MÁS CONTINUIDAD QUE CAMBIO EN LA IGLESIA CHILENA

Publicado en Punto Final en diciembre de 2010.

Luego de una larga y tensa espera, por fin se ha producido la designación del nuevo arzobispo de Santiago. En 2008 el cardenal Francisco Javier Errázuriz cumplió 75 años y, reglamentariamente, presentó su renuncia ante el Vaticano. Tras la designación del nuevo arzobispo, se han tejido las más diversas intrigas y presiones, que han cruzado las elites políticas y económicas del país y las tendencias intra-eclesiales. Los “candidatos” que informalmente se identificaron fueron varios: el ex presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic; el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz; el obispo de Los Angeles, Felipe Bacarreza; el arzobispo de Antofagasta, Pablo Lizama y el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati.

El 25 de noviembre la Conferencia Episcopal ya había dado una señal al escoger a Ezzati como nuevo presidente, a la vez que se daba un claro reconocimiento a la labor de Goic, designándole en la vicepresidencia. Una opción lógica ya que Ricardo Ezzati es una figura de continuidad directa del actual cardenal Errázuriz. De hecho, entre 1991 y 1996 trabajó como su colaborador en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, en Roma. Una vez que Errázuriz volvió a Chile, Ezzati prontamente regresó al país como su obispo auxiliar entre 2001 y 2006. Luego fue designado arzobispo de Concepción. Este estrecho vínculo biográfico con el actual arzobispo, su edad adecuada, su conocimiento de la Arquidiócesis de Santiago y su propio peso en el episcopado nacional lo hacían el candidato obvio en esta sucesión. Sin embargo, por diversos motivos su designación estuvo en varias ocasiones a punto de fracasar, lo que explica el largo retraso con que se ha hecho pública.

El 17 de mayo pasado el más connotado vaticanista, el periodista de L’Espresso , Sandro Magíster, había insinuado que Ezzati podría ser designado interventor de los Legionarios de Cristo, con el encargo de refundar la congregación iniciada por el pederasta Marcial Maciel. En el mismo artículo, Magíster afirmaba que Ezzati había sido designado arzobispo de Santiago, pero como la designación no se había formalizado, se podría revertir para que Ezzati se ocupara de la Legión. Finalmente el delegado pontificio de los Legionarios pasó a ser el arzobispo Velasio De Paolis. La lenta y anticuada burocracia vaticana, que tan bien han descrito los documentos revelados por WikiLeaks, podría explicar este intríngulis eclesial.

Sin embargo no es todo. Las razones más obvias que complicaron la elección de Ezzati radican en la presión impúdica de los actores fundamentalistas, que impulsaron abiertamente el nombre del Opus Dei Juan Ignacio González Errázuriz. Ante signos de abierta resistencia a esta designación en amplios sectores eclesiales, reflejados por ejemplo en las declaraciones del jesuita Felipe Berríos del 5 de junio de este año, se comenzó a notar un repliegue de esa candidatura. En ese momento, un sector del ala integrista reaccionó proponiendo el nombre de Felipe Bacarreza. Una propuesta impresentable ya que este prelado proviene de la Pía Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, liderada por el presbítero Fernando Karadima, hoy en proceso de cisma interno, intervención episcopal y bajo sospecha de financiamiento irregular. Los otros candidatos, Goic y Lizama, podrían haber significado un ligero giro liberal en la diócesis, acentuando un perfil si no más abierto, al menos más tolerante y políticamente más transversal. En cambio Ezzati representa una postura claramente conservadora, pero consciente del peso y el rol institucional de la Iglesia Católica, distante del integrismo incendiario de Bacarreza y González. Ezzati ha sido un hábil negociador en el Parlamento y sabe hacer sentir su peso en la DC, lo que hubiera sido imposible para los integristas.

