DESCORRER EL TUPIDO VELO DEL ESTADO

Desde que la Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia se ha producido un interesante destape noticioso. Se ha comenzado a descorrer, en el campo estatal, aquel “tupido velo” denunciado por José Donoso como parte de nuestra identidad nacional. Diversas autoridades han tenido que aclarar consultas de la ciudadanía, se han desatado discusiones sobre temas sensibles al núcleo de las prácticas políticas del país y se espera que el resto del año la pauta informativa se vea saturada por los datos que la nueva legislación permite recabar.  Es cierto que una mirada restringida de la ley la puede convertir en una simple herramienta electoral donde se la intente utilizar con la única finalidad de atacar a los contrincantes políticos. Aunque este aspecto sea casi inevitable, la ley de transparencia posee objetivos y alcances mucho más ambiciosos y sería injusto que se reduzca a alentar la cantera del sensacionalismo.

La necesidad de contar con una Ley de Transparencia ha quedado de manifiesto en los resultados de un estudio elaborado por el proyecto “Es tiempo de acción”, que la Asociación Chilena de ONGs Acción en conjunto con el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la U. de Chile y la Corporación La Morada, lleva adelante con el objetivo de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para incidir en el debate público. En el marco del estudio se enviaron 53 solicitudes de información -preguntando sobre normativas y mecanismos de participación ciudadana- a 22 ministerios y 31 subsecretarías del gobierno entre febrero y abril de 2009. Sólo seis de los 22 ministerios y apenas siete de las 31 subsecretarías cumplieron con entregar información dentro del plazo legal de 20 días hábiles, que comenzó a regir el 20 de Abril. Otros siete ministerios y seis subsecretarías respondieron fuera de plazo. Y dos de cada cinco ministerios y tres de cada cinco subsecretarías, nunca respondieron. Estos resultados nos revelan las graves deficiencias que el Estado ha acumulado en materias referidas a la participación ciudadana y muestran la pertinencia de la nueva legislación. Son cifras que contrastan con el 87% de cumplimiento que ha informado el Consejo para la Transparencia luego de la primera semana de vigencia de la ley.

 Un aspecto que se debe corregir urgentemente es el sesgo en el tratamiento de las instituciones. Si bien todas las entidades públicas están sometidas formalmente a la nueva legislación, no todas pueden ser reguladas por su reglamento por lo que no quedarán dentro de la jurisdicción del Consejo para la Transparencia. Entre estas excepciones se encuentran la Contraloría, el Banco Central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Congreso Nacional, las empresas públicas creadas por ley y las empresas o sociedades en que el Estado tenga más del 50% de las acciones o mayoría en el directorio. ¿Por qué las normas de transparencia que rigen para un poder del Estado no se pueden aplicar a los otros?

La ley de transparencia también constituye un desafío para la propia Sociedad Civil. Si el Estado ha abierto sus bases de datos y sus archivos, no es posible que nuestras instituciones, de carácter privado pero con finalidades públicas, no se vean obligadas a hacer lo mismo. Se trata de un desafío a la coherencia que exige respuestas prontas y contundentes. Un ejemplo que deberíamos seguir lo ha dado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) al publicar todos y cada uno de los financiamientos externos recibidos a lo largo de su historia. La publicación en el sitio web de la organización es inédita en el país, por cuanto no sólo da el nombre de las entidades financistas, sino también el monto otorgado y el uso dado a los fondos, así como enlaces a páginas que demuestran con archivos de prensa, galerías fotográficas, videos y soportes comunicacionales el buen uso dado a los fondos. Con esta iniciativa se busca llevar a la práctica el Código de Ética de ACCIÓN, instancia de la cual es parte el Movilh.

No es posible contribuir a una gobernanza democrática, participativa e inclusiva, sin la apertura de fuentes confiables de información sobre el Estado y las instituciones que ejercen responsabilidades públicas. Se trata de un proceso democratizador ya que la información constituye poder lo que permite disminuir las asimetrías entre quienes ejercen cargos de responsabilidad y la ciudadanía. No se trata de apostar a un tipo de transparencia absoluta que no podría ser más que una pesadilla totalitaria. Lo que interesa es consolidar una convivencia donde el poder se encuentre más diseminado en la sociedad, y donde el equilibrio entre las instituciones estatales y las demandas ciudadanas se balancee de forma más equitativa. Este es un tipo de libertad que no se consigue con la ausencia de leyes, regulaciones, o controles, sino por medio de un marco legal justo basado en criterios democráticos.

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandemia invisible

La avalancha de informaciones sobre la influencia porcina ha destapado los temores masivos a una pandemia incontrolable y mortal. Sin embargo, Chile vive desde hace varios años una crisis de salud pública invisible y mucho más peligrosa que la gripe mexicana.

La ausencia de políticas públicas de educación sexual, en el contexto de una sociedad altamente sexualizada, ha generado condiciones de alto riesgo biológico, sicológico y social, tanto para la población adolescente, como también en sus eventuales hijos y en su grupo familiar. Producto de diversos estudios efectuados en el país se ha constatado la sorprendente y peligrosa ignorancia de los adolescentes sobre sexualidad. Las cifras de embarazo adolescente, de discriminación por orientación sexual en espacios escolares y de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes revelan que mantener el actual silencio político sobre educación sexual escolar es una grave irresponsabilidad. Por otra parte, encuestas específicas han mostrado una demanda constante de los escolares por recibir formación escolar en aspectos tales como el VIH-Sida, situaciones de riesgo y sexualidad, embarazo adolescente, orientación sexual, impulso sexual y prevención de embarazo.

