EL MÉRITO DE LLAMARSE BALTAZAR GARZÓN

Publicado en La Nación el 30 de abril de 2010

El procesamiento del Juez Baltasar Garzón Real por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de España ha causado amplio debate y conmoción mundial. El motivo directo tiene relación con su intento de juzgar el genocidio ejercido durante la dictatura franquista, proceso en que se habría extralimitado y actuado con prevaricación, según acusaciones de la organización Falange Española de las JONS, implicada directamente por Garzón en los crímenes que se pretendían investigar.

El 14 de octubre de 2008 Garzón había resuelto declararse competente para investigar a los desaparecidos del franquismo. El 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados representantes de asociaciones parala Recuperacióndela Memoria Históricay un diputado socialista presentaron ante la justicia un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzóla Guerra Civil.En octubre de 2008, estas asociaciones hicieron llegar un listado con 133.708 víctimas. En respuesta a esta demanda Garzón autorizó la exhumación de 19 fosas comunes, incluida la que acogió el cuerpo del poeta Federico García Lorca. Sin embargop, el 7 de abril de 2010, el magistrado Luciano Varela decidió transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas al juez Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación que habría cometido al iniciar, sin competencia legal, la causa por las desapariciones del franquismo.

 

Esta imputación busca atacar un modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme al Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo. Al juzgarle de esta forna se busca condenar en un juicio sumario a todos los defensores de la democracia y la justicia y sentar un nefasto precedente a favor de la impunidad de crímenes imprescripctibles e inamnistiables cometidos por dictadores corruptos y enemigos de la democracia. Este caso vuelve a demostrar la necesidad de garantizar el principio de Justicia Universal por el que se establece la competencia de la justicia para juzgar los delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo cometidos en el extranjero aunque sean cometidos por personas extranjeras.

 

El juez Baltasar  Garzón es una personalidad reconocida internacionalmente por sus incesantes esfuerzos en la persecución de este tipo de crímenes y por ser uno de los principales promotores de la derogación de las leyes de Amnistía que benefician a los violadores de los DDHH. Por esta razón hoy es víctima de una campaña promovida por sectores extremistas, que intentan detener el avance de los procesos internacionales que buscan alcanzar verdad, justicia y reparación en casos de violaciones a los derechos fundamentales.

Su carrera judicial  le ha llevado a enfrentar casos de extrema complejidad en la que no ha dudado en mostrar independencia política. Recordemos que el Partido Popular español elogió en su minuto la investigación que Garzón desarrolló en contra de la trama los Grupos Antiterroristas de Liberación GAL, en la que se vieron implicados dirigentes socialistas. Esta investigación permitió juzgar a una organización paramilitar que buscó acabar con la organización separatista vasca ETA por medio de  asesinatos selectivos y de empleando la tortura. Simultáneamente, Garzón  ha mostrado el mismo rigor en el combate del terrorismo de ETA.

 

El mérito de Garzón ha sido mantener una línea de consecuencia y rigor en materia de impedir que las violaciones de los Derechos Humanos se mantengan impunes. Ha ayudado a sentar jurisprudencia en materia de la intangibilidad de los derechos y en consecuencia, a vialibilizar el carácter imprescriptible e inmanistiable de delitos de lesa humanidad. Por ese motivo para los chilenos será inolvidable su histórica resolución que permitió que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres el 18 de octubre de 1998.

 Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Chile creemos que el Tribunal Supremo de España debe atenerse a sus responsabilidades constitucionales, impidiendo que acusaciones ideológicas, que buscan preservar la impunidad, prevalezcan sobre los criterios de justicia. No se trata de un juicio cualquiera. Somos muchos los que estamos observando.

¿PRIVATIZACIÓN O RECONSTRUCCIÓN?

Publicado en Crónica Digital el 17 de abril 2010

El presidente Sebastián Piñera ha anunciado la creación de un Fondo de Reconstrucción que hasta ahora no ha contado con la mínima consulta y participación de la ciudadanía de las regiones afectadas.

La iniciativa contempla una nueva institucionalidad de donaciones que incluye fuertes incentivos tributarios, lo que despoja a los aportes de los donantes de un estricto sentido solidario. Si el sentido de urgencia ante la catástrofe indica que los ingresos fiscales deben aumentar,  instaurar estas nuevas franquicias tributarias no parece lógico ni entendible. El esfuerzo estatal que se requiere no justifica estos  beneficios que indirectamente terminan con cargo al presupuesto público.

