LA RSE EN DEBATE

Publicado en Le Monde diplomatique. Chile. Noviembre 2010

¿Estamos ante un nuevo movimiento ciudadano que impacta en la regulación de la economía y las finanzas? ¿O se trata de una estrategia para maquillar y ocultar los escándalos de las corporaciones multinacionales?[1] ¿O por el contrario, deberíamos creerle a Milton Friedman cuando aseguraba que la RSE es una “doctrina fundamentalmente subversiva” ya que “tomada en serio extendería el ámbito de los mecanismos políticos a cada actividad humana”[2]? Si en algo hay acuerdo respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es en la polisemia de su significado y su sentido. No hay consenso a la hora de entenderla y valorarla. Lo que sí está claro es que algo nuevo agita el debate mundial. Aunque la discusión sobre la eticidad de los negocios y las prácticas económicas es antiquísimo, la elaboración teórica y técnica reunida bajo la idea de la RSE es muy específica y posee nuevas connotaciones. Además, se trata de un campo interdisciplinario que exige conectar los aportes de la administración y dirección de empresas, de las ciencias políticas y sociales, los estudios culturales, y los análisis ético-morales. Estas amplias y variadas vinculaciones hacen que bajo la sigla RSE aniden conceptos difusos, que pueden ser percibidos de forma antagónica.

Si bien ya Aristóteles distinguía entre economía (la actividad orientada a la satisfacción de las necesidades materiales de las personas) y la crematística (la habilidad de hacerse rico sin límites ni pudores) y Virgilio condenaba en la Eneida la “auris sacra fames” (la maldita sed de oro), los aportes de la tradición clásica no logran dar respuesta práctica a las complejidades que el desarrollo capitalista ha aparejado. El enorme poder de las corporaciones multinacionales tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de las personas, y aunque nos indigne la voracidad especulativa de Wall Street y sus “bonos basura”, sabemos que la hora de pagar el costo de las crisis siempre estamos los ciudadanos. Esta constatación empírica reconoce que para bien o para mal necesitamos convivir con el poder del mundo empresarial y entendernos con sus intereses. Surge entonces el reclamo ciudadano por la responsabilidad. Se trata de una exigencia creciente ante la capacidad de influencia y veto que las empresas despliegan sobre sus entornos.

En los Estados Unidos, en la década del cincuenta, H.R. Bowen  realizó un primer acercamiento a este reclamo en su obra “Social Responsabilities of the Businessman”. Se trató de un enfoque que hoy aparece muy convencional, pero que superó la mirada imperante respecto a las obligaciones de la empresa. Hasta ese momento los conflictos entre la ciudadanía y los actores económicos se resolvían básicamente en una dinámica de confrontación en la que los empresarios sólo llegaban a intuir que la filantropía podía jugar un papel importante en sus relaciones públicas. Bowen afirmó que no bastaba con las donaciones voluntarias que los grandes hombres de negocios ofrecían a sus comunidades locales y afirmó que “El empresario moderno no se puede plantear como un monarca absoluto que regula bajo el mandato e interpretación divina sus responsabilidades sociales como el cumplimiento de sus propias decisiones como lo que es “bueno” para la gente. El empresario, más bien, está sujeto a las normas de la comunidad y a las presiones ejercidas por distintos grupos. Él debe interpretar su responsabilidad social como ajustadas a normas “razonables” y aceptadas socialmente del “bien”, acordadas entre diversos intereses que están en conflicto[3]”. En otros términos, la responsabilidad del empresario va más allá de su conciencia o bondad personal. La criba a la que debe someterse es fundamentalmente social y contextual. No es equivalente a lo que los empresarios consideren como bueno, correcto o justo,  sino con lo que la sociedad considere y acuerde como tal, en sus normas jurídicas y en sus convenciones sociales.

El límite de esta concepción radica en el carácter adaptativo de la responsabilidad que se propone, ya que bastaría con ajustarse a las normas sociales y legales vigentes en el lugar en el que se lleva a cabo la actividad empresarial. En 2004 el gerente de la salmonera CERMAQ, Geir Isaksen se preguntó ante las cámaras del documental chileno-noruego “Ovas de oro” lo siguiente: “¿Un noruego fuera de Noruega, seguirá siendo noruego?”. Y su respuesta fue coherente con esta interpretación convencional de la responsabilidad empresarial: “Decir que queremos ser noruegos en Chile, eso sería una política imposible. En Chile tenemos que ser chilenos, no podemos ser noruegos en Chile”[4]. Para Bowen la respuesta de Isaksen basta. CERMAQ cumple la ley chilena, se rige por los estándares ambientales chilenos, paga salarios chilenos. ¿Pero bastará el cumplimiento de estos niveles para lograr la legitimidad social que la empresa necesita?

