Desinformación Coordinada

Sabemos que el duopolio periodístico COPESA – El Mercurio compite por lectores y por avisaje publicitario. Pero si analizamos sus contenidos, es sorprendente la coordinación temática que llegan a alcanzar. Un ejemplo ilustrativo aconteció el martes 12 de noviembre pasado. El Mercurio editorializó bajo el título “Recursos públicos y ONG” y por su parte La Tercera presentó ese mismo día una columna de Tomás Duval, investigador del Instituto Libertad, sobre el financiamiento estatal a las ONG. ¿Coincidencia?

Esta sugerente sincronía no se debe a efectos telepáticos ni a espionajes secretos. Simplemente es el efecto de la influencia directa de ciertos think tank sobre los consejos editoriales y comités de redacción de estos periódicos. En este caso, la preocupación del Instituto Libertad recae en la tramitación de la Ley de participación ciudadana, que contempla la institucionalización del Fondo de fortalecimiento de la sociedad civil. Se trata de una iniciativa largamente demandada por las organizaciones sociales del país y que constituye casi la única fuente de recursos públicos que permite financiar actividades de juntas de vecinos, asociaciones y grupos de interés de la sociedad. Dineros, en todo caso,  limitadísimos y sometidos a enormes controles de parte del Estado.

Ante la posibilidad de que esta nueva institución entre a funcionar de modo pleno, el Instituto Libertad desempolvó un estudio de Tomás Duval (Las ONG en Chile, 2007) que trata de hace ver que las transferencias del Estado hacia la sociedad civil “tienen una magnitud y diversidad considerables con respecto al contexto latinoamericano”. Duval llega a afirmar que el Estado chileno financiaría el 46% del presupuesto de las ONG que trabajan en educación, desarrollo comunitario, política y servicios sociales, “lo que sitúa a las organizaciones sin fines de lucro en un dilema entre aparecer como meros agentes del Estado o bien actuar bajo su mandato original”. Este análisis es el que utilizó tanto El Mercurio en su editorial como el mismo Duval en su artículo de La Tercera.

Junto con estas “alarmantes” cifras el Instituto Libertad siembra la hiedra de la sospecha sobre las transferencias de recursos, afirmado que muchos de esos fondos son entregados por vías demasiado blandas, sin rendiciones de cuentas acabadas. Exige convenios de desempeño y una fiscalización rigurosa.

¿Es tan cierto lo que afirma el duopolio, vocero oficioso del Instituto Libertad? La verdad es que el estudio de Duval confunde deliberadamente las ONG con todo el “sector sin fines de lucro” del país. Por este motivo se deducen las enormes cifras de recursos públicos a las que accederían las ONG. Se contabiliza en un solo bloque a  todas las instituciones que se declaran “sin fines de lucro” como los colegios y las escuelas subvencionadas, los clubes profesionales de fútbol y las universidades privadas, por sólo mencionar algunos casos. Por ese motivo el estudio llega a conclusiones absurdas, tales como asegurar que las ONG constituyen un sector con elevadas cifras de empleo y con un destacado porcentaje del PIB.

Gonzalo de la Maza, presidente del Consejo Nacional del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, comentó acertadamente la columna de La Tercera de la siguiente forma: “La principal entidad “no lucrativa” en el país son los colegios y escuelas subvencionadas pertenecientes a congregaciones religiosas u otras entidades. Efectivamente el Estado les transfiere grandes cantidades de recursos sin contratos de desempeño ni evaluación de su labor. En todo caso esa transferencia es sólo 1/3 de lo transferido a privados para educación básica y media. Los otros 2/3 son entidades lucrativas que actúan en el campo educativo, según los datos del estudio dirigido por Ignacio Irarrázaval. Las Fundaciones y Corporaciones registradas en el Ministerio de Justicia son menos de mil y las organizaciones sociales que son varias decenas de miles, son muy mayoritariamente voluntarias, de tal manera que las organizaciones civiles no son grandes generadoras de empleo, aunque sí demandan del trabajo generoso de muchos chilenos y chilenas. Por ello las conclusiones del columnista no se refieren a las ONG y son manifiestamente absurdas, pues una cosa es que el Estado haya privatizado gran parte de la ejecución de sus recursos –y no sólo a entidades sin fines de lucro- y otra muy distinta, es decir que “las ONG han capturado al Estado”, sin aportar evidencia alguna al respecto”.

Los montos de recursos que destina el Estado para actividades de ONG, juntas vecinales, y asociaciones ciudadanas en general, no sólo no han aumentado sino que han disminuido. Al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet el Fondo de la sociedad civil contaba con 875 millones de pesos, los que se incrementaron a $ 1.250 millones en 2007. En 2008 el ejecutivo disminuyó el volumen  de recursos del Fondo a $ 1.162. El proyecto de ley de presupuesto de 2009 no se contempla aumento de este ítem, a pesar del compromiso presidencial adoptado en octubre de 2006 en orden a duplicar el Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Cualquier organización que haya postulado a los recursos del Fondo de la sociedad civil se habrá dado cuenta que es un proceso riguroso, que contempla la evaluación externa de los proyectos y que opera a través de un Consejo Nacional y 15 Consejos Regionales con representación ampliamente mayoritaria de las organizaciones de la sociedad civil. Desde 2006 a la fecha el Fondo ha beneficiado a 899 organizaciones. Obviamente, se trata de una institucionalidad perfectible, y por ello la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, junto a la coalición de Organizaciones por la Participación Ciudadana, ha hecho múltiples observaciones críticas al proyecto de ley y ha propuesto cambios importantes, que en general coinciden con las sugerencias propuestas por los miembros del Consejo del Fondo, entre los cuales está José Miguel Izquierdo, quien también como Tomás Duval forma parte del Instituto Libertad.

