CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN CHILE

Alvaro Ramis, Presidente Asociación chilena de ONGs ACCIÓN

Los antecedentes disponibles, tales como el estudio comparativo del sector sin fines de lucro en Chile, desarrollado por el PNUD[1], señalan que Chile posee 106.880 organizaciones sociales (OS), las cuales se pueden agrupar en  múltiples tipologías oganizacionales, tales como: fundaciones, sindicatos, organizaciones de Salud, organizaciones profesionales, organizaciones de derechos humanos, grupos medioambientales, organizaciones educativas, y cooperativas. El origen de estas organizaciones es diverso, siendo las Cooperativas y Sindicatos las primeras en aparecer hacia la tercera década del siglo XX.

 Distribución y Densidad asociativa de las ESALs en Chile

Las 106.880 OS que existen en Chile, están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, donde la mayor frecuencia se concentra en la capital con un 27% del total de OS cuantificadas (Fig.1). Sin embargo, en términos de densidad (número de OS, por cada 10.000 habitantes) encontramos un patrón espacial diferencial, que muestra una menor densidad en las regiones del centro del país y una mayor concentración en la regiones extremas del país, situación que podría explicarse por la mayor demanda de bienestar o servicio social en las regiones más apartadas del país.(Fig.2).

Distribución por tipo de actividad

 En Chile Las entidades sin fines de lucro están agrupadas en distintas áreas de actividad Es relevante destacar que el 79% de ellas, se concentran en cuatro áreas principales de actividades, destacándose entre ellas (i) Asociaciones gremiales, (ii) Cultura & deporte, (iii) Desarrollo económico comunitario y (iv) Educación e investigación.

Valor económico de las OS en Chile

El sector sin fines de lucro en Chile ha mostrado, entre el año 1996 y 2003, un notable crecimiento en valor, expresado como porcentaje del PIB nacional. En 2003 alcanzó a un 1,12% del PIB nacional, equivalente a US$ 765 millones de dólares. (Mangili, 2005). Por su parte, la tasa de incremento anual del aporte al PIB nacional se estimó en 0,04% del PIB por año, lo cual proyecta un valor de las OS cercano al 1,29% del PIB para el 2006.

Porcentaje del total de empleo en las OS en Chile (2002)

El empleo no lucrativo en Chile hasta el año 2002 representó, aproximadamente, un 5,9% del empleo total, correspondiendo un 2,1% al sector con empleo remunerado y 3,8% al sector voluntario. Es posible que estas cifras hayan cambiado en la actualidad, dada la tendencia de crecimiento de las OS a partir de la década de los noventa del siglo pasado.

Participación de los voluntarios en el Tecer Sector Chileno

En Chile existe un gran interés por parte de la sociedad por participar en entidades sin fines de lucro. En términos específicos se puede caracterizar a un equipo de voluntarios que están principalmente representados por jóvenes y adultos, entre 15 y 59 años (Fig.3), con una participación mayoritaria de mujeres (52%)(Fig.4), con un alto nivel educacional, de los cuales un tercio tiene formación universitaria.

Fuentes de Financiamiento del Sector

Las OS en Chile, al igual que las organizaciones a nivel regional y mundial, poseen tres tipos de fuentes principales de financiamiento: Subvención estatal, Donaciones (filantropía) y cuotas de los socios. Las distribución porcentual en Chile de los ingresos presenta la siguiente estructura: Gobierno: 17% – Filantropía: 16% – Cuotas/venta de servicios: 67% en el año 2002 (Mangili, 2005).

El origen de los ingresos del tercer sector, en Chile y la región latinoamericana, proviene de fuentes similares (gobierno – filantropía – cuotas/servicios) y sus porcentajes de participación no difieren significativamente entre ellos. Es importante destacar que Chile detenta un mayor porcentaje en la fuente de aporte filantrópico y aporte estatal en comparación con la proporción observada en América latina (Fig.7).

ORIGEN – EVOLUCION – IMPACTO POLÍTICO

Periodo de Creación y Evolución.

La aparición de las entidades de apoyo social en Chile se remontan al período colonial (siglo XVII – XVIII) y surgen al alero de la Iglesia Católica con la creación de orfanatos, escuelas y beneficencia. Sin embargo, fue durante el siglo XX que en Chile, aparece la primera institucionalidad asociada al tercer sector, independiente del estado y la empresa privada (Irarrazabal, in litteris, Mangili, 2005), En este período pueden distinguirse tres fases fundamentales de creación.

