SOBRE LA URGENCIA DE APROBAR LA LEY SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el momento en que se escriben estas líneas la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión publica ha entrado en su última fase de tramitación parlamentaria. Este proyecto, luego de ser aprobado por la Cámara de diputados en 2007 fue rechazado por la sala del senado en 2008. De esa forma hoy radica en una comisión mixta presidida por el senador Ricardo Núñez. El gobierno ha logrado consensuar una propuesta que deberá ser votada por esta comisión durante octubre de este año, existiendo voluntad en el ejecutivo para lograr esta aprobación. Por su parte los senadores de la oposición han manifestado su disposición a llegar a un acuerdo definitivo en esta materia.

Al parecer se ha logrado un amplio consenso respecto de la necesidad de fortalecer la sociedad civil como garantía de una democracia profunda y de calidad. Ello implica necesariamente valorizar nuestro capital social, respaldando el importante rol de las organizaciones ciudadanas en Chile. Para este fin institucionaliza de forma definitiva el actual Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y el Consejo Mixto que lo dirige, que ha contribuido significativamente al conjunto de acciones que llevan a cabo las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, las asociaciones territoriales y corporaciones y fundaciones, a favor de los derechos económicos, sociales y culturales.

Además, la futura ley facilitará la constitución de organizaciones sociales sin fines de lucro sin  afectar a personalidad jurídica de quienes ya la obtuvieron. Este trámite radicaría en adelante en los municipios de una forma similar a la que hoy opera para las organizaciones comunitarias funcionales. Se instituirá una instancia de apelación por circunstanciales eventos discriminatorios por parte de las municipalidades. Este registro municipal se centralizará y resguardará digitalmente por medio del Registro Civil, el que construirá un Registro Único de Organizaciones sin fines de lucro, lo que facilitaría la obtención de certificados y documentación.

La ley distinguirá a las Organizaciones sin fines de lucro de las “Organizaciones de Interés Público” (OIP). De esta forma diferenciará una corporación con fundación de fines absolutamente privados (como el “Club de la Unión” o de índole similar) de una institución con fines de “bien común”. Sin embargo esta distinción es muy sutil ya que constituye una autocalificación en el momento en que una institución sin fines de lucro decide acreditarse ante el Consejo del Fondo de las OIP. El concepto de OIP no es ajeno a la legislación chilena. Recientemente el Instituto Nacional de Normalización (INN) ha dictado una norma de Gestión Ética para Organizaciones de Interés Público y en los dictámenes de la contraloría general de la república se ha hecho referencia a esta categoría, por ejemplo en referencia a la prohibición de la distribución de la píldora del día después por parte de ONGs.

El Consejo del fondo de las Organizaciones de Interés Público manejará un catastro de las OIP, las que además constituirán su universo electoral, ya que ellas elegirán a quienes serán miembros de esta instancia en representación de la sociedad civil. Este Consejo poseerá atribuciones directivas pero no administrativas de los recursos que administrará. Su secretariado ejecutivo será designado mediante el Consejo de alta dirección pública. Respecto al monto de dicho fondo se señala ampliamente: “lo que contemple la ley de presupuesto”, lo significa que quedará al criterio del gobierno año a año. Se contempla el fortalecimiento de atribuciones de supervisión del Consejo nacional a los consejos regionales.

Tal vez el aspecto más relevante de esta iniciativa legal radica en abrir una nueva puerta a la participación ciudadana en la gestión pública por medio de diversos instrumentos, como los Consejos de Sociedad Civil en los ministerios y servicios públicos, la Consulta Ciudadana para el diseño y ejecución de las políticas sociales, y las Cuentas Públicas participativas, por parte de las autoridades. No aparece conveniente eternizar un trámite parlamentario que ya ha sido muy largo. Es el momento en que el parlamento debe aprobar esta ley y mostrar así su compromiso con la democratización de la gestión pública en nuestro país.

Hoy no se fía, mañana sí

No hay tiempo. Si quieren reformas laborales voten por Frei, ha declarado el ministro Viera-Gallo, reconociendo que de aquí a diciembre es muy baja la posibilidad de alcanzar el quórum requerido en muchos proyectos legislativos comprometidos en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. “No existe ninguna posibilidad de que en las siete u ocho semanas que quedan del actual período legislativo se puedan aprobar leyes tan trascendentes como la reforma al Código del Trabajo”. Suena parecido al clásico “siga participando”.

Faltó  tiempo político para alcanzar avances efectivos en las reformas laborales, participativas y democráticas. Pero sabemos que para algunas temáticas, como la del área económica o la agenda de seguridad policial, siempre ha habido urgencia, lo que refleja las voluntades políticas del actual parlamento y del ejecutivo.

La Asociación chilena de ONGs ACCIÓN entregó el 20 de mayo de este año, en vísperas del informe presidencial, un balance cualitativo del grado de cumplimiento de la gestión gubernamental en algunas de las áreas con mayores déficits en participación ciudadana y que se consideran relevantes para la profundización de la democracia. En esa ocasión identificamos una serie de proyectos de ley que deberían ser de alta prioridad para lo que resta del actual mandato, y señalamos textualmente “estas leyes todavía se pueden conseguir en el actual período legislativo. Podrían alcanzarse a aprobar en el marco del actual período de la Presidenta Bachelet, por lo tanto hay que combinar la voluntad política del Gobierno con la capacidad de los parlamentarios de apurar esos trámites”.

Por un lado, existen proyectos que han sufrido una clara derrota parlamentaria en manos de la oposición (en connivencia en varios casos con algunos parlamentarios oficialistas): el término del Sistema Electoral Binominal, el fin de la inhabilidad de los dirigentes sindicales para presentarse a cargos Parlamentarios, la limitación de las reelecciones parlamentarias. Otros proyectos han vivido una parálisis inexplicable en comisiones que dilatan su tramitación. Es el caso de la ley que crea el defensor ciudadano, proyecto que ha figurado como una medida central en los programas de los cuatros gobiernos de la Concertación, que ha contado con fuerte apoyo de la presidenta mediante la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección del Derecho a las Personas y que sin embargo hoy se enfrenta a cuestionamientos sobre su necesidad y pertinencia por parte de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

Otra situación paradigmática es la que vive la ley antidiscriminación, detenida por la presión de grupos exaltados que han reclamado el derecho a discriminar a quienes consideran en pecado, pero que a la vez aspiran a no ser discriminados por su identidad confesional. Rolando Jiménez, presidente del MOVILH,  hacía una aguda observación sobre este proceso comentando que los candidatos suelen ser partidarios de legislar a favor de múltiples derechos hasta el día antes de las elecciones, pero que luego de ser electos  se declaran partidarios de “discutir el tema”. Este entrampamiento, unido a medidas constitucionales que petrifican la legislación, exigiendo el quórum de 3/5 para leyes que deberían ser de simple mayoría, configuran un cuadro patético que explica el desencanto ciudadano con la función política.