Se trata de generosas deducciones de impuestos a las que incluso podrán postular empresas extranjeras que establemente trasladan sus utilidades fuera de Chile. Se propone dar acceso a estas compañías a créditos equivalentes al 35% de la cantidad “donada”. Respecto de los impuestos a las utilidades de las empresas se descontarían en forma proporcional a las rentas líquidas imponibles. Es previsible además, que las empresas encuentren en estos mecanismos un incentivo para utilizar las figuras de corporaciones o fundaciones de RSE, bajo su directo control, que intermedien sus propias donaciones, lo que agrava el sentido utilitario de estas “donaciones”. Por su parte las personas naturales tendrán derecho a un crédito equivalente al 40% de la suma entregada que podrán imputar al impuesto que deberían cancelar.

Otro aspecto crítico dice relación con la administración de este fondo de donaciones que radicaría en un “Comité Ejecutivo para la Reconstrucción”. Es preocupante que la propuesta no contemple  mecanismos para la participación de la sociedad civil de las zonas afectadas y de sus autoridades locales, lo que no habla bien de sus mecanismos de control y transparencia. Al contrario, la composición de este comité postula la presencia del presidente de la República, ministros, intendentes de las zonas afectadas y dos integrantes igualmente nominados por el ejecutivo. Es evidente un déficit básico en los mecanismos de rendición de cuentas de este comité, que debería contener formas básicas de freno y contrapeso que aseguren el respeto y la legitimidad de las graves decisiones que deberá adoptar.

Esta propuesta se une al anuncio de la posible privatización de Edelnor, empresa que provee  de electricidad CODELCO, lo que amenaza la independencia energética de esa compañía, e indirectamente a la soberanía energética del país. Aunque el ministro Felipe Larraín ha declarado que la privatización no está aún definida es evidente el interés de aprovechar la coyuntura para culminar un proceso privatizador comenzado por la Concertación y que pone en riesgo insumos estratégicos de la principal empresa nacional.

En síntesis, Piñera debería tomar nota de las observaciones de la ciudadanía, que se inspiran en el mismo ánimo que ha llevado al maestro Marcelo Bielsa a afirmar tan acertadamente en estos días: “No hay que justificar ni satanizar. Hay que tomar conciencia de implementar un cambio. Hay que tener autocrítica para mejorar”.

EL VATICANO BAJO SOSPECHA

Publicado en Punto Final en Abril de 2010

Las acusaciones a la jerarquía católica respecto a sus responsabilidades en el encubrimiento de casos de pedofilia en el clero no son nada nuevo. Durante la última década las denuncias han abundado, en especial desde que el cardenal Bernard Law fue obligado a dimitir del arzobispado de Boston en 2002, luego de haber protegido a un sacerdote que abusó de 130 niños durante veinte años. Desde ese momento las denuncias han escalado a nivel mundial lo que ha minado tanto la autoridad moral como las finanzas eclesiales, dado el elevado costo en indemnizaciones que ha debido pagar.

En Canadá, la Iglesia Católica ya ha gastado 1.000 millones de dólares canadienses por conceptos de indemnizaciones. En Estados Unidos, una investigación criminal realizada en 2004 estableció en 4400 el número de sacerdotes acusados de pedofilia en ese país entre 1950 y 2002, y en 11.000 el de los niños que potencialmente fueron sus víctimas. En Irlanda sólo el año 2009 cuatro obispos presentaron su renuncia luego de comprobarse que 14.500 niños fueron víctimas de estos abusos en la diócesis de Dublín. En México, las acusaciones llegaron hasta el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Marciel, quién tuvo que abandonar sus cargos en 2006 por decisión vaticana. En Holanda, desde marzo de 2010 se registraron 350 demandas de personas que afirmaron haber sufrido abusos sexuales cometidos por miembros del clero en los años 50, 60 y 70.

Sin embargo las más recientes revelaciones de prensa han escalado más alto, ya que se refieren a los años en que el actual Papa Benedicto XVI ejercía como arzobispo de Munich, a fines de los setenta. Según New York Times “El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa y entonces arzobispo de Munich, recibió un memorándum en el que le informaban de que un sacerdote, a quien él había enviado a terapia en 1980 para superar la pedofilia, volvió a ejercer su labor pastoral días después de iniciar el tratamiento”. Según el periódico “ese documento, cuya existencia ha sido confirmada por dos representantes de la iglesia, muestra que el futuro Papa no solo participó en una reunión el 15 de enero de 1980, en la que se aprobó el traslado del cura, sino que también fue informado de su reasignación a otra parroquia”. De esta forma el actual pontífice habría actuado con los mismos criterios y procedimientos que los demás obispos acusados de encubrir y amnistiar a los pederastas.

