha permitido a las corporaciones demandar a los directamente gobiernos si consideran que sus intereses está siendo dañados debido a la legislación interna del país[4].

Los casos más alarmantes radican en las inversiones europeas en sectores con alto grado de impacto ambiental y social: por ejemplo en la industria forestal. El régimen militar mediante la publicación de la ley 701 de 1974 liberó a este sector del pago de impuestos y dotó de subsidio estatal a las plantaciones forestales. Es así que las empresas forestales controlan hoy más de 2 millones de hectáreas de plantaciones de monocultivo ubicadas principalmente tierras reclamadas por el pueblo mapuche, que sindica como usurpadores de sus tierras a los propietarios de empresas forestales establecidos en dichas regiones.

Otro caso emblemático, en el que existe inversión europea, es la industria salmonera, que ha sido calificada de “esclavista y ecocida” por organizaciones ambientalistas y sindicales. A respecto Cosme Caracciolo, presidente de los pescadores artesanales de Chile,  afirmó “La industria salmonera chilena más que una actividad económica es una industria de destrucción masiva puesto que sus daños sólo se pueden comparar con los que provocaría una guerra”[5]. Podríamos seguir enumerando opiniones similares sobre los efectos de la industria de la celulosa, la minería, la energía hidroeléctrica, la pesca y muchos otros sectores en los que las inversiones europeas enfrentan crecientes críticas de la ciudadanía chilena.

Nuestra preocupación inmediata radica en que el Acuerdo de Asociación con Chile no contempla mecanismos efectivos de evaluación en relación con el respeto de los derechos humanos, desarrollo sostenible; políticas medio ambientales y el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de la publicitadas referencias a las cláusulas de protección ambiental que contendría el acuerdo con la UE, es necesario aclarar que el acuerdo carece de mecanismos eficientes que permitan realizar evaluaciones de impacto ambiental en los términos que el tratado establece.

Supuestamente el acuerdo contempla este tipo de evaluaciones, (que deberían estar presentes en todas las negociaciones comerciales de la UE con terceros países). Sin embargo en estos años ha primado la falta de consultas serias y participación efectiva de las organizaciones sociales y ambientales en el seguimiento de este tratado.

La única reunión realizada hasta la fecha, organizada en el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 29 noviembre de 2006, no basta para satisfacer los estándares mínimos de rigurosidad en esta materia. Si bién el taller destinado a la cooperación brindó más oportunidades de diálogo y de evaluación, esta situación no se repitió en el taller destinado a evaluar específicamente las políticas comerciales.

La falla principal radicó en que las organizaciones de la Sociedad Civil no tuvieron mayor participación en el diseño de los temas a tratar y en que el modelo de consulta que se implementò en esa oportunidad. Al respecto, el acta de dicha reunión expresa que “Uno de los asistentes (al taller de comercio) hizo la observación que de los presentes en la sala, tan sólo 9 personas podrían ser calificadas como representantes de la sociedad civil, una abrumante minoría. Se sostuvo que, para entregar la información a la sociedad civil, se requieren interlocutores válidos y la sociedad civil parece no tener la capacidad suficiente de organización como para mostrar presencia en este contexto. En términos generales se cuestionó el hecho de que hubiera que esperar una reunión obligatoria, prevista por el tratado, para crear esta oportunidad de diálogo”[6].

El mismo documento refleja las dificultades de encontrar un mecanismo de participación efectivo, que sobrepace las concepciones minimalistas y formalistas de democracia. Al respecto el acta expresa calramente este desface: “En la discusión se hizo uso del concepto del déficit democrático, para apuntar a la falta de participación de la sociedad civil. Frente a ello, el representante de la Comisión Europea recordó que el Acuerdo fue aprobado de conformidad con los mecanismos democráticos y por poderes del Estado que representaban la mayoría de la ciudadanía. Apoyando este argumento se subrayó que Chile está en el proceso de construcción de una sociedad civil y el encuentro como éste es un paso importante”[7].

PATENTES Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: PATEANDO LA ESCALERA DEL DESARROLLO.