En este contexto la responsabilidad de la sociedad civil debe ser más activa. No podemos dejar la iniciativa parlamentaria en manos del ejecutivo. Es necesario fortalecer las herramientas de incidencia pública que nos permitan a los ciudadanos, sindicatos, ONGs y movimientos sociales alcanzar las reformas políticas postergadas.  Para responder a estos problemas la Asociación chilena de ONGs Acción ha organizado el Encuentro Latinoamericano de ONGs “+ y mejor democracia en América Latina: Reformas Políticas y Experiencias de Incidencia de la sociedad civil” que se realizará el próximo martes 29 de septiembre en el Göethe Institut de Santiago (calle Esmeralda 650). En el Encuentro se presentarán experiencias de incidencia de la sociedad civil latinoamericana en distintos ámbitos y participarán expertos y representantes de la sociedad civil de más de 10 países, integrantes de la MESA de Articulación de asociaciones nacionales y redes de ONG de América Latina y el Caribe.

Si los plazos se han agotado, es que necesitamos debate, propuestas y movilización. Cuando se acaba el tiempo político es tiempo de Acción.

Por Álvaro Ramis

Presidente Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN

IGLESIA CATÓLICA Y SOCIEDAD EN EL CHILE DEL SIGLO XXI

Informe del OBSERVATORIO ECLESIAL 2009

Centro Ecuménico Diego de Medellín

En 1990 chile ingresó a una nueva etapa política post-dictatorial. En esa ocasión la Iglesia Católica chilena  disfrutaba de un capital de respetabilidad e influencia inédito. Sin duda, la labor de defensa de los DDHH que una parte de ella realizó bajo la dictadura militar le convirtió en una institución muy prestigiosa. Esta situación no se dio en otras naciones de  suramérica, y responde a que la Conferencia Episcopal Chilena logró instalarse ante el Estado opresivo de Pinochet como un actor decisivo en los debates y discusiones de orden político y social, y con una innegable autonomía.

Sin embargo, diecinueve años después, el prestigio y relevancia pública de la Iglesia Católica aparece muy disminuido. A lo largo de los cuatro gobiernos que han sucedido a la dictadura, la Iglesia Católica  ha jugado un rol de segundo orden, lejano al protagonismo alcanzado en los años setenta y ochenta. En parte, este proceso es sano y esperable, ya que se supone que ahora que “las instituciones  funcionan[1]” no es necesario que los pastores salgan de sus sacristías. Como se expresaría un viejo eclesiástico, la autonomía del “orden temporal” requeriría que la Iglesia se vuelque a tareas de orden espiritual y pastoral.

Esta argumentación es la que ha sostenido la línea oficial de la Iglesia Chilena, que ha tendido a bajar el perfil de su relevancia pública en temáticas de orden político y social. Y este análisis ha justificado el énfasis que ha tenido su incidencia en el ámbito de los debates “valóricos” (denominación asignada por la prensa a las discusiones sobre la sexualidad y la natalidad).  Esta distinción, entre debates de orden moral y debates de orden político-social ha contribuido a vaciar a la política de su componente ético. El marcado énfasis que la jerarquía eclesial ha asignado a sus intervenciones en el campo de la ética sexual y familiar, ha ido en desmedro de su incidencia en el campo de la ética política y social,  de la ética en las relaciones laborales y  económicas, en la ética del cuidado del medio ambiente, y en general en la ética del cuidado de vida.

 El rector de la Universidad Diego Portales Carlos Peña ha afirmado en un artículo reciente: “Hoy existe una Iglesia que es severa en la intimidad y más bien tibia en lo social (como lo prueba el hecho que ha pasado de diagnosticar un pecado social a sugerir apenas un sueldo ético). Exactamente al revés que hace cuatro décadas. El resultado es que la Iglesia ha perdido influencia en la opinión pública. Los chilenos (y chilenas, como suele decirse hoy) siguen definiéndose como creyentes; pero ya le hacen poco caso a la Iglesia. La fe (la convicción que la vida humana tiene un sentido que la trasciende y al que nos asomamos mediante la oración y el rito) se ha “desacoplado” de la Iglesia institucional”[2].

La evidencia de este debilitamiento del prestigio y la influencia de la Iglesia Católica en Chile se corrobora en encuestas de opinión pública. En los últimos ocho años, de acuerdo al estudio de marcas BAV 2009 la imagen de la Iglesia perdió casi la mitad de su valor y cayó desde una posición de liderazgo (sobre 90 puntos entre 1.236 instituciones medidas) a una de baja relevancia (bajo los 50 puntos)[3]. ¿Porque se ha llegado a este situación? Para lograra una respuesta se hace necesario repasar las relaciones entre la Iglesia Católica, el Estado y la opinión pública en los últimos cuarenta años, mostrando su evolución, sus continuidades y discontinuidades.

 LA IGLESIA CATOLICA Y EL GOBIERNO DE LA UP

Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) las relaciones de la jerarquía eclesial con el poder civil fueron buenas, pese a la desconfianza que despertaba el nuevo régimen en el Episcopado. Prueba de ello es la participación del Cardenal Raúl Silva Henríquez en diversos actos públicos junto al presidente Salvador Allende. El único conflicto explícito radicó en la propuesta de reforma educacional llamada Escuela Nacional Unificada (ENU) que luego de un par de semanas en el parlamento se retiró rápidamente de discusión, en buena parte por el poder de veto eclesial. Durante ese período el Cardenal Silva actuó como mediador activo con el fin de evitar el Golpe militar. EI 17 de agosto de 1973 reunió en su casa al presidente Salvador Allende con Patricio Aylwin, presidente de la DC intentando el último proceso de negociación que lamentablemente no llegó a buen fin.

Es necesario pensar que ya desde los años cincuenta varios obispos chilenos manifestaban un fuerte compromiso con causas sociales que les llevaron a enfrentarse a los intereses de la elite conservadora. El caso más emblemático fue el de Manuel Larraín, obispo de Talca, quién se convirtió en el precursor de la reforma agraria, que comenzó él mismo al entregar a los campesinos las tierras improductivas que estaban en manos del obispado.

