“Hay que romper prejuicios y ocupar espacios vacíos desde la articulación ciudadana”

El presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN es categórico en sus juicios. Sostiene que “es muy importante seguir articulando a las ONGs a nivel nacional”, y subraya que “en estos últimos años la ciudadanía ha comenzado a tomar conciencia, a la fuerza, de su rol político”. Ramis concluye su período como presidente de Acción este viernes 18 de junio, momento en que se realizará la asamblea de socios que elegirá a un nuevo directorio para el bienio 2010-2012. En su período al frente de Acción encabezó un proceso de fortalecimiento del perfil público de esta Asociación, lo que ha reforzado su capacidad de incidencia y su rol como referente nacional de las ONGs de desarrollo. Conversó con nosotros mientras preparaba los detalles del encuentro “Eficacia e impacto político de la Sociedad Civil”, evento que forma parte del cierre de la gestión del actual directorio y que pretende sentar las bases programáticas para el nuevo período.

¿Cuáles han sido los principales logros de la ciudadanía en estos dos últimos años?

Si queremos hacer un balance ciudadano, no podremos estar en condiciones de celebrar. Concluyó un largo ciclo político de veinte años en los cuales impulsamos una agenda democratizadora que logró avances parciales, pero que en absoluto nos han dejado satisfechos. Las reformas a la Constitución de 1980 no alcanzaron dimensiones estructurales, y propuestas claves, como la reforma al sistema binominal, la descentralización política, la defensoría del pueblo, la iniciativa popular de ley, la ampliación de condiciones para realizar plebiscitos y consultas ciudadanas, en general la democratización del país, no ha alcanzado estándares mínimos. Lo mismo podemos decir en relación a los derechos sociales, culturales, las políticas de género, etc. Al parecer la ola democratizadora de los años ochenta tuvo energía para devolvernos la democracia electoral de estas dos décadas, pero no tuvo la energía necesaria para instaurar una democracia integral, ciudadana, mínimamente participativa. Tal vez, lo que podemos celebrar, es que en estos últimos años la ciudadanía ha comenzado a tomar conciencia, a la fuerza, de su rol político, y sobre la necesidad de generar un proyecto autónomo de los programas y propuestas que desarrollaron los gobiernos de la Concertación.

¿Eso tiene que ver con la llamada “bifurcación” de las agendas de la sociedad civil y los partidos políticos?

En parte, ya que está claro que los partidos políticos y las organizaciones sociales se distanciaron muy rápidamente, luego de la restauración democrática de 1990. Más bien tiene relación con el agotamiento de una actitud que cifraba todas sus esperanzas en lo que la Concertación podía hacer desde el poder. Esta confianza se agotó. Y no hago más que constatar un hecho. Cada uno puede calificar esto como quiera, pero es evidente que ya no podemos construir, como Sociedad Civil, una agenda de incidencia pública sobre la base de esperar el parecer de los líderes políticos que conocíamos. Porque ya no están en el poder, y porque el grado de confusión y confrontación en que se encuentran es enorme.

¿Qué desafíos surgen entonces al tener en La Moneda a un conglomerado de derecha?

Es evidente que hay que desarrollar una nueva estrategia, romper prejuicios, saber ocupar espacios vacíos desde una articulación ciudadana amplia de actores. Lo peor es autoexcluirse o sentir que las ideas y propuestas por las que hemos dado tanta pelea son menos válidas que antes. Sabemos que nuestra legitimidad no viene de las urnas, sino de la capacidad de representar demandas sentidas y válidas para la gran mayoría de la población. No es nuestro rol representar a nadie, sino mostrar la legitimidad y la fuerza de estas propuestas. En segundo lugar es un momento para estar alertas. Sabemos que Piñera fue agresivo con las ONGs durante su gestión parlamentaria. Ese es un precedente que nunca hay que olvidar. Es necesario reforzar el rol de Acción como actor que promueve y defiende el derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de la autonomía de la Sociedad Civil. Y para hacerlo las ONGs deben reforzar su participación activa en la asociación. Es paradojal que a las personas con las que trabajamos le propongamos constantemente que se vinculen y se articulen para defenderse y alcanzar metas comunes, pero no tengamos siempre la misma actitud entre nosotros.

¿Qué ha tratado de hacer Acción en estos años?

En primer lugar tomar un rol activo en la defensa y en los derechos de ciudadanía organizada, y en particular de las ONGs. Esta labor es muchas veces muy desgastante y discreta, y exige estar atentos al debate nacional, a iniciativas legales y propuestas restrictivas de derechos. Entre otros momentos me recuerdo de varias situaciones críticas. Durante 2008 el Instituto Nacional de Normalización, un ente para-estatal dependiente de CORFO, pretendió dictar una norma ISO para cerificar ONGs. Aunque nos interesa activamente la regulación y calificación de nuestro campo, el directorio identificó rápidamente esta situación como un potencial riesgo, ya que en algunos países estas iniciativas se han traducido en la construcción de un mercado de certificadoras, similar a las acreditadoras privadas que hoy cumplen este rol en el ámbito de las universidades, con baja credibilidad y altos costos de por medio. Tuvimos que dar una serie de largas y desgastadoras discusiones con el INN hasta lograr que torcieran su intención y elaboraran un texto de otra naturaleza, que aborda a las organizaciones sin fines de lucro en términos generales y que no da pié a la creación de este mercado de empresas de la certificación.

Otra situación alarmante, que aún no se despeja, es el intento de criminalizar las manifestaciones públicas. Se trata de un proyecto de ley que busca sancionar a quienes provoquen disturbios en protestas, manifestaciones y reuniones. Sin embargo, en un polémico artículo, rechazado por Acción, hace extensiva las responsabilidades civiles de los delitos a los organizadores de los actos públicos. Nosotros denunciamos que esta ley tiene un carácter coercitivo y represivo que limita la libertad de reunión y el derecho de todos los ciudadanos a usar los espacios públicos. Nos hemos reunido con parlamentarios, con el ex subsecretario del interior Patricio Rosende, hemos elaborado un informe con especialistas en derecho como José Galiano, hemos impulsado una campaña nacional de repudio. Pero este proyecto de ley sigue su curso y necesariamente va a pasar en algún momento al Senado durante esta legislatura. No se le puede perder la pista.

¿Y que pasa con los cuestionamientos a las ONGs, por los recursos públicos que administran?

Es necesario distinguir. Siempre vamos a defender el derecho de las organizaciones sociales a acceder a recursos y bienes públicos. Pero en un marco de normas no discrecionales ni clientelistas, tal como ocurre en todos los países con alto desarrollo humano. El problema radica en que para que esto opere se requiere una institucionalidad adecuada, que permita superar cualquier arbitrariedad. Y hemos señalado que un primer paso en este objetivo es contar con la ley de asociaciones y participación ciudadana. Es necesario generar un mecanismo público transparente de financiamiento que otorgue independencia, sustentabilidad y desarrollo organizacional de las ONGs. Lamentablemente la discrecionalidad ha sido legal por años y los partidos políticos han evadido el debate por lo que nada asegura que el actual gobierno no vaya a ser igual de discrecional que los anteriores. Sin embargo, es necesario reconocer que estos cuestionamientos a las ONGs han servido para despertarnos y reaccionar. Sabemos que la ciudadanía puede tener frente al concepto de ONG información muy contradictoria. Por una parte puede encontrarse con organizaciones que hacen una tarea maravillosa, y a la vez con verdaderas mafias que pueden usar esta nomenclatura para estafar, apropiarse de recursos públicos, o realizar las atrocidades más graves. El nombre ONG da para todo. En Colombia los paramilitares han creado pseudo ONGs para apropiarse de tierras de los campesinos que han desplazado a punta de ametralladoras. Por lo tanto vivimos en un mundo en el que es necesario separar el trigo de la cizaña. Acción juega un rol en esta tarea. Es un espacio de reconocimiento mutuo, al que no accede cualquiera. Es un filtro de entrada. Y una vez dentro hemos trabajado muchos años en dotarnos de un código de ética, que hemos editado y difundido ampliamente durante este directorio, que implica un nivel de regulación, con una comisión de ética autónoma. Esperamos que durante el próximo directorio se avance en una nueva etapa más exigente, que implica desarrollar cuentas públicas participativas de nuestras ONGs y elaborar estándares de cumplimiento para evaluar mucho más finamente la aplicación de este código.

¿Qué desafíos quedan pendientes en este campo?

En primer lugar es necesario que se apruebe a la brevedad la Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana que se encuentra en su última fase de tramitación legislativa. Se ha tratado de un proceso muy dificultoso que completa ya diez años de debate, entre la fase de consultas prelegislativas, y su proceso parlamentario. El proyecto, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados en 2007, fue rechazado por la sala del Senado en 2008. Por ese motito tuvo que ingresar a una Comisión Mixta que finalmente lo aprobó por unanimidad en febrero de 2010. Ahora resta que se apruebe de forma general en ambas cámaras, proceso en que no se pueden hacer más observaciones y sólo se puede refrendar o rechazar lo aprobado en la comisión mixta. De ahí pasaría al examen del tribunal constitucional, para quedar así en condiciones de ser promulgado por el Presidente de la República. Si todo marcha bien, esto podría suceder durante este año 2010. Durante esta última fase de la tramitación, Acción hizo llegar sus observaciones jurídicas en lo referido a las normas sobre organizaciones sin fines de lucro, las que fueron incorporadas por la comisión mixta. La rápida aprobación de la Ley de Participación Ciudadana sería un aporte clave al despliegue de las energías de las ONGs.

¿Cómo evalúas la participación de Acción en el Consejo del Fondo de fortalecimiento de la Sociedad Civil?

Acción participa del Consejo Nacional de este fondo desde marzo de 2007. Se trata de una situación ambigua, ya que se trató de una designación ministerial. Cuando se apruebe la ley de participación ciudadana estos puestos serán electos por las organizaciones de interés público que se acrediten para ese fin. Mientras tanto el Fondo continúa funcionando sin la aprobación de la Ley y, por lo tanto, permanece en un status de programa de la SEGEGOB en términos administrativos, pero con una conducción general de este consejo mixtos sociedad civil – Estado. La presidenta Bachelet asumió el compromiso de duplicar el monto de dinero del Fondo entre 2006 y 2010. En 2007 existió un avance significativo, pero luego se aplicó un congelamiento en 2008. En 2009 se incrementó nuevamente pero de manera muy débil, por lo que se incumplió la meta de manera muy clara, en un 50% respecto a la meta original. Es importante ver este hecho como una verdadera paradoja, ya que el año en que más dificultades tuvo el fondo coinciden con la gestión del entonces ministro Francisco Vidal, quién hoy lanza diatribas contra los tecnócratas y neoliberales, pero se olvida que él nunca recibió al Consejo del Fondo durante ese período en que se congeló su monto y durante el cual parecía que la ley de participación ciudadana no avanzaba ni un milímetro. Le solicitamos reiteradamente una audiencia y siempre evadió sus responsabilidades.

¿Cómo explicas esta situación?

A mi juicio a Vidal sólo le interesaba ejercer la vocería del gobierno y no tuvo voluntad de asumir la complejidad de la SEGEGOB, y apoyar a la D.O.S. Esta bien que ahora critique a Andrés Velasco ya expansiva, porque se merecen eso y mucho más, pero no lo vimos hacer eso cuando era ministro y debería haber dado la pelea por estos temas ciudadanos.

¿Qué ocurrirá con este fondo en el nuevo escenario político?

En primer lugar esperamos que se mantenga, ya que estamos a mitad de junio y no hay anuncios oficiales para 2010. Se habla de recortes presupuestarios preocupantes, que disminuirían el monto desde $1200 millones de 2009 a cerca de $800. Se trataría de reasignaciones presupuestarias por el terremoto. Además se plantea concentrar una parte importante de los recursos en las regiones devastadas y ampliar el tipo de organizaciones adjudicables y el tipo de actividades a realizar. Sin desmerecer la necesidad apoyar a las regiones dañadas por el terremoto, es necesario recordar que este fondo no tiene fines de reconstrucción y que no se debería afectar a las demás regiones por este motivo. Es necesario estar atentos, criticar lo que se deba criticar pero apoyar lo que se deba apoyar. De todas formas Acción, al igual que el todo el actual consejo del fondo, ha presentado al nuevo gobierno su renuncia, junto con un exhaustivo informe y recomendaciones de funcionamiento.

En relación al terremoto. ¿Qué desafíos ha supuesto para Acción?

Como país debemos reconocer que no estábamos preparados. Y creo que como ONGs tampoco. Esto no quiere decir que no hayamos reaccionado rápido, y de manera eficiente. Pero es necesario hacer un mea culpa y asumir que no desarrollamos en los años anteriores una planificación específica respecto a tragedias previsibles como las del 27F. Poco sabíamos de estándares internacionales de ayuda humanitaria, no habíamos escuchado mucho sobre el Proyecto Esfera, que fija normas mínimas universales en las áreas más importantes de la ayuda humanitaria post-desastre. En fin, hay vacíos importantes, que es necesario reconocer. Confiamos en la imagen de la ONEMI, perdimos de vista nuestro carácter de país sísmico, etc. El terremoto plantea desafíos importantes a futuro. Se debería desarrollar un proceso de capacitación específico respecto a urgencias humanitarias en nuestras ONGs. Se debe crear una línea de trabajo de urgencia vinculada estrechamente a nuestras competencias institucionales. Es un tema importante a debatir. Frente a esta situación estamos participando de una iniciativa que busca constituir una red humanitaria ante desastres, junto a las agencias de Naciones Unidas presentes en Chile, y que elaborará en los meses que vienen una serie de evaluaciones a la reacción al terremoto, de carácter técnico y político.

Y como iniciativas propias ¿qué han impulsado?

A partir del terremoto Acción ha tratado de visualizar el rol de la Sociedad Civil, especialmente por medio de una herramienta digital que se llama levantemosciudadania.cl. Es un intento de geo-referenciar las iniciativas ciudadanas de reconstrucción, promover la asociatividad y la denuncia pública ante el panorama de catástrofe, etc. En segundo lugar hemos debatido con otros actores sociales en una serie de eventos que hemos planificado y hemos llegado a cierto nivel de acuerdo político en una plataforma compuesta por la CONFECH, la CONUPIA, la CUT, y municipios afectados, respecto a hacer frente a la ausencia de participación ciudadana en la reconstrucción. Esta plataforma política, que se llamará “Consejo ciudadano por una reconstrucción participativa”, está en este momento en una etapa embrionaria, pero ya se han sostenido varias reuniones y esperamos que de frutos en el objetivo de presionar a la apertura de espacios de participación social sobre el proceso post terremoto. Y si no se logra de forma institucional, con el gobierno, instalar un proceso de observatorio social de la reconstrucción desde los diversos actores sectoriales.

Durante estos dos años han hablado de incrementar la capacidad de incidencia de las ONGs ¿A que se refieren?

Las ONGs chilenas han contribuido de un modo particular al desarrollo y a la ampliación de los derechos sociales. Para lograrlo han buscado influir en la formulación e de las políticas públicas por medio de la persuasión y también de la presión ante autoridades estatales, organismos internacionales y otras instituciones multilaterales. Según los estudios que hemos realizado en Acción, las ONG son conscientes de haber generado insumos valiosos para las reformas sociales que se han implementado en las últimas décadas en educación, seguridad ciudadana, infancia, vivienda, cultura, en menor medida en salud y vivienda. Consideran que han permeado la visión de las políticas sociales con nuevos enfoques como la perspectiva de derechos, el desarrollo local, el desarrollo sustentable y el desarrollo humano. Al mismo tiempo han propiciado el desarrollo de capacidades para la intervención en asuntos públicos (liderazgos, negociación, manejo de conflictos, concertación de actores, comunicación popular, diseño y gestión de proyectos, etc.). Y han promovido valores de tolerancia, no discriminación, respeto a las minorías y participación ciudadana. Pero, al mismo tiempo, los estudios muestran que desde 1990 hasta hoy las ONG han tenido grandes dificultades para desarrollar un trabajo de incidencia y movilización sistemática. Hay factores estructurales como la disminución y cuasi extinción de la cooperación internacional. Pero también factores culturales, que dicen relación con una cultura política donde el poder instituido no es siempre el poder real. Por lo que se hace difícil identificar ante quién incidir, como debatir en espacios de participación formal, ante quién interlocutar, etc. Ante este contexto Acción ha desarrollado el proyecto “Es Tiempo de Acción”, que ha contado con e apoyo de la Unión Europea y que busca incrementar y fortalecer la capacidad de incidencia política de las ONGs. Pretende ser un aporte a sus iniciativas y propuestas de trabajo, incentivando la asociatividad y propiciando alianzas e intercambios por medio de grupos de trabajo que se han constituido frente a temas tales como Cambio Climático, Comunicación y TICS, Juventud y Educación, y Discriminación y Desigualdad. Bajo este proceso late un supuesto que afirma que la articulación de ONGs de diferente carácter es fundamental a la hora de alcanzar un objetivo de incidencia pública.

