FALACIAS EPISCOPALES

Crónica Digital. el 30 de octubre 2009.

El arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz se ha referido a las propuestas de varios candidatos presidenciales referidas reintroducir el recurso al aborto terapeutico en Chile: “Yo creo que aborto terapéutico o no terapéutico es aborto, abrirle la puerta al aborto terapéutico es abrirla al aborto, introducir el aborto es introducir en el ordenamiento jurídico el derecho a matar”. Se trata de una sentencia de alto valor político y comunicacional que aparentemente debería cerrar la discusión. ¿Quén estaría dispuesto a aceptar “el derecho a matar”?

Monseñor Errázuriz, como buen teólogo con formación apologética, demuestra conocer muy a cabalidad los diferentes usos de las falacias retóricas. Se trata de un razonamiento lógicamente incorrecto, aunque psicológicamente persuasivo. La clasificación académica de las falacias conserva su nombre en latín, como por ejemplo la falacia ad hominem, o el Argumentum ad populum, o el Argumentum ad verecundiam. Es una herencia de tiempos en que la retórica y la lógica eran disciplinas centrales en la formación del clero. Monseñor Errazuriz recurre a una falacia para homologar aborto terapéutico a aborto como concepto genérico para rematar afirmando que introducir el primero es en definitiva legalizar un homicidio.

Respecto al aborto terapéutico es conveniente recordar otras posiciones dentro del episcopado. El cardenal italiano Carlo María Martini afirmó hace tres años un criterio que no puede dejar de ser considerado al sostener: “Éste es un asunto muy doloroso y que causa gran sufrimiento. Ciertamente hay que hacer cuanto sea posible y razonable para defender y salvar cada vida humana. Pero esto no quita que se pueda y se deba reflexionar sobre las situaciones muy complejas y diversas que pueden surgir, buscando en cada cosa lo que mejor y más concretamente sirva para proteger y promover la vida humana. Pero es importante reconocer que la prosecución de la vida humana física no es, en sí mismo, el primer y absoluto principio. Por encima de él está el de la dignidad humana, una dignidad que en la visión cristiana y la de muchas otras religiones implica una apertura a la vida eterna que Dios promete al hombre. Naturalmente yo no pretendo incluir en este juicio las situaciones límite, muy doloroso y quizás también raro, pero que se pueden presentar de hecho, en las que un feto amenaza gravemente la vida de la madre. En estos y en otros casos semejantes, me parece que la teología moral desde siempre ha apoyado el principio de la legítima defensa y del mal menor, aunque se trate de una realidad que demuestra la naturaleza dramática y frágil de la condición humana”.

El debate abierto del aborto terapéutico en Chile debe superar un largo proceso de instalación de miedos y formas de autocensura y represión. Es innegable el efecto que produce el derecho canónico entre los católicos, que sentencia de modo tajante en el canon 1398, “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sentencia”. Obviamente: el canon no prohíbe el debate, pero es muy claro que para los católicos resulta muy difícil enfrentar una discusión compleja sobre este asunto. El anatema ronda las conciencias y traspasar ese límite a estas alturas es muy complicado. Es una señal de identidad confesional, y si se cruza la línea, se abandona el rebaño.

Muchas veces nos podemos decir  a modo de consuelo: otras generaciones van a tener que enfrentar la discusión, sin las simplificaciones con las que hoy se aborda. Pero también esas generaciones hipotéticas heredarán los prejuicios e intolerancias que hoy obligan a postergar, otra vez, los temas de fondo que no nos atrevemos a asumir de forma radical. Si la vida fuera tan simple como la define el derecho canónico no sería necesario hablar de esto. Pero, lamentablemente, el aborto no puede ser analizado de manera aislada, como un hecho abstracto y separado de las circunstancias que conducen a él.

Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíben el aborto en todas sus formas, incluso en los casos en que la vida de la madre está en riesgo. Sin embargo, es importante recordar que por más de cincuenta años nuestra legislación contempló la posibilidad del aborto terapéutico. En 1989 la comisión legislativa de la junta militar de gobierno aprobó la ley Nº 18.826 , que entre otros aspectos derogó el articulo Nº 119 del código sanitario. En virtud de esa ley, en la actualidad cualquier maniobra abortiva que se realice, sin importar los objetivos con que ellas se persigan, es ilegal. La actual legislación chilena tipifica todo aborto como delito contra el orden de la familia y la moralidad pública. Pena con cárcel de 3 a 5 años a la mujer que aborta, pena que es rebajada si el aborto se realizó para “ocultar la deshonra” de la mujer”. Del mismo modo, establece la obligación del personal de salud de denunciar a las mujeres que acuden a los centros asistenciales debido a complicaciones causadas por una práctica abortiva.

En casos recientes (como el de Griselle Rojas en enero de 2003, quién presentaba un tumor en la placenta llamado “mola” que se desarrolló rápidamente comprometiendo su pulmón, y donde además el feto tenía una grave enfermedad cromosómica que le impedía su sobrevivencia) las autoridades han prohibido el aborto terapéutico y han impuesto un aborto indirecto o “interrupción del embarazo’ en la forma de una cesárea anticipada, anterior a las 20 semanas de gestación. Este tipo de casos ha evidenciado los límites del actual marco legal. Ha sido el Colegio Médico de Chile quién ha insistido recurrentemente en la necesidad de reformar la legislación sanitaria a fin de evitar que una conducta médica legítima pueda derivar en responsabilidades penales para el médico y para la madre.