Junto a lo anterior, medios alemanes han informado de graves denuncias de abusos sexuales y maltratos graves a los niños que residían como internos en el coro-escuela de la ciudad de Ratisbona. El obispado confirmó este mes que dos sacerdotes acusados habrían cometido abusos contra niños entre 1958 y 1973. Las fechas tienen una importancia crucial, pues Georg Ratzinger, hermano del actual pontífice, fue director de ese coro entre los años 1964 y 1994, pero ha declarado que nunca tuvo conocimiento de denuncias de abusos sexuales en la escuela, ni el coro. Esta acusación se une a una ola de denuncias de pedofilia en Alemania, que abarca a 18 de las 27 diócesis de ese país. Hace dos semanas, la ministra de Justicia, Sabine Leutheusser, declaró que la Iglesia Católica no parecía estar dispuesta a cooperar para esclarecer los abusos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Robert Zollitsch, reaccionó duramente y le dio a la ministra 24 horas para retractarse. Sin embargo, las acusaciones de la ministra sintetizan los elementos comunes que atraviesan los responsabilidades de la jerarquía eclesial a nivel mundial: “En muchos colegios había un muro de silencio que permitía el abuso y la violencia”, afirmó apuntando a que “incluso los casos más graves de abusos están sujetos sólo al secreto papal y no deben publicarse fuera de la Iglesia”. Leutheusser ha apuntado a un elemento crucial: “Lamentablemente, hasta el momento no hemos podido observar un interés activo por parte de la Iglesia Católica para acometer un esclarecimiento completo y sin reservas de los abusos sexuales denunciados”. Un compromiso que pasaría por una cooperación constructiva de las autoridades eclesiásticas con los responsables policiales y judiciales.

Escándalos y evasivas en la Iglesia chilena.

El cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo de Santiago, declaró recientemente a TVN: “(En Chile) hay algo de estos abusos de pedofilia, poquitos gracias a Dios. Se está aplicando lo que dijo Juan Pablo II en cuanto a que no tienen lugar dentro del sacerdocio de la Iglesia personas que dañan de esa manera a los niños”. Al minimizar la situación Errázuriz parece desconocer las magnitudes y alcances reales de estos abusos en nuestro país. Entre 1997 y 2010 es posible cuantificar una veintena de denuncias públicas en la prensa, de las cuales un elevado número ha llegado a tribunales. Las más bulladas han involucrado a sacerdotes de triste memoria, como José Andrés Aguirre, el “cura Tato”, condenado en 2002, Jorge Enrique Galaz, ex director del Pequeño Cottolengo de Rancagua, condenado en 2006, Eduardo Olivares Martínez, condenado en 2008 por abuso sexual en el hogar de menores Refugio de Cristo de Valparaíso y  Ricardo Alberto Muñoz Quintero, párroco de Melipilla que pagaba a su pareja para que le proporcionara menores, mientras también mantenía relaciones sexuales con las dos hijas de su conviviente.

Otra arista de los casos de pedofília en nuestro país dice relación con redes de encubrimiento internacional que habrían utilizado a Chile como destino para clérigos acusados de abusos sexuales. El más reciente es el caso de José Ángel Arregui Eraña, que ha sido descubierto por la PDI en posesión de material pornográfico infantil. Se trata de miles de fotografías y vídeos de durísimo contenido: sadomasoquismo, coprofilia, urofilia, sexo con bebés. Arregi residía en Chile desde enero de 2008 y ejercía la docencia en la Universidad Santo Tomás. Antes había pasado por siete colegios en España en los cuales habría abusado reiteradamente de alumnos de esos establecimientos. Se sospecha que este mecanismo, el traslado a Chile de sacerdotes bajo acusaciones de pedofilia, podría ser una práctica recurrente.

La teoría del complot 

Para el sector más conservador de la Iglesia Católica estas acusaciones y denuncias no serían más que un complot de la prensa. Se trata de una actitud que minimiza y evade la responsabilidad eclesial ante estos casos. Basta recoger las recientes declaraciones a su llegada a Chile del cardenal y secretario de Estado del Vaticano Tarcisio Bertone: “No es verdad, no es verdad. Usted sabe, hemos documentado en contrario y no hablamos de este tema porque si no estamos aquí todo el día (…) Basta, basta de este tema”. Mucho peores han sido las afirmaciones del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez: “Puede haber menores que sí lo consientan (el abuso sexual) y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan”.