¿Qué han logrado con estas comisiones?

Por ejemplo, la comisión de cambio climático, coordinada por fundación Terram, entregó una propuesta a la CONAMA, que fijaba posición frente a la conferencia de Copenhague que se realizó en diciembre de 2009. El gobierno tuvo en sus manos una posición clara de la sociedad civil. Lamentablemente, la postura que presentó en Copenhague el ministro Tockman, no tenía nada que ver con nuestras posiciones. Sin embargo, la postura de CONAMA fue más compatible a la nuestra. En la comisión de Discriminación y Desigualdad que ha llevado adelante CENDA ha producido un documento de posición sobre “Trabajo y Desigualdad en la Sociedad Chilena”. Y la comisión de Derechos, Comunicaciones y TICS, coordinado por La Morada emanó el documento de posición “La Televisión que queremos: Decálogo de la Ciudadanía sobre TV digital”, publicado en Enero de 2010. Además, durante este período la comisión organizó el “Encuentro Ciudadanía y TV digital” que reunió a importantes actores del área comunicacional en nuestro país.

 ¿El diálogo con los candidatos presidenciales también tuvo este objetivo de incidir?

Exactamente. Durante la campaña presidencial 2009 pudimos debatir directamente con los cuatro comandos presidenciales, entregándoles nuestras propuestas contenidas en lo que llamamos la “agenda democratizadora”. Además, pudimos dialogar directamente con dos candidatos presidenciales (Arrate y Enríquez Ominami), y en el transcurso de la segunda vuelta presidencial el candidato Eduardo Frei accedió a comprometerse públicamente, firmando ante las cámaras esta agenda democrática de Acción. Lamentablemente el entonces candidato Piñera no lo hizo, pero en su cuenta presidencial del 21 de mayo, ahondó en lo que llamo el “perfeccionamiento de nuestra democracia”. Nos pareció bien que anunciara la implementación de la inscripción electoral automática, aunque tenemos algunos debates sobre el voto voluntario. Nos parece justo el reconocimiento del derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero, pero sin condicionamientos; la instauración de la iniciativa popular de ley, el fortalecimiento de la democracia regional y comunal, la simplificación de los mecanismos de plebiscito comunal y a la reforma integral a la Ley de Partidos Políticos. Todas estas son medidas que entregamos a los candidatos y sus comandos en 2009 en el marco de este proyecto. Acción estará vigilante al cumplimiento de estos anuncios.

¿Cómo alcanzar mayor impacto político? ¿Qué hacer?

No creo en recetas pero si hay algo que creo que hemos aprendido es a hacer seguimiento y monitoreo a los compromisos de las autoridades. El 21 de mayo de 209 Acción pudo publicar un completo balance ciudadano de la gestión Bachelet en temas significativos para las ONGs. Este 21 de mayo recogimos los primeros compromisos y a partir de ahí es posible iniciar un monitoreo de avances que muestren año a año si estos anuncios se cumplen o quedan en letra muerta.

¿La agenda internacional que ha desarrollado Acción tiene que ver con esto?

Si, porque la experiencia nos ha enseñado que para incidir es necesario tejer alianzas internacionales, que vayan más allá de vínculos de cooperación financiera. Se trata de construir alianzas políticas para validar y fortalecer a la sociedad civil. Al respecto para nosotros ha sido clave impulsar y fortalecer la llamada “Mesa de Articulación de plataformas nacionales y redes de ONGs de América Latina y el Caribe”. Este espacio ámbito de encuentro, convergencia, intercambio y organización que reconoce la variedad de asociaciones, plataformas, grupos y alianzas de ONG en la Región. Ha jugado un rol crucial en la defensa de las ONGs en caso de persecución de los Estados, por ejemplo ante leyes punitivas, como las que ha tratado de instalar Alan García en Perú, o en defensa de la democracia en Honduras y Bolivia. A su vez la MESA participa de una nueva alianza mundial que se llama “Foro internacional de plataformas nacionales de ONGs”. Acción es parte del grupo de coordinación de ambos espacios, por lo cual ha adquirido un papel crucial en los procesos de la sociedad civil a nivel mundial. El Foro Mundial de plataformas de ONGs va a jugar un papel importante en los años que vienen. Estas iniciativas se coordinan muy bien con otras instancias en las que participamos, como el Foro Social Mundial, y el Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza, que nos permiten tener alianzas muy diversas y acceder a espacios de incidencia ante los gobiernos del G20 y los organismos internacionales.

¿Qué desafíos se presentan a este nivel para Acción?

Un punto crucial ha sido la incorporación de Chile a la OCDE. No hemos hecho un debate institucional al respecto, aunque desde este año Acción tiene una representación en la asamblea mundial de este organismo. El ingreso a la OCDE implica que Chile va a ver disminuida su ya escuálida participación e los montos de cooperación internacional. Pero a la vez debe comenzar a gestionar recursos de cooperación a terceros países. Se habla de la posibilidad de generar proyectos en los cuales la sociedad civil chilena transfiera en vez de recursos financieros, su “expertise” social, cuantificada como cooperación, en alianzas con recursos internacionales. Esta perspectiva es interesante y debería ser explorada por el nuevo directorio. Otro tema emergente es el seguimiento a los acuerdos internacionales formados por nuestros gobiernos. Uno de ellos es el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En marzo pasado Acción coordinó la realización de la cumbre de sociedad civil paralela a la cumbre ALC-UE en Madrid, que concluyó con un potente documento de posición común a la ciudadanía organizada de los dos continentes. En mayo de 2012 Chile será la sede de esta cumbre, y por lo tanto Acción va a tener mucho trabajo en la organización de la cumbre de sociedad civil que deberemos realizar en Santiago y en la cual recibiremos un número importante de delegados.

También hemos iniciado un proceso para pedir al gobierno chileno y a la UE que apliquen el artículo 11 del acuerdo de asociación mutuo, y diseñen un espacio de consulta e información a la Sociedad Civil en temas como trabajo decente, desarrollo sustentable, impactos comerciales, migraciones, entre otros. La misma demanda hemos dirigido a la Unasur, representada por la presidencia pro témpore de Ecuador, ya que el tratado constitutivo de esta instancia afirma en su artículo 18: “la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la unión suramericanas, requiere del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR”. Estamos esperando que estos principios se apliquen y por ello hemos desarrollado una serie de paneles de debate obre este proceso con los gobiernos sudamericanos en el marco de los Foros Sociales.

¿Qué elementos quedaron pendientes?

Muchos, pero es imposible hacer todo lo que se debería en sólo dos años. Creo que es muy importante seguir articulando a las ONGs a nivel nacional, entre ellas y con otros actores locales, como las PYMES, el mundo sindical, los movimientos sociales. Ante la debilidad de la actual oposición para controlar al gobierno se habla de revivir de alguna manera la vieja Asamblea de la Civilidad, pero creo que también es un desafío difícil, pero habría que explorarlo de acuerdo a los tiempos que corren. Además, nos ha faltado celebrar un poco más la vida, y los esfuerzos que desplegamos. Nos faltan espacios gratuitos de celebración y fiesta, y no creo que sea superfluo. Una pega para el nuevo directorio.

¿Qué tipo de directorio esperas que se conforme?

Creo que las ONGs que han encabezado las comisiones de trabajo han adquirido el training y la información para asumir el proceso. Lo fundamental es que se pueda dar continuidad a lo esencial de lo que se ha llevado adelante, y sobre todo confiar mucho en el equipo ejecutivo que encabeza Alicia Sánchez, porque creo que es de lujo tenerla y es necesario reconocerle porque ha sido la clave para hacer posible todo esto.

¿Qué vas a hacer tú ahora?

Espero poder concentrarme en el doctorado en ética y democracia en la Universidad de Valencia por algunos años. Después, no se que haré con mis huesos, pero creo que no va a ser nada muy diferente a lo que hecho hasta ahora. No me imagino de otra manera.

FUENTE: http://www.accionag.cl/wp-content/uploads/2010/06/Alvaro-Ramis-entrevista2.pdf

GRIETAS EN LA CORAZA DE ISRAEL

Publicado en Punto Final en Junio de 2010.