Por este motivo llama la atención el afán premeditado de enrarecer el debate sobre el financiamiento público a la sociedad civil. Estas organizaciones sociales, no gubernamentales y de voluntariado, expresan en su diversidad una forma de ejercer la ciudadanía, que contribuye a mejorar el sistema democrático, volcando sus energías hacia las necesidades de la vida cotidiana de la comunidad, como el trabajo, la educación, las temáticas de género, infancia, discapacidad, pueblos indígenas, superación de la pobreza y la discriminación y muchas otras donde no llega o no es eficiente la acción o la mirada del Estado. Se trata de ciudadanía organizada que estudia, se capacita y difunde una amplia gama de derechos ciudadanos, que protege el medio ambiente y vela por el interés colectivo.

La riqueza de estas experiencias requiere que nuestro país implemente mecanismos públicos de financiamiento que garanticen su independencia, sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional. Para ello es vital trascender las precarias lógicas actuales, ligadas a la postulación a fondos concursables para proyectos de corto plazo, ámbito en el que muchas organizaciones ciudadanas han debido desenvolverse desde hace varias décadas.

*Álvaro Ramis es Presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN.

ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS CONTRA LA DESIGUALDAD

ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS CONTRA LA DESIGUALDAD Y LA INEQUIDAD, EN TIEMPOS DE CRISIS GLOBAL

Documento redactado para  la Mesa De Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de Latinoamérica y el Caribe.

El mundo se enfrenta a momentos de importantes definiciones. Vivimos en medio de una serie de crisis mundiales que tienen dimensiones financieras, económicas, energéticas, alimentarias y climáticas, que coinciden, confluyen y se combinan mutuamente y que exigen rápidas y profundas decisiones. Si no se asume la gravedad de esta situación se afectarán las condiciones de vida en todo el mundo, provocando efectos difíciles de prever, pero que sin duda dañarán de modo especial a los países del Sur. En América Latina y el Caribe sabemos, por experiencias anteriores, que una de las consecuencias más claras de este tipo de crisis es el agravamiento de la desigualdad, inequidad y exclusión en nuestras naciones. Estas experiencias nos muestran que el análisis de estas crisis requiere un enfoque que supere la comprensión de la coyuntura actual como una serie de fenómenos inconexos y vea más allá de las apariencias, relacionando los datos. No debemos reducir la discusión a un análisis técnico que fuerce la realidad para justificar las inequidades y las asimetrías en un planeta abarrotado, pero incapaz de reducir las disparidades entre ricos y pobres y que provoca una insoportable presión sobre el medio ambiente.

Las crisis ponen de manifiesto que la desigualdad e inequidad mundial se han convertido en un hecho tan grave que es imposible de evadir y ocultar. Se trata de una constatación que la propia ciudadanía ha instalado en el debate al denunciar de modo permanente que las políticas neoliberales, implementadas masivamente desde los años ochenta, han aumentando dramáticamente las asimetrías económicas entre las naciones y dentro de ellas. Las cifras de los organismos internacionales sólo han venido a ratificar lo que nuestras organizaciones ya han percibido en la cotidianidad: las brechas entre los ingresos de los países más pobres y más ricos se han incrementado de forma sistemática en los últimos cincuenta años, de la misma forma como se ha agravado la inequidad al interior de la mayoría de las naciones. La resolución de las crisis puede incrementar de forma dramática esta situación, o al contrario, ser una oportunidad de revertir un camino que no lleva más que a la exclusión de las grandes mayorías.

¿POR QUÉ NOS PREOCUPA LA DESIGUALDAD?

Enfrentados a un momento crítico de la historia, donde parecemos condenados a inequidades extremas, nos reconocemos interdependientes, como miembros de una sola comunidad humana, con un destino compartido. La desigualdad global nos golpea porque vulnera la dignidad inherente a todos los seres humanos. Al mismo tiempo, nos preocupan las desigualdades globales porque de su superación depende la resolución de muchas crisis interconectadas, entre ellas, la seguridad en el empleo y los salarios, la calidad de la salud y la educación, las posibilidades de integración social, las causas antrópicas del cambio climático y la superación de los conflictos y la violencia. No será posible alcanzar la paz y la seguridad tanto a nivel nacional como internacional si no se logra reducir de forma significativa la desigualdad económica y política. Existen además factores específicos que han agravado la desigualdad en diversas regiones del mundo. Por ejemplo la pandemia del VIH/SIDA ha profundizado las diferencias entre África y el resto del mundo en el acceso a la inmunización, a la atención maternoinfantil, a la nutrición y la educación. La desigualdad entre los sexos en remuneraciones, en el acceso a la educación y en cargos de responsabilidad pública se mantiene a pesar de todos los discursos oficiales que la condenan. El llamado a lograr mayor igualdad expresa que a mayor poder, conocimiento y libertad, nuestras sociedades enfrentan mayores exigencias éticas. Se trata de una responsabilidad que nos involucra mutuamente, unos hacia otros, y que se ha constituido en la actualidad en una preocupación central para todos los pueblos. Para ello es necesario proponer modos de vida sostenible, que permitan a las diferentes culturas encontrar sus propias formas de desarrollo, no determinadas por patrones ya establecidos. Reconocemos que para superar la desigualdad es necesario incorporar variables mucho más complejas que la simple redistribución económica. Es necesario valorizar a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, a ancianos y jóvenes, a las personas homosexuales, a las comunidades afrodescendientes, y en general a todos los grupos que a lo largo de la historia han sido objeto de discriminación y vulneración de sus derechos humanos básicos y se les ha excluido de los procesos políticos.

