DESAPARECIENDO A LOS DESAPARECIDOS

La revelación de los tres casos de “falsos detenidos desaparecidos” ha permitido a la derecha pinochetista volver a retomar su proyecto de olvido e impunidad para Chile. “No cabe la menor duda que existiendo o apareciendo estas nuevas evidencias hay derecho perfecto para dudar de todo lo que se ha estado diciendo y explotando políticamente en torno a estas situaciones de detenidos desaparecidos”. Esta es la posición del ex vicecomandante en jefe del Ejército, Guillermo Garín. Por su parte, Juan Carlos Mans, abogado de Manuel Contreras, aseguró que su defendido debe salir libre “porque no hay desaparecidos en Chile”. Posturas semejantes han mantenido un coro de negacionsitas contumaces del genocidio pinochetista, tales como Hermógenes Perez de Arce e Iván Moreira, entre otros.

La Presidenta Michelle Bachelet, ante estas aberrantes afirmaciones, ha declarado: “La violación de los derechos humanos es una vergüenza nacional y una verdad histórica que no permitiremos que se ponga en duda”. ¿Pero, cómo hacerlo? ¿Cómo sancionar a quienes pretenden hacer desaparecer por segunda vez a los detenidos desaparecidos?

La coyuntura abierta por estos casos ha sido una oportunidad de oro para quienes desean negar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar chilena. Se trata de un proyecto “negacionista” permanente, que aprovecha situaciones bochornosas, como esta, para salir a la luz pública. El negacionismo, en varios países, constituye un delito consistente en el cuestionamiento explícito de crímenes contra la humanidad y/o la difusión de ideas que los “justifiquen”. De esta forma, instrumentos legales como el Convenio europeo de Derechos Humanos han permitido sancionar a neonazis y neofascistas que han negado los crímenes de la segunda guerra mundial.

Hasta el momento, se ha tratado de penalizar a quienes niegan los crímenes definidos por el Tribunal de Nuremberg en 1946, cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Pero poco a poco, en distintos países de Europa, se ha abierto la puerta para comprender de una manera mucho más amplia este delito, lo que llevará a que se sancione a todos quienes nieguen o realicen apologías de crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo.

En la actualidad Francia, Alemania y Bélgica sancionan exclusivamente el delito de negacionismo del genocidio judío. Pero en España y en Suiza es delito la apología de cualquier crimen contra la humanidad. Actualmente la Corte Europea de Derechos Humanos pretende homogeneizar. En ese contexto la UE podría asumir el criterio español, que no sanciona como delito el debate histórico sobre los crímenes de genocidio, sino la difusión de ideas que los “justifiquen”. Bajo ese marco sería posible condenar no sólo a quienes traten de minimizar los crímenes nazis, sino a muchos otros personajes que por lo común legitiman todo tipo de genocidios y crímenes políticos. En Chile estamos muy lejos de este tipo de regulaciones, pero abundarían los candidatos a una sanción europea.

Castigar penalmente a quienes niegan o legitiman las violaciones de los derechos humanos puede acarrear graves costos, en especial en sociedades en que la libertad de expresión ha tenido tantas dificultades para afianzarse. Pero no deja de ser contrastante la liviandad con la que se da espacio en nuestro país a afirmaciones éticamente aberrantes que en otras latitudes serían motivo de escándalo y de condena.

LA HORA CRUCIAL DE AMÉRICA LATINA

La Primera Cumbre de Presidentes de América Latina y el Caribe, a la cual han asistido 33 de los presidentes de nuestra región, ha sido el mejor final para un año en el que Latinoamérica ha consolidado su voluntad de integración y autonomía. 2008 se deberá recordar como un año clave, en el que se han cruzado ciertos límites autoimpuestos y fronteras no deseadas que imposibilitaron por largos años la concreción del anhelo integrador.

