NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

 

La democracia no consiste sólo en un mecanismo para la elección de autoridades. Es también un modo de regular la relación permanente entre los ciudadanos y el Gobierno. Para que eso suceda se requiere garantizar la libertad de asociación, de reunión y de manifestación pacífica de demandas ciudadanas. En nuestro país esta dimensión de la democracia posee menor legitimidad legal y garantías políticas que la dimensión electoral. Los marcos jurídicos  parecieran desincentivar las demandas colectivas y privilegian el reclamo individual, que la mayoría de las veces resulta estéril. Por esta razón diversos estudios, como los de PNUD o el Latinobarómetro han constatado una creciente sensación de indefensión de las personas respecto a los poderes del Estado, las empresas, medios de comunicación e instituciones policiales.

En este contexto es preocupante que el ejecutivo haya enviado al parlamento un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Penal, a la Ley sobre Seguridad del Estado, y a la ley sobre violencia en los estadios que tiende a criminalizar la protesta social en  nuestro país. El texto del polémico proyecto ya fue aprobado por el Senado, y estamos a la espera de la discusión en la Sala de la Cámara, cumpliendo así su segundo trámite constitucional. Esta discusión podría darse en el transcurso de las próximas semanas y si se aprueba tal como esta planteada, la nueva ley sentará un  grave daño a la capacidad de la sociedad civil de expresarse organizadamente.

El texto legal parte de un diagnostico que no es desacertado: “En el último tiempo hemos podido ver cómo, con el pretexto de participar en legítimas manifestaciones ciudadanas, una o más personas han incurrido en conductas delictivas o dañosas, que deslegitiman el ejercicio de los derechos garantizados por la Carta Fundamental y provocan diversas consecuencias en el patrimonio público y privado”. No se trata de una situación nueva, pero que se ha agravado en la medida en que muchas de las demandas de la población parecen no tener eco e impacto en las autoridades. La existencia de conflictos sociales es inevitable puesto que son la expresión del choque de intereses contrapuestos. Cuando los canales institucionales están obturados, los conflictos estallan y los intereses se manifiestan de modo desordenado. Este problema, que no es exclusivo de Chile sino de toda sociedad democrática, y existen distintas formas de proceder y regular su desarrollo. Tal vez el caso extremo es el que asumen las dictaduras, que como hoy en Honduras imponen estados de excepción, toques de queda y violan brutalmente todas las garantías constitucionales de quienes desean expresar su descontento.

El proyecto del gobierno chileno no es equiparable. No estamos ante una forma camuflada de represión violenta. Pero sus efectos son intimidantes.  Se promueve aumentar las sanciones a quienes a quienes cometan desmanes o delitos con su rostro cubiertos, o sea, encapuchados. En ello no hay objeciones. Pero la medida más polémica del proyecto de ley es la que hace responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública de los supuestos daños que los participantes causen. El texto afirma que serán responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”. De esta forma los participantes de las reuniones o manifestaciones públicas que causen daños a la propiedad pública o privada, responderán directamente de ellos. Para estos efectos, el proyecto de ley establece que los organizadores de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles y otros lugares de uso público serán los responsables del orden en que estas se realicen, y deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

¿Quién estará dispuesto, bajo este tipo de normas, a convocar a una manifestación ciudadana en nuestro país? ¿Quién puede predecir el futuro y asegurar que no será infiltrado por tres o cuatro violentos? ¿Que radio, periódico u otro medio de comunicación electrónico estará dispuesto a difundir una convocatoria si la ley establece que es solidario con sus consecuencias? Lo que veremos son manifestaciones cada vez menos organizadas, con convocantes clandestinos y fragmentados.

Claramente el camino para la regulación de las manifestaciones debe ser muy diferente. Se debe proteger y estimular a las organizaciones que convocan en coordinación con las autoridades públicas. Se debe ampliar la comunicación entre los convocantes y la policía antes, durante y después del evento. Se deben respaldar las expresiones cívicas garantizando su desarrollo aunque estén con oposición a las orientaciones de las autoridades de turno. Esta es la agenda necesaria.

La violencia social disminuiría significativamente si las situaciones que originan las manifestaciones callejeras se pudieran procesar de acuerdo a criterios tecno-políticos que asuman la legitimidad e importancia de las demandas de la ciudadanía. Lo que implica desarrollar una ley de participación ciudadana  a la altura de la complejidad de nuestras sociedades.

 

¿GANAR POR CONTRALORÍA?

La Contraloría General de la República es una institución que ha ocupado un bajo perfil público. Esta discreción es parecida en todos los países que contemplan organismos semejantes, ya que su rol reclama atención exclusiva a los procedimientos y controles administrativos que demanda un Estado moderno. No está en su naturaleza ser un órgano políticamente deliberante. Al contrario, su tarea es técnica y funcional, guiada por estrictos criterios de racionalidad y neutralidad.