FASE I: Fase primaria: abarca el período desde 1930 hasta finales de la década del 70 en el Siglo XX y da cuenta del período de creación del 35% de las OS, lo que implica una tasa de creación anual de 748 OS al año. Esta fase se inició a partir de la crisis económica de la gran depresión de fines del año 1929, donde el rol principal de estas entidades se centró en temas de beneficencia y solidaridad, dando origen instituciones de ayuda mutua y asociaciones laborales, en pro de la ayuda social. Destacan como ejemplo: la Caja de Crédito Prendario, los Sindicatos Salitreros y las Cooperativas.

FASE II: Fase Crecimiento: se da a partir de la década del 80 hasta inicios de la década del 90, en la cual se crea un 17% de las OS, equivalente a una tasa de creación de 2.019 OS al año. En esta fase se puede destacar la aparición de entidades políticas y humanitarias en defensa de los derechos humanos que surgieron durante el periodo del gobierno militar (1973-1989), las cuales desempeñaron un papel relevante en la transición democrática del periodo posterior.

FASE III – Fase de Diversificación: se caracteriza por la aparición de una mayor cantidad y diversidad de entidades sin fines de lucro. Esta fase se inicia a partir de principio de la década del 90 y considera la creación de casi el 50% de las actuales OS, a una tasa de 3.420 OS por año. Es posible verificar que en Chile han aparecido nuevas entidades sin fines de lucro, focalizadas al bien público o al bienestar general de la sociedad, en respuesta a los cambios y necesidades políticas, económicas, sociales y culturales, destacando la incorporación y participación activa de nuevas entidades en temas de vanguardia a nivel mundial, tales como fundaciones focalizadas en el medio ambiente, responsabilidad social empresarial y desarrollo sustentable, en línea con las preocupaciones locales y globales.

Entidades locales incipientes en numero pero que han desarrollado importantes alianzas y vínculos internacionales en estos temas, permitiéndoles asimilar las nuevas tendencias y prácticas de gestión a nivel mundial.

PERSPECTIVAS Y DESAFIOS

En términos específicos es posible identificar los siguientes:

1 Fortalecimiento institucional. Adquirir una estructura organizacional formal con un enfoque de dirección y gestión estratégica que le permita mejorar la posición del sector en la sociedad.

2. Profesionalizar el sector. Formar y capacitar en forma contínua a los equipos de trabajo ya sean remunerados o voluntarios.

3. Desarrollar y fortalecer el trabajo en red, a nivel local e internacional. Concretar alianzas de trabajo con otras instituciones sociales y con instituciones del sector publico, lo que le permitirá compartir conocimientos, desarrollar vínculos de colaboración, maximizar sinergias, apalancar recursos y fomentar los procesos de dialogo entre múltiples partes interesadas en temas de interés común.

4. Reconocimiento y Credibilidad. Desarrollar estrategias de comunicación que les permitan salir del anonimato, acercando la institución a la ciudadanía, dando a conocer su misión y líneas de acción, posicionando su marca y logrando conexión con sus diferentes públicos objetivos. Por otro lado, es prioritario que dispongan de instrumentos formales de transparencia en su gestión tales como memoria anual e informes de rendición de cuentas que les otorgue credibilidad y confianza frente a la sociedad.

5. Lograr viabilidad económica del tercer sector a corto y largo plazo. Incrementar en forma paulatina las tres fuentes de financiamiento. (gobierno – filantropía – servicios).

COMENTARIO FINAL

Estas organizaciones sociales, no gubernamentales y de voluntariado, expresan en su diversidad una forma de ejercer la ciudadanía, que contribuye a mejorar el sistema democrático, volcando sus energías hacia las necesidades de la vida cotidiana de la comunidad, como el trabajo, la educación, las temáticas de género, infancia, discapacidad, pueblos indígenas, superación de la pobreza y la discriminación y muchas otras donde no llega o no es eficiente la acción o la mirada del Estado. Se trata de ciudadanía organizada que estudia, se capacita y difunde una amplia gama de derechos ciudadanos, que protege el medio ambiente y vela por el interés colectivo.