Este es el tipo de contradicciones que obliga a debatir de verdad. Si sólo se tratase de un problema de principios y valores, sería posible hablar en los salones académicos. Pero no es así. Los católicos podemos vivimos felices, sentados en la falacia de creer que por no ser legal, el aborto no existe. Y nos aterra su despenalización por el solo hecho de pensar que existirá a partir del momento en que la ley lo apruebe. Confundimos despenalización con incitación o promoción del aborto. Y es mucho más fácil lucir ante los demás el título de “defensores del derecho a la vida”. Mucho más difícil es enfrentar la realidad.

Hacia un debate sobre Pluralismo Jurídico en Chile

La entrada en vigencia en septiembre pasado del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, obliga al Estado de Chile a realizar una serie de cambios dirigidos a proteger sus valores sociales, culturales, religiosos y espirituales. Este nuevo contexto implica reconocer los espacios territoriales que tradicionalmente han ocupado y establecer mecanismos de consulta cada vez que se pretenda adoptar disposiciones que los pudieran afectar. Por tal motivo, Chile deberá adecuar su ordenamiento interno de manera de asegurar a los pueblos indígenas la plena efectividad de sus derechos, respetando su identidad social, sus costumbres y sus instituciones.

El alcance jurídico de las disposiciones del convenio exíjen cambios urgentes y relevantes. Por ejemplo: posibilitar el debate sobre la implementación gradual de diversos sistemas jurídicos y hacerlos compatibles con el ordemaniento nacional y con los derechos humanos. Se trata de garantizar el principio de igualdad ante la ley y a la vez avanzar hacia el reconocimiento de un Subsistema Jurídico Indígena. Este subsistema tiene fundamento particular porque únicamente se debería aplicar en los territorios y a los miembros de aquellas naciones y pueblos en cuyas comunidades se forma y produce este derecho consuetudinario y cuyas autoridades naturales están encargadas de su aplicación.

El pluralismo jurídico es un objetivo deseable y posible en todos los países de América Latina, más allá de las pretensiones de la mayoría mestiza por negar la fuerte presencia de las naciones preexistentes a sus Estados. Chile no sólo es es en rigor una nación multicultural, sino que debería reconocer que es de facto un Estado plurinacional. Por tanto debe obrarse con tras ese objetivo a la hora de discutir cuestiones de esta naturaleza.

Al avanzar hacia el pluralismo jurídico se avanza también hacia una diversidad derechos aplicables. Esto quiere decir que dentro de la unidad jurídica de la Constitución pueden existir diversas fuentes de producción normativa y diferentes jurisdicciones encargadas de la aplicación de estas normas. En la separación entre los dos subsistemas cabe un rol determinante al principio del “jus fori”, cada juez dentro del ámbito de su jurisdicción y competencia aplica su propio derecho; por lo tanto, la jurisdicción y competencia determina el derecho aplicable y no a la inversa. A la vez deben operar los principios de exclusión y concurrencia. Por exclusión las Jurisdicciones Indígenas no tendrían atribución para conocer ni decidir las causas de las Jurisdicción ordinaria. Por concurrencia la Jurisdicción Ordinaria se debría separar de la Jurisdicciones Indígenas sobre la base de sus respectivos ámbitos de competencia territorial, personal y material.

Asumir la perspectiva del pluralismo jurídico impulsaría de forma determinante la agenda relacionada con el pluralismo cultural transformativo, desde la perspectiva auto critica que sostiene que cada cultura es incompleta y cambiante. Boaventura de Sousa Santos usa el término “cultural incompleteness” para referirse a la perspectiva que da cuenta de las razones por las cuales la propia cultura es incompleta, dado que ninguna cultura puede reclamar tener la completa concepción de la dignidad humana. El pluralismo jurídico es esí una condición indispensable para garantizar la existencia de mecanismos igualitarios para la interacción inter-juri-cultural.

 

 

Financiamiento para el desarrollo: aproximaciones desde la sociedad civil

La discusión sobre mecanismos innovadores de financiamiento del desarrollo refleja un cambio en la opinión de la comunidad internacional. Luego de muchos años, en los que se pregonaba que la globalización podía resolver por si sola los grandes problemas de la humanidad, hoy se está aceptando cada vez más la necesidad y la urgencia de establecer mecanismos solidarios. Se ha roto el tabú y hoy podemos hablar abiertamente de establecer normas e impuestos de carácter global, que permitan ejercer alguna forma de control democrático sobre los mercados. Por ese motivo, las Organizaciones no Gubernamentales no planteamos la urgencia de este debate simplemente para aumentar los montos de la cooperación internacional. Para nosotros esta en juego la creación de instrumentos mundiales de redistribución, que permitan dar un nuevo rostro a la globalización.

La implementación de estos nuevos mecanismos deberá concurrir en apoyo de una triple responsabilidad: la de Naciones Unidas, que debe hacer respetar derechos humanos en toda su integridad, la responsabilidad de los gobiernos nacionales y locales, que deben administrar políticas públicas de desarrollo, y la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, que nos encontramos en la primera línea del combate contra la pobreza y el atropello de los derechos de las personas.

Estamos convencidos de que nuestro compromiso en esta discusión se debe orientar a favorecer que las decisiones internacionales sean sensibles al interés colectivo. Por este motivo ACCIÓN se ha involucrado con pasión en este debate, y esta impulsando la participación de sus organizaciones asociadas y ha buscado expresar sus inquietudes.  Junto a nuestras contrapartes, las plataformas de ONGs de Brasil y Francia, hemos demandado permanentemente un lugar en estas deliberaciones, como portavoces de una ciudadanía ávida de incidir en debates que comienzan a delinear una nueva gobernanza económica mundial.

