LA ESCANDALOSA LEY ANTI DISCRIMINACIÓN

Afirmar que nuestra sociedad es discriminadora no es novedad alguna. La literatura ha documentado las evidencias que nos acusan de actuar como un país clasista, racista, xenófobo, machista, antisemita, prejuicioso y autoritario. Ya la novela del siglo XIX nos mostró una aristocracia conservadora que trata de mantener su poder hereditario sobre el “roterío”, mientras la composición de la sociedad colonial comienza a desgarrarse. Recordemos a Blest Gana, quién en su “Martín Rivas” testimonió un Chile rígidamente estamental, que es desafiado por una generación que no soporta la eternización de un orden absurdo. Más tarde, en el novecientos, la novela social de Rojas, Sabella, Lillo, Gonzalez Vera, Durand o Brunet nos conmoverá con las penas y pesares de “los nadie”, que abarrotarán los conventillos santiaguinos, las minas de la cuenca del carbón, los fundos del valle central o los poblados desérticos de las salitreras. En la actualidad el arte y la cultura continúan abordando de forma constante este mismo tópico. La polémica que este año desató “El Señor de  la Querencia” nos ha recordado nuestro origen, que debe buscarse en un largo mestizaje forzado, en una hacienda que por centurias incubó una sociedad de castas, legitimada como un orden perfecto y aparentemente querido por Dios.

Tampoco resulta novedoso decir que este modelo aparentemente inmodificable ha debido enfrentar resistencias constantes a lo largo de los siglos. Lo que verdaderamente es nuevo es que por primera vez en su historia Chile está cerca de contar con una ley que expresamente se plantea abordar la discriminación como un problema de Estado, y que busca  el resguardo y la exigibilidad de derechos, que aunque declarados en la Constitución y en los tratados internacionales, no cuentan con herramientas jurídicas específicas que aseguren su cumplimiento.

Por este motivo la aprobación de la Ley contra la discriminación, que actualmente se tramita en el Congreso Nacional, debería ser un motivo de orgullo y alegría compartidos. Sin embargo, es triste constatar que esto no es así. Y más lamentable es que los mayores obstáculos y reservas a la ley provengan de las instituciones menos esperadas: una parte de las Iglesias Evangélicas. Esta situación paradojal e incomprensible sólo se puede explicar por el injustificable interés de quienes se sienten amenazados por la nueva legislación.

El pueblo evangélico ha sido largamente discriminado en nuestro país. Baste recordar su exclusión institucional hasta bien entrado el siglo XIX. Exclusión que llegaba a niveles aberrantes, como la imposibilidad de sepultar a sus deudos en los Cementerios administrados en ese entonces por la Iglesia Católica.  Cuando Benjamín Vicuña Mackenna inauguró las obras del cerro Santa Lucía trató tímidamente de reparar esta afrenta señalando en una placa su homenaje a los “expatriados del cielo y de la tierra”, que fueron sepultados indignamente en la ladera oriente de ese cerro. La ley de culto, de 1999, o la instauración del día nacional de las Iglesias Evangélicas, en Octubre de 2005, han sido pasos importantes, pero todavía insuficientes para garantizar la plena libertad religiosa en nuestro país.

¿Cuáles son los temores de una parte de las Iglesias Evangélicas ante esta ley? Algunos pastores se han sentido amenazados, ya que eventualmente podrían ser penalizados si su predicación pública fomenta el odio y la violencia, en especial contra personas de otras religiones o contra quienes consideren pecadores, como homosexuales, prostitutas u otros grupos sociales. Si este tipo de temores ha surgido ¿podemos intuir que hoy por hoy se puede encontrar en una iglesia sermones que alientan el odio o la violencia contra grupos sociales específicos? ¿Es razonable avalar o justificar este tipo de prácticas? Aunque una Iglesia o Culto considere en su doctrina que la homosexualidad es un pecado, o que las prostitutas son impuras, o que los otros grupos religiosos están en el error y son despreciables, la sociedad no puede tolerar que esta convicción particular se traduzca en prácticas violentas o atentatorias de los derechos de un sector de la población. Si eso se permite, también deberíamos aceptar que en el futuro volviéramos a tener cementerios exclusivos para los ciudadanos de un credo religioso, o la instauración de “religiones de estado”, como conoció nuestro país hasta la promulgación de la Constitución de 1925.

Esta polémica obliga a recordar que en el Evangelio de Mateo Jesús rompió con la vanidad discriminatoria de los fariseos cuando afirmó: “yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron: en cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron”. Hoy parece ocurrir lo mismo. Quienes proclaman que no hay ya “ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno” no son los líderes de las Iglesias, sino los “despreciados y desechados entre los hombres”. Ese es el escándalo del Evangelio.