LA DESIGUALDAD NO ES UNA FATALIDAD INMODIFICABLE

El desafío de la desigualdad global nos plantea superar el fatalismo de quienes han dicho que la inequidad es un dato de la realidad inmodificable, que no podemos alterar. Nuestro primer paso debe apuntar a despertar una nueva conciencia, que nos permita alcanzar la confianza en las posibilidades humanas de interdependencia y responsabilidad global. En 1800, según datos históricos, la desigualdad económica entre las distintas regiones del mundo era bastante irrelevante. Desde entonces la situación ha variado radicalmente. A partir del año 1900 se ensanchó la diferencia entre el nivel de ingreso medio en los países ricos del “norte” y el de los países pobres del “sur”, hasta llegar a una proporción de 1 a 4. Desde entonces la brecha entre ricos y pobres ha aumentado a un ritmo cada vez más acelerado. En la actualidad, la proporción es de 1 a 30. Estudios de Naciones Unidas muestran que el 2% de los adultos más rico en el mundo posee más de la mitad de la riqueza global de los hogares. En contraste, la mitad más pobre de la población adulta del mundo sólo es dueña del 1% de la riqueza global1. Para ingresar al 10% más rico de los adultos en el mundo se requiere $61,000 en activos y más de $500,000 para pertenecer en la categoría del 1% más rico. Esta riqueza mundial está sumamente concentrada en Norteamérica, Europa y los países de altos ingresos en el área de AsiaPacífico. La población de estas naciones posee colectivamente 90% de la riqueza total global. En EEUU, por ejemplo, viven el 37 por ciento de los muy ricos; luego viene Japón, con un 27%. A pesar de que en Norteamérica sólo habita 6% de la población adulta mundial, posee 34% de la riqueza. Europa y los países de altos ingresos en el área de Asia-Pacífico también tienen una riqueza desproporcional. En cambio, la participación en la riqueza de los habitantes de África, China, India y otros países de ingresos bajos en Asia es considerablemente menor a su participación poblacional, en algunos casos por un factor mayor a diez. A pesar de lo alarmante de las cifras globales, también es posible constatar que la concentración de la riqueza no se desarrolla de modo uniforme en el mundo. Por ejemplo, Japón y Estados Unidos, dos economías de alta riqueza muestran diferentes patrones de inequidad de la riqueza: Japón con un Gini de riqueza de 55% y Estados Unidos con un Gini de riqueza alrededor de 80%. Similar situación se observa en países nórdicos, en los cuales el sistema de seguridad social permite contener las inequidades y proponer medidas de redistribución efectivas. Por lo tanto, rechazamos las pretensiones de naturalizar la desigualdad, justificada como el sacrificio necesario para alcanzar el desarrollo y el mantenimiento de las libertades.

LOS LÍMITES DE LAS POLÍTICAS SOCIALES FOCALIZADAS

La crisis del paradigma neoliberal más ortodoxo impulsó un giro bastante notorio en el debate de los años noventa. Se comenzó a plantear que el conflicto entre crecimiento y equidad puede ser evitable. Para ello se señaló que no bastan las medidas de liberalización y de desregulación que constituyen la esencia de la propuesta tradicional, y que suponen mercados perfectos inexistentes. Se comenzó a afirmar que es posible crecer con equidad, de forma simultánea y no secuencial, siempre que se aplique un enfoque integrado, en que se incorpore en la política económica tanto el objetivo de la disminución de la inequidad, como el impulso al crecimiento, con la condición de implementar políticas sociales que prioricen la eficiencia del gasto público. Este análisis ha dado lugar a programas focalizados de transferencia de renta que apuntan al establecimiento de sistemas de protección social que permiten garantizar ciertos estándares mínimos, elevando los niveles de alimentación, escolaridad, cobertura previsional y salud, entre otros factores2. Se busca así mejorar los sistemas de protección social “fortaleciendo los dispositivos públicos existentes, introduciendo transformaciones sustantivas en la organización e instrumentos de protección y mejorando sensiblemente la provisión y regulación de servicios sociales”3. No podemos dejar de reconocer que millones de personas se benefician de programas sociales como los que hemos descrito, pero a nuestro juicio se trata todavía de políticas que buscan paliar la pobreza extrema, sin lograr revertir la tendencia al acrecentamiento de las desigualdades. Además, es posible que este tipo de políticas opere dentro un modelo asistencialista, que perpetúe la dependencia de los beneficiados al no constituir un sistema de seguridad social universal. Por lo cual, su sola existencia no logrará disminuir la desigualdad de modo profundo y sostenido. Al mismo tiempo, sin un adecuado proceso de vigilancia ciudadana, se corre el riesgo de que estos programas sirvan de apoyo a los procesos de clientelismo político asociado al control de los catastros, y la cooptación de los movimientos sociales. Además, un análisis exclusivamente centrado en la superación de la pobreza medida en función del nivel de renta puede llevarnos al autoengaño, ya que no es lo mismo que todos los pobres estén en similar situación que si la mitad roza el umbral de la pobreza y la otra mitad vive en la pobreza más absoluta. Para los gobiernos puede ser fácil sacar de la pobreza a los “menos pobres” ya que con pocas inversiones puede mejorarse su nivel de ingresos y situarlos sobre la línea de la pobreza, sin por ello elevar las capacidades básicas de la población. La pobreza no es una cuestión de escaso bienestar, sino de la incapacidad para conseguir ese bienestar de forma autónoma y permanente. Por lo tanto, lo que se debe medir no es el nivel de renta, sino el nivel de libertad que las personas tienen para llevar la forma de vida que valoran o que desean llevar, ya que el ser humano no es mero receptor de prestaciones, sino un creador de su propio destino y responsable ético de su entorno local y global. En definitiva, al implementar unívocamente estas políticas focalizadas es posible que el imprescindible combate al hambre y la pobreza se disocien de la lucha contra los mecanismos de permanente reproducción y ampliación de las desigualdades sociales y la exclusión. El resultado será una sociedad con un alto porcentaje de la población sobre la línea oficial de pobreza, pero con enormes inequidades, dependencia endémica a los planes gubernamentales y con graves amenazas a su cohesión social y sustentabilidad ambiental.