  1. Itinerario de la discusión sobre mecanismos innovadores de financiamiento al desarrollo

 1.1. Del consenso de Monterrey a la declaración de Ginebra.

La discusión sobre financiamiento al desarrollo ha cobrado particular relevancia a lo largo de la última década, debido a los desafíos planteados en septiembre de 2000 por la “Cumbre del Milenio”, que propuso un complejo plan con objetivos, convenidos por todas las naciones del mundo y que abarcan desde la reducción a la mitad la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015. Sin embargo, los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) pronto se demostraron inalcanzables si al mismo tiempo no se duplican los montos de la cooperación para el desarrollo durante los próximos años.

Naciones Unidas abordó este problema durante la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo, realizada en Monterrey en marzo de 2002. En esa oportunidad el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan advirtió que para poder afrontar los retos de la Cumbre del Milenio es necesario duplicar la Ayuda Oficial al Desarrollo, llevándola desde los actuales 50 billones de dólares por año hasta 100 billones anuales”[1].

Como una respuesta a los llamados y compromisos asumidos en la Conferencia de Monterrey, el 30 de Enero de 2004 el presidente francés Jacques Chirac, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula Da Silva y el presidente Chileno Ricardo Lagos suscribieron la Declaración de Ginebra, en la que propusieron la creación de un grupo de trabajo para identificar mecanismos innovadores de financiamiento al desarrollo. Este debate se planteó por dos razones: en primer lugar, por la constatación de que  gran número de países desarrollados no cumplen con sus compromisos en materia de contribución al desarrollo, y por otra parte porque el gasto público tradicional no presenta garantías suficientes en términos de previsibilidad y estabilidad. Sin embargo los países del Sur, necesitan fuentes de financiamiento regulares y estables para poder cubrir sus gastos recurrentes. Por este motivo, se trataría de incorporar mecanismos adicionales, que no pueden en ningún caso suplir el cumplimiento de los compromisos ya asumidos en la OCDE y ratificados en Monterrey. Con posterioridad a enero de 2004 se han sumado a esta declaración los gobiernos de España, Alemania, Argelia y Sudáfrica, y Noruega participa como observador, conformando el Grupo Técnico de la Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza (GT-7).

  1. 2. El Informe Landau

Por solicitud del presidente Chirac se dio a conocer el 16 de septiembre de 2004 el informe sobre “Nuevas contribuciones financieras internacionales”, también conocido como informe “Landau”.  Este documento confirmó la existencia de un déficit de financiación para el cumplimiento de los ODM y al mismo tiempo propuso diversas alternativas para incrementar el flujo de cooperación internacional. El informe citó variados mecanismos, entre otros el cobro de impuestos a las transacciones financieras internacionales, la creación de un mecanismo para aportes voluntarios a través de las tarjetas de crédito y la creación de “fondos éticos” que den oportunidades a inversiones socialmente responsables. La mayor novedad de este informe fue relevar la importancia de establecer impuestos internacionales, que deberían gravar especialmente a las transnacionales, lo que Landau justificó como “una contrapartida normal a los beneficios (que ellas) obtienen de la globalización[2]”  Este tipo de proposiciones, tal como lo señala el mismo informe, ¨son técnicamente posibles; todas proporcionan ingresos significativos frente a las necesidades de financiación estable y permanente para los objetivos del milenio; todas son económicamente racionales, pues están construidas para minimizar las distorsiones económicas relacionadas con su retención, incluso para corregir las distorsiones existentes; todas han sido concebidas para no afectar a los países en desarrollo” [3]. Además; ninguno de estos mecanismos se puede recaudar sin la implementación de instrumentos de cooperación entre distintos países, lo cual justifica aun más su asignación como APD.

  1. 3. Cumbre de Líderes Mundiales para una Acción contra el hambre y la Pobreza.

El Informe Landau constituyó una oportunidad privilegiada para impulsar la discusión global sobre  mecanismos innovadores de financiación. Con ese fin, el 20 de septiembre de 2004, en vísperas de la 59ª asamblea general de la ONU, los gobiernos de la iniciativa cuatripartita, encabezados por el presidente Lula, junto al Secretario General de la ONU Kofi Annan, convocaron en Nueva York a la ¨Cumbre de Líderes Mundiales para una Acción contra el hambre y la Pobreza”. En esta reunión se logró un importante apoyo político internacional ya que 107 Estados suscribieron la “Declaración de Nueva York” donde se reafirmó  “la necesidad de una mayor cantidad de ayuda para el desarrollo y de una mejor utilización de los recursos; la necesidad de un monto adicional anual de US$50000 millones, según cálculos de la ONU, para alcanzar los ODM para el 2015; la creación de mecanismos innovadores de financiación no sólo para lograr los ODM sino para garantizar una sostenibilidad a largo plazo”[4].

Y en 2005, en paralelo a la 60ª asamblea general de la ONU, los países del actual GT-7 suscribieron la “Declaración sobre las fuentes innovadoras de financiación del desarrollo” en la que reafirmaron su respaldo a la creación de tasas internacionales.

1.4 Conferencia de París. “Solidaridad y globalización: financiamientos innovadores para el desarrollo y contra las pandemias”.

En 2006 el debate continuó por medio de la conferencia internacional “Solidaridad y globalización: financiamientos innovadores para el desarrollo y contra las pandemias”, que se celebró en París los días 28 de febrero y 1° de marzo de 2006. En esa ocasión el presidente Chirac anunció la decisión de Francia de “poner en marcha, a modo experimental, como primer paso, sin la mayor dilación, una primera contribución de solidaridad sobre los billetes de avión”[5]. Este impuesto entró en vigor el 1° de julio del 2006 y es una muestra efectiva de la viabilidad y la utilidad de establecer impuestos internacionales[6].Aunque en París otros 18 países declararon que implementarían paulatinamente esta misma contribución, hasta el momento ninguno de estos países ha cumplido efectivamente ese compromiso.

Por su parte, Chile presentó su propia propuesta, contenida en el decreto número 15 del 16 de enero de 2006, por medio del cual se incorporó un recargo de beneficio fiscal de hasta US$ 2 o su equivalente en pesos, de los derechos de embarque de pasajeros de vuelos internacionales. En coherencia con la idea original de la “contribución de solidaridad sobre los billetes de avión”, la iniciativa chilena disponía que el producto del recargo de los derechos de embarque fuera integrado por la Dirección de Aeronáutica Civil a Rentas Generales de la Nación. No obstante, el Ejecutivo eliminó durante la discusión parlamentaria esa disposición, por las dudas de constitucionalidad que existían al emplear los recursos derivados de las tasas de embarque en fines distintos a los propios del servicio al que va ligado. De esta forma,  se constató que los recursos provenientes del aumento de las tasas no se podrían traspasar a los Fondos Generales porque deberían ir destinados exclusivamente a la Dirección de Aeronáutica Civil. Posteriormente y como una forma de solucionar este impasse, el Parlamento chileno aprobó el 11 de octubre de 2006 una contribución presupuestaria de US$ 5 millones anuales a la ONU, para financiar programas contra el hambre y la pobreza. Estos recursos provienen del ítem “Organismos Internacionales” del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.  A nuestro juicio, Chile debería en el futuro buscar las reformas constitucionales y legales que permitan que asegurar que  este mecanismo responda plenamente a los criterios de solidaridad con  los cuales fue diseñado, y garantizar la proporcionalidad entre los ingresos obtenidos por medio de la tasa aeroportuaria y los aportes al Fondo de solidaridad.

Es necesario recordar que concurrieron varias razones que llevaron a estos gobiernos a priorizar por el impuesto a los billetes de avión. En primer lugar, se trata de una tasa que no tiene impactos negativos en los presupuestos fiscales nacionales, dado que es financiado  exclusivamente por los pasajeros. Además, es fácil de instaurarlo sin la necesidad de esperar la participación universal de los estados, ya que basta aumentar los impuestos y derechos aeroportuarios existentes, con un costo de recaudación muy bajo. Además esta tasa no afecta la soberanía fiscal de los estados, pues los montos y modalidades de recaudación quedan al arbitrio de cada país, sin vulnerar acuerdos y tratados internacionales sobre comercio y transporte aéreo. Su impacto no afecta la competitividad entre los transportistas aéreos, ni a los grandes aeropuertos. Por último tiene un indudable carácter progresivo, solidario y redistributivo, acorde a la demandas de la globalización.

La Conferencia de París anunció que los fondos recaudados por el nuevo impuesto solidario se destinarán a la lucha que se lleva a cabo contra pandemias como el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en los países más pobres. Con este fin se constituyó un Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos, denominado UNITAID. Su lanzamiento oficial se realizó en Nueva  York el 19 de septiembre de 2006,  su consejo de administración se constituyó en Ginebra el 9 de octubre de 2006 y está compuesto por representantes de los cinco países fundadores (Brasil, Chile, Francia, Gran Bretaña, Noruega), por un representante del continente africano y un representante del continente asiático, así como dos miembros de la sociedad civil y un representante de la OMS. Este fondo internacional permitirá que durante el año 2007 100 mil niños reciban tratamiento contra el SIDA  y otros 150 mil reciban medicamentos contra la tuberculosis[7].

A nuestro juicio, UNITAID solamente logrará contribuir en forma significativa a los ODM si además de comprar medicamentos trabaja para romper las barreras que imponen las grandes transnacionales farmacéuticas, por medio de las patentes de propiedad intelectual. Para ello UNITAID debería combinar sus esfuerzos con otros compradores para ganar capacidad de negociación, y así apoyar a los gobiernos que están impulsando cambios en el régimen de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

1.5 Constitución del “Grupo piloto sobre las contribuciones de solidaridad a favor del desarrollo”

Otra importante decisión de la conferencia de Paris fue constituir el “Grupo piloto sobre las contribuciones de solidaridad a favor del desarrollo”,[8] como un marco institucional responsable de garantizar el avance de las discusiones sobre mecanismos innovadores de financiamiento al desarrollo. La primera reunión plenaria del grupo piloto se celebró en Ginebra el 21 de abril del 2006 y desde esa fecha ha abordado una amplia agenda en la que conviven diversas proposiciones. Entre otros temas se ha discutido la introducción de una “contribución solidaria por transacciones financieras” (CTDL), la continuidad del impuesto a los pasajes aéreos, la posibilidad de retomar la ronda sobre Derechos Especiales de Giro, el impuesto al carbono, la cancelación de la deuda y las posibilidades de acción de los gobiernos en contra la evasión impositiva y los paraísos fiscales.

La segunda sesión plenaria del grupo piloto se realizó en Oslo, los días 6 y 7 de febrero de 2007. Se debe destacar la importancia que esta sesión asignó a los temas referidos a la justicia tributaria internacional y al combate a los  paraísos fiscales. Además se profundizó el debate sobre la “contribución solidaria por transacciones financieras” (CTDL). En Inglés “Currency transaction development  Levy”, esta es una propuesta de la coalición de ONGs británica “Stam Out Poverty” que consiste en implementar un impuesto a las transacciones financieras  especulativas, de un monto tan bajo, ( 0,005%) que no afectaría el funcionamiento normal del mercado financiero. La ventaja de esta propuesta radica en su viabilidad política, ya que no debería enfrentar una oposición tan cerrada por parte de los especuladores como la que ha enfrentado la Tasa Tobin, que al ser un impuesto más alto busca además regular los las transacciones financieras especulativas. Si se logra implementar esta contribución solidaria se lograría recaudar altísimas sumas de un modo muy rápido. Sin embargo, el costo que conlleva este mecanismo es renunciar a los efectos reguladores que podría tener un impuesto internacional mas elevado, lo que tendría importantes consecuencias sobre el proceso de globalización. Regular la globalización es avanzar en su democratización, ya que como lo afirmó el presidente Chirac en la Conferencia de París: “tal como se desarrolla hoy la globalización, no sólo no reduce al desigualdad sino que la profundiza cada vez más.”

Esperamos que la decisión asumida en Oslo de implementar a una iniciativa de “Tax Force” a favor de los impuestos globales y contra los paraísos fiscales encuentre en los gobiernos una voluntad política decidida y clara de acompañar lo que la sociedad civil demanda con fuerza desde hace mucho tiempo.

  1. El aporte y la participación de la sociedad civil en el proceso de financiación para el desarrollo.

El proceso que hemos descrito ha sido el producto de una efectiva combinación de liderazgos y alianzas Norte-Sur y de la enorme legitimidad que ha supuesto el vínculo entre los mecanismos innovadores de financiación y los urgentes problemas de salud que debemos enfrentar como humanidad. Sin embargo, estos factores no son los únicos que han logrado concitar el necesario apoyo político  al debate y  la implementación de estos mecanismos. Un factor determinante, a nuestro parecer, ha sido la participación de los “actores sociales”.

A juicio de ACCIÓN, el carácter relativamente abierto que hoy ha adquirido este proceso ha sido producto de la presión ejercida por la propia sociedad civil, ya que al inicio no observamos, al menos en el gobierno chileno, una actitud de apertura a los aportes de las  organizaciones ciudadanas. Más bien observamos la voluntad de dar a este debate un muy bajo perfil, alejado de la opinión pública. Afortunadamente, esta actitud ha cambiado progresivamente, pero creemos es necesario dar más importancia y más relevancia comunicacional a este debate.

 En octubre de 2006, ACCIÓN organizó en Santiago la primera actividad pública sobre el tema, donde convocó a debatir a diversos actores (GT-7 Chile, la organización social Vivo Positivo, el mundo académico y el mundo político) y ha mantenido una interlocución permanente con los miembros del propio GT-7 Chile. Creemos que esta actitud, de informar y abrir el debate debe mantenerse y ampliarse, y desde ya invitamos al Gobierno chileno a dar la mayor visibilidad posible a esta discusión.

2.1 Sobre el carácter y naturaleza de los mecanismos innovadores.

A  juicio de ACCION existe un vínculo profundo entre la naturaleza de los recursos destinados al desarrollo, (que deben ser nuevos, estables y previsibles en el largo plazo) y su impacto, que no se puede reducir a  cubrir necesidades urgentes, sino que debe apuntar a producir  capital humano de largo plazo y a permitir el empoderamiento de los pueblos. Por esta razón, debemos recordar que estas nuevas fuentes de recursos no pueden suplir el cumplimiento de  acuerdos adquiridos anteriormente. Los mecanismos innovadores de financiamiento del desarrollo poseen un carácter adicional y suplementario, ya que ellos no pueden, ni deben, reemplazar el compromiso de los Estados del Norte, de entregar el 0,7% de su Producto Interior Bruto como Ayuda Pública al Desarrollo (APD). Lamentablemente,  sólo 5 países cumplen actualmente con este objetivo. (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia). Es alarmante, además, que algunos gobiernos  intenten lograr cumplir esta meta, contabilizando como ayuda el alivio de la deuda externa. Este tipo de argucias puede significar que las cifras de APD se incrementen artificialmente sin que los países del Sur reciban el “dinero fresco” imprescindible para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Al mismo tiempo, advertimos señales preocupantes, que muestran un debilitamiento del debate sobre sistemas tributarios globales, pues en la práctica muchos países han optado por entrar en una dinámica de contribuciones con cargo a los presupuestos nacionales, sin tocar al sistema financiero internacional.

2.2 Alianzas internacionales para ampliar el debate.

Desde la sociedad civil hemos decidido enfrentar estas amenazas por medio de la construcción de alianzas internacionales y para ello hemos venido avanzando en la constitución de una red global de plataformas de ONGs junto a ABONG (Brasil), CONGAD (Senegal), Coordination Sud (Francia) y VANI (India) para conformar un espacio de debate e intercambio en torno a nuestras preocupaciones sobre el financiamiento al desarrollo y para dar seguimiento y abrir la discusión más allá de los espacios oficiales. En este contexto, nos hicimos parte de una actividad internacional sobre la materia que tuvo lugar en el Foro Social Mundial que se realizó en Enero en Nairobi. Y la misma voluntad nos motivó a convocar  este seminario internacional, que busca el protagonismo de la sociedad civil en debate sobre la cohesión social y el financiamiento para el desarrollo.

Ya a mediados del 2004, ACCIÓN se reunió en Brasilia con sus pares ABONG y Coordination SUD, para debatir sobre sus enfoques, analizar las propuestas de la declaración de Ginebra y del informe Landau y para redactar una carta de posicionamiento que fue enviada a los Presidentes de Brasil, Francia y Chile, previo al lanzamiento de la iniciativa, el 20 de septiembre de 2004, en Nueva York.