Otro aspecto altamente preocupante en relación a los acuerdos y tratados de libre comercio tiene relación con las patentes y derechos de propiedad intelectual, ya que se definen condiciones claramente desfavorables para el país, especialmente en cuanto impiden el acceso a tecnología e incrementan el precio de bienes de utilidad publica, como los medicamentos. Los acuerdos y tratados de libre comercio tienden a ampliar el período de gracia de las patentes y los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el TLC con EEUU se llegó a fijar en veinte años el libre acceso a producir o importar medicamentos genéricos procedentes de formulas patentadas en ese país. De acuerdo al ritmo de desarrollo de la industria farmacéutica, este plazo es claramente una restricción absoluta.

Estados Unidos ha sido especialmente agresivo a la hora de presionar a Chile en este aspecto. El último reporte de la Estimación Nacional de Comercio en Barreras Arancelarias 2006 (NTE) de la Oficina de Comercio de la Casa Blanca afirmó: “La falta de una protección adecuada para la propiedad intelectual es la irritante de intercambio que más impresiona en Chile, en un clima de negocios que de otra manera sería excelente” . Esta sutil amenaza es parte de las tramas que tejen los acuerdos de liberalización arancelaria. En 2006 esa oficina elevó a Chile desde país de la “lista de vigilancia” a la “lista de vigilancia prioritaria” ya que nuestro país seguiría, a su juicio, sin mostrar voluntad para encarar las preocupaciones de los dueños de patentes, que sostienen que el país ha autorizado la venta de productos farmacéuticos que violan los derechos de propiedad intelectual. El informe señala que el gobierno chileno ha “confiado de sobremanera en la aprobación de medicamentos innovadores, certificando versiones genéricas de esas medicinas, afectando los derechos de propiedad intelectual”. Además se señaló que la persecución de robos de propiedad intelectual de productos con marca registrada parece ser poca en nuestro país, revelando un aumento en las tasas de grabaciones piratas de audio, programas de computación y de películas, entre otros.

Es necesario reconocer que la Unión Europea no ha procedido públicamente tan agresivamente como los Estados Unidos a la hora de salvaguardar los derechos y patentes de su procedencia. Sin embargo, la lógica del acuerdo con la UE  es la misma que la contemplada en el TLC con EEUU y las presiones, siendo más sutiles, también existen.

EL ACUERDO COMO SOPORTE AL CAPITAL FINANCIERO ESPECULATIVO.

Con la firma del TLC con la UE y posteriormente con EEUU, el gobierno chileno ha perdido sus atribuciones en la regulación de los capitales financieros especulativos. De modo explícito, los gobiernos que implementan políticas neoliberales conciben este tipo de acuerdos como una estrategia alternativa al inminente fracaso de la Ronda de Doha. Por esta razón se puede afirmar que lo que no se ha logrado de forma multilateral, por la oposición de los países en desarrollo y de la presión de los movimientos de la sociedad civil, se hace realidad por medio de acuerdos bilaterales que permiten liberalizar los flujos de capital.

El TLC con los Estados Unidos eliminó expresamente mecanismos altamente eficaces en esta tarea, como el encaje que se implementó en Chile durante los años noventa. Esta medida resistió las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G-8, que permanentemente habían impulsado el término a las restricciones al capital. El acuerdo de Chile con la UE se inscribe, de un modo cómplice, en esta misma dinámica, ya que las presiones de los inversionistas tendieron hacia la misma dirección.

El encaje fue una medida adoptada por el Banco Central en 1991, que tenía como objetivo evitar el ingreso al país de capitales especulativos que, aprovechando las mayores tasas de interés, podían provocar fuertes caídas en el tipo de cambio. Así, el estado chileno exigió a los inversionistas (ya sea bajo la forma de créditos externos, depósitos e inversiones de cartera) mantener depositado durante un año el 20% del capital ingresado al país, porcentaje que luego subió al 30%. En 1998 lo bajó a 10% y en septiembre de ese mismo año lo llevó a cero. En 2001 el Banco Central eliminó formalmente la existencia del encaje en el país y durante la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, El gobierno chileno cedió a la petición norteamericana de sacar definitivamente este mecanismo.