Sin embargo, esta tradición parece que se ha quebrado en nuestro país. Dos dictámenes recientes de la Contraloría se han alejado de estos criterios y han causado una amplia  polémica, colocando a este organismo en el centro de los debates políticos del momento. En primer lugar, está el dictamen que prohibió la entrega de la píldora del día después en consultorios públicos e instituciones de la Sociedad Civil que colaboran en las tareas de salud reproductiva que realiza el Estado. En segundo, el que sanciona  a las Juntas de Vecinos por realizar “proselitismo electoral”. En ambos casos la percepción ciudadana ha interpretado estos dictámenes como un intento de imponer por la vía administrativa normas que corresponden a los poderes deliberantes del Estado. Se trataría, si esta interpretación es justa, de la vieja técnica que en jerga futbolística se denomina “ganar por secretaría”. El problema es que en una democracia, estos intentos suponen el riesgo de traspasar los límites institucionales y crear conflictos de poderes que pueden ser muy riesgosos.

Además, ambos casos tienen otro elemento en común: la desconfianza en la gente y en su capacidad para elegir. La amplia mayoría de la población, según todos los estudios de opinión, respalda la entrega de la píldora del día después, independientemente de su disposición a utilizarla en forma personal. Se entiende que es una decisión en conciencia que merece ser resuelta en forma íntima por cada mujer. En relación a las Juntas de Vecinos, el criterio que ha imperado históricamente es dar libertad a cada una de ellas para resolver su posición frente a las elecciones de forma autónoma y democrática. Se han considerado válidas diversas posturas, desde la Junta de Vecinos que considera que adherir a un candidato parlamentario o presidencial dividiría a su organización, hasta la postura de quienes resuelven adherir a una opción determinada ya que corresponde a sus intereses y demandas ciudadanas. También existen Juntas de Vecinos que no adhieren a candidaturas, pero hacen activa campaña por puntos determinados de un programa de Gobierno. Lo importante es que estas opciones puedan ser resueltas con entera libertad y autonomía por cada Junta Vecinal, sin dependencias ni clientelismos.

Los recientes dictámenes de la Contraloría apuntan a ejercer, por la vía administrativa y procedimental, una injerencia ilegítima sobre la Sociedad Civil chilena. Lejos del rol de esta institución está el legislar, ya que esta tarea supone una función deliberante ajena a un organismo de control burocrático y subordinado a un ordenamiento legal del que es enteramente dependiente. Tal vez es hora de reflexionar sobre el espíritu que inspira estos dictámenes. Se trata de una sobrerreacción normativa que pretende resolver por la vía de administrativa debates que no pueden cerrarse “por decreto” en una sociedad democrática.

Por más que le pese al Contralor, en Chile se seguirá debatiendo por largos años sobre la píldora del día después, y quienes apoyen su entrega o quienes se opongan no cambiarán fácilmente de postura. De la misma forma, quienes crean que las Juntas de Vecinos no deben tomar partido electoralmente como quienes lo acepten podrán seguir su discusión por mucho tiempo. Lo importante es que este debate tenga el espacio para resolverse democráticamente. Ese lugar no radica en la Contraloría, sino en el Parlamento y en las instituciones políticas que resuelven de acuerdo a criterios de representatividad ciudadana. Más aún, lo importante sería garantizar que la ciudadanía pueda resolver directamente esta disputa por si misma.

Una Junta de Vecinos no es un órgano de  Estado. Se trata de Sociedad Civil, autónoma, autoconvocada, que posee un reconocimiento estatal garantizado como derecho, no como granjería o privilegio. No se trata de una sucursal municipal, ni de una prolongación de un ministerio. Si una Junta de Vecinos decide apoyar a un determinado candidato, es lógico que pueda hacerlo. Si los vecinos de este sector no están de acuerdo con la postura asumida por su directiva, pueden quitarles su voto en la próxima renovación de directorio. En países de renta alta no es extraño este tipo de procedimientos. Recordemos que en las elecciones de Estados Unidos es tradicional que cada periódico, cada Iglesia, cada organización social se exprese públicamente por un candidato, y nadie se escandaliza por este hecho. Se comprende que es un aporte a la deliberación pública, colectiva, y no solamente individual y secreta.

La paradoja chilena es que la Contraloría, una institución llamada a hacer realidad la neutralidad del Estado, pretende tomar partido y resolver lo que le corresponde  a os ciudadanos. Es hora de que la Contraloría vuelva a sus tareas administrativas y nos deje a los chilenos decidir lo que soberanamente nos corresponde.

 

 

 

 

HONDURAS: ¿HECHOS CONSUMADOS?