LAS CONTRADICCIONES ENTRE LIBERALIZACIÓN COMERCIAL Y RESTRICCIONES MIGRATORIAS

No es posible desconectar la discusión sobre la desigualdad mundial de los debates sobre el sistema multilateral de comercio. En la década del noventa el FMI, el Banco Mundial y la OMC prometieron, sobre la base del “consenso de Washington”, que la desregulación comercial y de los mercados permitiría el desarrollo. Sin embargo, la experiencia de nuestros países nos muestra que las nuevas reglas comerciales internacionales han buscado favorecer las ganancias y la seguridad jurídica de las inversiones de las grandes transnacionales en distintos campos como servicios, recursos naturales, compras públicas y propiedad intelectual. El proceso de liberalización comercial ha generado un modelo de desarrollo excluyente que sólo busca el crecimiento económico y no responde a principios elementales de sustentabilidad. Desde América Latina y el Caribe hemos experimentado en la última década la enorme presión que ejercen la Unión Europea y los Estados Unidos para imponer Tratados de Libre Comercio, especialmente por medio de negociaciones bilaterales. Estos acuerdos han buscado garantizar el acceso a los mercados de sus productos, a recursos naturales y materias primas para sus industrias, así como condiciones de estabilidad para sus inversiones. Mientras el Sur Global abrió su mercado y desrreguló su economía, los países del Norte siguieron protegiendo a sus productores textiles, subsidiando a sus agricultores, protegiendo sus industrias marítimas y de la construcción o imponiendo multas a los países pobres con el argumento de que hacen dumping. Por esta razón los procesos de negociación comercial iniciados a partir de Doha en 2001 no han llevado a ninguna parte, ya que los países más ricos siguen ofreciendo un acuerdo injusto e inaceptable. Consideramos que será imposible disminuir la desigualdad y consolidar un sistema multilateral de comercio basado en la justicia y la reciprocidad si los países ricos continúan obligando al resto del mundo a someterse a reglas de apertura de mercados, sobre todo si estos procesos desconocen las asimetrías y diferentes capacidades políticas e institucionales de nuestras naciones. Por contraste, mientras las fronteras comerciales se abrieron y se eliminaron las restricciones para el libre flujo de mercancías, capitales, inversiones e información, las fronteras físicas cada vez se han cerrado cada vez más para evitar la circulación de seres humanos de un país a otro. Durante las negociaciones comerciales internacionales se ha excluido permanentemente el tema de la migración y el intercambio de mano de obra. Al contrario, la tendencia ha sido a endurecer las restricciones migratorias hasta el límite de la instauración del delito de inmigración no documentada. El flujo migratorio internacional es inherente a las disparidades económicas y sociales y al diferencial salarial entre los países del Norte y el Sur. Por este motivo, el respeto al derecho a la libre movilidad de las personas es un elemento intransable en una agenda contra las desigualdades.

DESIGUALDAD GLOBAL Y LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Una de las consecuencias más inquietantes del acrecentamiento de las desigualdades globales radica en la distribución de los efectos y las responsabilidades en el proceso de cambio climático. Como ha señalado el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el trastorno de las temperaturas y las precipitaciones tiene impactos socioeconómicos importantes en el sector de la agricultura, sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, la salud humana, etc. Por este motivo, el calentamiento global actúa como un amplificador de las vulnerabilidades existentes en los sectores más empobrecidos y desiguales del planeta, generando presiones demográficas, crecimiento urbano descontrolado, escaso nivel de inversión en infraestructura, deforestación, desertificación, degradación de los corales, contaminación, etc. En síntesis, el proceso de cambio climático debilita el crecimiento económico y agudiza las desigualdades, al dejar a una gran parte de la población vulnerable a impactos económicos y naturales impredecibles.

LAS ALTERNATIVAS QUE PROPONEMOS

A. AMPLIACIÓN Y RADICALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

La consolidación de la democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía, son elementos imprescindibles en la ampliación y reconocimiento de los derechos de ciudadanos y ciudadanas en un mundo desigual. Por este motivo es central la promoción de la participación democrática de todos los países y de todos los pueblos, y especialmente de los grupos marginados en la sociedad, garantizando la incidencia efectiva de todos los países y de la sociedad civil global en los procesos que determinan la agenda internacional. Para ello es necesario ratificar el multilateralismo como principio irreductible de un orden internacional pacífico, justo y que asume la tarea de democratizar las instituciones de gobernanza global. La lucha contra las desigualdades debe poner de manifiesto la dimensión económica y cultural de la democracia, promoviendo el fortalecimiento de los actores sociales y políticos; la necesidad de profundas reformas de los Estados, que permitan incrementar su legitimidad y la confianza de la ciudadanía por medio de mayor control y transparencia de la gestión pública; la profundización de los procesos de descentralización y regionalización; la ampliación de los mecanismos de participación, y el fortalecimiento de las redes de la sociedad civil. Este objetivo implica también dinamizar los espacios y procesos no institucionalizados de participación ciudadana y el reconocimiento de la importancia y legitimidad de la movilización y protesta social.

B. RECONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES

El carácter primario-exportador de los países del Sur, exige que su inserción internacional no esté supeditada a los intereses del capital transnacional y de los grandes grupos de poder. Para ello se deben apoyar los procesos de integración regional y subregional e impulsarles a generar modelos de desarrollo propio, sostenible, comunitario y alternativo basados en la equidad y la justicia. Para ello es fundamental que el reconocimiento de las asimetrías sea el principio que guíe sus acuerdos. Se deben denunciar y rechazar agendas negociadoras comerciales que busquen romper o resquebrajar los procesos de integración regional. De la misma forma, se deben excluir de las negociaciones temas tales como agua, servicios, inversiones, compras públicas, competencia y propiedad intelectual. La agricultura debe recibir un trato especial en las negociaciones, reconociendo los principios de seguridad y soberanía alimentaria, y eliminando las distorsiones que generan los subsidios agrícolas, afectando a los productores más pobres. El combate a las causas y condiciones que crean y reproducen la desigualdad se debe vincular a la generación de empleo productivo, al derecho al “Trabajo Decente”, sin excepcionalidad para las empresas multinacionales, asegurando el cumplimiento de idénticos estándares laborales y tributarios a escala global. Se debe garantizar el derecho a sindicalización, a la expresión de inquietudes laborales y a la justa participación en el proceso productivo. Es necesario crear condiciones para dar protección a los sectores informales de la economía mediante programas de protección que les permitan el acceso a beneficios de salud o jubilación y mayor vinculación a los espacios económicos formales y estructurados. Los programas sociales focalizados son, ciertamente, indispensables, ya que constituyen una red de protección a los más vulnerables, como los niños, los enfermos y los ancianos. Sin embargo, su existencia exige simultáneamente la universalización y exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales. Por este motivo es necesario ir mucho más allá de los programas de transferencia de renta hacia políticas de distribución más equitativa de los beneficios de la economía mundial. Por ello, se deben reorientar las políticas sociales hacia sistemas de protección social que superen la visión focalizada de las políticas compensatorias, diferenciando claramente los aspectos que se refieren a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Para ello es necesario cambiar los parámetros de medición de la pobreza, estandarizando niveles internacionales apropiados, que no encubran la realidad. Es necesario elevar los “umbrales sociales”, estableciendo parámetros que permitan elevar progresivamente el salario mínimo, el tamaño y calidad de la vivienda social, de las pensiones mínimas, y garantizar el derecho a la salud y educación pública de calidad para todos y todas. Hay que detener, o hacer retroactivas allí donde ya hayan ocurrido, las privatizaciones de los sistemas sociales y de importantes infraestructuras como las redes energéticas y el transporte carretero. La vivienda deber ser uno de los componentes de los programas sociales de los gobiernos. Su acceso no puede estar en manos de los especuladores hipotecarios ni de las instituciones financieras privadas. Es indispensable establecer mecanismos para reducir las asimetrías de poder: entre trabajadores y empresarios, entre PYMES y grandes empresas, entre consumidores y productores, etc. Para ello se deben desarrollar instrumentos de estímulo a la transformación productiva, al desarrollo local; el fortalecimiento de la asociatividad productiva y la economía social, la agricultura familiar y las pequeñas y medianas empresas; hacer más eficientes e igualitarios los servicios públicos de las regiones menos integradas al desarrollo, garantizando la cobertura de salud, especialmente para las mujeres y los niños.

Se hace urgente reconocer el derecho a la libre circulación de las personas y el disfrute pleno de los derechos de las personas migrantes. Para ello se debe implementar un diálogo político Norte-Sur basado en un enfoque comprensivo de la migración regular e irregular, y que comprenda los vínculos entre migración y desarrollo. Los países del Norte deben reformar su legislación migratoria de manera que garantice la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales, garantizando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Finalmente, es necesaria una reestructuración general del esquema tributario de nuestros países, para garantizar menores impuestos para quienes menos poseen, desincentivando la evasión, y garantizando la mayor eficiencia del gasto público. Por ejemplo, implementando reformas tributarias con impuestos a la renta, de personas y empresas, más progresivos. Sin una medida de esta naturaleza no podremos alcanzar mayor equidad interna en nuestras naciones.