El verdadero conflicto del período 70-73 fue interno, en particular por la constitución del movimiento “Cristianismos por el Socialismo” don­de militaban no pocos sacerdotes. Esta iniciativa  logró mucha notoriedad y celebró un Congreso Internacional en 1972. Los obispos re­accionaron con un documento de tra­bajo llamado “Iglesia, Política y Socialismos”, que criticando a Cristianos por el Socialismo no se atrevió a prohibir la participación de religiosos, la que sólo se hizo explícita en un documento posterior llamado “Cristianos y Ac­tuación Política” que se promulgó a inicios de la dictadura

RELACIONES LA IGLESIA CATOLICA Y LA DICTADURA MILITAR

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue recibido por una parte importante del episcopado como un mal menor, ya que resolvía la tensión social y un impasse político, ponía término a un Gobierno socialista que le suscitaba desconfianza, y liquidaba automática­mente el conflicto con los Cristianos por el socialismo. En este punto los Obispos se identificaban claramente con la opinión del ex-Presidente Eduardo Freí Montalva. Sin embargo el Comité Permanen­te de la Conferencia Episcopal fue cauto en su primera declaración reaccionando al Golpe: Ex­presó dolor por la sangre derramada; pe­día respeto por los caídos, sobre todo por el que fue presidente; pedía moderación; que se tuviera en cuenta el idealismo de muchos; pedía que se mantuvieran los adelantos sociales logrados. “Que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta”.[4]

Esta declaración molestó a la Jun­ta Militar, que esperaba de parte de la Iglesia una cálida acogida de la jerarquía eclesial. Sin embargo, es necesario recordar que el Car­denal Silva Henríquez viajó luego a Europa y explicó  las razones del Golpe, disua­diendo al Papa Paulo VI a declarar una condena a Pinochet. Muy pronto, la prepotencia y los abusos del Poder Militar fueron impactan­do al episcopado, al que le costaba convencer­se de la violen­cia extrema del nuevo régimen. Prueba de este proceso de distanciamiento progresivo fue su interés de mantener su interlocución con los milita­res y la derecha.

El verdadero impacto en la Iglesia surge por la muerte y expulsión de sacer­dotes y la persecución contra los oposito­res del régimen que incluía detención, tor­tura, desaparecimiento y muerte. Fueron detenidos, torturados y muertos los sacerdotes Juan Alsina en Santiago, Miguel Woorward en Valparaíso, Gerardo Poblete en Iquique. Antonio Llidó, en octubre de 1974 fue torturado y desaparecido en Santiago. Wilfredo Alar­cón fue fusilado en Temuco pero sobrevi­vió. En casi todos estos casos, la actitud de las autoridades eclesiales no estuvo a la altura. Para ellos, estos eran curas extremistas. Tampoco se defendió adecuadamente al centenar o más de sacerdotes, extranjeros en su mayoría, expulsados del país. Los fa­miliares de las víctimas acudían a las Igle­sias no teniendo otro lugar de acogida.

Ante el cúmulo de casos trágicos, familiares de personeros o militantes del régimen depuesto que se le presentaba, el Cardenal, bajo la inspiración del obispo lute­rano Helmut Frenz y de Mons. Fernando Ariztía, creó el Comité Pro-Paz en octubre de 1973. Este esfuerzo contó con la participación de algunas Iglesias Cristianas, como la Iglesia bautista, metodista, ortodoxa y también la comunidad judía.

Presio­nado por Pinochet, en 1975el Cardenal Silva aceptaría disolver el Comité Pro Paz y en su reemplazo creó  la Vicaría de la Solidaridad, bajo su directo control. La creación del Comité y de la Vicaría de la Soli­daridad fueron sentidos como tablas de salvación para miles de perse­guidos. La fun­ción de estos organismos fue acoger las denuncias de violencia de parte del régi­men y hacer la defensa legal de las vícti­mas ante los Tribunales El per­sonal de la Vicaría entregaban acogi­da, apoyo espiritual y material, y saliendo de la legalidad, respondían a menudo a otras emergencias, ocultando o sacando del país a gente amenazada. Además, la Vicaría se informaba de todos los abusos e informaba den­tro y fuera del país lo que constituyó un serio problema para el régimen.

Ni la Iglesia quería romper con el Gobierno como tampoco convenía a Pinochet romper con la Igle­sia. Se considera que esta situación se mantuvo hasta noviembre de 1978 cuando el drama de los detenidos desaparecidos configura una ruptura no formal, pero ya evidente y pública. Anteriormente los documentos del Episcopado son de gran ambigüedad. Cabe citar en este período las declaraciones “Chile país de hermanos” del 24 de abril de 1974 “Evangelio y Paz” del 5 de septiem­bre de 1975 y “Nuestra convivencia Nacional” del 25 de marzo de 1977. En esta última declaración el Episcopado plantea claramente el caso de la desaparición forzada de personas pero ha­blando siempre de los “presuntos desapa­recidos”.

EI 10 de marzo de 1978 el régimen emitió un decreto-ley de amnistía que cubría los crímenes de la dictadura hasta ese momento. El Cardenal Silva lo consideró en primera instancia como un gesto de reconciliación. Pero pronto pudo recapacitar. La Agru­pación de familiares de Detenidos Desaparecidos recurrió a una Huel­ga de Hambre indefinida en mayo/junio. Algunos sacerdotes y religiosas se in­corporaron a la Huelga. La huelga terminó a los 17 días con mediación de la Iglesia. El Gobierno se comprometió a hacer in­vestigar cada unos de los casos pero nun­ca cumpliría cabalmente su compromiso. La Iglesia ya no podía callar ni disi­mular. Hizo el 9 de noviembre la denun­cia directa, clara y contundente: “Decla­ración acerca de los Detenidos Desapa­recidos”. Esta Declaración marca un hito. Es un quiebre en la relación Go­bierno-Iglesia. No un quiebre formal: se mantienen las apariencias. Pero de hecho, la Iglesia ya no está con el Gobierno. Hechos posteriores acentuarán esta distancia: los hornos de Lonquén, descu­biertos por la Vicaría ese verano, la so­lemne celebración de parte de la Iglesia del 30mo. Aniversario de la Proclamación de los DD.HH. en 1979, la actitud crítica de la Iglesia ante el Plebiscito constitu­cional de 1980.

El Mercurio del 27 de marzo de 1975 había editorializado dando cuenta de esta nueva situación eclesial: “Por primera vez los obispos adoptan una línea política frente al régimen militar” y con­cluye: “claramente afirman que nuestro ac­tual sistema -la Honorable Junta de Gobier­no – no representa legítimamente a la ciu­dadanía. Lo que ahorra comentario”. Este proceso de confrontación implicó costos y renuncias para el episcopado. Baste recordar que el Cardenal Silva Henríquez tuvo que renunciar a su cargo de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile por sus desaveniencias con el rector-delegado que impuso Pinochet a la casa de estudios, Jorge Sweet. De esta forma la Universidad Católica quedó a merced de los sectores eclesiásticos más conservadores y afines a la dictadura militar Así lo sucedió en aquel cargo como Pro-Gran Canciller Jorge Medina Estévez desde diciembre de 1974. Esta situación explicará el poder político, económico e institucional que conseguirá este sector frente a un relativo debilitamiento de los sectores progresistas de la Iglesia al finalizar la dictadura.