Durante los últimos años el sistema escolar chileno se ha desentendido en su deber de incorporar la sexualidad en su marco curricular formal. No se trata de un olvido involuntario o de una carencia sin explicación. Se trata de un efecto planificado de las resistencias políticas de sectores que postulan que la información sobre materias relacionadas con lo sexual fomenta el inicio precoz de la actividad genital. Sostienen que esta es un área de exclusiva competencia de la familia y por lo tanto deslegitiman las obligaciones que el Estado posee en estas materias. Sin embargo, tras estos argumentos se esconde una resistencia dogmática a permitir una política pública de educación que de cuenta de los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad en estas materias.

La evidencia empírica ha refutado las opiniones de quienes sostienen que la educación sexual promueve una iniciación precoz o irresponsable. Todo indica que la incorporación de este tipo contenidos al aula previene las conductas de riesgo y logra contrapesar la “educación sexual informal” que proviene de los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, que desarrollan una imagen de la sexualidad puramente física, desprovista deliberadamente del componente emocional y afectivo.

Para compensar este atraso histórico en nuestras escuelas se hace necesario el aporte de todos los sectores. No se puede delegar exclusivamente en el Estado esta labor. La sociedad civil chilena ha concurrido a este objetivo en diversas ocasiones y de diversas formas ha ofertado a los establecimientos educacionales un valioso material formativo. En días recientes el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), ha lanzado el manual “Educando en la diversidad. Orientación sexual e identidad de género en aulas”, que busca “aminorar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los establecimientos educacionales”. Con justa razón la jefa del Departamento de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, Magdalena Garretón, afirmó que estos materiales “son muy bienvenidos” por parte de su cartera. Y lo hizo reconociendo que en este campo  posee tanta legitimidad el aporte de una Universidad Católica como el de una organización de la sociedad civil como el MOVILH. En un Estado laico, que reconoce la diversidad de su ciudadanía, la única exigencia debe pasar por la calidad pedagógica y científica del material que llegará hasta nuestras salas de clases.

Lamentablemente, el presidente del área de Educación de la Conferencia Episcopal, Mons. Carlos Pellegrin ha descalificado esta iniciativa de forma prematura y tendenciosa, acusando al material de “promover la homosexualidad y el lesbianismo”. Se trata de una opinión que refleja los atávicos prejuicios de quienes interpretan la homosexualidad como una patología contagiable, o una lepra sicológica que se puede inocular por socialización. Si las más altas autoridades religiosas de nuestro país poseen este grado de ignorancia sobre materias referidas a la orientación sexual y de género nos podemos explicar la carencia de contenidos bio-psico-sociales de la sexualidad en nuestro sistema educativo.

* Presidente de de la Asociación Chilena de ONGs, ACCIÓN.

Opaca transparencia

La entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, más conocida como Ley de Transparencia, constituye un hito significativo en una agenda más amplia que busca fortalecer la capacidad de incidencia y participación de la sociedad civil. Se trata de un momento importante para quienes consideramos que una democracia moderna y efectiva debe estar abierta a la escucha, al diálogo y al aporte deliberativo de la ciudadanía.

Estas dimensiones alentadoras no nos deben hacer olvidar que los mecanismos legales de acceso público a la información siempre estarán tensionados por una trama de poder asimétrico, similares a los que explican las diferencias en el acceso a la justicia en nuestro país. Si la apertura de los causes a la información pública se reduce a sus aspectos procesales y de gestión de recursos es posible que los instrumentos orientados a la transparencia devengan en eficaces mecanismos de ocultamiento y opacidad. Por ello, las posibilidades formales que inaugura esta nueva ley deben acompañarse de procesos de educación en el ejercicio de este derecho, que permitan comprender la naturaleza de las instancias ante las que ejercitar una demanda de estas características. Se requiere al mismo tiempo de instituciones que presten asesoramiento legal sobre los requisitos y cauces para el ejercicio de la pretensión y los mecanismos de salvaguarda y exigibilidad jurídica.

Otro elemento preocupante es que la nueva ley contenga sesgos en el tratamiento de las instituciones. Si bien todas las entidades públicas estarán sometidas formalmente a la nueva legislación, no todas serán reguladas por su reglamento por lo que no quedarán dentro de la jurisdicción del Consejo para la Transparencia. Entre estas excepciones se encuentran la Contraloría, el Banco Central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Congreso Nacional, las empresas públicas creadas por ley y las empresas o sociedades en que el Estado tenga más del 50% de las acciones o mayoría en el directorio. Este tipo de casos pueden ser interpretados como una arbitrariedad política, lo que ensombrecería el desarrollo de esta nueva institucionalidad.

Las importantes atribuciones del Consejo para la Transparencia, que deberá resolver los casos en que un ciudadano estime que recibió una respuesta insatisfactoria, se le denegó información de manera arbitraria, o no se le respondió dentro de los plazos o de forma suficiente justifican que todas las entidades estatales deban estar reguladas por este Consejo. De esa forma se evitaría que el reglamento de la ley focalice las demandas de información en el Ejecutivo, invisibilizando las demandas de información que involucran a los otros poderes del Estado y a las empresas públicas.

No se trata de apostar a un tipo de transparencia absoluta que no podría ser más que una pesadilla totalitaria. Lo que interesa en este proceso es consolidar una concepción de la convivencia donde el poder se encuentre más diseminado en la sociedad, y donde el equilibrio entre las institucionalidades centralizadas y las demandas ciudadanas se balancee de forma más equitativa. Este es un tipo de libertad que no se consigue con la ausencia de leyes, regulaciones, o controles, sino por medio de un marco legal justo basado en criterios democráticos.

Por Álvaro Ramis *Presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN