CRISIS DE COMPETITIVIDAD

Publicado en Punto Final en Mayo de 2010.

En la fría lógica capitalista, hablar de la competitividad de los países sería sinónimo de desarrollo y prosperidad. Por este motivo, los resultados del último Ranking de Competitividad Mundial, elaborado en Suiza por la Escuela de Negocios IMD, ha tenido el efecto de un balde de agua fría para los entusiastas aduladores del modelo criollo. El informe puso a Chile en el puesto 28, entre 58 economías, lo que representa su  ubicación más baja desde el 2000. Y los datos son anteriores al terremoto. De esta forma el país retrocede 10 lugares en cinco años y en relación con 2009, cae en tres posiciones. Desde la perspectiva de la globalización y los mercados, el Chile neoliberal decae definitivamente.

Más crítico aún es observar los motivos que el informe detalla como causa de este retroceso: Chile involuciona en el ranking de competitividad mundial principalmente por el alto margen de usura de la banca (técnicamente el “alto spread” de la tasa de interés) y la profunda crisis de su sistema educacional. El spread bancario esta relacionado con la concentración de ese mercado. Este proceso oligopólico ha permitido a los bancos chilenos maximizar el margen entre la tasa pasiva que pagan a los ahorristas y la tasa activa que reciben por los préstamos otorgados. Esta diferencia es de 5,77 puntos promedio, en comparación a 0,33 puntos que opera en el Reino Unido. Chile aparece en este aspecto en los niveles más altos del mundo. En relación al modelo educativo, hay consenso en que el actual modelo no es el un resultado de un estado ineficaz o del sino trágico de la nación. Se trata de un “sistema escolar concientemente estructurado por clases sociales” (Informe OCDE:2004) con el fin de producir mano de obra barata en un modelo extractivista y concentrador. Además el estudio denuncia los bajos niveles de inversión en Innovación y Desarrollo (I+D) que recaen exclusivamente en los magros presupuestos estatales, los abusivos costos de las telecomunicaciones, especialmente en los servicios de telefonía celular, fija y la conexión a Internet, la baja productividad laboral, la persistente discriminación de género y el reducido número de empleos como porcentaje de la población. Un panorama que la ciudadanía corrobora cotidianamente.

Lo complejo de este diagnóstico es que implícitamente se indica que para recuperar la “competitividad país” es necesario reducir la competitividad del sector financiero y del mercado de servicios privatizados y desregulados. En otras palabras, para volver a crecer Chile necesita más Estado, un mayor aporte fiscal de los privados y mayores regulaciones. Esta constatación se podría tolerar perfectamente en otras latitudes, pero para la mentalidad de nuestro empresariado sería como aceptar un oxímoron.

Es evidente que la competitividad no constituye un objetivo en sí mismo. De hecho, el país que lidera el ranking es Singapur, una ciudad-estado donde gobierna un régimen monopartidista sobre la base de un control draconiano de los medios de comunicación, restricciones a la libertad de asociación, y una configuración de los distritos electorales que garantiza el predominio absoluto del partido que ha gobernado en ese país desde su independencia. Su economía se desarrolló sobre la base a la inversión de compañías multinacionales que  reciben incentivos fiscales extremadamente generosos y utilizan una mano de obra “altamente disciplinada”, con bajas remuneraciones. Con la presión que se ha desatado sobre Suiza y Liechtenstein, Singapur se ha convertido en el paraíso fiscal de moda. La sociedad civil y el movimiento sindical vive en estado de permanente represión. La llamada “Acta de Seguridad Interna” permite al gobierno arrestar a cualquier ciudadano cuando le plazca. No existe acceso a la información abierta, bajo el control de medios masivos complacientes con el régimen. Con un modelo como ese es muy fácil competir.

El desafío que se presenta a Chile es extraordinariamente complejo. Proponer un proyecto de desarrollo nacional, aún desde una perspectiva capitalista, es hoy más que nunca una idea antagónica, incompatible y enfrentada al proyecto de las élites nacionales, que apuestan a la riqueza rápida, fácil y depredadora. No hay márgenes  para acuerdos. Es hora de definiciones.