2.3 La carta de las ONGs. a  los presidentes de Brasil, Chile y Francia.

En septiembre de 2004 las  plataformas de ONGs de Brasil, Chile y Francia enviaron una primera carta a los presidentes de cada uno de sus países, en la que les felicitaron por  doble mensaje enviado a la comunidad internacional, al  apelar a  la necesidad de aumentar los esfuerzos de solidaridad, a través de la movilización de nuevos recursos financieros; y al  comprometerse en el debate por la creación de un sistema fiscal internacional. Al mismo tiempo, la carta manifestó las condiciones que, desde nuestro punto de vista, serían necesarias para que la iniciativa alcance sus objetivos. Entre otras propuestas, nuestras plataformas demandaron algunos puntos que conservan plena actualidad:

Sobre la calidad de la ayuda: Instamos al respeto de los compromisos contraídos por los gobiernos y a la reforma los instrumentos internacionales de la Ayuda al Desarrollo. Los instrumentos propuestos deben ser considerados como un primer paso para la implementación de un sistema tributario internacional, frente a la menor capacidad que actualmente tienen los Estados para recaudar recursos. Además, con el fin de evitar que las nuevas contribuciones financieras se destinen a mecanismos costosos, poco eficaces y sometidos a condicionantes contraproducentes, se propuso que las agencias existentes que accedan, a los nuevos fondos implementen una nueva administración, transparente, participativa y atenta a la distribución y utilización de esos recursos.

Luchar contra el empobrecimiento de los Estados: afirmamos que es ilusorio implementar los nuevos mecanismos de financiación, si al mismo tiempo los gobiernos no se esfuerzan por detener y revertir la hemorragia fiscal que afecta a todos los países. Para ello se demandó ampliar la lucha contra la evasión, el fraude y el dumping fiscal. Estos esfuerzos, se señaló, pasan por la desaparición de los paraísos fiscales, por la limitación del secreto bancario, y por una nueva reflexión sobre la movilidad de capitales.

Luchar contra el empobrecimiento de las personas: las crecientes desigualdades globales exigen analizar los mecanismos de fijación de los salarios y de los precios. Se reafirmó la especial relevancia que posee el tema de los precios agrícolas en los mercados globalizados y  la cuestión de los subsidios a las exportaciones.

2.4 Declaración de las ONGs con motivo de la conferencia de París.

Mas tarde, con motivo de la conferencia de París sobre “Solidaridad y globalización” más de 70 ONGs reunidas en la ocasión manifestamos nuestra preocupación por el rumbo que adquirió el proceso a partir de la declaración “Sobre las fuentes innovadoras de financiación del desarrollo” de septiembre 2005. Entre otras preocupaciones se alertó sobre la implementación de las tasas sobre pasajes aéreos: Se reafirmó el carácter obligatorio de estas contribuciones de solidaridad, que deben ponerse en marcha bajo la forma de verdaderos impuestos internacionales, y no como contribuciones voluntarias. Y recordamos que  monto de estos impuestos debería ser lo suficientemente elevado como para aportar volúmenes significativos de recursos.

Evitar la dispersión de las discusiones.

En la conferencia de Oslo, en febrero de 2007, constatamos el peligro de que la discusión se disperse hacia  propuestas que difícilmente pueden ser calificadas dentro del concepto de “mecanismos innovadores de financiamiento al desarrollo”. Es el caso del fondo tecnológico contra la brecha digital (Digital Solidarity Found) y especialmente la propuesta ítalo-británica llamada “Advanced Market Comitments” AMC [9] ” (“). Esta proposición nació del gobierno italiano, después de extensas consultas con fabricantes de vacunas y firmas de biotecnología y ha propuesto comprometer una cantidad de fondos para subsidiar la compra, a un determinado precio, de vacunas todavía no disponibles, siempre que sea desarrollada y responda a la demanda de los países en desarrollo. Se trataría de crear incentivos de mercado para estimular la investigación e inversión privadas, acelerando el descubrimiento de nuevas vacunas. En la conferencia de Oslo la propuesta AMC fue objeto de duros cuestionamientos por parte de representantes de ONGs que alertaron sobre la utilización de recursos públicos para la investigación de la industria farmacéutica  privada, que lucraría a futuro con los respectivos derechos de propiedad intelectual[10]. A nuestro juicio se debería priviliegiar la investigación farmacéutica en laboratorios públicos, que puedan asegurar tanto el valor a futuro de los medicamentos, como también la producción de genéricos en los países del Sur.

Al mismo tiempo, consideramos que el proyecto “Fondo o Mecanismo Financiero Internacional para inmunización” (International finance facility for inmunization IFF) propuesto por el ministro británico Gordon Brown[11], tampoco se puede catalogar dentro de los mecanismos innovadores. Este programa fue lanzado en Londres el 7 de noviembre de 2006 con una primera emisión por US$ 1000 millones de dólares en bonos respaldados por los gobiernos del Reino Unido, Francia, Italia, España, Suecia, y Noruega. Los fondos reunidos a través de estos instrumentos serán usados en los programas de vacunación  hasta el  2015. Sin embargo, a nuestro parecer esta propuesta debe ser analizada con mucha cautela;  ya que, al igual que cualquier préstamo, este mecanismo transmite la carga correspondiente a las generaciones futuras. Tememos, además, que después de 2015 una parte de la APD de los países involucrados en esta iniciativa se destinen a  rembolsar a los propietarios de los bonos del MFI, con el posible riesgo de que se redujera el volumen de ayuda disponible para los países en desarrollo.

Una aprehensión similar nos despiertan las propuestas otorgar un rango de mecanismos innovadores de financiamiento al desarrollo  a las remesas que envían los emigrantes a sus países de origen. Se estima que en la actualidad estos envíos sobrepasan ya los 100.000 millones anuales. El presidente Rodríguez Zapatero ha planteado interesantes propuestas para reducir los costes de envío de estos fondos, para evitar que se quede tanto dinero en las empresas intermediarias; para facilitar el acceso a microcréditos de las familias y para emprender campañas de sensibilización con el fin de que tanto emisores como receptores de remesas velen por la adecuada inversión de unos recursos que pueden convertirse en multiplicadores del desarrollo. Son proposiciones valiosas, que requieren coordinación internacional, pero que no corresponde incorporar en la discusión sobre mecanismos innovadores, entre otras razones porque no podemos colocar en los migrantes el peso de financiar el desarrollo.