El obispo emérito Jorge Hourton recuerda de esta forma los días en que ejercía como obispo auxiliar de Santiago, junto al Cardenal Raúl Silva Henríquez: “Fueron años dorados, fue maravilloso”, Eran tiempos en que él y otros prelados decidieron transformarse en “la voz de los que no tienen voz” cuando la dictadura clausuró el Parlamento, proscribió los partidos y sindicatos e inició la persecución de quienes apoyaron al Gobierno del presidente Salvador Allende. La Iglesia Católica Chilena se ganó en esos años un merecido prestigio internacional por su defensa de los Derechos Humanos y por el decidido compromiso con la democracia y la justicia social. Es que para la dictadura el poder de la Iglesia resultó ser un frente muy dificil de dominar. Como el mismo Pinochet recordó en 1998, para relacionarse con la Iglesia “puse a un general, después a otro y a otro. No daban resultado, porque todos son medio pechoños. Agachaban la cabeza. Yo no les agachaba la cabeza porque los conozco”[5]

 LA IGLESIA Y LA TRANSICIÓN

En virtud de haber cumplido la edad límite para ejercer el arzobispado, el Cardenal  Raúl Silva Henríquez presentó su renuncia en junio de 1983, la cual fue inmediatamente aceptada, a pesar que se  pensaba que Juan Pablo II prolongaría el mandato episcopal en vistas del contexto nacional. Fue remplazado por Juan Francisco Fresno, un obispo provinciano, muy temeroso de los conflictos con el poder de Pinochet. Su acento fue influir en las élites para facilitar una transición pactada, lo que implicaba cubrir con el manto de la “reconciliación” los necesarios acuerdos y componendas del proceso. Sin embargo, a pesar de sus ambigüedades, Fresno permitió que la Vicaría de la Solidaridad continuara trabajando y toleró de mala gana las prácticas sociales y políticas que encontraban refugio en las capillas y parroquias de Santiago, debido a los estados de excepción.

El verdadero cambio ocurrió en marzo de 1990, dos semanas después de que Patricio Aylwin asumió la presidencia. En ese momento se produjo la “transición” en la Iglesia Católica. Fresno dejó su lugar a Carlos Oviedo Cavada, quién inauguró su episcopado delineando el giro que debía asumir la institución eclesial. Se comenzó así a implementar en Chile la ola involucionista que ya estaba afectando a la Iglesia Católica a nivel mundial desde el inicio del pontificado de Juan Pablo II. Sin embargo, las condiciones políticas del país retrasaron este cambio y solo en 1990 se visibilizan los cambios de fondo.

En la carta “Moral, Juventud y Sociedad Permisiva”, de marzo de 1991, Oviedo instaló los debates que han marcado las relaciones entre la Iglesia, el Estado y la Sociedad Civil chilena desde el retorno a la democracia. Allí ya aparece el nuevo acento eclesial en la vida sexual, el miedo al desenfreno, los llamados a establecer controles legales a la vida matrimonial, los temores al aborto, y en general a una sociedad que es considerada liberalizante, y que promovería la inmoralidad. El gran peligro ahora es el “destape cultural”.  En segundo plano y con un muy bajo perfil, quedaron las exhortaciones a la justicia social y a la profundización de la democracia. Mucho más ocultos, los llamados a establecer verdad y justicia para las víctimas de la dictadura. La reconciliación exigía olvido, desprendimiento y perdón, y por eso la Vicaría de la Solidaridad fue cerrada y dejó paso a nuevas instituciones, como la Vicaría para la Familia.

En ese mismo período los obispos emblemáticos en la resis­tencia a Pinochet, como Carlos Camus, Sergio Contreras, o Carlos González debieron jubilar al cumplir 75 años y el liderazgo lo asu­mieron obispos con un perfil claramente conservador. Por otra parte es el tiempo en que comienza a crecer el poder de obispos como Jorge Medina, Orozimbo Fuenzalida y Antonio Moreno, que en variadas ocasiones han abierto focos de conflicto con los gobiernos de la Concertación: por la aprobación de la ley de divorcio, la entrega de la píldora del día después, las campañas de prevención del SIDA, la educación sexual escolar, entre otros muchos ejemplos, que hasta hoy siguen en curso.

Al mismo tiempo, comienzan a rediseñarse la vida de las parroquias. Se comienza a considerar que toda referencia al contexto social y político contaminaría lo religioso. Sonia Bravo, dirigente de las Comunidades de base, recuerda el período: “En la zona norte donde llegó Mons. Antonio Moreno, hubo persecución; Ahí los laicos que estaban con las comunidades de base fueron marcados, echados. El cura de mi sector nunca me echó, pero le decía a las mujeres de las comunidades que yo traía “ideologías foráneas”. Entonces yo era peligrosa, y la gente entre escuchar a un cura y escuchar a un laico, no tenía mucha elección”

Para la jerarquía eclesial fue fácil empujar a las comunidades eclesiales de base a una situación de marginalidad eclesial, fuera de todas las estructuras parroquiales, ya que se les catalogó como grupos de laicos autónomos. En los casos de parroquias encabezadas por sacerdotes críticos, se procedió a presionarles para que reenfocaran sus prioridades pastorales, cambiarles de sector con el fin de desarticular los procesos que desarrollaban anteriormente y reemplazándoles por nuevos sacerdotes, imbuidos de la nueva lógica sacramentalista y clerical.

“Fueron muriendo muchas cosas, incluso ahora hay muy pocas comunidades, y los laicos que estaban  en ellas se fueron marginando de la Iglesia” constata Sonia. Lo reafirma Manuel, un antiguo dirigente de la JOC: “La Iglesia como que volvió cien o doscientos años atrás. Me refiero a la Iglesia católica, pero también las otras iglesias. Están muy intimistas, ese es el término que yo uso.”. “Hoy en día cuesta encontrar, donde uno vaya, una capilla donde la gente tenga un protagonismo, que tenga participación.” dice Inés, una religiosa que vive inserta en la población La Victoria.

Para los especialistas el cambio de la Iglesia es evidente: “Existen muchos signos de una Iglesia más bien conservadora que esta retrocediendo más allá de lo que fueron los logros del concilio Vaticano II, incluso negándolo. Se ha vuelto a constituir un fuerte clericalismo por sobre  el pueblo de Dios. Así que hasta hoy los catequistas y los laicos más activos están supeditados a este modelo de los clérigos que tienen marcadas visiones autoritarias y conservadoras.”  nos dice el teólogo Pedro Zavala.