La riqueza de estas experiencias requiere que nuestro país implemente mecanismos públicos de financiamiento que garanticen su independencia, sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional. Para ello es vital trascender las precarias lógicas actuales, ligadas a la postulación a fondos concursables para proyectos de corto plazo, ámbito en el que muchas organizaciones ciudadanas han debido desenvolverse desde hace varias décadas.

Pensamos que el  proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana que actualmente se tramita en el Congreso Nacional no está a la altura de las necesidades de un país que aspira a ser parte de la vanguardia mundial en financiamiento del desarrollo. A nuestro juicio se requiere la constitución de un “Fondo de fortalecimiento de las  organizaciones de  interés  público”. Esta nueva institucionalidad debería constituirse en un órgano o agencia rectora del desarrollo y del fortalecimiento de la sociedad civil en Chile. Tal fortalecimiento, desde hace bastante tiempo, viene siendo considerado por los especialistas como un componente esencial de una democracia moderna y efectiva, construida por los ciudadanos/as y ejercida y controlada con su participación, adecuadamente canalizada por una institucionalidad abierta a la escucha, al diálogo y al aporte deliberativo de sus ciudadanos.

Este Fondo debería ser concebido legalmente como un organismo estatal descentralizado administrativa y territorialmente, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que no tenga una dependencia jerárquica del Ministerio Secretaría General de Gobierno y, por lo mismo, no esté expuesto a la contingencia política ni sea y fácilmente susceptible de instrumentalización.

El modelo que proponemos no es extraño a la experiencia ni al derecho administrativo nacional; y ya existe como figura en la administración, encontrándose varios ejemplos, en la institucionalidad, entre otros,  FOSIS, FONDECYT y FONDART. Frente a estos ejemplos, no nos parece presentable,  políticamente el diseño que el proyecto ofrece para este fondo de fortalecimiento de la sociedad civil, pues la ley no le asegura ni su financiamiento ni su autonomía funcional, ubicándolo implícitamente en un rango menor o en una categoría merecedora de un particular control político, inaceptable a la luz del clamor por transparencia y control ciudadano que vive el país.

BIBLIOGRAFIA

Irarrazabal, I. (in litteris). Estudio Comparativo del Sector Sin Fines de Lucro en Chile (ESFL). Proyecto PNUD (2000) – SERCOTEC (Chile)

Ramis, Álvaro “EL DESAFÍO DEL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO: APROXIMACIONES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL”.  http://www.accionag.cl/financia.php

Vergara Teresa. . 2006. visión – perspectiva – desafios: tercer sector/ sociedad civl en chile.[1] http://www.pnud.cl/publicaciones/organizaciones-sin-fines-lucro.pdf

LAS SOMBRAS DE LA PROPUESTA ESTRELLA

Sebastián Piñera ha propuesto, como medida “estrella” de su programa, eliminar el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Me lo explico por la poca valoración que su sector político otorga a la participación ciudadana en la gestión pública. Lamentablemente, el anodino nombre de esta cartera es una herencia del régimen militar que elevó a esta repartición a la categoría de ministerio en 1976. Más que una vocería gubernamental, en un gobierno moderno y promotor de la gobernanza democrática, se debería contar con un Ministerio de Participación Ciudadana que posea una visión integral de estos procesos, que parten por la información y que culminan en la construcción de sistemas de incidencia y deliberación sobre problemas de interés común.

No es posible participar sin acceder a la información gubernamental. Sin un sistema de medios de comunicación públicos, que puedan ir más allá de los intereses de gestión de un gobierno de turno. Y sin políticas de regulación del sistema de medios privados, para garantizar su responsabilidad social como instituciones de propiedad privada pero que poseen un innegable rol público. Para participar se requieren mecanismos institucionales, que tengan cobertura nacional, que sean transversales a toda la administración gubernamental, que posean causes de  financiamiento, y que eviten la ineficacia de espacios formales que simulan con falsas consultas la necesidad de participación efectiva.

Para Piñera todo este debate parece inútil. ¿Para que preocuparse de la información ciudadana si se controla todo el sistema de medios masivos de comunicación? ¿Para que destinar recursos a consultar a la gente si los tecnócratas pueden manejar encuestas sobre sus intereses? No es extraño que en los municipios administrados por la derecha no puedan exhibir experiencias exitosas de democratización local. Lo que entiende la Alianza por participación se asemeja más al clientelismo que al ejercicio efectivo del derecho a deliberar sobre el bien común que nos es pertinente como ciudadanos. No es extraño que la propuesta de Piñera contemple instalar en las actuales dependencias de la SEGEGOB un “Ministerio de desarrollo social” con fuertes vínculos al corazón político de su administración.