Israel ha logrado un extraño privilegio. Ser el único Estado en este planeta que puede cometer los más graves delitos internacionales y los más alevosos crímenes de guerra, dentro y fuera de sus fronteras, y permanecer totalmente impune. Aunque sus actos desaten el repudio generalizado de la ciudadanía mundial. El reciente ataque israelí contra la “Flota de la Libertad’, iniciativa de la campaña “Free Gaza”, ha sacudido a Estados, ONG y organizaciones internacionales, provocado reacciones de rechazo global y la llamada de varios países a los embajadores israelíes acreditados en sus territorios. Esta flotilla, consistente en seis barcos que transportaban a ayuda humanitaria, buscaba romper por mar el bloqueo a la franja de Gaza, esa estrecha lengua de tierra, sitiada por tierra, mar y aire y en la que sobreviven 1,5 millones de habitantes. Free Gaza ya había logrado romper el cerco en dos ocasiones, en agosto y octubre de 2008. Pero en 2009 y 2010 los variados intentos de arribar por mar habían fracasado producto de las agresiones de la marina israelí. Esta vez, se esperaba lograrlo producto de la masividad de la convocatoria, 750 personas de unos sesenta países, incluyendo a una chilena: Kimberly Soto Aguayo, miembro de la ONG sueca “Palestina-grupperna”. Además viajaban 12 parlamentarios de Alemania, Noruega, Suecia, Bulgaria e Irlanda, la sobreviviente de Auschwitz  Hedy Epstein, y la premio Nobel de la paz Mairead Maguire. Free Gaza visitó Chile en 2009, lo que habla del grado de legitimidad y de solidaridad internacionalista que había alcanzado su propuesta.

La diputada árabe-israelí Hanin Zombi, que viajaba en la nave Mavi Mármara, ha afirmado que “estaba claro por las dimensiones de la fuerza con que el Ejercito de Israel abordó el barco que el propósito no era detenerlo, sino causar el mayor número de bajas para impedir futuras iniciativas similares”. Efectivamente, los soldados israelíes que invadieron esas embarcaciones en aguas internacionales, violaron el derecho internacional y, al matar civiles, cometieron un crimen de guerra. Se ha comprobado que el gobierno israelí aprobó que el abordaje lo realizara una unidad de elite de comandos armados con armas automáticas, sin equipo de control de multitudes en caso de resistencia. Israel no posee mandato internacional para controlar el mar de Gaza como si fueran sus propias aguas territoriales. Al hacerlo, demuestra que mantiene una ocupación ilegal y beligerante de la franja de Gaza. Si Israel ocupa ese territorio, tiene responsabilidad directa de velar por el bienestar de esas personas. Sin embargo, este largísimo  bloqueo ha impuesto a los palestinos de ese territorio una situación insostenible, que exigiría que Israel comparezca en el banquillo de los acusados por cometer un crimen contra la humanidad.

La impunidad de Israel  se asienta en tres gruesas corazas: La primera es el impenetrable escudo militar de la única potencia nuclear de Medio Oriente, que además no ha suscrito el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y rechaza poner sus instalaciones nucleares bajo la supervisión de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA). La segunda coraza es la complicidad política de Estados Unidos y la OTAN, que subvenciona en miles de millones de dólares anuales su economía y paraliza en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier sanción que se pretenda imponer a sus crímenes. La tercera coraza es el manto de legitimidades simbólicas que Israel cultiva con esmero, tratando de identificar al Estado racista que gobierna Netanyahu con el pueblo y la religión judía. La larga historia de genocidios y persecuciones a este pueblo ha sido usurpada y manipulada al hartazgo por el terrorismo de estado Israelí para tratar de estigmatizar a cualquiera que les denuncie como antisemitas y filofascistas.

Se trata de corazas poderosas, pero que empiezan a mostrar grietas inesperadas. La más evidente es la creciente tensión política entre Israel y EEUU, desde el arribo a la Casa Blanca de Barack Obama. El punto clave es el rechazo norteamericano a los nuevos asentamientos israelíes en territorios ocupados, ya que impiden que Obama pueda llegar a mostrar durante su gestión algún grado de avance en las negociaciones de paz con los palestinos. La segunda grieta es el reciente acuerdo de canje nuclear iraní obtenido como producto de la mediación de Brasil, una potencia emergente, y de Turquía, uno de los socios de la OTAN. Como ha señalado Emir Sader este acuerdo ha hecho evidente que “Estados Unidos no es el buen negociador para la paz de la región, tanto por ser parte integrante del conflicto, al definir a Israel como su aliado estratégico, como porque ha fracasado a lo largo del tiempo, sin que se haya obtenido concreción alguna del acuerdo de la ONU de garantizar la existencia de un Estado palestino en las mismas condiciones que el Estado israelí”. En este escenario, si bien Washington va a mantener su hipócrita apoyo a Tel Aviv, ya no posee margen de maniobra para sostener el liderazgo en la búsqueda de una resolución al conflicto. Nuevos actores entran en escena, y nuevas correlaciones de fuerza se empiezan a prefigurar.