Encuestas como el estudio de marcas BAV confirman este análisis.  Según ese análisis las personas dispuestas a hacer donaciones o prestar voluntariado para la Iglesia Católica cayeron de cerca del 60% a menos del 40% entre 2007 y el 2009 . Los jóvenes de 18 a 24 años que no la considerarían para tales acciones han crecido desde 20% a más de 40%.

LA RESTAURACIÓN SE CONSOLIDA

En 1998 Francisco Javier Errázuriz Ossa, sucedió a Oviedo Cavada. En sus nueve años de episcopado las parroquias de los sectores más acomodados han visto un florecimiento extraordinario. Las iglesias de La Dehesa o Vitacura se repletan cada domingo, y movimientos como el Opus Dei, Legionarios de Cristo, o Schöenstatt, ligados estre­chamente a las elites económicas, han conquistado un indiscutible poder e influencia. Sin embargo, en los barrios de clase media y en los sectores populares la tendencia parece ser la opuesta[6]:  Por una parte el catolicismo no ha podido remontar su declive demográfico, que en el Censo de 2002 se expresó en una disminución de siete puntos respecto a 1992. Pero lo más grave es que Chile se ha transformado en uno de los países con más altos índices de creencia religiosa pero también con los más bajos niveles de observancia cultual[7] . Entre los católicos parece cundir una desafección con la institución eclesial, que hace que las personas sin terminar con sus convicciones de fe, sin dejar de definirse católicas, abandonen sus prácticas religiosas. ¿Cómo explicar este “reavivamiento” católico entre los ricos frente al creciente indiferentismo o alejamiento de los católicos en las clases medias y pobres?

Según el International Social Survey Programme, en un estudio aplicado en 31 países, constata que Chile posee un alto índice de creencias religiosas. Sin embargo esta profusa religiosidad no se institucionaliza en la Iglesia Católica. El censo de población muestra la misma tendencia: mientras el año 1992 el 76,7% de los mayores de 15 años decía ser católico, diez años después esa declaración la formulaba sólo el 70%. En tanto, la cifra de evangélicos se incrementó de un 6,18% que había en 1970, a un 15,1% en 2002.  Se observa una disminución clara del número de católicos observantes.

La Encuesta Nacional de Iglesia[8] mostró que quienes se decían católicos tenían una baja adhesión a las prácticas religiosas o a las orientaciones morales de la Iglesia. Apenas un 23% declaró asistir a misa o algún otro servicio religioso; menos de un tercio condenaba el divorcio; y apenas un 20% se oponía al uso de anticonceptivos. La Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica (del año 2008) mostró que un 47% de los chilenos aceptaba alguna forma de aborto. Entre 1958[9] y 1998  el número de católicos observantes había disminuido de 33,2% a un 18,5%. Si bien las personas mantienen creencias religiosas firmes y extendidas esas creencias ya no se viven de manera incondicional, sino como fruto de la libre elección y de modo individualizado.

 

Para Carlos Peña se trata de cambios en la credibilidad de la institución eclesial: “No es pérdida de fe –ya se dijo: Chile es una tierra de creyentes– sino de confianza en la institución eclesial. El capital simbólico de la Iglesia se ha depreciado. Un estudio de marcas muestra que el valor atribuido a la imagen de la Iglesia cayó desde un valor de 91,8% en el año 2001 a apenas un 48,6 en el año 2009 (www.thelabyr.cl).¿Qué está pasando? Lo que ocurre es que la religión está transitando de algo que se hereda, a algo que se escoge”. Ascanio Cavallo lo grafica diciendo: “El significado global de esto es que la Iglesia parece haber perdido capacidad de identificación con lo que las personas esperan de ella y, lo que es peor, capacidad de mostrarse como un camino único, insustituible en sus virtudes”.

Según el estudio de marcas BAV 2009 en el 2001, el 90% de los encuestados consideraba a la Iglesia “visionaria”; en el 2009 ese porcentaje ha caído a alrededor de 40%; y el 80% que la calificaba de “actualizada” se ha reducido a poco más de 30%. Los atributos que se han consolidado en estos años, en niveles cercanos al 100, son los de “tradicional”, “conservadora” y “arrogante”, mientras se vienen debilitando los de “servicial” y amigable”. Cavallo cita además el estudio de Conecta Media Research, que muestra que las apariciones en televisión abierta de los obispos (sólo cuatro) en el caso del aborto ocuparon el 11% del total de minutos, y en el de la píldora (tres), el 5%. En ese medio, el 79% y el 68% de ambos debates fueron llevados por “políticos y otros”. Lo que le llevaría a su juicio a “la virtual ausencia del Episcopado en el espacio público, y el encapsulamiento en temas de la vida privada, lo que está llevando a la Iglesia Católica por esta senda de silencioso ensombrecimiento”.

EL AUGE NEOCONSERVADOR EN LA ÉLITES

Por otra parte la identidad religiosa opera como un factor de diferenciación social frente a una sociedad que ha cambiado por la vía de la masificación del consumo en sus hábitos y aspectos identitarios. Las élites oligárquicas logran por su adhesión a grupos eclesiales conservadores expresar esta diferencia. Para Carlos Peña “Ellas, que monopolizan el poder social y económico, quieren poseer también la virtud. Y la Iglesia Católica que las maltrató simbólicamente en los sesenta (cuando impulsó la reforma agraria y fustigó las diferencias de clase) hoy día, mediante el Opus Dei o Los Legionarios, provee de un sentido moral al bienestar de que gozan y de un cemento social que consolida redes de intercambios y de influencias”.

Esta conducta debería tener en cuenta la nueva imagen que transmite la Jerarquía. A pesar de notables excepciones, en estos últimos diecinueve años ha sido cada vez más evidente el alineamiento de muchos de los Obispos con los discursos y prácticas de la derecha conservadora. Y el Cardenal Errázuriz Ossa es un claro ejemplo de este proceso.

En su período se ha profundizado el discurso sobre la “reconciliación”, pero en un contexto que ha legitimando la impunidad y el olvido de los crímenes cometidos en dictadura. A pocos días de asumir como Arzobispo marcó el debate al declarar que “el exceso de justicia puede devenir en injusticia[10]“, una afirmación formalmente ilógica, pero que mostró claramente su apoyo a la tesis del mantenimiento de la amnistía. Por estos antecedentes no fue extraño verlo en diciembre de 2006 presidiendo uno de los responsos en el funeral del general Pinochet. En su sermón señaló que el ex dictador “como todos nosotros, había recibido de Dios muchos dones y tenía debilidades y limitaciones. En esta hora le agradecemos a Dios todas las cualidades que le dio y todo el bien que hizo a nuestra Patria y a su propia Institución, y le pedimos que le perdone los pecados de omisión y comisión que realizó [11] “. Nuevamente, el tupido velo del olvido y el bálsamo del perdón.