LA OPOSICIÓN DE MANTEQUILLA

Publicado en Crónica Digital el 24 de mayo 2010

Con casi tres meses de rodaje, el gobierno de Sebastián Piñera ha comenzado a delinear con mayor precisión los énfasis y prioridades de su administración. Cada día que pasa se van clarificando sus metas y los proyectos que estaban en el armario conceptual de los nuevos ministros se revelan con mayor nitidez.

Guste o no guste, un gobierno que apareció envuelto en una gran confusión inicial, sin un marco programático claro, que ganó con una campaña electoral que no dijo mucho más que “cambio, futuro y esperanza”, ha empezado en enrielar un discurso más fino en las áreas de su interés.

Dejando a un lado el histrionismo del presidente, que se empieza a asemejar al de su hermano menor más que al reservado estilo de sus hermanos mayores, el gobierno en su conjunto va dando señales claras hacia donde quiere ir. El claro énfasis empresarial se conjuga con un intento descarado de copar el centro político y proyectar a futuro un nuevo tipo de alianza política ampliada. Para ello la reforma tributaria temporal, la reforma al sistema electoral, y sutiles muestras de heterodoxia.

La oposición no parece que avanzar en el mismo sentido. La antigua Concertación hasta hoy no se articula como un frente parlamentario coherente y consistente. Al contrario, la fuerza centrífuga que en los últimos años ha dominado a sus partidos parece seguir con fuerte viento a favor, por lo que no es posible hablar de una oposición, sino más bien de diversas actitudes opositoras que conviven desordenadamente, montando un espectáculo irrelevante y hasta cierto punto invisible para el común de los ciudadanos. Síntoma de este proceso ha sido la alarmante declaración del senador Alejandro Navarro, que señaló con ironía que “hasta ahora es la Unión Demócrata Independiente la que claramente está liderando la oposición”. A su juicio “si la ex coalición gobernante no toma definiciones pronto, terminará perdiendo su rol esperable en esta etapa”.

La sospecha que va estableciendo es que a un sector de la Concertación no le incomoda la “nueva forma de gobernar”. Es más, para una parte de los fueron gobierno el “nuevo estilo” les deja bastante complacidos, y a medida en que emergen los proyectos piñeristas se les hace difícil plantar cara y criticar lo que en el fondo comparten y concuerdan. Se trata de una oposición de mantequilla, suevecita, que se derrite de ganas de ser parte de la fiesta. Su única crítica sincera es que no les invitaron y se quedaron afuera, por ahora. Se trata, como lo ha reconocido el senador Ignacio Walker, de una oposición que lleva tres meses “tratando de encontrar el tono adecuado”. Al parecer todavía no lo encuentran, y es probable que nunca lo hagan.

¿Que pasaría si la estrategia política de la derecha, de avanzar hacia el centro por medio de medidas efectistas e inesperadas, se logra empatar con esta oposición de mantequilla? Un proceso de esta naturaleza daría pué a una reconfiguración de la política chilena. Tal vez la UDI efectivamente ingrese a la oposición y la Concertación pase definitivamente a decorar los libros de historia, junto al Frente Popular, el FRAP, la UP o la Alianza Democrática. Y el nuevo pacto de Piñera logre hegemonía cultural y política por un buen lapso de tiempo.

La clave en este proceso radica en el sector que logre imponerse en las internas de la Democracia Cristiana. Si la oposición de mantequilla, la DC principesca, logra vencer, sería un presagio favorable al Piñerismo de primer orden. En cambio, si la propuesta de Mariano Fernández es la que triunfa, es posible esperar que la derecha no lo tenga muy fácil y se podría empezar articular una oposición de verdad, que disienta de las políticas de la derecha y no sólo se oponga como parte de los juegos de poder.

EL OPUS DEI SE TOMA LA IGLESIA CHILENA

Publicado en diario UNO el 23 de mayo de 2010.