C. HACIA UN NUEVO SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

La complejidad del actual sistema financiero hace imposible resolver los problemas con un solo instrumento, sin embargo es posible señalar elementos indispensables: Se debe establecer un sistema que garantice la tributación progresiva de las rentas del capital y que revierta los estímulos del sistema financiero a lograr beneficios exorbitantes mediante la especulación. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la tributación de todos los tipos de transferencias de capital, incluidas las transacciones monetarias, a fin de reducir la hipertrofia del sector financiero y de frenar la tendencia cada vez más acelerada al funcionamiento a corto plazo. Para ello es necesaria la implementación a escala mundial de la Tasa Tobin-Spahn, consistente en la instauración de un impuesto sobre las operaciones de cambio divisas y de moneda, lo que constituiría un instrumento eficaz para combatir futuras crisis financieras de naturaleza especulativa y sería capaz de recaudar a nivel mundial 50.000 millones de dólares anuales con los que poder contribuir a la financiación del desarrollo de los países del sur. No se puede postergar la reforma profunda a las instituciones de Bretton Woods. Hay que colocar el FMI y el BM bajo el control de una Organización de Naciones Unidas democratizadas y fortalecidas, que se inserten en una nueva arquitectura de gobernanza mundial que permita la reducción real de la pobreza por medio de la implementación de mecanismos de justicia tributaria y comercial a nivel global. La catástrofe financiera en curso debería mostrar a los Bancos Centrales que el control de la inflación de los precios de los activos financieros es tan importante como la inflación de los precios al consumo. En consecuencia es responsabilidad de los Bancos Centrales impulsar políticas de desarrollo y de empleo, y no solo el control inflacionario. La banca de inversión debe separarse de otros servicios financieros. Debe fortalecer el sector de la banca pública y cooperativa. Se deben proscribir los centros bancarios extraterritoriales (OFCs) y paraísos fiscales, que sólo sirven a quienes desean ocultar sus activos de las autoridades fiscales, como las mafias, los terroristas, los comerciantes de armas y otras fuerzas criminales que quieren blanquear su dinero. Se trata de instituciones que deben ser deben ser completamente clausuradas. Ya que este objetivo no es posible a corto plazo, dado que algunos grandes países industrializados mantienen OFCs, los Estados pueden obligar a los bancos bajo su soberanía que mantienen sucursales en paraísos fiscales a cerrarlas, bajo amenaza de levantar el secreto bancario y gravar con un alto impuesto las transacciones con OFCs. Llegó el momento en que los gobiernos se deben esforzar por detener y revertir la hemorragia fiscal que afecta a todos los países. Para ello demandamos ampliar la lucha contra la evasión, el fraude y el dumping fiscal. Estos esfuerzos, pasan por la desaparición de los paraísos fiscales, por la limitación del secreto bancario, y por una nueva reflexión sobre la movilidad de capitales. Los instrumentos propuestos deben ser considerados como un primer paso para la implementación de un sistema tributario internacional, frente a la menor capacidad que actualmente tienen los Estados para recaudar recursos. Es necesario fijar límites regulatorios al endeudamiento, en primer lugar la de los hogares, imponiendo topes máximos, en todos los países, a la proporción de intereses y amortizaciones respecto de los ingresos. Se debe reformar al gobierno de las empresas, que permitan valorizar a los accionistas a largo plazo por sobre los especuladores. Los sindicatos, los consumidores y otras partes interesadas deben tener participación creciente en la toma de decisiones de las empresas. Son inaceptables las reformas de tipo cosmético o algunas medidas regulatorias cuyo objetivo no es más que proteger el dinero de los ricos o el tipo de acumulación derivada de la especulación con activos financieros. La actual crisis financiera internacional se convierte en una inmejorable posibilidad para rediseñar estos criterios y establecer mecanismos fiscales que desanimen la especulación y la corrupción, y que además permitan financiar unas instituciones mundiales sólidas y con competencias efectivas contra el cambio climático y para extender a todo el planeta los derechos humanos y la protección social.

D. JUSTICIA AMBIENTAL GLOBAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Ante la amenaza del cambio climático, es necesario establecer principios de justicia ambiental que establezcan que todos los países tenemos compromisos comunes, pero diferenciados. Por lo tanto, los costes de gestión de las crisis deben ser asumidos por los que se han beneficiado hasta ese momento de ganancias fabulosas. Se debe crear un fondo de crisis para paliar las consecuencias del cambio climático sobre la economía real. Es necesario que los países más industrializados asuman que al ser los que más energía gastan, los que más contaminan y los que emiten más gases de efecto invernadero, deben asumir compromisos tanto en el plano institucional, como técnico, económico y jurídico, acordes con esta realidad. Es apremiante delimitar una clara diferenciación de responsabilidades a nivel global, regional y nacional, que se traduzca en mecanismos financieros diferenciados para reducir la vulnerabilidad de los más pobres, como también de los Ecosistemas y biodiversidad. También urge discutir sobre la explotación sostenible de nuestros recursos naturales. Es necesario, al menos, implementar impuestos compensatorios por el aporte de los recursos naturales a la producción. Esta renta debería ser pagada a la ciudadanía, propietaria de esos recursos, representada en el Estado. Un mecanismo de esta especie permitiría corregir las distorsiones en el mercado, sincerar los costos de producción, y hacer más eficiente las economías. Se debe garantizar el acceso al agua como bien social y derecho humano fundamental, frenando los acelerados procesos de deforestación y desertificación, preservando la biodiversidad de los ecosistemas hídricos y terrestres y protegiendo la calidad del aire y de los suelos. Fortalecer la institucionalidad ambiental de los Estados para ejercer control sobre las actividades económicas y productivas en protección de las poblaciones originarias, del patrimonio ambiental, y de la diversidad biológica y cultural. Implementar fondos y mecanismos de cooperación para dotar a las comunidades más vulnerables de capacidades para la gestión del riesgo provocado por los fenómenos extremos derivados del cambio climático.