A nuestro juicio, no debemos perder el rumbo en este debate, deslumbrados ante propuestas que no tienen nada de innovador ni incluyen un real componente redistributivo. Llamamos a los gobiernos  a continuar en la reflexión en torno al establecimiento de una tributación adicional sobre las ganancias de las trasnacionales y los flujos financieros internacionales, a implementar una tributación “ecológica”, dirigida a los actores que se benefician ampliamente de la globalización y cuyas actividades conllevan considerables externalidades negativas sobre el medio ambiente, y a dar una lucha firme contra la evasión fiscal, el dumping, los paraísos fiscales, la fuga de capitales y la competencia fiscal entre los Estados. Al enfrentar este tipo de temas estaremos pensando en el embrión  de un sistema de redistribución global.

2.4 Justicia tributaria: desafíos nacionales y globales.

Este debate esta ligado de forma indisoluble a la justicia fiscal. Creemos que no se puede postular la implementación de mecanismos de redistribución global sin que ese mismo objetivo se implemente a escala nacional. En un reciente artículo de opinión el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre afirmó:“Si se miran las estadísticas internacionales seriamente, no hay un país en el mundo con nuestro nivel de desarrollo o superior que tenga una carga tributaria más baja. Tampoco encontrarán un país que tenga nuestro nivel de desarrollo y que sea más desigual. La relación entre desigualdad y carga tributaria es evidente, están ligadas total y completamente: no hay un país que haya logrado una mejor distribución del ingreso con una menor carga tributaria[12]”. Sin embargo sabemos que existen fuertes  intereses en contra los impuestos están frecuentemente anclados en posiciones antiestatistas e individualistas. Debemos recuperar las posibilidades de la democracia para dar cohesión a  nuestras sociedades. La escandalosa realidad es que Chile, como muchos otros países del Sur, está anclado a una estructura tributaria profundamente injusta y regresiva, que agudiza los conflictos, e imposibilita a los estados poder resolver las crecientes tensiones de nuestras sociedades. En Chile el 10% más rico de la población  sólo tributa un 11,8% de sus ingresos, mientras el 10% más pobre paga el 14,4% de los suyos en impuestos. Sabemos que los impuestos indirectos, o sea aquellos que cancela el conjunto de la población, son lejos los predominantes, representando más de un 75% de los ingresos tributarios totales[13]. Para ACCIÓN no es posible fortalecer la  cohesión social al interior de nuestros países, como a nivel internacional, sin enfrentar el desafío de redefinir a nivel global y nacional las políticas tributarias.

2.5 Mecanismos públicos de financiamiento para el desarrollo en Chile

Por último, es necesario concluir señalando que es imposible introducir los mecanismos innovadores de financiamiento a nivel global sin implementar al mismo tiempo  políticas coherentes  de  desarrollo y  fortalecimiento de la sociedad civil a nivel nacional. Chile esta jugando un papel de liderazgo mundial, como fundador del grupo  “Acción contra el hambre y la pobreza” y de UNITAID, lo que nos llena de orgullo.  Es justo esperar que nuestro país ejerza la misma audacia y capacidad innovadora que muestra en los foros internacionales a la hora de implementar mecanismos que reconozcan y contribuyan a  la labor de las organizaciones que trabajan por el desarrollo humano dentro de Chile.

Estas organizaciones sociales, no gubernamentales y de voluntariado, expresan en su diversidad una forma de ejercer la ciudadanía, que contribuye a mejorar el sistema democrático, volcando sus energías hacia las necesidades de la vida cotidiana de la comunidad, como el trabajo, la educación, las temáticas de género, infancia, discapacidad, pueblos indígenas, superación de la pobreza y la discriminación y muchas otras donde no llega o no es eficiente la acción o la mirada del Estado. Se trata de ciudadanía organizada que estudia, se capacita y difunde una amplia gama de derechos ciudadanos, que protege el medio ambiente y vela por el interés colectivo.

La riqueza de estas experiencias requiere que nuestro país implemente mecanismos públicos de financiamiento que garanticen su sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional. Para ello es vital trascender las precarias lógicas actuales, ligadas a la postulación a fondos concursables para proyectos de corto plazo, ámbito en el que muchas organizaciones ciudadanas han debido desenvolverse desde hace varias décadas.

Pensamos que el  proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana que actualmente se tramita en el Congreso Nacional no esta a la altura de las necesidades de un país que aspira a ser parte de la vanguardia mundial en financiamiento del desarrollo. A nuestro juicio se requiere la constitución de un”Fondo de fortalecimiento de las  organizaciones de  interés  público”. Esta nueva institucionalidad debería constituirse en un órgano o agencia rectora del desarrollo y del fortalecimiento de la sociedad civil en Chile. Tal fortalecimiento, desde hace bastante tiempo, viene siendo considerado por los especialistas como un componente esencial de una democracia moderna y efectiva, construida por los ciudadanos/as y ejercida y controlada con su participación, adecuadamente canalizada por una institucionalidad abierta a la escucha, al diálogo y al aporte deliberativo de sus ciudadanos.

Este Fondo debería ser concebido legalmente como un organismo estatal descentralizado administrativa y territorialmente, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que no tenga una dependencia jerárquica del Ministerio Secretaría General de Gobierno y, por lo mismo, demasiado expuesto a la contingencia política y fácilmente susceptible de instrumentalización.