Este sometimiento a la agenda de la derecha conservadora también se aprecia en otros debates, como los referidos a la coyuntura política y económica. En 2003 el Cardenal sostuvo que “la estabilidad económica y política del país se debe a las reformas emprendidas bajo el régimen militar[12]” ganándose inmediatamente los aplausos de los partidos de la Alianza de derecha. En respuesta sólo reaccionó Mons. Alfonso Baeza, entonces vicario de Pastoral Social, quién le recordó que si bien “durante la dictadura se hicieron muchas cosas”, éstas fueron “a costa de desapariciones de dirigentes sin­dicales, de leyes absolutamente injustas, dé violaciones de derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a un salario digno[13]“. En la misma línea, en diciembre de 2006 el Arzobispo sorprendió con sus declaraciones a Canal 13 en las que sostuvo que “siempre es positiva la alternancia en el poder”, opinión que reforzó uno de los argumentos más recurrentes de la derecha sobre la necesidad de un cambio de coalición al mando del país.

En este año el Cardenal Errázuriz entró al debate sobre la nueva Ley General de Educación por medio de un artículo dominical en El Mercurio[14] en el cual atacó la propuesta del gobierno, calificándolo de “intento nivelador y a ratos desalentador”. En el texto defendió fundamentalmente los dos puntos de mayor conflictividad: la selectividad escolar y el lucro de los sostenedores privados[15]. Las reacciones a su artículo no tardaron en llegar. “Me llama la atención que la reflexión del Cardenal se centre en el derecho a excluir” le replicó la especialista en educación María José Lemaitre. El Senador Alejandro Navarro comentó: “Lamento que el texto no haga referencia, ni una sola vez, al derecho a la educación. Llama la atención también que la máxima autoridad de la Iglesia Católica realice una defensa del lucro y explicite prejuicios sobre las familias chilenas”. Más directo todavía fue el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez: “El criterio del Arzobispo no guarda relación con el Evangelio”.

En abril de 2008 un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la distribución de la píldora del día después en el sistema de salud público desató una fuerte polémica y una activa movilización ciudadana en rechazo de esta medida. El dictamen del Tribunal Constitucional contó con el apoyo explícito del episcopado que llamó a respetar la resolución del TC.  Esta posición ya había sido adelantada en el documento de la Conferencia episcopal “Acoger y promover la vida”[16] que rechazó explícitamente el documento “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad” presentado por el ministerio de Salud. De esta forma, la CECH se alineó con la postura de 36 diputados de la derecha que presentaron un recurso legal ante ese tribunal y apareció avalando al mismo TC, que es objeto de gran polémica debido a sus atribuciones y a su conformación, que han sido calificadas como un “enclave dictatorial” en el actual sistema democrático. .

UN LENTO AJUSTE DEL ENGRANAJE ECLESIAL

 Mientras la jerarquía cambiaba sus discursos y prioridades, las prác­ticas religiosas de las parroquias y las instituciones eclesiales tam­bién fueron rediseñadas completamente. Se comenzó a considerar que toda referencia al contexto social y político en las actividades litúrgicas y educativas en la iglesia “contaminaría” lo religioso. Por lo tanto se imponía el objetivo de empujara quienes se resistieran a este criterio a una situación de marginalidad dentro de las estructuras parroquiales.

Dentro de esa lógica las Comunidades Eclesiales de Base, numerosas en los ochenta, no tenían razón de ser, ya que su identi­dad radicaba en realizar una conexión permanente entre la reflexión sociopolítica y la lectura del evangelio. Pata eliminarlas se les cata-logó como grupos de laicos autónomos o en otros casos se les convirtió en capillas, encargadas sin más de replicar las órdenes del párroco. Sonia Bravo, ex dirigente de la coordinadora de Comunidades de Base, recuerda el proceso: “En la zona norte de Santiago, donde llegó Mons. Antonio Moreno, hubo persecución; Ahí los laicos que estaban con las comunidades de base fueron marcados, echados. El cura de mi sector nunca me echó, pero le decía a las mujeres de las comunidades que yo traía “ideologías foráneas”. Entonces yo era peligrosa, y la gente entre escuchar a un cura y escuchar a un laico, no tenía mucha elección”.

A los sacerdotes críticos se les presionó para que reenfocaran sus prioridades pastorales o se les cambió de sector con el fin de desarticular los procesos que desarrollaban anteriormente. Posteriormente se les reemplazó por nuevos párrocos, imbuidos de la vieja lógica clericalista. “Fueron muriendo muchas cosas, incluso ahora hay muy pocas comunidades, y los laicos que estaban en ellas se fueron marginando de la Iglesia” constata Sonia. Lo reafirma Manuel Vergara, un antiguo dirigente de Estación Central: “La Iglesia como que volvió cien o doscientos años atrás. Me refiero a la Iglesia Católica, pero también las otras Iglesias. Están muy intimistas, ese es el término que yo uso”. María Inés, religiosa inserta en la población La Victoria afirma que “hoy en día cuesta encontrar, donde uno vaya, una capilla donde la gente tenga protagonismo, donde tenga participación.”

Para los especialistas el cambio de la Iglesia es evidente: “Existen muchos signos de una Iglesia más bien conservadora que está retrocediendo más allá de lo que fueron los logros del Concilio Vaticano II, incluso negándolo. Se ha vuelto a constituir un fuerte clericalismo por sobre el pueblo de Dios. Así que hasta hoy los catequistas y los laicos más activos están supeditados a este modelo de los clérigos que tienen marcadas visiones autoritarias y conservadoras.” comenta el teólogo Pedro Zavala.

Por ello las organizaciones laicales y comunidades de fe liberadora han tenido que conquistar nuevas autonomías legales y económicas que les permitan desplazarse con mayor libertad, a costa de secularizar su identidad formal. Este tipo de prácticas cristianas han comenzado a buscar espacios y causes de expresión que no se limitan a las paredes eclesiales. En el II Foro Social Chile, de noviembre de 2006, sorprendió ver la gran cantidad de religiosas y religiosos católicos participando en los talleres y activi­dades. También era evidente que muchas de las organizaciones y ONGs que participaron del Foro reconocían un origen en las prácticas impul­sadas por la Iglesia Católica en los años setenta y ochenta, y si bien hoy han construido una identidad plenamente laica, mantienen la heren­cia comunitarista y solidaria, propia de la tradición cristiana, pero expresadas ahora con un nuevo lenguaje y en nuevas prácticas.