E. FORTALECIMIENTO Y REDISEÑO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La MESA recalca la importancia del compromiso de los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de dedicar el 0,7 por ciento de su PIB para este fin, meta acordada en el 2002, en el llamado ‘Consenso de Monterrey’. Instamos al respeto de esos acuerdos y reafirmamos la necesidad de continuar un debate sobre la reforma de los instrumentos internacionales de la Cooperación al Desarrollo, su eficacia y su sostenibilidad. Lamentablemente, hoy sólo cinco países cumplen actualmente con este objetivo (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia). Es alarmante, además, que algunos gobiernos intenten cumplir esta meta contabilizando como ayuda la cooperación en defensa. Este tipo de argucias puede significar que las cifras de Cooperación Pública al desarrollo se incrementen artificialmente sin que los países del Sur reciban los montos suficientes y no condicionados imprescindibles para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Nos preocupa de sobremanera la disminución sistemática de la participación de América Latina y el Caribe en el flujo total de cooperación oficial al desarrollo, que ha descendido de un promedio del 13 % en el período 1980-2000, al 9 % entre el 2002 y el 2006. Este descenso se explica principalmente por la menor proporción que recibieron los países catalogados por los organizamos financieros internacionales como de “renta media” y “media-alta” como Chile, Argentina, Venezuela, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela y Uruguay, para los que la cooperación se redujo del 2,5 al 1,1 por ciento. Se trata de países donde las brechas de desigualdad se han agravado en las últimas décadas, provocando rupturas profundas en su cohesión social. Un proceso similar se vislumbra en los países de ingresos medios-bajos, como Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, quienes concentraron el 5,2 por ciento de la ayuda para el desarrollo, mientras que los de ingresos bajos, como Haití, Honduras y Nicaragua, alcanzaron el 3,1 por ciento. Es necesario recordar que los montos de cooperación a América Latina y el Caribe son mucho menores que los flujos de capital que salen de la región con motivo del servicio de la deuda externa y de las enormes utilidades que las transnacionales obtienen en nuestros países. Por este motivo, consideramos que esta generalizada disminución de la participación de América Latina y el Caribe en los flujos de cooperación internacional es un proceso que amenaza gravemente los esfuerzos por reducir las inequidades, ya que se basa en criterios que avalan los condicionamientos políticos y económicos que sostienen las desigualdades de la región más desigual del planeta. A nuestro juicio debe existir un vínculo profundo entre la naturaleza de los recursos destinados al desarrollo (que deben ser nuevos, estables y previsibles en el largo plazo), y su impacto, que no se puede reducir a cubrir necesidades urgentes, sino que debe apuntar a producir capital humano de largo plazo y a permitir la superación de las desigualdades entre los países y al interior de los mismos. Por este motivo, el Comité de Asistencia para el Desarrollo debe promover la necesaria participación y el diálogo institucionalizado con la sociedad civil, lo que implica establecer mecanismos efectivos de consulta, monitoreo y evaluación de los criterios, proyectos y programas de cooperación internacional. La sociedad civil latinoamericana y caribeña posee propuestas concretas que permitirían establecer mecanismos menos costosos, más eficaces y libres de condicionantes, por medio de una administración transparente, participativa y atenta a la distribución y utilización de esos recursos. Al mismo tiempo, advertimos señales preocupantes, que muestran un debilitamiento del debate sobre sistemas tributarios globales, pues en la práctica muchos países han optado por entrar en una dinámica de contribuciones con cargo a los presupuestos nacionales, sin tocar al sistema financiero internacional. Llamamos a los gobiernos a continuar en la reflexión en torno al establecimiento de una tributación adicional sobre las ganancias de las trasnacionales y los flujos financieros internacionales, a implementar una tributación “ecológica”, dirigida a los actores que se benefician ampliamente de la globalización y cuyas actividades conllevan considerables externalidades negativas sobre el medio ambiente, y a dar una lucha firme contra la evasión fiscal, el dumping, los paraísos fiscales, la fuga de capitales y la competencia fiscal entre los Estados. Al enfrentar este tipo de temas estaremos pensando en el embrión de un sistema de redistribución global. La cooperación al desarrollo debe incluir la discusión de la deuda externa de los países pobres y en desarrollo, incluyendo el apoyo y fomento a los procesos de su auditoría como herramienta para determinar su legitimidad que nos reclaman los países europeos, así como las consecuencias de su pago. Luego de muchos años, en los que se pregonaba que la globalización podía resolver por si sola los grandes problemas de la humanidad, hoy se está aceptando cada vez más la necesidad y la urgencia de establecer mecanismos solidarios de carácter global. Se ha roto el tabú y hoy podemos hablar abiertamente de establecer normas e impuestos de carácter mundial, que permitan ejercer alguna forma de control democrático sobre los mercados. Por ese motivo, está en juego la creación de instrumentos mundiales de redistribución, que permitan dar un nuevo rostro a la globalización.

NUESTRO COMPROMISO DINAMIZADOR CONTRA LA EXCLUSIÓN Y LA DESIGUALDAD

Sabemos que una gran parte del costo de las crisis actuales serán soportadas por cientos de millones de personas que no han participado de los beneficios del crecimiento reciente. Frente a este drama deseamos contribuir a la amplia agenda de cambios que proponemos y que estamos dispuestos a discutir y construir junto con los ciudadanos y ciudadanas que se organizan y actúan de forma conjunta. Nuestra MESA DE ARTICULACIÓN reafirma su compromiso con la democracia en cuanto proceso continuo de ampliación de derechos y con la lucha contra la desigualdad y la exclusión social en nuestro continente.

Estamos conscientes que los derechos humanos no consisten tanto en definiciones jurídicas, sino principalmente en procesos dinámicos de confrontación de intereses que pugnan por ver reconocidas sus propuestas, partiendo de diferentes posiciones de poder. Por esa razón, sabemos que para lograr estos objetivos debemos sumarnos al esfuerzo de los movimientos sociales que se movilizan para dar un contenido de equidad a las iniciativas de desarrollo y de integración de nuestros países, así como de los que resisten las políticas de privatización y mercantilización de la vida.

