LA GUERRA DE LAS CHAUCHAS

Año a año vuelve la batalla por la ley de presupuesto. Se trata de una disputa asimétrica, donde empresarios, sindicatos, actores políticos, regionales y sociales discuten inacabablemente sobre intereses difícilmente conciliables, que se resuelven en un tira y afloja que exige una mezcla de maña, fuerza, ingenio y energía. Es parte de la vida cívica de todo país y de la transparencia y amplitud de la discusión se deriva la calidad de la democracia de una nación. Es fácil pensar una democracia “angelical” basada en discusiones filosóficas de principios, pero es mucho más difícil implementar una democracia donde los ciudadanos intervienen en el debate sobre sus recursos públicos, la forma de recolectarlos, de asignar su destino y definir su utilización. Estamos muy lejos de que nuestro presupuesto nacional se convierta en un presupuesto participativo, tal como se ha ido intentando a escala local en muchos municipios de nuestro país. Pero lentamente, y de modo pedagógico, este debate debería llegar a convertirse en una escuela de deliberación ciudadana.

Este año la batalla presupuestaria parece haber estallado con una agresividad inusitada, basada en un contexto internacional especialmente complejo. El mundo enfrenta en 2009 una triple crisis (financiera, energética y alimentaria) que amenaza con consecuencias pavorosas. En países desarrollados millones de personas perderán los ahorros de su vida al ejecutarse las hipotecas de sus viviendas, y en los países pobres, la sistemática desinversión en agricultura, convertida en crisis alimentaria, amenaza a otros muchos millones con perder su vida misma, en la hambruna y la agudización de su pobreza.

Por un lado se afirma que el país enfrenta las crisis en malas condiciones: al bajo crecimiento de los últimos años se ha sumado un brote inflacionario de difícil diagnóstico. Por otro, Chile ha logrado utilidades extraordinarias producto del alto valor del cobre y otros metales, que le permite tener cierta fortaleza para paliar los tiempos más duros. Hasta este punto hay un amplio consenso pero pronto salen a colación ciertas interpretaciones que no logran el mismo grado de acuerdo. Se habla de reducir el gasto social, bajar la carga tributaria (ya bastante baja) de las empresas, flexibilizar la legislación laboral, y aumentar los subsidios estatales a la energía. En síntesis, una batería de propuestas regresivas que se vinculan bajo un gran fantasma que justificaría su implementación: la inflación. No se trata de una receta racional, sino de un pliego de peticiones, que huele más a intereses corporativos que a beneficios nacionales.

Por un lado, el hemisferio político de la derecha aspira de un modo cortoplacista, a desmontar los planes sociales del gobierno, con el interés de generar descontento y desafección de la población que se beneficia de estos programas. Se trata de una agenda bastante obvia, pero poco lúcida para un sector político que afirma tener pretensiones serias de ganar las elecciones de 2010. Por otra parte, el hemisferio económico interpreta la inflación de 2008 como si fuera la misma inflación de hace cuarenta años atrás. Y por lo tanto, cree que el gasto fiscal es el que empuja la demanda y lo lógico sería detener la expansión presupuestaria. Tras este análisis late toda la tradición dogmática del neoliberalismo, que ha usado la retórica antinflacionaria como un perfecto disfraz científico para una doctrina política al servicio de ciertos intereses. El problema es que hace cuarenta años este razonamiento podría tener algo de credibilidad, pero hoy la inflación es un fenómeno global, que se debe explicar por medio de factores que no gusta de tomar en cuenta el neoliberalismo: la  especulación generalizada, el gasto militar desbordado de Estados Unidos, la desregulación de los mercados financieros, el sobreendeudamiento de sectores vulnerables, y muchos otros elementos que hacen muy poco razonable al análisis monetarista. Si los Bancos Centrales se han autonomizado y reducido en todo el orbe a un papel de gendarmes de la inflación, no deberíamos tener que enfrentar esta coyuntura. A menos que aceptemos que la inflación del 2008 es algo más complejo, y que requiere una receta más parecida a la aplicada por Keynes que a los recortes de Thatcher, Reagan y Pinochet.

Lo que parece abrirse paso es un análisis donde lo importante no es el monto del gasto fiscal, sino la inteligencia del mismo. Para ello se debe enfocar la mirada en inversiones de alto efecto productivo y social, capaces de dar “valor agregado” a una sociedad que no ha sido tratada, históricamente, con generosidad y cuidado desde su Estado. No es justo, ni ético, ni menos razonable, pedir a los ciudadanos que una vez más tengan que apretar sus dientes, su cinturón o la billetera, cuando ya lo han hecho tantas veces antes, y no han logrado con ello más que pagar las deudas ajenas. Este año puede hacer la diferencia, por medio de la mejor inversión social inteligente, al servicio de mayor calidad de vida, educación y ciudadanía.