“Fue un enfrentamiento de titanes”, dijo al respecto en diciembre de 2002, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Al juzgar por los resultados, el Titán chileno fue bastante débil. Los efectos macroeconómicos de esta apertura indiscriminada al capital financiero especulativo han sido ampliamente documentados en muchos contextos. Chile los sintió en carne propia durante la “crisis asiática” que entre 1998 y 2002 contrajo el crecimiento y diezmó la miles de PYMES.

En la actualidad existe creciente preocupación por el sobre endeudamiento de la población. Las cadenas comerciales chilenas han emitido 14.000.000. de tarjetas de crédito por para una población activa de 6.500.000 personas. Esta cifra indica el impacto que tiene el crédito comercial en las clases medias y bajas en Chile. Estas tarjetas pueden captar dinero a una tasa de interés del 3,80% anual y luego conceder créditos a sus clientes a través de sus Tarjetas de Crédito al 3,80% mensual. Estas condiciones evidentemente atentan contra el consumidor final. Incluso, en los sectores de bajos ingresos es creciente el recurso al crédito para adquirir alimentos y bienes de primera necesidad, lo que es atractivo a corto plazo para estas familias, pero a la larga cierra las posibilidades de desarrollo a las familias modestas.

¿A QUIEN BENEFICIA Y A QUIÉN PERJUDICA EL ACUERDO?

En definitiva, la pregunta que debemos tratar de responder es ¿a quien beneficia y a quién perjudica el acuerdo de asociación de Chile y la Unión Europea? Los defensores del libre comercio afirman que el bienestar material promedio del consumidor chileno ha mejorado dado el crecimiento del producto nacional. Además afirman que la concentración económica y las importaciones han contribuido a bajar el precio de los bienes de consumo masivo: “la reforma comercial conduce a una redistribución del ingreso favorable a los grupos de menores ingresos, ya que baja los precios de los bienes de consumo popular y reduce los beneficios que los productores nacionales obtienen del proteccionismo” (BID, 1997:33).

Este argumento es fácilmente refutable, tal como lo ha planteado desde hace tiempo Rafael Correa, quién hoy es presidente de Ecuador,:  “Mientras que en teoría con esta clase de esquemas los consumidores se benefician en el corto plazo, en el futuro tanto consumidores y productores nacionales se perjudican, ya que, sencillamente, sin producción nacional tampoco puede haber consumo. Pocas personas niegan estos peligros, pero lamentablemente muchos, en un sui géneris razonamiento económico, manifiestan que hay que ver las “oportunidades”, no los problemas. Sin embargo, en toma de decisiones con riesgo, todo es cuestión de probabilidades, y aferrarnos a la existencia de “oportunidades”, independientemente de las escasas probabilidades de éstas, es simplemente un absurdo económico”.(Correa 2003)

El gobierno dE Chile tuvo que reconocer a inicios de 2006 que el déficit aduanero, producto de los diversos TLC que ha firmado el país, ascendería a 435 millones de dólares. Por esta razón, durante el gobierno de Ricardo Lagos se aumentó el impuesto al valor agregado (IVA) transitoriamente, de 18% a 19%, con el objeto de financiar los menores ingresos aduaneros que acarrearían los Tratados de Libre Comercio. Se argumentó que posteriormente, a medida que los efectos positivos de los TLC se fueran haciendo realidad, expandirían nuestro intercambio comercial, recuperándose o incluso aumentando la entrada aduanera. Entonces bajaría el IVA. Sin embargo, el actual gobierno decidió mantener por un año más el IVA en un 19%. Esta es una muestra evidente de que los costos del libre comercio se están transfiriendo de forma directa a la población, por medio de políticas tributarias regresivas. Quienes destinan el 100% de sus ingresos al consumo ven disminuir de esa forma su poder adquisitivo y su calidad de vida. Es decir, los pobres subsidian a los ricos. Una nueva paradoja de la economía chilena.