En el curso del próximo mes se producirá un momento clave, que impactará a por años: la designación del nuevo Arzobispo de Santiago. En 2008 el Cardenal Francisco Javier Errázuriz cumplió 75 años y reglamentariamente presentó su renuncia al Vaticano. Ya han pasado casi dos años y la elección presidencial ha despejado el panorama político, por lo que el Papa Benedicto XVI se aprestaría a hacer su anuncio. Se trata de una elección muy particular, ya que oficialmente no se conoce el nombre de los candidatos, tampoco se permite que se hagan campañas o debates públicos y sólo vota un elector: el Papa. Sin embargo, en la realidad esto no es tan así. El Mercurio se ha encargado de deslizar tres nombres y las disputas y tensiones al interior de la Iglesia parecen cada vez más ásperas. Los “candidatos” que han salido al ruedo son tres: el actual presidente de la Conferencia Episcopal Alejandro Goic, el Arzobispo de Concepción, el salesiano Ricardo Azzati  y el obispo de San Bernardo Juan Ignacio González Errázuriz, miembro del Opus Dei. La clave de la designación papal pasa por el informe que elabore el nuncio apostólico Giuseppe Pinto, pero es evidente que los actores y las presiones que envuelven esta elección involucran un innumerable conjunto de intereses cruzados entre el gobierno, los grupos empresariales, y las tendencias intra-eclesiales.

La Iglesia Católica ya no es lo que era. Si bien la confianza de la opinión pública en la jerarquía de la  Iglesia no deja de caer encuesta tras encuesta, eso no debería hacer olvidar que la Iglesia sigue conservando su poder institucional, económico y político prácticamente intacto. El episcopado chileno está acostumbrado a ejercer un poder de veto, activo o pasivo, a las transformaciones que propone la ciudadanía. Basta un telefonazo de un Obispo para que se implemente una ley, se paralice una política pública o se destrabe una negociación sindical, situación que han experimentado con frecuencia los gobiernos en los años recientes. La designación de nuevo Arzobispo será crucial, ya que determinará cómo se resolverá la relación entre el Estado y la Iglesia en temas sensibles.

Si el elegido es el Obispo de Rancagua Alejandro Goic se trataría de una situación inesperada y excepcionalísima. Aunque Goic fue ordenado obispo por Juan Pablo II en 1979, su teología y su práctica pastoral lo sitúan como uno de los últimos obispos “montinianos”. Se trata de los pastores que han buscado institucionalizar el Concilio Vaticano II, en el espíritu del Papa Paulo VI. Por ello Goic se ha preocupado de dialogar con todos los sectores políticos y culturales, y mantener una preocupación por temas relevantes de la sociedad. Su intervención a favor de implementar un sueldo ético en 2007 le llevó a enfrentar las críticas de le derecha, a la que respondió: “No soy economista, pero en el contacto con la gente, percibo los dramas de los más pobres y me hago eco de sus sentimientos”. Si es el elegido podría recuperar algo del prestigio y respetabilidad de la Iglesia Católica en el mundo progresista y popular, pero ningún analista cree seriamente que Benedicto XVI opte por él.