EL AJEDREZ COLOMBIANO

Es innegable que “Jaque”, el nombre de la operación de rescate de Ingrid Betancurt, fue muy bien escogido. Este suceso pone a las FARC ante una derrota política y militar estratégica, que si bien no puede asimilarse a un “Jaque Mate”, es un golpe de tal envergadura que reconfigura el conflicto y abre posibilidades de un acuerdo, siempre y cuando los bandos militares tengan la generosidad para llegar a una paz justa, sustentable, y definitiva.

El problema es que las metáforas ajedrecísticas poseen una simplicidad que invisibiliza aspectos centrales de la realidad. Se nos dice que estamos en una partida donde hay sólo dos actores, los blancos y los negros, y en ese cuadro no cabe más que optar por uno de los dos lados. Este análisis ha sido promovido y desarrollado tanto por el uribismo como por las FARC, colocando a a la opinión pública en un dilema binario: “o estás con ellos o estás con nosotros”. Las FARC han demostrado que esta es su opción desde hace años, y el cruel secuestro de Ingrid Betancurt, una líder ecologista que siempre abogó por un camino diferente al de los actores armados, fue un ejemplo de esta visión maniquea y unilateral. Por su parte, la derecha colombiana también ha abrazado con fervor esta teoría y ha puesto la disyuntiva entre “seguridad democrática” y el “terrorismo” en el centro de su política. Así, todo el que cuestione al gobierno se hace sospechoso de tener “vínculos con las FARC” y aparecer mencionado en el misterioso notebook de Raúl Reyes. La “prensa patriótica” se encarga del resto.

Lo que no logra describir esta imagen es la complejidad de un “tablero” en que deberían tener cupo muchas más piezas que las blancas y negras que se nos instala en este ajedrez. Recordemos que el conflicto interno colombiano ha provocado más de 35.000 muertos, 15.000 desaparecidos  y más de cuatro millones de desplazados. Para comprender este verdadero genocidio es necesario incorporar más variables en el análisis: en primer lugar a los paramilitares, que lejos de haberse desmovilizado han sido “reciclados” en nuevas organizaciones armadas, como las temidas “águilas negras”, y empresas de contratistas de seguridad, que continúan acosando a comunidades campesinas en todo el país.

Es necesario pensar en los sindicatos y organizaciones sociales que han pagado el mayor costo de la violencia. Las cifras de la Escuela Nacional Sindical indican que entre 1986 y abril de 2008 murieron asesinados 2.669 sindicalistas, un promedio de un crimen cada tres días. La gravedad de esta situación llevó al congreso de los Estados Unidos a rechazar en este año la firma de un TLC con el gobierno de Uribe y hace pocos días la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT  demandó a Bogotá los recursos necesarios para resolver los casos de violencia contra los dirigentes sindicales y garantizar la libertad de asociación de los trabajadores.

Los campesinos son otro sector clave que no se considera a la hora de analizar el conflicto. Según las estadísticas oficiales la población rural colombiana asciende a 11.001.990 (25,7%) lo que representa un 22,7% de la fuerza laboral, proporción comparativamente alta frente a la de otros países de la región. Si además consideramos que se han identificado cultivos ilícitos en 259 municipios, podemos dimensionar que el control de la tierra cultivable es un factor determinante en el análisis de la violencia. Si bien la Ley de Justicia y Paz promovió la restitución de tierras a los campesinos desplazados, en el marco de proyectos de desmovilización de grupos armados, en la actualidad se critica fuertemente la falta de cumplimiento de esta normativa. Además, la sorpresiva decisión de extraditar a los principales jefes “paramilitares”  frenó varios procesos claves para llegar a la verdad de los peores crímenes de guerra cometidos en las últimas dos décadas y ha supuesto un retroceso enorme en esta iniciativa. Otro actor, que actúa tras bambalinas, es Estados Unidos, que ha contribuido a militarizar el conflicto mediante su estrategia del Plan Colombia. Y finalmente, el gran factor latente es el narcotráfico, que ocupa los grupos armados como escudos protectores según pueda y le convenga.

En este panorama no parece tener espacio la oposición democrática a Álvaro Uribe Vélez, que demanda el encarcelamiento de las decenas de parlamentarios uribistas acusados de representar al “paramilitarismo” y que exige que se acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó revisar el proceso electoral de 2006, debido al escándalo de la venta de votos parlamentarios. Sin una mirada a todas las piezas, el ajedrez colombiano no se comprende y los reyes o alfiles seguirán su combate, mientras los peones ponen la sangre y las lágrimas.

