¿BASTA EL BONO PARA SUPERAR LA CRISIS?

El gobierno de la presidenta Bachelet ha dicidido entregar un bono extraordinario de 40 mil pesos por carga familiar a cerca de un millón 700 mil familias. La iniciativa pretende ayudar a sectores beneficiarios de programas sociales a poder enfrentar de mejor manera la crisis financiera durante el mes de marzo. El financiamiento de éste programa representará para el Estado un gasto aproximado de $139 mil millones.

La difícil coyuntura financiera internacional explica este tipo de políticas expansivas, que representan un giro bastante notorio en relación a los austeros debates de hace apenas un par de años atrás, en los que se enfatizaba en la restricción del gasto y la mantención del superavit fiscal. La implementación de este tipo de políticas supone un alejamiento de las medidas de liberalización y de desregulación que constituyen la esencia de la propuesta neoliberal, y que suponen mercados perfectos inexistentes. Al contrario, este tipo de bonos, impensables hace poco tiempo atrás, no constituyen hoy una sorpresa, ya que en diversos países se intenta con programas similares lograr niveles de crecimiento con equidad, de forma simultánea y no secuencial.

Este paradigma ha dado lugar a programas focalizados de transferencia de renta  que apuntan al establecimiento de sistemas de protección social que permitan garantizar ciertos estándares mínimos, elevando los niveles de alimentación, escolaridad, cobertura previsional y salud, entre otros factores. Ejemplos de estos programas gubernamentales en América Latina son  los planes “Chile Solidario”, “PANES” en Uruguay, “Jefes y Jefas de hogar” en Argentina, y “Bolsa Familia” en  Brasil, entre otros. Se busca así mejorar los sistemas de protección social “fortaleciendo los dispositivos públicos existentes, introduciendo transformaciones sustantivas en la organización e instrumentos de protección y mejorando sensiblemente la provisión y regulación de servicios sociales”[1].

No podemos dejar de reconocer que millones de personas se benefician de  programas sociales como los que hemos descrito, pero a nuestro juicio se trata todavía de políticas que buscan paliar la pobreza extrema, sin lograr revertir la tendencia al acrecentamiento de las desigualdades, agravadas por la crisis internacional. Además, es posible que este tipo de políticas opere dentro un modelo asistencialista, que perpetúe la dependencia de los beneficiados al no constituir un sistema de seguridad social universal. Por lo cual, su sola existencia  no logrará disminuir la desigualdad de modo profundo y sostenido. Al mismo tiempo, sin un adecuado proceso de vigilancia ciudadana, se corre el riesgo de que estos programas sirvan de apoyo a los procesos de clientelismo político asociado al control de los catastros, y la cooptación de los movimientos sociales.

Un análisis exclusivamente centrado en la superación de la pobreza, medida en función del nivel de renta, puede llevarnos al autoengaño ya que no es lo mismo que todos los pobres estén en similar situación que si la mitad roza el umbral de la pobreza y la otra mitad vive en la pobreza más absoluta. Para los gobiernos puede ser fácil sacar de la pobreza a los “menos pobres” ya que con pocas inversiones puede mejorarse su nivel de ingresos y situarlos sobre la línea de la pobreza, sin por ello elevar las capacidades básicas de la población.

La pobreza no es un problema de escasez de bienes de consumo, sino de la incapacidad de las personas para conseguir ese bienestar de forma autónoma y permanente. Por lo tanto, lo que se debe medir no es el nivel de renta, sino el nivel de libertad que las familias tienen para llevar una  vida digna por si mismas, ya que los seres humanos no somos meros receptores de prestaciones, sino creadores de su propio destino y responsables éticso de  su entorno local y global. La única manera de enfrentar el fondo de la crisis es mediante una reforma tributaria progresiva que permita al Estado recibir mayores aportes de las empresas. Y, además, volver a la universalidad en las políticas públicas; fortalecer los sindicatos, las PYMES  y otras organizaciones del mundo social, incluso entregando aportes del Estado con ese propósito.