Ricardo Ezzati sería una figura de continuidad directa del actual Cardenal. De hecho, entre 1991 y 1996 trabajó como colaborador de Mons. Francisco Javier Erráruziz, en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, en Roma. Una vez que Errázuriz volvió a Chile, Ezzati ejerció como obispo auxiliar de Santiago entre 2001 y 2006. Luego fue designado Arzobispo de Concepción. Este estrecho vínculo biográfico con el actual Arzobispo, su edad adecuada, su conocimiento directo de la Arquidiócesis de Santiago y su propio peso en el episcopado nacional lo hacían hasta hace pocos meses el candidato lógico en esta sucesión. Sin embargo, diversos elementos han alejado esta posibilidad. Ha trascendido que podría ser designado interventor de los Legionarios de Cristo, con el encargo de refundar la congregación iniciada por el pederasta Marcial Maciel. Otro factor que ha afectado las posibilidades de Ezzati ha sido el estallido del caso Karadima. En 2005 el entonces obispo auxiliar de Santiago recibió una denuncia por abusos sexuales en contra del párroco del Sagrado Corazón de el Bosque, a través de una carta firmada por el ex novicio jesuita Juan Andrés Murillo. En ella el denunciante afirma que fue víctima de acoso e intentos de abuso sexual cuando tenía entre 18 y 20 años. Aunque Ezzati ha afirmado que se reunió con él y le indicó el camino para que hiciera la denuncia, los hechos han mostrado que la investigación canónica se estancó por años. En la revista Mensaje de este mes Murillo criticó el accionar de la Iglesia de Santiago afirmando: “Encubrir la realidad (abusos) para defender a la institución es un error en todos los planos, un error que puede constituir un crimen tan grave como el abuso mismo, puesto que acepta y legitima lo inaceptable”. Y agregó: “no se han adoptado las medidas necesarias para detener estas agresiones contra menores de edad o jóvenes, ni tampoco para ayudar a las personas afectadas”. Es indudable que Ezatti ha quedado en entredicho.

Por este motivo se ha fortalecido la opción de Juan Ignacio González Errázuriz, numerario del Opus Dei, abogado, capitán de Carabineros en retiro y una de las voces más integristas de la Iglesia chilena. Proveniente  de una familia terrateniente, con vínculos clericales excepcionales, su bisabuelo fue el Arzobispo de Santiago durante la celebración del primer centenario: Juan Ignacio González Eyzaguirre (1908-1918). La familia González Errázuriz  mantiene una antigua amistad con el cardenal Jorge Medina Estévez, de gran influencia vaticana. Esta cercanía es tal que desde niño el obispo de San Bernado se refiere a Medina como su “tío”. Mons. González ingresó como numerario del Opus Dei en el significativo año de 1973. Estudió Derecho en la Universidad Católica. Entre 1980 y 1990 fue abogado de la Dirección del Personal de la misma institución policial. En ese período Carabineros se vio involucrado cotidianamente en gravísimas violaciones a los derechos humanos. Muchas de las víctimas estaban ligadas a la Iglesia Católica: por ejemplo el sociólogo José Manuel Parada trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad cuando fue degollado en 1985. En 1994 el juez Milton Juica dictó 15 sentencias, entre ellas cinco cadenas perpetuas, contra oficiales y suboficiales de Carabineros. ¿Participó González Errázuriz en la defensa de estos oficiales? ¿Qué rol le cupo en los ataques que el régimen militar implementó en contra de sacerdotes, religiosas y agentes pastorales de la Iglesia de Santiago? Son preguntas que el obispo González debería responder a la ciudadanía con claridad.

Partidario acérrimo de Augusto Pinochet, González Errázuriz, a fines de los ’80 fue enviado en “comisión de servicio” a la oficina que dirigía Andrés Rillón en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, centro estratégico de las políticas del régimen militar. Allí se manejaba  información diaria y precisa de lo que hacían los servicios de seguridad (Carabineros, Investigaciones y CNI). El equipo lo encabezaba el general Jorge Ballerino y el general Carlos Molina Johnson. En esa época también fue miembro del directorio del diario La Nación. En 1990, junto con cambio político el capitán González fue llamado a Roma  para ser sacerdote del Opus Dei. Volvió en 1993 doctorado en Derecho Canónico. Con extraordinaria rapidez, para tan corta carrera clerical, fue ordenado Obispo de San Bernardo en 2003. Si es nombrado Arzobispo de Santiago al poco tiempo después, como indica la tradición, se le “creará” cardenal. Ya que sólo tiene 54 años, es posible prever que ejercerá un mandato de al menos 21 años, lo que le dará el tiempo suficiente para dejar una profunda huella en la Iglesia de Santiago y de Chile. ¿Pero, podrá un hombre con este perfil, restaurar la credibilidad del catolicismo chileno?