Otro factor que retrasó la designación de Ezzati fue el estallido del caso Karadima. En 2005 Ezzati, entonces obispo auxiliar de Santiago, recibió una denuncia por abusos sexuales en contra del párroco de la iglesia del Sagrado Corazón, de El Bosque, a través de una carta firmada por Juan Andrés Murillo. En ella el denunciante afirmaba que fue víctima de acoso e intentos de abuso sexual cuando tenía entre 18 y 20 años. Aunque Ezzati ha señalado que se reunió con él y le indicó el camino para que hiciera la denuncia, los hechos han mostrado que la investigación canónica se estancó por años. Al estallar el escándalo, Murillo criticó el accionar de la Iglesia de Santiago afirmando: “Encubrir la realidad (abusos) para defender a la institución es un error en todos los planos, un error que puede constituir un crimen tan grave como el abuso mismo, puesto que acepta y legitima lo inaceptable”. Y agregó: “No se han adoptado las medidas necesarias para detener estas agresiones contra menores de edad o jóvenes, ni tampoco para ayudar a las personas afectadas”. Ezatti había quedado en entredicho. ¿Cómo se enfrentará ahora a las secuelas de esta crisis? Se trata de la primera misión a la que se deberá abocar y en la que se jugará la credibilidad de su ministerio al frente de la principal diócesis del país.

La renta básica de ciudadanía y la renovación del Estado del bienestar

Comentario al texto ” Renta básica de ciudadanía. Una propuesta clave para la renovación del Estado del bienestar” de  Rafael Pinilla Pallejà, Icaria, Barcelona, 2004.

El contexto de la presentación:

Adela Cortina busca en su obra “Ciudadanos del mundo”[1] armonizar las diversas facetas – política, social, económica, civil e intercultural – que supone la noción de ciudadanía. En el capítulo III trata de la noción de ciudadanía social, que se ha realizado históricamente, con aciertos y deficiencias, en el proyecto del Estado de bienestar. Sostiene que si bien el Estado social de derecho constituye una exigencia ética, la cuestión clave radicaría en “delimitar qué necesidades y bienes básicos han de considerarse como mínimos de justicia, que un Estado social de derecho no puede dejar insatisfechos sin perder su legitimidad” y por lo tanto no empeñarse en garantizar un Estado de bienestar sino un Estado de justicia. De esa forma interesa el debate sobre la Renta Básica garantizada (en adelante RB) como una propuesta que permita liberar de la necesidad y excluya la dominación de unos hombres por otros, de tal forma que el reconocimiento de la ciudadanía sea anterior al de la autosuficiencia económica[2].

  1. ¿Qué es la Renta Básica de ciudadanía (RB)?

 En términos simples es un ingreso otorgado por la comunidad política, individualmente y sin contrapartida. Representa el valor mínimo que la comunidad política está dispuesta a garantizar a cada uno de sus miembros de pleno derecho como reconocimiento a su valor intrínseco. Este valor no puede depender de su capacidad de producir renta mediante un trabajo remunerado, porque se comprende que la vida humana es más importante que la producción económica.

Además la RB se relaciona con la necesidad de inclusión y reconocimiento social, de ocupaciones no suficientemente valoradas o reconocidas, vinculadas a la economía del cuidado, las labores domésticas, la dependencia, el trabajo comunitario, asociativo y cultural. Espacios que, de hecho, operan en el marco de la economía del don y el trabajo colaborativo.

  1. Singularidades de la Renta Básica (RB) frente a otros programas de trasferencia de renta focalizada o condicionada.

Es un ingreso en efectivo. No es en especies ni esta predeterminada a ciertas áreas de consumo o necesidad.

Es una cantidad modesta. Lo que la hace sostenible. Quien sólo viva de ella debería hacerlo muy austeramente, pero a la vez podría satisfacer necesidades básicas.

Se garantiza  como un derecho, sin discriminación, sea cual sea el ingreso real del receptor.

