Del Plan Colombia al Plan Araucanía

Es conocida la afinidad política entre Sebastián Piñera y al presidente Álvaro Uribe Vélez. En los últimos años esta relación se ha traducido en un alto nivel de relaciones que ha permitido al candidato de la Alianza entrevistarse en varias oportunidades con el mandatario colombiano. “He venido a conocer el estilo del presidente Álvaro Uribe” afirmó Piñera en julio de 2008, ocasión en que fue invitado junto al senador por la Araucanía Alberto Espina y el senador por Valdivia Andrés Allamand a recorrer la selva colombiana en el avión presidencial. En esa oportunidad Uribe entregó a Piñera la supuesta información sobre los lazos de las FARC con movimientos mapuches.

Esta afinidad política va mucho más allá de una simple simpatía mutua. No es extraño el reciente anuncio por parte del senador Espina de un “Plan Araucanía” que incluiría componentes policiales, políticos, institucionales, económicos y sociales, y que traduciría el corazón de la propuesta programática de Piñera para enfrentar en conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuches. Se trata de un programa que trasluce claras influencias uribistas y que traduce al conflicto mapuche la política de “seguridad democrática” impuesta por Uribe a partir 2002 y que se ha caracterizado como una versión remozada de la política de seguridad nacional promovida en América Latina en las décadas de 1970 y 1980.

La implementación de la política de “seguridad democrática” ha significado para Colombia la agudización de su conflicto interno y ha empeorado la situación de los Derechos Humanos en ese país. El plan Colombia ha brindado los recursos financieros, militares y políticos para implementar esa política, que se ha expandido de forma creciente con los efectos ya conocidos en materia de desplazamientos forzosos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, militarización de comunidades rurales, deforestación de zonas amazónicas y lo más grave, ha permitido que los grupos paramilitares controlen amplias zonas del país, imponiendo su control a los civiles, quienes se han visto expuestos en mayor grado a la intensidad del conflicto.

El plan Araucanía de Piñera adapta a la realidad chilena el plan Colombia. La integración de los componentes securitarios y social-clientelares hacen que el plan Araucanía responda claramente a la concepción uribista de la seguridad, que plantea involucrar a la sociedad civil, y no sólo los órganos de seguridad, en el proceso militar frente a grupos armados al margen de la ley. Este diseño implicaría el fortalecimiento de las redes de vigilantes privados, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la creación de rondas policiales entre los propios campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional.

El componente paramilitar adquiere sentido si se analizan las declaraciones del Comando Hernán Trizano, que recientemente aseguró en Victoria que “Los máximos dirigentes mapuches van a desaparecer del mundo, a partir de dos cartuchos de dinamita que colocaremos en sus cinturones si continúan con sus demandas por tierras”.

El plan Colombia opera fundamentalmente como una cuantiosa inyección de recursos, que permitió doblar el tamaño de las fuerzas armadas colombianas durante la última década. La perversión de este sistema de incremento desenfrenado de recursos ha llegado a su paroxismo en los reiterados casos de “falsos positivos”,  que estimula a los militares a “fabricar” bajas de la guerrilla con el fin de cobrar recompensas en dinero en efectivo.

Piñera ha evaluado que el conflicto entre el Estado y la comunidades mapuches brinda el marco justificatorio perfecto para desembolsar estos recursos y a la vez implementar un dispositivo de control social que sólo tiene precedentes en los años de la dictadura militar de Pinochet. Por ese motivo, y envuelto en ropajes “democráticos”,  el Plan Araucanía requiere vincular a las organizaciones indígenas con movimientos insurgentes como las FARC. De esa forma la militarización de los territorios mapuches, que ha operado en los años recientes de “facto”, se institucionalizaría y escalaría a nivel exponencial, permitiendo implementar el modelo colombiano en la realidad chilena.

 

 

UNASUR Y LAS SIETE BASES NORTEAMERICANAS EN COLOMBIA

Publicado en Crónica Digital el 27 de agosto 2009

La cumbre extraordinaria de UNASUR que se celebrará este viernes en Bariloche tratará de encontrar una solución al conflicto que ha desatado la intalación de siete bases militares norteamericanas al interior de igual número de recintos de las FFAA de Colombia.

Los gobiernos suramericanos en vano han tratado de escuchar de Bogotá una explicación convincente y razonable que justifique este proceso, que bien se podría calificar como una invasión consentida al territorio de Colombia. Se trata de algo más que una decisión soberana del gobierno de Alvaro Uribe y por la magnitud de las fuerzas y el contexto de los procesos en curso lo convierten en un tema claramente multilateral.

La instalación de estas bases se debe entender a la luz del despliegue de un nuevo modelo de intervención militar de los Estados Unidos en el Mundo. Este rediseño ha contemplado en nuestro hemisferio dos procesos: en primer lugar el reasentamiento del Comando Sur en Miami, pero a la vez la reactivación de la IV flota en el atlántico sur y la instalación de estas siete bases colombianas.

El modelo a seguir ya se ha implementado en el comando africano (AFICOM), donde una nueva fuerza que los Estados Unidos han instalado desde 2008 y que procede de modo calcado al modelo de Colombia. Se trata de un contingente de unos ochocientos hombres, concentrado en Djibuti, un país ubicado en una posición estratégica en el cuerno de Africa, cerca de Sudan , Somalia, y a corta distancia de los países árabes. El objetivo declarado de Africom es: “El Comando África, en concierto con otros organismos del gobierno de los Estados Unidos e internacionales, lleva a cabo un compromiso sostenido para la seguridad a través de programas militares, actividades militares patrocinadas, y otras como las operaciones militares dirigidas a promover un ambiente estable y seguro en África en apoyo de la política exterior de los Estados Unidos” (Declaración de AFRICOM) En síntesis, se hace explíto el interés de ampliar la zona e influencia estadounidense.