En definitiva, al implementar unívocamente estas políticas focalizadas, basadas en Bonos y otras propuestas similares, es posible que el imprescindible combate al hambre y la pobreza se disocien de la lucha contra los mecanismos de permanente reproducción y ampliación de las desigualdades sociales y la exclusión. El resultado será una sociedad con un alto porcentaje de la población sobre la línea oficial de pobreza, pero con enormes inequidades, dependencia endémica a los planes gubernamentales y con graves amenazas a su cohesión social y sustentabilidad ambiental.

 

* ´Álvaro Ramis, Presidente Asociación chilena de ONGs  “ACCIÖN”.

 

[1] Gobierno de Uruguay. Plan de equidad: lineamientos y propuestas, MIDES, 2007 (disponible en http://www.mides.gub.uy/archivo_doc/plan_equidad.pdf).

MÁS OPORTUNIDADES PARA LA DEMOCRACIA

El 2009 no sólo será el año de la crisis financiera internacional. Al menos en nuestro país este puede ser también un tiempo excepcional, que permita avanzar en la agenda democratizadora. Es posible que a corto plazo se abran espacios inéditos de participación ciudadana, que permitan la profundización del carácter ciudadano de la gestión pública.  Si es así, en este año podremos contar con nuevos  instrumentos y mecanismos que la sociedad civil debe estar dispuesta a apoyar y acompañar decididamente.

Recordemos que hace pocos días el proyecto de ley que crea en la Constitución la figura del Defensor de las Personas alcanzó el quórum necesario para ser aprobado en la cámara de diputados. Este proyecto constituye un largo anhelo de los sectores democráticos, que han demandado por largos años esta institucionalidad. Sin duda, la perseverancia del capítulo chileno del Ombudsman, y de diversas ONGs defensoras de derechos humanos han permitido que este proyecto no haya desaparecido de la agenda pública y de la discusión parlamentaria. Se trata por lo tanto de un gran logro de la sociedad civil, que es necesario consolidar por medio de una pronta aprobación en la cámara alta.

Al mismo tiempo, esperamos que los proyectos de ley “Anti discriminación” y sobre “Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública” logren avances importantes en el curso de este período legislativo. Al mismo tiempo, este año ha comenzado a operar el Consejo para la Transparencia, mandatado para otorgar protección al derecho de acceso a la información de todas las personas. Se trata de iniciativas que permitirán el fortalecimiento de la sociedad civil, elemento esencial de una democracia moderna y efectiva, abierta a la escucha, al diálogo y al aporte deliberativo de sus ciudadanos.

Pero tal vez el elemento más novedoso y que en 2009 podremos ver operando, será el  Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana. Este documento, entregado por la Presidenta Bachelet el 21 de agosto de 2008, precisa que cada órgano de la administración del Estado deberá establecer una norma general de participación que contemple mecanismos que fomenten la inclusión de comunidad en el desarrollo de las políticas públicas. Estas normas deberán ser presentadas a la ciudadanían durante el mes de abril y obligarán a cada órgano de la administración del Estado a establecer Consejos de Sociedad Civil que tendrán  carácter consultivo y se conformarán de modo que obedezcan a los principios de diversidad, representatividad y pluralismo.

Además cada entidad gubernamental deberá implementar cuentas públicas participativas que tendrán una periodicidad anual, y abarcarán el conjunto de la gestión de sus políticas, planes, programas, y su ejecución presupuestaria.  Para ello deberán tener a disposición de la ciudadanía, de forma permanente, amplia información sobre su labor.

Este tipo de iniciativas otorgan una mayor institucionalización a la participación ciudadana. Se trara de una dimensión fundamental de todo sistema democrático, pues contribuye a que los derechos y deberes establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos por todos y todas. Por este motivo, la apertura de estos mecanismos novedosos en el Estado deben ser acompañados de forma entusiasta por la sociedad civil. Se trata de ventanas de oportunidad que una vez que comienzan a operar permiten insospechados avances. En las manos de una ciudadanía conciente y fortalecida, los instrumentos de participación pueden hacer la diferencia entre la pasividad y el fatalismo o la exigibilidad de derechos declarados pero nunca ejercidos por falta de fuerza y capacidad política de nuestras organizaciones.