No está condicionada más que a la ciudadanía o residencia. No exige contraprestación previa, ni en materia de trabajo ni voluntad de trabajar. Pero como su implementación deriva de un contrato social, la RB reforzaría la exigencia de deberes ciudadanos. (Por ejemplo, se podría vincular a un sistema de servicio civil en algún momento de la vida)

Cabe destacar que el Estatuto autonómico de la Comunidad Valenciana señala en su artículo 15: “Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y una renta de ciudadanía en los términos previstos en la ley”. La Comunidad Valenciana ha sido la primera en introducir el concepto de renta mínima en su Estatuto, pero para que una persona pueda recibirla tiene que demostrar que es pobre, que no tiene otras rentas ni puede lograrlas, que carece de patrimonio, que desea trabajar y no puede, que está dispuesta a aceptar cualquier tipo de empleo, etc. Por este motivo no se puede considerar a los programas de renta mínima de inserción que existen en Valencia como una RB, aunque sirvan para ayudar temporalmente a algunas personas en situación muy precaria.

  1. Fundamentación

 La RB entronca fundamentalmente en la tradición republicana, que comprende la libertad como autogobierno. Esta noción implica que la ciudadanía plena no es posible sin independencia material como prerrequisito de la libertad política. De allí que la libertad, así comprendida,  lleve a un dilema ineludible: o se diseñan mecanismos para garantizar esta libertad básica a todos o se excluye de la vida política a quienes no dispongan de ella, distinguiendo entre ciudadanos activos y pasivos o instaurando el sufragio censitario.

Maquiavelo, en este contexto, había planteado que la constitución de una República es imposible cuando la riqueza está distribuida entre unos pocos magnates y la vida política sólo puede hallar esperanza en la discreción de un príncipe absolutista. Por este motivo, la revolución de 1789 dará ocasión a personalidades como  Robespierre para abogar por el “derecho a la existencia” en uno de sus últimos discursos en 1794, en donde para expresó la idea de que la sociedad debe garantizar a todos sus miembros, como primer derecho, el de existir material y socialmente. En ese mismo período el escritor y activista estadounidense Thomas Paine publicó en 1776 el ensayo “Agrarian Justice”, donde propuso: “Crear un fondo nacional, del cual se pagará a cada persona, cuando alcance la edad de veintiún años, la suma de quince libras esterlinas, como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción del sistema de propiedad territorial. Y además, la suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de edad, y a todos los demás cuando alcancen esa edad”.  Más tarde Joseph Charlier, en la tradición fourierista, planteó en 1848 un “dividendo territorial” en virtud de la copropiedad igualitaria del territorio de la nación. Posteriormente se pueden rastrear propuestas semejantes en muchos otros autores liberales y republicanos, entre otros en Herbert Spencer, Henry George y Bertrand Russell. Sin embargo, en su formulación contemporánea la Renta Básica de ciudadanía encuentra su cimiento en la obra de Philippe van Parijs, “Libertad real para todos” (Clarendon Press, Oxford, 1995).

Indirectamente han apoyado esta propuesta economistas de muy diferentes orientaciones ideológicas. A modo de ejemplo.: Milton Friedman, lo ha hecho con el objetivo de recortar el Estado de bienestar mientras el ex ministro finlandés Osmo Soininvaara como una forma de fortalecerlo, James Tobin, como forma de luchar contra la pobreza sin eliminar los incentivos al empleo mientras Jeremy Rifkin con el fin de sostener su tesis del “fin del trabajo”, entendido como un inevitable desempleo estructural debido a la introducción de las nuevas tecnologías.