LA DERECHIZACIÓN EUROPEA

El 2008 parece ser un año marcado por la desaceleración de la economía neoliberal a nivel global. La crisis alimentaria, el alza del precio de los hidrocarburos y la tensión respecto a la recesión norteamericana han desatado los fantasmas más temidos del pasado. De esa forma, los discursos de alarma se convierten en excusas convenientes para implementar agendas restrictivas de derechos sociales y libertades individuales y colectivas conquistadas por generaciones. Tal vez este proceso se hace particularmente evidente en Europa, continente que parece impotente ante el avance de partidos racistas de extrema derecha, la oleada de nuevas formas de gasto militar, la invención de normas cada vez más paranoicas de seguridad, y especialmente mediante el cierre de las fronteras a las personas migrantes que vienen del Sur.

La crisis de competitividad frente a las economías emergentes se ha tornado en poco tiempo una excusa perfecta para aprobar la llamada “directiva de la vergüenza”, que permite detener hasta por 18 meses a los migrantes ilegales y les prohibe por 5 años volver a Europa luego de ser expulsados por ese motivo. De esta forma se estigmatiza a las personas sin papeles y se les transforma en delincuentes que deben ser excluidos. Se ha impuesto una lógica inhumana, basada en la discriminación sistemática de personas cuyo único delito es intentar escapar de la pobreza y buscar una vida digna para sus familias. El eurodiputado Willy Meyer afirmó al respecto que “los estados europeos, que han reducido su ayuda a la cooperación este año respecto a la del año anterior, impidiendo a los países del Tercer Mundo cumplir con los Objetivos del Milenio, son los que ahora quieren aprobar esta Directiva de la vergüenza. Esta será la aportación de la UE  a la lucha contra la hambruna en el siglo XXI”

Otro ejemplo es la implementación el pasado 9 de junio de una directiva europea que autoriza a los Estados miembros a cambiar su legislación y permitir acuerdos individuales para alargar la jornada semanal de trabajo hasta las 60 horas. En 1917 los gobiernos europeos se vieron obligados a aceptar una jornada semanal máxima legal de 48 horas como consecuencia de una larga lucha del movimiento obrero internacional por las 8 horas. Ahora, casi un siglo después, se viene a ampliar el máximo legal a 60 horas semanales, imponiéndolo a través del acuerdo individual entre el empresario y el trabajador, quebrando los convenios colectivos y pasando por encima de la representación sindical.

Por otra parte, sería injusto achacar de modo generalizante este tipo de decisiones a la ciudadanía europea. Al mismo tiempo que se implementan políticas restrictivas y se cercenan derechos, son cada vez más fuertes las manifestaciones de rechazo de la sociedad civil a la construcción de un modelo europeo lejano y tecnocrático, que no se hace eco de las demandas y propuestas de la población. Tal vez el ejemplo más claro de este desfase estructural entre la opinión ciudadana y la posición de las dirigencias es el rotundo rechazo de los irlandeses al tratado de Lisboa, que ha terminado por sepultar los intentos de imponer un marco constitucional a la Unión Europea. Luego del referéndum las voces de las burocracias de Bruselas, lejos de hacerse cargo de su derrota, plantean que Irlanda debería repetir el plebiscito del 13 de junio pasado, o saltarse sus propias normas constitucionales para aprobar por decreto lo que los ciudadanos han rechazado en las urnas. Se trata de una forma muy especial de concebir la democracia, que presupone ignorantes, incultos e incapaces a quienes plantean posiciones disidentes respecto a las sustentadas por la Comisión Europea.

Frente a este panorama es auspiciosa la repuesta que ha dado América Latina, que se ha manifestado por la boca de sus gobiernos unida y coherente a la hora de dar a conocer su postura de rechazo al cierre de las fronteras para el trabajo, mientras se nos obliga a abrir las aduanas de par en par a las inversiones y al capital. Con diferentes énfasis y perspectivas, la gran mayoría de los gobiernos de la región han recordado que la nueva legislación migratoria de la Unión Europea incumple las obligaciones internacionales a las cuales están obligados los Estados miembros, entre otras el Convención de Ginebra de 1951 referida a los solicitantes de asilo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la propia Convención Europea de Derechos Humanos.

Si en muchas ocasiones los latinoamericanos hemos mirado a Europa como punto focal de esperanzas y sueños, parece haber llagado el día en que nuestras propias tierras se están convirtiendo en espacios de futuro. A pesar de no haber superado las injusticias de nuestras sociedades, la pobreza e inequidad de nuestras economías o la precariedad y limitaciones de nuestros Estados, América Latina es hoy un espacio social y cultural más esperanzador que nunca, porque se no se ha resignado al catastrofismo del presente, y ha decidido seguir aguardando un tiempo de derechos amplios y generosos, que se atreva a abrazar la dignidad de su gente.