Recordemos que este tipo de espacios de participación no son una dádiva o un privilegio que concede un potentado. Se trata de la concreción de una agenda de larga data, que ha encontrado en la presidenta Bachelet el eco suficiente para avanzar de forma sostrenida. Pero sin la permanente presión participacionista, que por años ha sostenido que la inclusión y deliberación ciudadana es la mejor garantía para cualificar la gestión pública, estos avances hubieran sido imposibles. Se trata de conquistas que es necesario consolidar por medio de la incorporación de las demandas más diversas, de los sueños postergados y de las miradas ignoradas, que ahora pueden ser reconocidas en toda su dignidad.

 

 

 

 

TOMIC, MÁS ACTUAL QUE NUNCA

Hace cuarenta años Rodomiro Tomic sostuvo una tesis política que a pesar del paso del tiempo no ha perdido su vigencia. Lo que intuyó es que en Chile no es posible alcanzar los grandes objetivos democratizadores y de justicia social que la gran mayoría de la nación anhela sin consolidar antes “la unidad política y social del pueblo”. Esta unidad no la concebía solamente como un pacto entre partidos, sino como la construcción de un bloque histórico por los cambios, que permita al centro y a la izquierda, junto a la sociedad civil organizada, alcanzar metas de progreso económico, de superación de las desigualdades y de construcción de un Estado capaz de garantizar, de forma cada vez más extensiva y exigible, los derechos de la ciudadanía.

Desde 1969 mucho ha cambiado en nuestra sociedad, pero la tesis de Tomic permanece como un sine qua non que determina las posibilidades de avanzar en la agenda democrática y de desarrollo inclusivo que convoca a la inmensa mayoría de los chilenos. Tal vez por eso la propuesta de un acuerdo parlamentario entre la Concertación y el PC ha despertado esperanzas muy bien fundadas. Si sólo se tratara de un acuerdo entre partidos políticos tal vez no concitaría más que comentarios de pasillo entre quienes se detienen a pensar en los estrechos marcos de la coyuntura electoral. Pero lo que se intuye es que este acuerdo instrumental es un gesto en la línea de lo que Tomic adelantó hace décadas y que el sectarismo de sectores de izquierda y de la Democracia Cristiana hizo imposible alcanzar. Como bien sabemos, las consecuencias de ese desencuentro lo pagamos con diecisiete años de dictadura que se han prolongado en una institucionalidad amoldada a los intereses de los conspiradores de 1973.

Es necesario recordar que para Tomic la “la unidad política y social del pueblo” consistía en algo más que en un pacto entre cuatro orgánicas partidarias. No se trataba meramente una unidad política que subordinara a los actores sociales, sino una activa articulación entre partidos políticos, movimientos sociales y ONGs que permita ampliar los límites de la institucionalidad heredada, tal como se hizo en los años negros de la dictadura. Rescordemos el protagonsimo sindical de Manuel Bustos y la contribución de la Asamblea de la civilidad, de las mujeres por la vida, de las organizaciones de Derechos Humanos, espacios que convocaban sin distinción partidista a todos los que anhelaban el cambio democrático en Chile.

Quienes se oponen a este proyecto democratizador deberían, antes que dar razones de propia conveniencia o de pseudo-principismo de ocasión, plantear respuestas a las interrogantes que la ciudadanía organizada nos hacemos desde hace años: ¿hasta cuando vamos a esperar para resolver el problema de la jaula constitucional que aprisiona las demandas sociales? ¿Por cuantos años más vamos a tener que aguantar la sobrerepresentación de la derecha en nuestro sistema de representación institucional? ¿Qué alternativa ofrecen, si no están dispuestos a llegar a acuerdos mínimos, para resolver este impasse permanente?

Esta no es la hora para escuchar las veleidades principescas de quienes prefieren mantener el statu quo que apostar a la audaz esperanza de encontrar caminos para salir del atolladero político que enfrentamos. Es la hora de tener el coraje y la madurez para hacerse responsable de construir acuerdos que abran los apretados nudos que impiden que en Chile el principio de mayoría, la base de la gobernabilidad democrática, pueda expresarse de forma diáfana y contundente.

Rodomiro Tomic, el gran defensor de nuestro cobre, el audaz constructor de alianzas anticipadas a su propio tiempo, esperaría valor, coraje y audacia de quienes hoy tienen la posibilidad de abrir, para todos y todas, una ventana de oportunidad a la democracia y a la igualdad.