 Funcionalidad política y económica

 El debate de sobre la RB ha cruzado el establecimiento de “garantías sociales” que representen una forma de la operacionalización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), los cuales hasta la fecha poseen una formulación eminentemente declarativa. Las garantías sociales serían equivalentes a umbrales de ciudadanía por debajo de los cuáles la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de las capacidades humanas se ve fuertemente limitado. Visto así, la barrera de exclusión sólo puede ser superada a través de los distintos mínimos o subconjuntos de garantías sociales que proveen niveles básicos de protección a nivel institucional, político, jurídico y financiero. La garantía social entrega a la persona certidumbre sobre lo que puede esperar del medio social en el cual se desenvuelve y puede dar respuesta a varios de los aspectos sectoriales que constituyen sus necesidades de desarrollo humano. Los consensos sociales tras cada garantía social, constituyen pactos que se materializan en la legislación y las políticas públicas.

De esta forma el modo de fijar el valor de la RB no se entendería como un asunto meramente econométrico sino que presupondría una renovación del contrato social. Exigiría un proceso deliberativo exigente y reconceptualizar los objetivos de la economía ensanchando el paradigma que cifra en el crecimiento y en el empleo las únicas metas políticas a alcanzar.

La propuesta de la RB busca colaborar en el rediseño de la actual red de protección social, subsanando sus cada vez mayores inconsistencias que se traducen en ineficiencia, falta de cobertura, incentivos perversos, problemas de estigmatización, condicionalidades humillantes, clientelismo, burocratización, discrecionalidad, etc. Se estima que su implementación permitiría compatibilizar mayor flexibilidad en el mercado de trabajo con una adecuada protección para el trabajador y generaría condiciones para la búsqueda de nuevos empleos; a la vez que valorizaría el trabajo doméstico, asociativo y voluntario. Además daría un piso de seguridad para iniciar iniciativas emprendedoras, evitaría la deserción escolar, incentivaría a los mayores a retirarse del mercado laboral; aumentaría las remuneraciones en trabajos poco atractivos, desincentivaría la realización de horas extras entre otros efectos.

La introducción de la RB, afirma Pinilla: “no debe utilizarse para sustituir la prestación pública de servicios por el mercado allí donde sabemos que el mercado falla. En cambio, puede ayudar a contener una serie de despilfarros públicos debido a políticas de subvención y de gratuidad de servicios muy poco eficientes”[3]. Pinilla plantea que la instauración de la RB haría coherente establecer precios realistas a determinados servicios públicos para estimular el uso racional de los mismos. De esta forma se podría separar la función redistributiva de otras funciones específicas del gasto social. La noción misma de “salario mínimo” podría ser anacrónica si se establece la RB.

  1. Reacciones espontáneas ante la Renta Básica de ciudadanía

La primera reacción ante este tipo de propuestas suele ser agresiva, ya que la renta básica cuestiona ideas profundas, arraigadas en el sentido común, lo que suele despertar epítetos muy fuertes en su contra: “irracionalidad”, “alimento de la indolencia”, “shock en las estructuras básicas del país”, quiebre de “la cultura del esfuerzo y la superación personal”, “perversión de cualquier idea de justicia”, “subsidio a los ricos”, estímulo a la inmigración” etc. A modo de ejemplo el periódico financiero Expansión comentó de esta forma la iniciativa de establecer en abril de 2009 una subcomisión parlamentaria para debatir la conveniencia de establecer una RB:

“Su inasumible coste para el erario público la hace inaceptable. Pero a mayor abundamiento, se trata de una medida que anula el espíritu de progreso y desincentiva el empleo. ¿Cómo se financiaría dicha medida si la mayoría se conformara con la sopa boba de la renta básica sin necesidad de trabajar? Es un absurdo, como se puede intuir, condenado al fracaso. Pero lo triste es que los políticos acepten la irresponsabilidad de discutir este tipo de frivolidades en el Congreso…. En vez de embelesarse con estos cantos de sirena, los ciudadanos deberían castigar a los políticos que en lugar de empeñar su tiempo en afrontar los problemas reales de la sociedad lo pierden con este tipo de excentricidades”[4].

