¿QUÉ ES EL TERRORISMO?

Publicado en Punto Final en agosto de 2010

Los organismos internacionales no han logrado definiciones taxativas respecto a lo que se debe comprender como terrorismo. De acuerdo a los estándares más aceptados el terrorismo supone atentados contra la vida, la integridad física o libertad de las personas, ejercidos de forma sistemática por actores organizados. Esta definición impide que se catalogue de terroristas a los delitos contra la propiedad, que deben ser tratados de acuerdo a la legislación ordinaria. También permite diferenciar las luchas sociales que indirectamente puedan causar daños a terceros. Estas distinciones están atentas al uso arbitrario de este concepto por parte de gobiernos que intentan así criminalizar y  deslegitimar a sus opositores. La idea es que los sistemas judiciales puedan llegar a  aplicar esta  categoría muy puntualmente, basándose exclusivamente en la naturaleza de los incidentes, sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores.

En contradicción con esta tendencia internacional, en Chile la aplicación de la legislación antiterrorista es una decisión política discrecional, bajo competencia del Ejecutivo. No es de modo alguno una decisión penal ordinaria ni meramente procedimental. El artículo 9 de la Constitución de 1980 permite esta situación al señalar: “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad.” La configuración de un delito terrorista permite a los jueces vaciar las garantías al debido proceso de los acusados, permitiendo medidas como el uso de testigos de rostro cubierto. Al mismo tiempo se impide la aplicación de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, imposibilitando la aplicación de beneficios carcelarios. Finalmente instala penas que duplican las que corresponden a los delitos comunes.

De acuerdo a la Constitución “Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.»

La detención de catorce personas ligadas a una red anarquista, acusadas por el llamado “caso bombas”, ha puesto en debate la calificación de este tipo de delitos bajo el rótulo de “conducta terrorista”. Esta misma categoría se ha invocado ante conflictos ligados a comunidades mapuches que demandan derechos por tierras, reconocidos por el derecho internacional. Para el ministro Rodrigo Hinzpeter se trataría de una escalada de situaciones que permitiría configurar un cuadro de “terrorismo incipiente” en nuestro país. Al mismo tiempo, este ministerio ha validado una serie de informes de inteligencia provenientes de Colombia, que vincularían al PC chileno y a movimientos indígenas con la guerrilla de las FARC. Colocando a Mapuches, anarquistas y comunistas en la carpeta del terrorismo incipiente, el gobierno ha instalado un cuadro de criminalización de los actores que pueden representar una amenaza política en el campo de la movilización social y la articulación ante sus decisiones más controversiales.

Aunque el ministro Hinzpeter ha señalado que “aquí no estamos persiguiendo ideologías, lo que estamos persiguiendo penalmente son conductas”, la decisión de aplicar la legislación antiterrorista es una opción discrecional de su parte. El presidente Piñera ha validado el análisis de Hinzpeter, señalado que “la mano cambió”, y que su gobierno no tendrá “ninguna debilidad para combatir al terrorismo”. La presión política a los tribunales, ejercida desde el ministerio del Interior sobre el  Ministerio Público permite augurar un claro intervencionismo del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Es difícil, luego de las palabras del Gobierno, pensar que los tribunales actuarán con independencia e imparcialidad en estas situaciones.  Por este motivo, la verdadera amenaza del “terrorismo incipiente” no reside en los casos a los que se les ha impuesto esta la categoría. La amenaza proviene del poder que el Ejecutivo esta asumiendo, lo que le permite incidir desde lo policial en la represión de las organizaciones que disientan a sus decisiones.

Es hora de enfrentar del debate de fondo. La existencia de una legislación antiterrorista como la chilena, que contiene tipos penales abiertos que permite su aplicación arbitraria, no resiste más tiempo. Se trata de un adefesio jurídico que amenaza gravemente los derechos Humanos y da a quién ejerce el poder peligrosas competencias antidemocráticas. Como ya lo comentaba Maquiavelo, para el Príncipe siempre será “más seguro ser temido que ser amado».

 

 

ELECCIONES EN LA DC: LO QUE BOTÓ LA OLA

Publicado en Crónica Digital el 18 de agosto 2010

Las elecciones internas de la Democracia Cristiana concentran la atención política de la semana. Con razón gobierno y oposición observan expectantes el proceso ya que la forma como se defina va a tener consecuencias de largo aliento no sólo para el partido de la flecha roja sino para todo el espectro político.

Hasta el momento esta contienda parecía ser un debate moderado, que reflejaba que a las fuerzas en pugna no las separaban más que sensibilidades y matices. Sin embrago, Jorge Navarrete, en su columna del domingo 15 de agosto, ha mostrado las debilidades del sector que a contado con todo el favoritismo mediático, y por que no decirlo, de la simpatía informal del oficialismo. Si hay un rasgo de los “Príncipes” DC  que molesta a la base de ese partido es su exquisita arrogancia. Porque para Navarrete esta elección se define entre la lista de Walker, monopólica de la sintonía con la ciudadanía, frente a “lo que botó la ola”, que ha tratado de cobijarse en torno al “Sommelier” Mariano Fernández. Con estas palabras se rompió la disputa de guante blanco.

Es difícil, luego de este gesto de inmodestia tan explícito, pensar que el tiempo bastará para sanar el desprecio y el desdén manifestado hacia un sector, que gane o pierda el 29 de agosto, consolidará un espacio político clave en la vida interna de ese partido. Las acusaciones de soberbia y altanería que han rondado a Walker y a su sector no son nuevas. Ya en anteriores elecciones internas de ese partido se ha debatido entre pasillos sobre el engreimiento y la altivez de un conjunto de dirigentes que suele confundir la juventud con la petulancia y la renovación con el empaque y la jactancia. Si esta percepción es real o es un mero estigma, las palabras de Navarrete no colaboran a dejar de lado esta reputación. Más bien parecen reforzarla. Afirmar muy sueltamente que la mitad que adversa a la propia lista no es más que “lo que botó la ola” es bastante más que desestimar sus fuerzas electorales. Es despreciar sus capacidades humanas, políticas y sociales.