Se trata de convenciones que hay que hacer funcionar creando las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias para ello. Por lo tanto, la superación de la desigualdad exige de la sociedad civil un esfuerzo constante en la construcción de marcos de relación que posibiliten alternativas y tiendan a garantizar posibilidades de acción amplias en el tiempo, en aras de la consecución de los valores de la vida, de la libertad y de la igualdad. Somos conscientes de que nuestros principios y prácticas chocan con los mecanismos y actores responsables por la producción de desigualdad y pobreza en la región, por lo que convocamos a los sectores democráticos de nuestras sociedades y a nuestros parlamentos para asegurar la libertad y autonomía de nuestras organizaciones y de nuestras prácticas, que realizamos cada vez más en alianzas con otros actores de la sociedad civil. En una América Latina que demuestra en los últimos años una impresionante movilización social que se expresa también en la elección de gobiernos progresistas y orientados para la promoción de la justicia social, no aceptaremos limitaciones arbitrarias a nuestra autonomía, ni restricciones a nuestra legitimidad para debatir, y actuar en función de esta agenda ciudadana. Nuestras organizaciones han comprometido sus esfuerzos desde hace décadas. Y en el siglo XXI, asumen una agenda en pro de la equidad que exige y presiona los programas de los partidos políticos, de los gobiernos y a los organismos internacionales, convencidos que su rol supera la denuncia y los diagnósticos y exige movilización y acción transformadora.

Noviembre de 2008

ABONG, Asociación Brasileña de ONG, Brasil

ACCION, Asociación Chilena de ONG, Chile

AD HOC / Convergencia, México

ALOP, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo

ANC, Asociación Nacional de Centros, Perú

ANONG, Asociación Uruguaya de ONG, Uruguay

Articulación Feminista MARCOSUR CCONG,

Confederación Colombiana de ONG, Colombia CONGCOOP,

Coordinadora de ONG y Cooperativas, Guatemala CEAAL,

Consejo de Educación de Adultos de América Latina CRIES, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales Grupo Propuesta Ciudadana, Perú

PIDHDD, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

POJOAJU, Asociación Paraguaya de ONG, Paraguay

Red ENCUENTRO de Entidades No Gubernamentales, Argentina

SINERGIA, Venezuela UNITAS, Bolivia.

MESADEARTICULACION.ORG

LA ENCRUCIJADA FINANCIERA

Vivimos en medio de una serie de crisis mundiales que tienen dimensiones financieras, económicas, energéticas, alimentarias y climáticas, que coinciden, confluyen y se combinan mutuamente y que exigen rápidas y profundas decisiones. Si la cumbre sobre la crisis financiera, convocada por el G 20 en Washington, no se asume la gravedad política de este cuadro se afectarán las condiciones de vida en todo el mundo, provocando efectos difíciles de prever, pero que sin duda dañarán de modo especial a los países del Sur.

En América Latina sabemos, por experiencias anteriores, que una de las consecuencias más claras de este tipo de situaciones es el agravamiento de la desigualdad, inequidad y exclusión en nuestras naciones. La resolución de las crisis puede incrementar de forma dramática esta situación, o al contrario, ser una oportunidad de revertir un camino que no lleva más que a la exclusión de las grandes mayorías. Se impone, por lo tanto, una reforma profunda al sistema financiero internacional. La complejidad de esta estructura hace imposible resolver los problemas con un solo instrumento, sin embargo es posible señalar elementos indispensables:

Se debe establecer un sistema que garantice la tributación progresiva de las rentas del capital y que revierta los estímulos del sistema financiero a lograr beneficios exorbitantes mediante la especulación. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la tributación de todos los tipos de transferencias de capital, incluidas las transacciones monetarias, a fin de reducir la hipertrofia del sector financiero y de frenar la tendencia cada vez más acelerada al funcionamiento a corto plazo.

Para ello es necesaria la implementación a escala mundial de la Tasa Tobin-Spahn, consistente en la instauración de un impuesto sobre las operaciones de cambio divisas y de moneda, lo que constituiría un instrumento eficaz para combatir futuras crisis financieras de naturaleza especulativa y sería capaz de recaudar a nivel mundial 50.000 millones de dólares anuales con los que poder contribuir a la financiación del desarrollo de los países del sur.

No se puede postergar la reforma profunda a las instituciones de Bretton Woods. Hay que colocar el FMI y el BM bajo el control de una Organización de Naciones Unidas democratizadas y fortalecidas, que se inserten en una nueva arquitectura de gobernanza mundial que permita la reducción real de la pobreza por medio de la implementación de  mecanismos de justicia tributaria y comercial a nivel global.

La catástrofe financiera en curso debería mostrar a los Bancos Centrales que el control de la inflación de los precios de los activos financieros es tan importante como la inflación de los precios al consumo. En consecuencia la principal responsabilidad política de los Bancos Centrales es impulsar políticas de desarrollo y de empleo, y no solo el control inflacionario.

La banca de inversión debe separarse de otros servicios financieros. Se debe fortalecer el sector de la banca pública y cooperativa. Se deben proscribir los centros bancarios extraterritoriales y paraísos fiscales, que sólo sirven a quienes desean ocultar sus activos de las autoridades fiscales, como las mafias, los terroristas, los comerciantes de armas y otras fuerzas criminales que quieren blanquear su dinero. Se trata de instituciones que deben ser deben ser completamente clausuradas.

Llegó el momento en que los gobiernos se deben esforzar por detener y revertir la hemorragia fiscal que afecta a todos los países. Para ello demandamos ampliar la lucha contra la evasión, el fraude y el dumping fiscal. Estos esfuerzos, pasan por la desaparición de los paraísos fiscales, por la limitación del secreto bancario, y por una nueva reflexión sobre la movilidad de capitales.

Son inaceptables las reformas de tipo cosmético o algunas medidas regulatorias cuyo objetivo no es más que proteger el dinero de los ricos o el tipo de acumulación derivada de la especulación con activos financieros. La actual crisis financiera internacional se convierte en una inmejorable posibilidad para establecer mecanismos fiscales que desanimen la especulación y la corrupción, y que además permitan financiar unas instituciones mundiales sólidas y con competencias efectivas contra el cambio climático y para extender a todo el planeta los derechos humanos y la protección social.