Es paradojal que la derecha prometa en su campaña una red de protección social, como una gran novedad, cuando cualquier observador desprejuiciado debería destacar que ese ha sido uno de los logros más evidentes del gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que debería marcar la agenda de los candidatos progresistas, en el curso de esta elección, tendría que centrarse en una etapa más ambiciosa: la cohesión social no solo es un problema de subsidios, pensiones o planes de empleo. No sólo se trata solamente de diseñar mejores políticas públicas para los ciudadanos. Se trata de construir procesos de transformación con el concurso activo de la ciudadanía. En este ámbito los gobiernos de la Concertación tienen un déficit acumulado que abre un desafío central para los programas de los candidatos.

Frente a la idea de un super “Ministerio de Desarrollo Social”, faraónico y omniabarcante, se debería poner énfasis en las verdaderas necesidades del momento. La más urgente, es cambiar línea de pobreza, que ya lleva mucho tiempo en el país (desde 1987) y que se mide en base a los ingresos. Urge un mecanismo capaz de dar cuenta de la pobreza relativa. Para medir la pobreza de acuerdo a este criterio es necesario tener en cuenta factores como la renta media. Si asumimos este patrón la pobreza afecta a  casi cuatro millones y medio de chilenos. Esa sería la cifra de personas personas cuyo nivel de ingreso es inferior a 0,6 veces el ingreso mediano, constituyéndose en el sector relativamente excluido de la sociedad.

La CEPAL ha planteado recientemente que “aunque en Chile el ingreso per cápita casi se duplicó entre 1990 y 2007, el ingreso autónomo del 20% más rico de la población supera en más de 13 veces al del 20% más pobre”. Este es el verdadero desafío que al que deberían responder las políticas sociales del nuevo período. La propuesta estrella de Piñera dice poco y nada sobre estos problemas y ello es coherente con la historia y los intereses del sector que representa. Lo relevante es saber si los demás candidatos presidenciales y parlamentarios van a proponer alternativas ante esta realidad. Se trata de un drama que no se puede atacar desde un solo ministerio, por más grande o poderoso que se piense, y que exige voluntades políticas muy amplias, decididas y valientes. Quién demuestre mayor claridad al respecto será el nuevo presidente de Chile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿EN QUÉ ESTÁ LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

Publicado en Crónica Digital el 16 de junio 2009

La Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública ha sido una de las aspiraciones más importantes para las organizaciones sociales de nuestro país. Se trata de un proyecto en el cual la sociedad civil ha depositado mucha esperanza, a pesar de ser modesto en relación a las necesidades a las que debería responder

La urgencia de esta ley radica en que ayudaría a fortalecer el asociacionismo y abriría las puertas a la participación ciudadana de una manera institucionalizada. Sin embargo su tramitación ha debido enfrentar grandes dificultades. Si bien la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en noviembre de 2007 por una amplísima mayoría (86 votos a favor y una abstención) en 2008 el Senado no hizo lo mismo y en el transcurso de este año deberá ser despachada en comisión mixta.

Los mayores reparos que los senadores hicieron al proyecto radicaron en el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Diferentes visiones sobre la repartición o ministerio que debería tutelar este fondo motivaron el rechazo parlamentario. Para ACCIÓN lo fundamental no radica en la dependencia administrativa o jurídica del Fondo. Lo importante es que es que no sea solo un organismo administrador de recursos asignados en el presupuesto de un Ministerio, sino un organismo rector de la política pública de fortalecimiento de la sociedad civil, en el que la autoridad gestiona dicha política con efectiva participación de la sociedad civil organizada. Entendemos que esta no puede reducirse a las fórmulas de un solo proyecto de ley. Lo que requerimos es un bloque legislativo, normativo e institucional que establezca suficientes canales que aseguren la participación en el contexto de un régimen democrático de calidad.

Por este motivo es necesario que la ministra Carolina Toha exprese con decisión su voluntad de sacar adelante este proyecto durante el actual mandato presidencial. Recordemos que esta ley fue enviada al parlamento por el Presidente Lagos en 2004. No es posible seguir esperando indefinidamente que se consolide un mínimo marco jurídico que permita el reconocimiento adecuado de la sociedad civil como actores legítimos del desarrollo y la democracia.