Por el otro, una “Iglesia” de base, de extracción popular, invisibilizada y empujada a la secularización. Sin embargo, esta no es la única posibilidad, debido a que este desenlace condenaría a la Iglesia Católica a un rincón cada vez más prescindible en la discusión de los grandes temas de la sociedad. Como sal que ha perdido su sabor, esta Iglesia irrelevante ya no serviría para nada (Mt, 5,13). Como afirma Cavallo “no todas las instituciones de la Iglesia están afectadas por un debilitamiento de su reputación, sino su liderazgo, que es, por así decirlo, el principal depositario de la “identidad corporativa”. En el lenguaje de las comunicaciones, los productos están menos dañados que el corporate; pero si se siguen las teorías sobre este tipo de fenómenos, es muy probable que más temprano que tarde el perjuicio se extienda a toda la cadena”.

SIGNOS DE ESPERANZA

A diferencia de otros grupos religiosos el catolicismo no se ha caracterizado históricamente por tratar de ser algunos “iluminados” y “puros”, que viven al margen de los que define la mayoría. Su aspiración a la universalidad le ha llevado a acoger lo diverso y a dialogar con lo que en un momento parecería incompatible con su identidad. No es extraño, por lo tanto, que el catolicismo del futuro vuelva a vivir estos mismos procesos, y se deshaga de sus certezas aparentes y se atreva a andar por el camino novedoso y lleno de incertidumbre del Evangelio.

Ejemplo de ello es el alto impacto que ha tenido la voz del episcopado cuando se ha pronunciado en temas relevantes referidos a la justicia social o ambiental. En los últimos años se han destacado tres acontecimientos importantes al respecto.

  1. 1. Debate sobre “salario ético” y mediación en conflictos laborales: En agosto de 2007 el presidente de la CECH Alejandro Goic hizo un llamado a transformar el sueldo mínimo en un sueldo ético.En conversación con Canal 13, el obispo afirmó que la idea es “ponerme en el lugar del más necesitado, y preguntarme si yo podría vivir con mi esposa y mi hijo, con 120 mil pesos. Yo no digo que todos vamos a ser iguales, porque eso es una utopía que no se puede dar, pero no cabe duda que hay grandes empresas que ganan mucho, ¿como no hacer participar mejor a sus trabajadores?, que son los que le ayudan a generar la riqueza para el país”.

A los pocos días, Ricardo Ariztía, ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, arremetió en tono de amenaza contra los obispos: “Más cuidado debe tener la Iglesia, que mientras sea monseñor Goic quien haga de mediador en estos conflictos, bienvenido sea. La Iglesia sabe perfectamente, y conoce la historia, de lo que pasa cuando entra en estas actividades semipolíticas -porque no son conflictos de trabajo- después no tiene cómo salir”. Por su parte la la senadora UDI Evelyn Matthei dijo que Goic “no tiene idea de economía” por hacer este tipo de planteamientos.

Sin embargo, el llamado a implementar un salario ético tuvo amplia acogida en la opinión pública, en especial en sindicatos, y organizaciones de trabajadores. Del presidente de la Central Unitaria de trabajadores defendió a Mons Goic en estos términos: “la iglesia tiene un peso moral en Chile, ese peso moral se hizo presente cuando había dictadura, la dictadura que ella misma (E. Matthei ) ayudó a instalar y además apoyó, entonces no me parece extraño que hable esas cosas. No voy a compartir nunca que a la Iglesia se le falte el respeto[17]”. Por su parte el gobierno asumió este debate en su agenda  instaurando el “Consejo asesor sobre trabajo y equidad” que desarrolló un informe propuestas agrupadas en diecisiete tópicos destinadas a las familias de bajos ingresos, a las trabajadoras y trabajadores, jóvenes y escolares y al emprendimiento y a las empresas de menor tamaño.

  1. 2. Debate sobre medioambiente, agua y energía: En agosto de 2008 el obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora dio a conocer en Coyhaique la carta pastoral “Danos hoy el agua de cada día” e acompañado del teólogo Leonardo Boff. Se trata de una reflexión ética y cristiana de la comunidad con argumentos como el valor del agua, la Patagonia como fuente de recursos naturales y lo inhumano e inmoral de ciertos modelos económicos que explotan hasta destruir estos recursos.

El impacto de la carta de Luis Infanti ha sido muy amplio, una que lejos de acotarse a un debate local  Infanti ha afirmado: “”Yo en mi carta planteo que en Chile vivimos una estructura de poder donde el poder económico, político y judicial están íntimamente unidos para mantener ese poder”, s y esta estructura “va dañando gravemente la democracia, la naturaleza y la participación social de las personas para hacer valer sus derechos y levantar discursos éticos frente a una política depredadora del ser humano ante la naturaleza”. Frente a ello

El debate medioambiental promovido por Infanti también ha calado en otras diócesis: la Iglesia de Copiapó se ha pronunciado en proyectos como Pascua Lama en la Tercera Región, se ha creado la creación de la Pastoral del Medio Ambiente en Villarrica o el trabajo medioambiental a través del Departamento de Acción Social (DAS) de Temuco, dan cuenta de un movimiento que va cobrando fuerza. En general se asume que la Quinta Conferencia del Episcopado en Aparecida, Brasil, en 2007, ha sido un aporte, en especial por incorporar la activa participación de la Iglesia en el tema.

Estos procesos han sido vivamente apoyados desde el departamento de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos y religiosas (Conferre).Esto se ha traducid en la constitución de la  Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación (CECC), una red chilena de organizaciones y personas creyentes que se unen frente a la amenaza de la vida causada por la crisis ecológica. Esta coalición esta conformada por el Centro Ecuménico Diego de Medellín (CEDM), Amerindia Chile, Caritas Chile, Centro de ex-alumnos del Seminario de Santiago, Comité Oscar Romero de Chile, Comunidad de Reflexión y Espiritualidad Evangélica (CREE), Con-spirando, Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL), Justicia, Paz eIntegridad de la Creación Columbanos (JPIC), Justicia, Paz e Integridad de la Creación-CONFERRE (JPIC), Los misioneros laicos de Maryknoll, Pastoral de La Mujer de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, Reflexión Cristiana Valparaíso, ONG Tremonhue: Centro de Espiritualidad y Salud Integral (ex Capacitar-Chile), World Vision

La pastoral indígena: Durante estos años el llamado “conflicto mapuche” ha estado en el centro de las tensiones políticas. Más que un conflicto, este fenómeno apunta al resurgimiento y reorganización de las comunidades mapuche por la autonomía política y cultural. Se trata de una demanda desarrollada progresivamente desde la vuelta de la democracia y que ha alcanzado un insospechado nivel de masividad y consistencia. Si bien el Estado ha tratado de atender de manera significativa los reclamos por devolución de tierras y se ha abierto a los reclamos por mayor respeto a la identidad cultural, se ha negado a debatir las demandas respecto de la autonomía jurisdiccional. Esta situación se ha traducido en una militarización del territorio indígena mapuche.