A simple vista, con los ojos de quién mira este debate por la ventana, se ve que la lista de Walker no esta tan segura y confiada de su triunfo como lo indican las palabras de Navarrete. Si no ¿porqué desgastarse en proclamar su victoria por anticipado? ¿No sería más lógico y prudente comentar el éxito luego de tenerlo en la mano?  Todo indica que la lista de Mariano Fernández, más que “sumar a lo que quedaba disponible”, como afirma Navarrete, ha reunido un campo de actores que amenaza seriamente con dejar de nuevo a los príncipes sin su corona.

¿Estamos preparados para el matrimonio gay en Chile?

A raíz de las declaraciones del presidente del PS, Osvaldo Andrade, para quien Chile no está preparado para el matrimonio homosexual, el destacado dirigente social, Álvaro Ramis, se pregunta si con esa visión “¿se trata de juntar fuerzas para hacer transformaciones fundamentales o se trata de recuperar el poder por el poder?”

La reciente aprobación en Argentina de la ley de matrimonio igualitario ha abierto en Chile un debate acalorado sobre la posibilidad de lograr una medida semejante. Como era de esperar los sectores más conservadores, encabezados por el Arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz Ossa, han calificado de “aberración” esta nueva conquista social.

El obispo de San Bernardo Juan Ignacio González Errázuriz ha añadido que es un debate esquizofrénico y el Cardenal Jorge Medina ha rematado señalando que “la tendencia homosexual es un defecto como si a una persona le faltara un ojo o un pie”.

Nada de esto es extraño. Al contrario, se trata de reacciones previsibles si se recuerda que en Argentina el Arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio había convocado a una “Guerra de Dios” en contra de ese proyecto, al que calificaba de “una ‘movida’ del Padre de la Mentira”, o en otros términos, un plan de Satanás.

Lo imprevisto es que personalidades de Izquierda, ligadas a las luchas y demandas sociales de nuestro tiempo, se aferren a la más tradicional de las excusas para seguir postergando esta decisión. El nuevo presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, ha utilizado este argumento al afirmar: “tengo la sensación de que la sociedad chilena todavía no está preparada para asumir una propuesta de esa naturaleza”.

Es curioso que nos preguntemos una y otra vez si estamos preparados para dar pleno cumplimiento a una aspiración de dignidad y no lo hagamos en otras situaciones.

No es corriente preguntarse si estamos preparados para respetar los derechos laborales, o si estamos preparados para cuidar el medio ambiente, o para dar cuidado a los ancianos, o para tener educación de calidad. Son derechos y nunca se nos ocurriría poner en entredicho su exigibilidad, a pesar que su pleno cumplimiento sea muy lejano todavía.

Los derechos humanos no se pueden rebajar en saldos de liquidación, considerando que algunos tienen más valor que otros. Por demasiado tiempo las personas homosexuales han debido postergar sus aspiraciones emancipatorias esperando que otras agendas de derechos, muy necesarias y justas, tuvieran prioridad. Así han pasado décadas y décadas.

De cierta forma el argumento de la preparación es similar a la que se deslizaba en los años ochenta, cuando el pinochetismo afirmaba que Chile no estaba preparado para la democracia. Había que dejar pasar más tiempo, esperar que por arte de magia los chilenos estuviéramos listos para asumir nuestros derechos. En ese momento también recuerdo haber leído en Gramsci que “ninguna sociedad se propone tareas para cuya solución no existan ya las condiciones necesarias y suficientes o no estén, al menos, en vía de aparición y de desarrollo”. (*1)

El debate sobre la preparación es una discusión sobre lo posible. Sobre las posibilidades de correr el cerco de oportunidades políticas en nuestro país. Intuyo que Andrade está de acuerdo, en su fuero interno, con la propuesta de matrimonio igualitario. El problema, piensa, es que un programa de esta naturaleza aliena a la DC de un acuerdo político estable con el PS y disgrega fuerzas en función de recuperar el poder en 2014. En esa lógica su intervención es impecable.

Pero el problema es otro: ¿se trata de juntar fuerzas para hacer transformaciones fundamentales o se trata de recuperar el poder por el poder? Mucho me temo que para una parte importante de la Concertación la respuesta está clara. No se trata de converger en amplias alianzas para cambiar el curso de las cosas, sino para administrar con otra mano el mismo modelo, bajo la misma lógica de los últimos veinte años.

Mientras tanto la vida real sigue su cause. Giorgio Nocentino y Jaime Zapata, la pareja de chilenos que contrajo matrimonio en Mendoza el pasado 31 de julio, no necesitó preguntarse si ellos o los demás estaban preparados para socializar su relación y pedir al Estado a la protección que cualquier pareja humana tiene derecho en dignidad. Habían esperado durante sus 23 años de convivencia. Cuando el cuando el oficial de Justicia proclamó: “Los declaro a los contrayentes unidos solemnemente en matrimonio” se cumplió a cabalidad lo que la presidenta Cristina Fernández había señalado al promulgar la norma: “Al día siguiente (de la aprobación del matrimonio igualitario) me levanté con los mismos derechos que tenía el día anterior, mientras que otros conquistaron los derechos que yo ya tenía”. Si esto no tiene algo que ver con el socialismo, que alguien me lo explique. Por favor.

*1.- Antonio Gramsci. Quaderni dei carcere. Torino 1975. p. 1579.