El modelo que proponemos no es extraño a la experiencia ni al derecho administrativo nacional; ya existe como figura en la administración, encontrándose por ejemplo, en la institucionalidad de otros fondos públicos como el FOSIS, el FONDECYT y el FONDART. Frente a estos ejemplos, no nos parece presentable políticamente el diseño que el proyecto ofrece para este fondo de fortalecimiento de la sociedad civil, pues la ley no le asegura ni su financiamiento ni su autonomía funcional, ubicándolo implícitamente en un rango menor o en una categoría merecedora de un particular control político, inaceptable a la luz del clamor por transparencia y control ciudadano que vive el país.

Conclusión

En julio de 2006, durante el encuentro del Grupo Piloto realizado en Brasilia Jorge Eduardo Durão, entonces Director General de ABONG,  recordó a los representantes de los gobiernos   que el actual debate sobre tributación internacional corresponde al reconocimiento de antiguas banderas de lucha de movimientos sociales. La iniciativa de los gobiernos del GT-7 esta saliendo al encuentro de una vieja demanda de la sociedad civil. Esta es una muestra más que evidente de la importancia de dar a la sociedad civil espacios y  para ejercer su libertad y su capacidad de propuesta.

En este sentido, afirmó Jorge Eduardo, “es imprescindible que el combate al hambre y la pobreza no sea disociado de la lucha contra los mecanismos de permanente reproducción y ampliación de las desigualdades sociales y la exclusión. Es preciso evitar a cualquier costo un abordaje estático del problema de la pobreza que pase por alto los dramáticos procesos que están generando nuevos y enormes contingentes de pobres e indigentes, lo que exige una amplia movilización política internacional tendiente a cambiar los rumbos de la globalización[14]”.

No se trata, por lo tanto, de dólares más o dólares menos. Se trata de no perder el norte de nuestros debates y de nuestras acciones. Ni el mas generoso de los mecanismos de financiación que podamos implementar nos asegura per se  el logro de nuestras metas, que no pueden ser otras que el despliegue, para todos y todas, de una vida  en plenitud de capacidades y derechos,  abundante en justicia y en dignidad[15].

 

Notas

[1] http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/index.html

[2] Landau 2004, p. 16.

[3] Informe Landau. Nuevas contribuciones financieras internacionales. Resumen y conclusiones. http://www.embafrancia-argentina.org/article.php3?id_article=386.

[4] http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/bulletin.es.asp?liste=20050919.es.html.

[5] Conferencia de Paris.”solidaridad y globalizacion: financiamientos innovadores para el desarrollo y contra las pandemias”. discurso del Sr. Jacques Chirac, presidente de la republica. Paris, 28 de febrero de 2006. http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/bulletin.es.asp?liste=20060301.es.html#Chapitre2.

[6] “El monto de estas tasas es de 1 euro para la clase económica y 10 euros para la clase de negocios /primera en los vuelos nacionales e intraeuropeos (Espacio Económico Europeo); 4 o 40 euros para los otros vuelos de acuerdo con las clases de viaje”. http://www.diplomatie.gouv.fr/es/IMG/pdf/Dossier_billets_d_avion_ES.pdf

[7] Los aportes a UNITAID varían dependiendo los países miembros de la iniciativa: el impuesto francés contribuye con unos US$ 250 millones anuales, España ha decidido aportar US$ 100 millones anuales en los primeros cuatro años sin implementar hasta ahora nuevos  impuestos, Noruega contribuye con US$ 25 millones financiados con fondos provenientes de los gravámenes al CO2 del combustible de aviación, Brasil con US$ 12 millones y Chile con US$ 5 millones.

[8] El grupo fundador contó con   38 países: Argelia, Alemania, Austria , Bangladesh , Bélgica , Benin , Brasil , Burundi , Camboya , Camerún , Cabo Verde , Chile , Chipre , Congo , Corea del Sur, Costa de Marfil , Djibouti , España , Etiopía , Francia , Gabón , Guinea-Bissau , Guinea-Conakry , Haití , India , Jordania , Líbano , Luxemburgo , Madagascar , Mali , Marruecos , Isla Mauricio , Mauritania , México , Mozambique , Namibia , Nicaragua , Nigeria , Noruega , Reino Unido y Sudáfrica.

[9] Compromiso Avanzado de Mercado

[10] La aproximación critica la desarrollo Nicoletta Dentico, representante  de “Drugs for Neglected Diseases Initiative”.

[11] Este programa fue lanzado en Londres el 7 de noviembre de 2006 con una primera emisión por US$ 1000 millones de dólares en bonos respaldados por los gobiernos del Reino Unido, Francia, Italia, España, Suecia, y Noruega.  Los fondos reunidos a través de estos instrumentos del IFFIm serán usados en los programas de vacunación en 70 de los países, durante los próximos 10 años,  por medio de la alianza mundial para la salud-Alianza GAVI.

[12] Nicolás Eyzaguirre. “Pobres, desiguales y flaites”. En The Clinic, nº200, 8 de marzo de 2007.

[13] Hugo Fazio, “Sistema Tributario Chileno”, CENDA,  agosto de 2001.

[14] Intervención de Jorge Eduardo S. Durao. Director General de la Asociación Brasilera de ONGs (ABONG) durante el Encuentro del Grupo Piloto sobre Mecanismos financieros Innovadores en Brasilia (6 y 7 de julio de 2006).

[15] Estas ideas fueron ratificadas en la intervención que ACCIÓN realizó en la reunión sostenida por el grupo técnico GT-7 en Santiago en enero de 2007 . Nuestra coalición de plataformas de ONGs también participó en el taller internacional que el gobierno de Noruega convocó en diciembre de 2006 en el marco de su presidencia del grupo piloto, dedicado exclusivamente a dos temas prioritarios; la contribución solidaria de la aviación civil y la propuesta contribución solidaria por transacciones financieras (CTDL). Este taller sirvió como evento preparatorio para la Segunda Reunión Plenaria del Grupo Piloto realizada en febrero de 2007, donde también participamos.