Frente a estos hechos el obispo de Temuco Manuel Camilo Vial, y en especial el Vicario Pastoral Indígena, Fernando Díaz. Cabe destacar una postura de permanente rechazo al proceso de represión a esta causa: “Como pastor de esa Iglesia que peregrina en la Araucanía, yo conozco al pueblo mapuche, defiendo sus derechos, los quiero y respeto mucho, valoro mucho su cultura, y ellos pueden contar permanentemente con mi ayuda… o que es claro que son pocos lugares donde existen focos de violencia, pero cuando sectores políticos piden más presencia policial, más fuerza, más dureza, con eso no solucionamos el tema sino que le echamos más bencina al fuego”. “[18].

INCÓGNITAS DE LA IGLESIA DEL FUTURO

Tal vez uno de los mementos definitorios del futuro de la Iglesia Católica Chlea constituye el nombramiento del sucesor del actual arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz Ossa. Al cumplir sus 75 años, el cardenal y Arzobispo de Santiago  Errázuriz Ossa, viajó en septiembre de 2008 a Roma y presentó su renuncia al cargo de máxima autoridad de la Iglesia Católica en la arquidiócesis más importante del país, según establece el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, su mandato fue prorrogado y Benedicto XVI tendrá como máximo dos años para nominar a su reemplazante, antes de cursar su renuncia.

Uno de los nombres que más ha sido señalado es el del actual obispo de San Bernardo Juan Ignacio González Errázuriz, miembro del Opus Dei. Gonzalez ingresó a trabajar en Carabineros en 1977 como procurador y cuando se recibió como abogado, en 1980, permaneció trabajando en la dirección de personal de esa institución, recibiendo más tarde el grado de capitán. Guante los años ochenta defendió a Carabineros cuando la Iglesia sostenía la Vicaría de la Solidaridad. Se podría podría numerar una serie de casos que remecieron a la opinión pública en ese tiempo, donde estaba involucrada esa institución. Por ejemplo, los degollados y el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri. También como señal de su férrea defensa al gobierno militar, en los últimos años del régimen fue miembro del directorio del diario La Nación; trabajó con Sergio Rillón, hombre a cargo de manejar las relaciones con la Iglesia; en la Secretaría General de la Presidencia; con el general (R) Jorge Ballerino, estrecho asesor político de Pinochet y quien le abrió una cuenta en el Banco Riggs; y con el general (R) Carlos Molina Johnson.

El nombramiento de un personaje como Gonzalez Errázuriz consolidaría el “divorcio” en que ha caído: por un lado, una Iglesia institu­cional triunfalista, amarrada a la agenda e intereses de la elite económica, y que ya no incomoda a los poderosos sino que sirve fielmente a sus caprichos. Como describe Peña “Como sea, unos y otros, Opus y Legionarios, se expanden con naturalidad en los grupos de más altos ingresos, cultivando una fe centrada en la intimidad personal, menos preocupada del incómodo “pecado social”, más ritual que intelectual. Justo lo contrario de lo que han llegado a ser los jesuitas: abiertos a las masas, con una fe más intelectualizada, más preocupados de la teología que de la bioética. La Iglesia, por su parte, encuentra en el Opus o los Legionarios una oportunidad de recuperar el poder y la influencia allí donde las masas principian a ponerse indóciles. Como quien dice: si no puedes seducir a las mayorías, al menos influye en los grupos que manejan el poder.”

Sin embargo, la involución que ha vivido la Iglesia chilena no ha logrado apagar por completo la identidad eclesial popular y liberadora que se forjó en la segunda mitad del siglo XX. Desde ese tiempo muchas comunidades religiosas, instituciones de solidaridad, y movimientos han experimentado procesos de síntesis en los que se hizo inseparable la fe y el compromiso transformador de la realidad. En esos casos, a pesar de todos los cambios en la jerarquía, su desarro­llo ha seguido corriendo por causes totalmente separados de las orientaciones impuestas por la jerarquía. Esta “parte” de la Iglesia ha buscado romper las barreras confesionales y vivir el ecumenismo desde la base, ha impulsado la teología desde la perspectiva de género, ha seguido orando y luchando por la verdad y la justicia, ha desafiado las reglas y prohibiciones eclesiales para debatir sobre el divorcio o la píldora del día después, ha iniciado nuevos proyectos de economía solidaria, se ha comprometido en la defensa del medio ambiente o los derechos laborales, y ha puesto todo su corazón y su talento en el objetivo de hacer otro mundo posible.

NOTAS

[1] Frase recurrente del ex presidente Ricardo Lagos E. para caracterizar la normalidad institucional postdictatorial.

[2] Peña, Carlos. “El poder y la gloria”. En PODER agosto de 2009.

[3]. Ascanio Cavallo “Imagen de las instituciones: La caída de la Iglesia y el alza de las FF.AA”  La Tercera 2 de Agosto 2009.

[4] Atria R. “Chile, la memoria prohibida” Vol I pag. 169

[5] La Tercera 17 de diciembre de 2006. Entrevista a Augusto Pinochet por tres de sus ex colabo-radores y la historiadora Patricia Arancibia Clavel.

[6] Véase el árticulo de Carla Lehmann “¿Cuán religiosos somos los chilenos? mapa de la religiosidad en 31 países”. Estudios Públicos 85. CEP. Santiago 2002.

[7] 96% de la población chilena afirma creer en Dios, pero sólo el 19% asiste a un culto semanal, cifra que baja al 14 % en el caso de los católicos.

[8] Realizada por la Universidad Católica, el 2001.

[9] Estudios de opinión de Eduardo Hamuy.

[10] Declaraciones realizadas a pocos días de asumir su cargo el Domingo 17 de mayo de 1998.

[11] Responso oficiado en la Escuela Militar el 11 de diciembre de 2006.

[12] Entrevista al diario alemán Frankfurter Allgemeine. 27 de diciembre de 2003.

[13] La Nación Domingo, 11 de enero de 2004.

[14] “A nadie puede serle indiferente” El Mercurio, Domingo 6 de mayo de 2007. Llama la atención que el Arzobispo utilice una tribuna periodística como El Mercurio para dar a conocer un punto de vista pastoral.

[15] En relación a este último punto, sostiene : “La palabra “lucro” está desprestigiada. Pero de suyo su significado es neutro, ya que equivale a la ganancia o el provecho que se saca de una cosa, en este caso, del esfuerzo, la competencia o la inversión”. lo que no vislumbra el cardenal es que en todos los países de la OCED se prohibe el lucro con recursos públicos, y por esa razón genera escándalo el caso de los sostenedores de escuelas subvencionadas.

[16] 10 de enero de 2007

[17] Arturo Martinez en La Nación. Miércoles 8 de agosto de 2007

[18] Mons. Manuel Camilo Vial. Declaraciones al Diario Austral. 14 de agosto de 2009.