Esta situación es mucho más alarmante si recordamos que Chile es en la actualidad  uno de los países más desiguales de la región, lo que contrasta con las décadas centrales del siglo XX, donde llegó a estar entre las naciones más igualitarias del continente junto con la Argentina y Uruguay. Por esta razón, si analizamos el mejoramiento del consumo al que hacen referencia los neoliberales, segmentando a la población por quintiles veríamos que el quintil superior ha mejorado substancialmente su bienestar y el quintil inferior lo ha deteriorado.

Este diagnóstico no se puede aplicar en exclusiva a Chile. El investigador del Banco Mundial Branko Milanovic demostró, en oposición a las teorías de su propia institución, que el aperturismo incrementa desigualdad en países con un ingreso per cápita menor a 5000 dólares ajustados para paridad de compra, es decir, prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos. Su investigación se basó en encuestas nacionales de ingresos de hogares en 88 países en desarrollo, y concluyó que sólo los ricos se benefician del aperturismo en los países pobres, perjudicando de esta forma a los más pobres entre los pobres (Milanovic 2002).

Por su parte el informe de CEPAL “Globalización y Desarrollo” mostró que las desigualdades entre países y al interior de los países están aumentando, lo que tiene relación con la tendencia a la desindustrialización de la región[8]. Las importaciones provenientes de países que subvencionan las importaciones por medio de tipos de cambio subvaluados y otros mecanismos de dumping, junto a las barreras de entradas que generan estas discriminaciones, evitan la entrada al mercado de nuevos competidores.

De esta forma, mientras que en 1973 la relación porcentual entre el PIB por habitante de América Latina y los países más desarrollados es de 28%, en 1998 se reduce al 22,2% (Cepal 2002:79).

HACIA UNA NUEVA FORMA DE RELACIÓN ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA. 

Las políticas liberalización comercial responden a la lógica histórica que han seguido los países desarrollados, que han alcanzado la frontera tecnológica, y, en consecuencia, dada su alta competitividad, cierran las posibilidades a posibles competidores. Para ello, transforman el libre comercio en una herramientas eficaz a la hora de impedir que  países rivales escalen en su proceso de desarrollo. Lo incoherente es Europa ha utilizado, y sigue manteniendo, un fuerte proteccionismo para llegar a su actual nivel de desarrollo.

Rafael Correa ha recordado al economista decimonónico List, quién afirmó: “Cualquier nación que por medio de aranceles y restricciones sobre la navegación ha elevado su poder industrial y de navegación a tal nivel de desarrollo que no otra nación puede competir con ella, no puede hacer nada más sabio que retirar la escalera de su grandeza, predicar a las otras naciones los beneficios del libre comercio, declarar en tono arrepentido que hasta ese momento ha vagado en los senderos del error, y decir que ahora por la primera vez ha logrado descubrir la verdad” (List 1885: Libro 4, Capítulo 33).

Si la Unión Europea  hubiese seguido el principio de las ventajas comparativas como estrategia de desarrollo y no hubiese implementado claras políticas industriales, probablemente sus principales exportaciones aún serían iguales a las del siglo 17. Por lo tanto Chile tiene derecho a superar el estrecho esquema de las “ventajas comparativas” por medio de políticas de desarrollo que incentiven la creación de valor agregado en condiciones de sustentabilidad social y ambiental. Lamentablemente este objetivo hoy se ve amenazado directamente por los acuerdos de libre comercio que le “amarran” al statu quo.

Un acuerdo de asociación requiere de una integración institucional, política y social con adecuados criterios de equidad y creíbles compensaciones para una economía con menor desarrollo relativo, al estilo, de lo que se hizo al interior de la Unión Europea con los países que se integraron a ella en los últimos años. Es una incoherencia muy grande que la política comercial implementados por la UE “hacia fuera” se aleje tanto de los criterios aplicados al interior de ella.