El signo más palpable de este giro se dio en Santiago, en la cumbre de UNASUR que se atrevió a apoyar el proceso democrático boliviano y comisionar a un comité encabezado por Juan Gabriel Valdés para verificar la matanza de Pando. A su vez, la cumbre de Costa de Sauípe se recordará por dar una nueva señal de autonomía regional: fue el anuncio de la constitución de una organización permanente en la que se subsumirán el actual Grupo de Río y la recién creada cumbre de América Latina y del Caribe para la integración y el desarrollo (CALC). Se tratará de la primera organización de este tipo en los 200 años desde la independencia de nuestros Estados de América Latina. Se barajan nombres como Organización de Estados Latinoamericanos y del Caribe o simplemente Unión de Latinoamérica y el Caribe.

Paralelamente, en el marco de UNASUR, se anunció la conformación de un Consejo de Defensa Suramericano, basado en reforzar la confianza entre las fuerzas armadas de la región y un Consejo de Salud Suramericano, cuyo objetivo será la promoción de políticas sanitarias comunes y cooperación en esa materia.

Estos avances son innegables. América Latina ha pasado de ser un actor mudo, fragmentado y estático en los debates internacionales a plantear construir una posición común ante la actual crisis económica mundial. En razón de esta decisión los gobiernos de la región buscarán participar activamente en la Conferencia de Alto Nivel sobre la crisis financiera, que se desarrollará en el marco de la  ONU, en el primer semestre de 2009. La presidenta Bachelet ha ofrecido a Chile como sede para desarrollar esta reflexión conjunta.

Estos pasos son palpables y concretos, por lo que han provocado la reacción de quienes siempre se han opuesto a la integración y a la independencia de Latinoamérica. Es curioso notar en la prensa chilena un desdén obsesivo hacia una dinámica que es ampliamente reconocida y valorada por la ciudadanía, en cada uno de nuestros países. En esa lógica es curioso notar el afán de tratar de convertir en conflicto el necesario debate que los mandatarios desarrollan y las tensiones propias de la construcción se vuelven por el arte de magia mediático en trabas imposibles de superar.

Es cierto que estructuras de la integración latinoamericana, centrados unívocamente en la dimensión comercial, como la Comunidad Andina y el MERCOSUR no atraviesan por buenos momentos. Sin embargo, la dinámica que surge desde UNASUR, el Grupo de Río, y los nuevos instrumentos de cooperación regional van a impulsar un proceso que podrá superar estos límites y contradicciones.

El verdadero desafío para este proceso integrador radica en incorporar a la ciudadanía. Sin el aporte de la sociedad civil es posible que estos avances sufran retrocesos y no se consoliden. Tal como lo afirma el Tratado Constitutivo de UNASUR, “la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la unión suramericanas, requiere del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR”.

Chile mantendrá hasta la cumbre de Abril la presidencia pro-tempore de UNASUR. Es la oportunidad para que nuestro país inaugure una instancia oficial de de información, consulta y seguimiento de este proceso. La modalidad debería contemplar una Conferencia en la que participe el mundo sindical, ONGs y movimientos sociales de la región y también un espacio de interacción con Jefes de Estado y Altos Representantes al finalizar esta actividad.

América Latina ha dado pasos inimaginables hace muy pocos años atrás. Consolidar y potenciar este proceso no es sólo tarea de los gobiernos. Ha llegado la hora de asumir la ciudadanía latinoamericana, que nace de la capacidad de tomar conciencia de lo que somos y como un acto de soberanía indelegable.

 

 

 

 

 

 

Chile necesita un debate urgente sobre ética

Las ONG realizamos un importante trabajo en muchos territorios y espacios diferentes, junto a comunidades muy diversas y en distintos contextos económicos, sociales y políticos. Sabemos que nuestra legitimidad se basa fundamentalmente en la calidad de nuestras acciones y en el reconocimiento de las personas con y para las que trabajamos. Por este motivo, nos interesa mantener y acrecentar esta legitimidad, respondiendo a desafíos y preocupaciones emergentes que nos estimulan a profundizar en las responsabilidades inherentes a nuestra misión.