  1. La pertinencia de esta propuesta

Si se analiza desprejuiciadamente la RB es necesario partir por un diagnóstico del actual modelo de Estado de bienestar, su crisis y las posibilidades de rediseñar su estructura la propuesta comienza a adquirir otro sentido y demuestra viabilidad y coherencia. El diagnóstico compartido al respecto muestra señales preocupantes efecto de:

  1. La transición demográfica: envejecimiento de la población y baja natalidad.
  2. Transición económica: Tránsito hacia una economía post industrial basada en el conocimiento y la inversión en capital humano, pero con altas cuotas de cesantía estructural y precariedad laboral.
  3. Transición tecnológica: Cambios en la producción, en el coste de los transportes, deslocalización de empresas y reducción de las distancias entre otros efectos.
  4. d. Transición política: procesos de perdida de soberanía de los Estados nacionales hacia entidades más amplias (UE, UNASUR, etc…) o descentralización (gobiernos federales, locales). Poder incontrarrestable de las instituciones de Bretton Woods, de los capitales financieros especulativos, aunque también se vislumbra el fortalecimiento de instituciones de la sociedad civil que actúan a nivel global.

Estos cambios cuestionan la viabilidad de los fundamentos tradiciones del Estado de bienestar que se formulaban de la siguiente forma:

1º: Toda persona debe tener la oportunidad de trabajar para conseguir una renta que le permita vivir, por ello el Estado debe tratar de garantizar el pleno empleo.

En cualquier caso todos tienen derecho a vivir y para las personas que no pueden trabajar el Estado debe procurar que todos tengan acceso a una renta mínima que les permita vivir.

Bajo el paradigma de la RB estos fundamentos deberían ser invertidos y plantearse así:

Toda persona tiene derecho a vivir y el Estado debe tratar de garantizar una renta básica suficiente para vivir.

En cualquier caso, toda persona debe tener la oportunidad de trabajar para mejorar su renta, por ello el Estado debe procurar que todos tengan acceso al empleo.

Las diferencias radican en el orden de prioridad y la relación de causalidad implícita. Si en el primer modelo se pretende asegurar el pleno empleo como medio para garantizar una renta mínima, en el segundo la RB se garantiza explícitamente y como consecuencia se espera que aumente la oferta de empleo (en cantidad y calidad) y mejoren las condiciones de empleabilidad  de la población. Para la renovación del Estado del bienestar había que superar el concepto de pleno empleo, tanto por la imposibilidad de fijarse esta meta como también porque el empleo remunerado no es la única actividad valiosa, que debe ser reconocida social y económicamente.

  1. Viabilidad técnica y vías de financiación

Existen diferentes modelos técnicos. Pinilla plantea en base a cifras de  2002 y para España que “para una persona sola la renta debería rondar los 360 euros mensuales; para una pareja los 540; y por cada menor de 25 años, 100 euros adicionales al mes. Para una familia de 2 adultos y 2 niños estaríamos hablando de garantizar una renta mínima de 662 euros. Estas cifras requerirían, con respecto a lo que se pagó de impuestos (por el año anterior), un incremento de recaudación fiscal del orden de 15.000 millones de euros. Lo que representa algo menos del 2 % del PIB. Es una cantidad muy grande, ciertamente, pero no es para hacerlo de un día para otro, es más bien para dar una idea de que en un plazo razonable, y haciendo una planificación adecuada, no es ninguna locura”. En un estudio posterior Rafael Pinilla y  Luis Sanzo[5] proponen acompañar la renta básica por un sistema de bonificación al empleo. Estiman un de costo del 1,67 % del PBI. La renta básica para un adulto sería de 4.320 euros anuales, en tanto que para los menores la estiman en 1.320 euros.

Pinilla asocia este cálculo a que el fraude fiscal en España es tres veces esa cantidad y porque el gasto público social español representa sólo un 21% del PIB, el más bajo de la UE-15, cuyo promedio es del 27%.  La RB aporta en ambas direcciones: obligaría a hacer emerger la “economía sumergida” y a controlar la evasión fiscal ya que los trabajadores demandarían dejar de trabajar “en negro” con el fin de acceder a la RB. Y contribuiría a homologar el gasto social español respecto a países de renta similar.