En los años setenta K. Davis criticará la mirada adaptativa al enunciar la llamada Ley de Hierro de la Responsabilidad: “La sociedad concede legitimidad y poder a la empresa. En el largo plazo, aquellos que no usan ese poder de un modo que la sociedad considera responsable tienden a perderlo[5]”. Davis ejemplifica que aunque las empresas pueden comportarse abusivamente a corto plazo, si desean proyectar su acción a largo plazo necesariamente deben satisfacer las expectativas éticas de la sociedad, o se verán sancionadas de una forma que comprometerá su subsistencia y desarrollo. Al mismo tiempo, se empieza a identificar la responsabilidad en la institucionalidad de la empresa  dejando de lado las buenas o malas intenciones y prácticas de sus dueños. Este giro asume que las prácticas filantrópicas de un empresario no tienen relación con la responsabilidad que la sociedad exige a una empresa, que radica en el campo específico de tareas y roles que le es propio. Por ejemplo, Bill Gates, el mayor filántropo del mundo, ha donado más de 28 mil millones de dólares para proyectos humanitarios en todo el mundo, una cifra que equivale a la mitad de su patrimonio. Elogiable y digno de mérito personal. Pero eso no dice nada de la responsabilidad empresarial de Microsoft, una empresa que ha sido multada en diversas ocasiones por la Unión Europea y ha debido pagar hasta el momento más de 1.700 millones de euros por ser un “monopolio abusivo” que ha manipulado el mercado en detrimento de sus rivales. Por este motivo, las definiciones actuales de RSE apuntan claramente al núcleo de la gestión empresarial[6]. En otras palabras, no me digas cuánto dinero has donado. Dime como lo has obtenido. Y muéstramelo haciendo públicos tus compromisos y los esfuerzos realizados para alcanzarlos de forma verificable y concreta. Estas exigencias parten por respetar las reglas que impone el mercado (libre competencia, transparencia, cumplimiento de obligaciones y compromisos), ajustarse a las leyes y normas legales, pero además implica asumir exigencias de justicia, libremente asumidas, que deben ir más allá de lo legal y que apunten a un criterio de justicia.

Esto implica reconocer la existencia de actores sociales potencialmente afectados por las decisiones de la empresa y que por lo tanto demandan legítimamente mecanismos transparentes de comunicación y participación en los criterios que guiarán esas decisiones. En esta línea el profesor de Ética Empresarial Domingo García Marzá ha planteado que el debate en torno a la RSE debería desembocar en un sistema integrado de gestión de la ética en la empresa, que debería contar, al menos, con tres elementos básicos: Un Código ético, que defina sus Responsabilidades Sociales y Ecológicas. Un Informe de sostenibilidad y auditoría ética, como instrumentos de evaluación y análisis de la respuesta dada por la empresa a las exigencias éticas planteadas Y un comité de ética, como implicación en la gestión ética de los diferentes interlocutores implicados y/o afectados[7]. En el supuesto que diseñar códigos éticos como meras declaraciones de intenciones es una cosa fácil, pero que sin el refuerzo de los mecanismos de información y evaluación por parte de todos los grupos de implicados sólo generan desconfianza y descrédito. Lo importante es implementar comités consultivos locales, realizar auditorías sociales o medioambientales y establecer programas de formación continua al interior de la empresa sobre la base de estos procesos. ¿Es esto posible en una economía que tiende a homologar “competitividad” y reducción de costes laborales, sociales y ambientales? Obviamente no, pero es posible en países que busquen aprovechar e incrementar sus activos intangibles, aquellos recursos que permiten ser alguien y competir en la sociedad del conocimiento.


[1] Se ha llegado a acuñar los términos Greenwashing y Bluewashing para describir las prácticas de las empresas que buscan aparecer como respetuosas del medio ambiente o de los derechos humanos, mediante campañas de forma, que encubren de forma engañosa sus falencias de cara a los consumidores.

[2] MILTON FRIEDMAN “The social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits”,  New York Times Magazine, 13 Septiembre, 1970

[3] H.R. Bowen. “Social Responsabilities of the Businessman” (1953:120)

[5] Davis, K. (1977). “Five propositions for social responsibility” in A.B. Carroll (ed.), Managing corporate social responsibility, Boston/Toronto, Little, Brown and Company, pp. 46-51.

[6] El llamado “Libro Verde” de la Unión Europea la define como “La integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”

[7] GARCÍA-MARZÁ D., Ética empresarial: del diálogo a la confianza, Madrid, Trotta, 2004.