¿POR QUÉ DISMINUYE NUESTRA COMPETITIVIDAD?

publicado en El Mostrador el 3 de junio de 2010.

Hablar de la competitividad de los países es para muchos un sinónimo de desarrollo y prosperidad. Por este motivo, el último Ranking de Competitividad Mundial, elaborado en Suiza porla Escuelade Negocios IMD, debería haber suscitado un debate público más acalorado. El informe puso a Chile en el puesto 28, entre 58 economías, lo que representa su ubicación más baja desde el 2000. Y conste que los datos de IMD son anteriores al terremoto. De esta forma el país retrocedió 10 lugares en cinco años y en relación con 2009, cayó en tres posiciones. Desde la perspectiva de la globalización y los mercados, el Chile neoliberal decae definitivamente.

Es evidente que la competitividad no constituye un objetivo en sí mismo. De hecho, el país que lidera el ranking es Singapur, una ciudad-estado donde gobierna un régimen monopartidista sobre la base de un control draconiano de los medios de comunicación, la sociedad civil y los sindicatos. Con un modelo como ese es muy fácil competir. Sin embargo, asumiendo los fríos datos del estudio es curioso observar los motivos que el informe detalla como causa de este retroceso: Chile involuciona en el ranking de competitividad mundial principalmente por el alto margen de usura de la banca (técnicamente el “alto spread” de la tasa de interés) y la profunda crisis de su sistema educacional.

Lo complejo de este diagnóstico es que implícitamente se está indicando que para recuperar la “competitividad país” es necesario reducir la competitividad del sector financiero y del mercado de servicios privatizados y desregulados.

El spread bancario está relacionado directamente con la concentración de ese mercado. Este proceso oligopólico ha permitido a los bancos chilenos maximizar el margen entre la tasa pasiva que pagan a los ahorristas y la tasa activa que reciben por los préstamos otorgados. Esta diferencia es de 5,77 puntos promedio, en comparación a 0,33 puntos que opera en el Reino Unido. Chile aparece en este aspecto en los niveles más altos del mundo.

En relación al sistema educativo, hay consenso en que el actual modelo no es el resultado del sino trágico de la nación. Se trata de un “sistema escolar concientemente estructurado por clases sociales” (Informe OCDE: 2004) con el fin de producir mano de obra barata en un modelo extractivista y concentrador. Además el estudio denuncia los bajos niveles de inversión en Innovación y Desarrollo (I+D) que recaen exclusivamente en los magros presupuestos estatales, los abusivos costos de las telecomunicaciones, especialmente en los servicios de telefonía celular, fija y la conexión a Internet, la baja productividad laboral, la persistente discriminación de género y el reducido número de empleos como porcentaje de la población. Un panorama que la ciudadanía corrobora cotidianamente.

Lo complejo de este diagnóstico es que implícitamente se está indicando que para recuperar la “competitividad país” es necesario reducir la competitividad del sector financiero y del mercado de servicios privatizados y desregulados. En otras palabras, para volver a crecer Chile necesita más Estado, un mayor aporte fiscal de los privados y mayores regulaciones. Esta constatación se podría tolerar perfectamente en otras latitudes, pero para la mentalidad de nuestro empresariado sería como aceptar un oxímoron

El desafío que se presenta a Chile es extraordinariamente complejo. Proponer un proyecto de desarrollo nacional, aún desde la perspectiva capitalista más ortodoxa, es hoy más que nunca una idea antagónica, incompatible y enfrentada al proyecto de las élites nacionales, que apuestan a la riqueza rápida, fácil y depredadora. Por este tipo de constataciones creo que hoy no hay márgenes posibles para acuerdos de unidad nacional. Es hora de definiciones claras y distintas, que diferencien los proyectos políticos en curso. Pero ¿estarála Concertaciónen condiciones de comprender esta exigencia?