Similares argumentos ha usado el párroco de Reñaca  y apóstol de San Expedito Enrique Opazo: “siempre han habido medios concertados para ir contra la Iglesia. Piensa tú que en Chile, la inmensa mayoría de los pedófilos no han sido sacerdotes. Sólo ha habido cinco casos en Chile, tres de los cuales están en la justicia, somos más de mil curas y se le da a esto una cosa tremenda”. La estrategia de los integristas, junto con minimizar y deslegitimar las denuncias, ha sido trasladar la responsabilidad a las tendencias culturales y sociales contemporáneas. De hecho la carta que dirigió el Papa a la Iglesia de Irlanda, firmada el 19 de marzo de 2010, señala como responsable de estas situaciones al “cambio social tan rápido” y “la manera de pensar y de enjuiciar de las realidades seculares”. Incluso llega a alegar como causa a una “falsa lectura” del Concilio Vaticano II y su “programa de renovación”.

Al mismo tiempo, las respuestas oficiales del Vaticano ante los organismos internacionales han tratado de justificar los abusos, afirmando que en una gran proporción no se trataría de casos de pedofília, sino de “efebofilia” ya que muchas de las víctimas tendrían más de 14 años. En una declaración emitida en septiembre de 2009, tras una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, observador permanente del Vaticano ante la ONU, señaló que “no se debería hablar de pedofilia sino de homosexuales atraídos por adolescentes. De todos los curas implicados en casos de este tipo, entre el 80% y el 90% pertenecen a la minoría sexual que practica la efebofilia, es decir, los que tienen relaciones con varones de los 11 años a los 17”. De esta forma el Vaticano trató de responder a las primeras acusaciones formales que le imputan violar la Convención de Derechos del Niño al encubrir los abusos a menores.

La represión sexual como incubadora de transtornos

Para los psiquiatras que han abordado esta situación el verdadero problema no radicaría en la orientación sexual del clero, sino en la abierta, continua y discriminatoria práctica de represión de la sexualidad que la institución eclesial desarrolla entre sus sacerdotes. Por ese motivo la norma canónica que impone el celibato al clero es cada vez más cuestionada desde las instituciones de salud mental. Incluso el arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, ha afirmado este mes: “Es importante buscar las causas de los abusos sexuales, entre ellas el tema del celibato”. Estas afirmaciones las realizaba en un contexto de elevada deserción de fieles de la Iglesia austriaca. El año pasado 53.216 personas abandonó oficialmente el catolicismo en ese país, un 30,9% más que el año anterior.

Lamentablemente la Iglesia Católica se muestra inflexible para revisar sus posiciones respecto a la sexualidad. Durante el año pasado ha causado escándalo el activo lobby del Vaticano en contra de la propuesta de Francia, a nombre de los 25 países de la Unión Europea, que había presentado ante la ONU una iniciativa por la “despenalización universal de la homosexualidad”. Dicha proposición se limitaba a impedir que se penalice con cárcel, tortura o incluso con la pena capital a los homosexuales, tal como ocurre hoy en países árabes y africanos. En la ocasión el arzobispo Celestino Migliore, representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, afirmó que “una declaración política de ese tipo crearía nuevas e implacables discriminaciones”.

El futuro de la religión

Hace ochenta años, Bertrand Russell afirmó que las objeciones a la religión son de dos clases: “la objeción intelectual consiste en que no hay razón para suponer que hay alguna religión verdadera; la objeción moral es que los preceptos religiosos datan de una época en que los hombres eran más crueles de lo que son ahora y, por tanto, tienden a perpetuar conductas inhumanas que la conciencia moral de la época habría superado de no ser por la religión”. La objeción intelectual ha perdido fuerza en nuestro tiempo y el racionalismo ha dado paso a una valoración positiva de la espiritualidad en un sentido amplio del término. Sin embargo, la objeción moral ha cobrado inusitada fuerza y actualidad. Hoy, autores como Christopher Hitchens afirman que la religión es activamente inmoral por basarse en preceptos como la doctrina del sacrificio, la expiación, la recompensa y/o el castigo eternos y la imposición de tareas y normas imposibles de vivir. Esto puede explicar que la Iglesia Católica haya caído en una trampa autoimpuesta de la que no puede escapar. Este enredo no es un dogma de fe sino una “regla o disciplina” de nueve siglos de antigüedad que se basa en sostener la superioridad celibato, la desvalorización de la mujer y sexualidad en general. Mientras estas normas no se revisen es imposible que la objeción moral de Russell deje de encontrar cada día nuevos adeptos.