Al respecto Pinilla propone que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) incorpore un tramo de impuesto negativo sobre la renta. Un impuesto negativo sobre la renta es un crédito impositivo uniforme y reembolsable, que garantiza un nivel mínimo de ingresos mediante la política fiscal: si en la declaración de ingresos se supera ese mínimo, se pagan los impuestos correspondientes; si, por el contrario, no se supera o se carece de ingresos, el Estado abona la diferencia hasta alcanzar el mínimo establecido.

En años recientes han aparecido nuevos estudios financieros (ej. Argentina[6], España[7] y Uruguay[8]) que muestran que en muchos casos iniciar un camino de implementación de la renta básica no está lejos de las posibilidades fiscales de los Estados, incluso en países emergentes y sin Estado de bienestar. En consonancia con ello CEPAL ha propuesto fortalecer el sistema de protección social en America Latina y el Caribe a través de la universalización de los programas de pensiones y ha estimado el costo de la propuesta: una pensión universal no contributiva y no focalizada, tendría en América Latina un costo equivalente de un 2 % del PBI en promedio[9]. En cualquier caso cualquier formula de calculo presupone la existencia de un sistema tributario progresivo entendido como aquél en el cual los individuos o familias que están en los niveles de más alto ingreso pagan un porcentaje mayor de sus rentas, que aquellos que tienen un nivel más bajo. Esto significa que la tasa promedio de impuestos aumenta cuando el ingreso sube; o que los impuestos reducen el ingreso real de las familias de altos ingresos.

  1. Experiencias de aplicación de la Renta Básica.

El caso más cercano a una renta básica universal completa es Alaska, mientras que el programa más divulgado de renta básica universal parcial es el de las pensiones de Canadá. En Alaska existe una transferencia monetaria no contributiva que se paga anualmente en forma universal a todos los habitantes, los recursos provienen de un Fondo Permanente que proviene de la renta petrolera y del mineral. Con 611 mil habitantes, en 2009 se distribuyeron 3.269 dólares por persona. Estudios recientes muestran que Alaska se convirtió en el Estado más igualitario de los Estados Unidos. Desde 1951 existe en Canadá un programa federal de pensiones universal y no contributivo donde la única exigencia es haber cumplido 65 años, ser ciudadano canadiense o residente legal. Bolivia y Chile tienen un programa de pensiones complementarias, no contributivas y universales, que se otorgan a toda la población en edad de jubilar sin tener en cuenta su ingreso.

En América Latina se han generalizado las políticas públicas de transferencia de renta condicionada en todos los países de la región (Panes en Uruguay, Jefes de hogar en  Argentina, Bono Juancito Pinto en Bolivia, Ecuador Solidario, Chile Solidario, Bono Progresa en México, etc.) que tienen un enorme impacto en las cifras de pobreza y desigualdad. Además existen programas similares en Bangladesh, Indonesia y Turquía, y programas piloto en Camboya, Malawi, Marruecos, Pakistán y Sudáfrica, entre otros. La mayoría están vinculados a condicionalidades socioeconómicas y de escolarización infantil. Sin embargo sólo el gobierno brasileño ha afirmado expresamente, en enero de 2004, una ley que apunta hacia un camino gradual de implementación de una renta básica universal, sostenido en la renta petrolera. En una primera etapa se ha definido el programa Bolsa familia como una renta básica universal parcial pero el objetivo es avanzar hacia el objetivo de una renta que cubra a todos los brasileños y todos los extranjeros que hayan vivido desde hace cinco años en el país.[10]. La razón ha sido fundamentalmente de eficiencia, ya que un sistema de renta condicionada es particularmente difícil de administrar cuando una alta proporción de la población vive un poco arriba de la línea de la pobreza y trabaja en la informalidad. La solución más racional es su universalización.