Para empezar a cambiar esta situación es necesario implementar, urgentemente, mecanismos de evaluación del acuerdo de asociación de Chile y la UE que tengan altos niveles de participación y trasparencia, y que sean coherentes con las propias determinaciones de la Unión Europea. Una manera sería establecer indicadores que contengan, entre otros aspectos a evaluar, los estándares señalados al menos en los siguientes instrumentos de la UE:

  • Código de Conducta de las empresas europeas que operan en los países en desarrollo (Resolución 15/11/99),
  • Comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países, COM (2001) 252,
  • Documento de programación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos 2002-2004, SG : E/2001/2728.,
  • Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, marzo de 2001; reglamento (ce) no 2494/2000 por el que se establecen medidas destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo.
  • Resolución del Consejo de Desarrollo de 30 de noviembre de 1998 sobre los pueblos indígenas en el marco de la cooperación para el desarrollo de la Comunidad y los Estados miembros, 13461/98.
  • Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos del pueblo Mapuche en Chile, del 29 de marzo de 1999. Esta propuesta se encuentra pendiente en la Sub-Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Sólo en este contexto se hará posible un nuevo modelo de relaciones entre la Unión Europea y Chile que no se base en la imposición de reglas comerciales, sino un vínculo fundado en la defensa y promoción integral de los derechos humanos (políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales), para lo cual no basta una cláusula democrática carente de instrumentos que la hagan valer. Se requiere coherencia entre discursos y prácticas, memoria histórica y voluntad política para revertir el neocolonialismo comercial, y poner en el centro de las relaciones entre Chile y la Unión Europea nuevos mecanismos de cooperación destinados a nivelar las crecientes desigualdades.

Bibliografía.

CALFUCURA, Jorge. “Mapuches cuestionan Acuerdo de Asociación Unión Europea – Chile”.  Septiembre, 2002. Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu. Departamento de Sociología. Universidad de Uppsala, Suecia.

CEPAL, 2002. Globalización y Desarrollo. Santiago de Chile.

FFRENCH DAVIS, Ricardo. “Reformas para América Latina. Después del fundamentalismo neoliberal”. 2005. CEPAL, Siglo XXI. Buenos Aires.

CORREA, Rafael. Ponencia para el Seminario: “El ALCA y el Futuro de América Latina y el Caribe”, 19, 20 y 21 de Noviembre del 2003. Guayaquil – Ecuador.

MILANOVIC, Branko,  “La era de las desigualdades.dimensiones de la desigualdad internacional y global” Editorial Sistema. Madrid. 2006.

STIGLITZ, Joseph E. “El malestar en la globalización”. Taurus, Madrid 2002.

* Investigador del Centro Ecuménico Diego de Medellín. Miembro de ATTAC Chile.

Notas 

[1] Patricio Meller.  “El colapso económico y financiero de 1982 -1983”.  Universidad de Chile. Departamento de Pregrado. Cursos de Formación General. Curso: La economía Chilena: visiones alternativas y problemas. www.cfg.uchile.cl.

[2] Lienchtenstein, Noruega, Suiza, Islandia.

[3] El Mercurio, 26 de julio de 2007

[4] Respecto al TLC entre Chile y EEUU, Gretchen Gordon, Director de “the Citizens Trade Campaign” afirmó:  “The U.S. Chile FTA contains provisions in many major policy areas including non-enforceable labor and environmental provisions, expansive rights for foreign investors, limits on sustainable development tools, and restricted access to medicines which are significantly worse than previously established minimum standards”.

[5] “Salmoneras asquerosas”. En El Ciudadano. n° 50, octubre 2007.

[6] Informe sobre la reunión de la sociedad civil acuerdo de asociacion Chile – Union Europea. Santiago, miércoles 29 de noviembre de 2006. Ministerio de relaciones exteriores de Chile. Pag. 14.

Haz clic para acceder a INFORME%20%20I%20REUNION%20SOCIEDAD%20CIVIL%20CHILE%20UNION%20EUROPEA.pdf

[7] Ibid Pag. 15.

[8] Para el 83,8 % de la población de América Latina la desigualdad es creciente para el período 1975- 1995 (Cepal 2002:84).