El Golpe de Estado del 28 de junio en Honduras ha sido claramente sancionado por la institucionalidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, el grupo de Río, UNASUR y el sistema de integración centroamericano han cerrado filas condenando el primer golpe militar que afecta a América Latina desde el fin de la Guerra Fría. Incluso el gobierno de Barack Obama ha reaccionado de una forma inédita al patrocinar junto a sus tradicionales rivales Cuba, Venezuela y Siria la declaración de la ONU que sancionó de modo unánime el derrocamiento del presidente Zelaya y pidió su inmediato restablecimiento en el cargo. Está claro que lo único positivo en esta desgraciada coyuntura es haber revelado la densidad del compromiso con la gobernabilidad democrática y los Derechos Humanos que cruza el planeta. Hoy ningún gobierno está dispuesto a tolerar que las élites empresariales, militares, políticas y religiosas de un país secuestren a un jefe de Estado en horas de la madrugada y lo expulsen en pijamas en un aeropuerto extranjero. El mundo ya no soporta la suspensión arbitraria de las garantías constitucionales mediante el recurso a los estados de excepción, ni la censura masiva de los medios de comunicación, ni la salvaje represión a la Sociedad Civil organizada.

Sin embargo, ni su aislamiento externo, ni la evidente ilegitimidad de su poder y de sus actos, ha impedido a la dictadura cívico-militar de Micheletti hacerse fuerte, destituir a las autoridades municipales que no son de su agrado, limitar las libertades públicas, y cometer las más graves violaciones a los derechos humanos. Las ONGs hondureñas ya han comenzado Si este escenario logra imponerse el daño a la estabilidad democrática a recopilar los antecedentes que servirán en el futuro para documentar judicialmente las atrocidades de este régimen. El problema es que hasta ahora no ha surgido una forma efectiva de frenar la estrategia perversa que pretende imponer el gobierno de facto. Lo que Micheletti busca es que el mundo se rinda ante la evidencia de unos hechos consumados, que aunque intolerables y repudiables, deberán ser aceptados por la sencilla razón de ser un dato de realidad. De esa forma, aguantando unos cuantos meses en la marginalidad internacional, pretenden realizar a fines de este año un simulacro de elecciones que blanqueen el golpe y devuelvan a las élites locales el total control sobre todo el Estado Hondureño. Se reduce el imperio de la ley y la Constitución a un reglamento interno de gestión del directorio de un país-empresa.

Si este diseño se impone la gravedad de este precedente, tanto en el debilitamiento de la democracia como en la intangibilidad de los derechos humanos será devastador. Nos devolverá a un tiempo en que la legalidad política, basada en el respeto absoluto a un mandato popular, cedió su lugar a una noción de la soberanía definida en los términos que Carl Schmitt usó para expresar la concepción nazi-fascista de la legitimidad: “soberano es el que decide sobre el estado de excepción”. De esta forma el poder constituyente dejará de nacer de la ciudadanía y pasará a ser de quién tenga la capacidad de coacción para imponer el orden que estime adecuado. Bajo este esquema el momento de la “decisión” se impondrá de facto por sobre la legalidad democrática y la dictadura ya no será sólo un hecho consumado sino un dato incuestionable y legal. Obviamente, si el poder legítimo logra nacer de quién lo imponga por la fuerza, no estaremos lejos de volver a experimentar nuevas formas de violencia política masiva y cotidiana.

Para revertir este futuro catastrófico es necesario que las autoridades políticas y diplomáticas no cedan en aspecto alguno ante la dictadura hondureña. Sólo la presión firme y constante, el aislamiento riguroso y el cerco legal y financiero pueden revertir la amenaza más grave que ha debido enfrentar la democracia latinoamericana en dos décadas. Es imprescindible que operen sanciones penales contra los golpistas que impidan que un hecho tan grave se pueda llegar a amnistiar por causas políticas. Si una camarilla es capaz de deponer y exiliar a un presidente latinoamericano con total impunidad y en pleno siglo veintiuno significa que la ciudadanía todavía no cuenta con garantías mínimas de protección de sus derechos.

Este es un momento propicio para ejercer la vigilancia ciudadana, que permita desenmascarar a quienes no adhieren de forma sustantiva al proyecto democrático, y legitiman el golpismo de forma soterrada. Por ejemplo, es incomprensible que una organización que afirma defender la libertad de expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no se haya manifestado de forma contundente, fuerte y explícita para denunciar la brutal vulneración al derecho a la información que afecta a los ciudadanos hondureños. Su silencio actual contrasta con el alarmismo que ha caracterizado su accionar en otros contextos y situaciones. Este tipo de inconsistencias se deben identificar, ya que procesos como el de Honduras operan como un crisol en el que se revela el verdadero talante democrático de los líderes y de las instituciones.