Es por ello que mediante el Código de Ética que dimos a conocer públicamente esta semana, deseamos clarificar nuestra identidad y perfilar con mayor nitidez nuestros objetivos y procedimientos, ya que el rol y el modo de funcionamiento de las ONG es hoy mucho más complejo que cuando nuestras organizaciones comenzaron a desarrollar su labor. La mercantilización y fragmentación de las relaciones sociales y políticas amenaza en la actualidad a todas las instituciones, y parece trivializar la degradación de la convivencia en sociedad.

Por medio de las normas, directrices y estándares contenidos en este texto, buscamos reencantar permanentemente nuestro trabajo, impulsando un marco de buenas prácticas que nos permita hacer frente a un contexto cada vez más desafiante para quienes creemos en la posibilidad de superar las injusticias e inequidades en América Latina.

Se trata de un documento que es fruto de varios años de deliberación y reflexión participativa al interior de la Asociación. Lo suscribimos de forma voluntaria, con el fin de vivir con mayor radicalidad nuestros valores e ideales fundacionales. Deseamos incrementar nuestra transparencia a nivel interno y externo, potenciando nuestra eficiencia y eficacia, basada en una forma de convivialidad que rechaza la competitividad excluyente y la funcionalización de las relaciones humanas.

Sabemos que para construir un país diferente debemos partir por hacer coherentes nuestras mismas estructuras y modos de vivir y funcionar. Por eso, este código invita a prefigurar otro Chile posible, en cada una de nuestras actuaciones, diseñando y promoviendo actitudes de solidaridad y colaboración, basadas en una ética del cuidado y el “buen vivir”. Esta ética supone una forma de convivencia donde los ciudadanos y ciudadanas puedan “vivir bien”, en igualdad, reciprocidad, y complementariedad, de cara a un futuro de bienestar compartido y en armonía con la naturaleza.

Nos comprometemos a aplicar de forma progresiva el presente Código en todos nuestros proyectos, actividades y procesos. Este compromiso no pretende sustituir otras cartas o marcos de referencia a las que las organizaciones firmantes hayamos adherido. Su adopción tampoco impide a nuestras organizaciones aplicar o apoyar otros instrumentos para el incremento de la transparencia y la responsabilidad.

El Código de Ética de las ONG asociadas a ACCIÓN es un aporte al desarrollo de capacidades y experiencias que enriquezcan tanto a nuestras instituciones como a otras organizaciones de la sociedad civil, potenciando habilidades y competencias de discernimiento, sensibilidad y reflexión crítica.

Sabemos que nuestro rol es complementar, pero en ningún caso sustituir, el papel del Estado en cuanto a la promoción del bienestar integral de las personas, la defensa de los derechos humanos y la protección de los ecosistemas. Al mismo tiempo, estamos comprometidos en fomentar y exigir la responsabilidad del sector privado en torno a un desarrollo humano, inclusivo, y sostenible.

Por estas razones, este Código hace explícitos nuestros compromisos, en función de lograr de parte de los actores estatales y empresariales compromisos similares.

Creemos en la interdependencia de las responsabilidades sociales, y por ello –conscientes de las debilidades y fortalezas de nuestras ONG– nos sentimos con la obligación de promover una red de relaciones en las que se reconozca de un modo contextual, pertinente y diferenciado, nuestro rol específico como instituciones de la sociedad civil. Este Código de Ética es un instrumento privilegiado en este objetivo, que debe ser complementado mediante el establecimiento de un marco legal que regule y clarifique el papel de las ONG en la vida nacional. Aspiramos a que la pronta aprobación del Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública cumpla con esta tarea, y permita relevar el aporte de la ciudadanía organizada en una sociedad democrática.

Contar con un instrumento como este Código es una inmejorable posibilidad para dar mayor densidad ética y social a nuestra labor. El desafío es ahora apropiárnoslo, conocerlo, interiorizarlo, de manera que sus palabras se hagan acción, en cada una de nuestras ONG.

*Álvaro Ramis es presidente de ACCION, asociación Chilena de ONGs.