George W. Bush autorizó el nuevo comando el mismo día que Donald Rumsfeld abandonó el cargo de Secretario de Estado de Defensa. Es probable que la instalación de las bases colobianas proceda de esta misma fecha. Y es probable que su diseño, tal como se ha hecho en Africa, contemple una combinación interinstitucional, combinando tareas militares, de inteligencia y ayuda humanitaria por la vía de USAID.

En definitiva las bases colombianas responden a una evaluación de mediano plazo respecto a America Latina en lo que se refiere a las políticas norteamericanas, las que están definidas por la creciente importancia del petróleo para satisfacer las necesidades estadounidenses de energía, y la significativos cambios en las relaciones entre los países sudamericanos desde el comienzo del presente siglo. Esta es la agenda real que se mueve en el ajedrez militar en Latinoamerica. Un motivo para sostener una preocupación real y concreta que no debe dejar a ningún país, incluyendo a Chile, fuera del debate.

REFORMA TRIBUTARIA: AHORA ES CUANDO

La debacle financiera internacional ha obligado a poner en discusión la posibilidad de un nuevo pacto fiscal en Chile. Es un debate llegó para quedarse y continuará durante todo el año electoral 2009. ¿Por qué ahora? Porque el diseño de una sistema tributario no se reduce a la pregunta por la recaudación necesaria para financiar un programa de gobierno. Tiene que ver con la posibilidad de disminuir las brechas de inequidad que se instalan en una sociedad y con los estímulos o restricciones que se desea privilegiar a nivel social, laboral y ambiental.

Con demasiada insistencia se ha afirmado que nuestro Estado está hoy mejor preparado para enfrentar la crisis que en otras ocasiones, debido a que en los años anteriores a la crisis el precio de los commodities que exportamos llegó a niveles extraordinarios. Pero la pregunta clave es si las personas están mejor preparadas para hacer frente a estas circunstancias. Y la respuesta claramente es negativa. Si bien las políticas sociales de los años recientes han permitido disminuir la pobreza estadística de forma significativa, no han logrado reducir la vulnerabilidad de amplias franjas de población que ante un escenario de adversidad económica pueden retroceder a situaciones ya superadas. Ante esta situación es necesario identificar los efectos diferenciados de la crisis internacional, que pueden radicar finalmente en sectores invisibilizados para el mercado y para el Estado.

La clave de esta vulnerabilidad de la ciudadanía radica en los límites de las políticas de transferencia de renta condicionada (como Chile Solidario y otros) que explican los éxitos en la disminución de la pobreza medida como renta. Si bien hay amplio consenso en que su implementación constituye un logro humanitario, con impactos positivos sobre la educación y la salud,  también hay conciencia creciente de sus limitaciones a la hora de reducir las desigualdades estructurales y consolidar una red de derechos garantizados que permita pasar de un modelo de protección básica a uno de seguridad social.  Por ejemplo, la CEPAL ha planteado hace poco que “aunque en Chile el ingreso per cápita casi se duplicó entre 1990 y 2007, el ingreso autónomo del 20% más rico de la población supera en más de trece veces al del 20% más pobre”. A pesar de los avances, en Chile permanece intacto el “casillero vacío” al que se refería Fernando Fajnzylber en los ochenta, en referencia a un modelo que permita crecimiento económico y a la vez una justa y equitativa distribución de la riqueza. Éste es el verdadero desafío al que deberían responder las políticas sociales del nuevo período.

Para llenar este casillero, avanzando desde un estado protector hacia un enfoque de derechos universales y exigibles, es indispensable construir un nuevo pacto fiscal, sobre la base de reformas tributarias progresivas que reviertan la paradoja nacional, que radica en el índice Gini, que mide la desigualdad, es más alto luego de la recaudación de impuestos que antes de su aplicación. Esta constatación sugiere que nuestro sistema tributario es uno de los factores que contribuye a mantener el cuadro de distribución desigual de la renta y, por lo tanto, de la pobreza y la indigencia. Nuestra estructura tributaria está sustentada principalmente en impuestos indirectos de carácter regresivo, lo que obliga a discutir tanto sobre el nivel de la carga tributaria como la composición de la misma, ya que ambos elementos tienen efectos distributivos.

En América Latina no abundan ejemplos a la hora de analizar cambios en esta materia. Sin embargo el gobierno del Frente Amplio Uruguayo puede exhibir como uno de sus logros más contundentes el haber implementado desde 2006 una reforma tributaria progresiva, que junto con disminuir el IVA y algunos impuestos indirectos, instaló un Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que descansa en un 80% sobre el veintil de mayores ingresos de la población. La experiencia uruguaya nos muestra que las reformas tributarias no son un espejismo ni un objetivo imposible y además nos plantea un modelo de estructura impositiva que permite combinar equidad, eficiencia y estímulo a la inversión productiva.

Si logramos que el próximo gobierno logre negociar un nuevo pacto fiscal podremos estar seguros que la ciudadanía y no sólo el Estado habrá logrado un avance sustantivo en la consolidación de sus conquistas democráticas y se podrá hablar de la crisis financiera del 2008-2009 como un momento de transformación productiva de nuestra sociedad. Si esta reforma no se produce, esta crisis se asemejará a la triste “década perdida”, que exigió a nuestro país 24 años para recuperar sus niveles de cohesión social. Situación que puede coincidir con un proceso de involución y derechización del panorama electoral.