  1. Breve conclusión:

 La propuesta de la RB no puede ser asumida sin un amplio consenso y social y político, ya que requiere un compromiso de largo alcance y un rediseño profundo de las políticas sociales existentes. Su implementación exige que se le defina como una política de Estado, estable más allá de las mayorías circunstanciales. Por lo tanto su instauración demanda estudios profundos y un claro refrendo democrático. Sin embargo, estas condiciones no deben hacer olvidar que las transformaciones económicas y las urgentes necesidades de rediseño institucional del actual Estado de bienestar exigen respuestas urgentes e impostergables. La propuesta de la RB lejos de ser una panacea, debe ser entendida como un desafío conceptual que colabore en esa tarea. Diversos debates que España enfrenta en la actualidad, como por ejemplo la reforma al sistema de pensiones, podrían enriquecerse si se integran el él nuevas propuestas, como el establecimiento de una pensión universal de vejez no contributiva, de carácter complementaria, a cargo de impuestos centrales, como compensación  al cambio en la edad de jubilación a los 67 años. En definitiva, como sostiene Pinilla, la RB es una idea suficientemente prometedora como para que merezca la pena ensayarla, con cautela política y prudencia científica, pero también con audacia e imaginación.

 Bibliografía complementaria

Busquets, José Miguel;  Las transferencias monetarias no contributivas: opciones y criterios de legitimidad. Universidad de la República Instituto de Ciencia Política. 2010

Pinilla, Rafael y Sanzo, Luis. Para una reforma del sistema fiscal de protección social. Fundación Alternativas. Documento de Trabajo 42/2004

Raventós, Daniel y otros. La Renta Básica de Ciudadanía, Barcelona, Mediterránea, 2005.

Van Parijs, Philippe. Libertad real para todos. Paidós, Barcelona 1996.

 

NOTAS

[1] Cortina, Adela. Ciudadanos del mundo. Alianza, Madrid, 1997

[2] Cortina, Adela. Ciudadanía económica cosmopolita. en El País, 5-6-2001

[3] Pinilla (2004) p. 106.

[4] “La irracionalidad de la renta básica”. Editorial del periódico financiero Expansión. 08 abril 2009 http://www.expansion.com/2009/04/27/opinion/1240862367.html

[5] Pinilla, Rafael, Sanzo, Luis. La renta básica. Para una reforma del sistema fiscal y de protección social. Fundación Alternativas. Documento de Trabajo 42/2004

[6] Lo Vuolo, Rubén. Pobreza y políticas de sostenimiento del ingreso. Asistencialismo focalizado vs. Ingresos básicos universales. CIEPP, 1998.

[7] Arcarons, Jordi, Boso, Alex; Noguera , José Antonio, Raventós,  Daniel. La Renta Básica de Ciudadanía, Barcelona, Mediterránea, 2005.

[8] Lorenzelli, Marcos Viabilidad económica y fiscal de la renta básica. Impactos posibles en el mercado

de empleo” en Renta básica universal: derecho de ciudadanía, MIDES, Montevideo, 2008

[9] CEPAL, La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad, 2006.

[10] Ley 10.835 del 8 de enero de 2004

LA UDI EN CONTRADICCIÓN PERFORMATIVA

Publicado en Crónica Digital. el 20 de diciembre 2010

La propuesta de la senadora Evelyn Matthei y el senador Fulvio Rossi, que busca restablecer el aborto terapéutico en casos excepcionales, ha desatado en la UDI pasiones irracionales y argumentos viscerales que poco aportan al debate democrático. No es nada nuevo lo que se propone. Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíben el aborto en todas sus formas, incluso en los casos en que la vida de la madre está en riesgo. Por más de cincuenta años nuestra legislación contempló esa posibilidad y ello no generó escándalo ni alarma alguna hasta que en 1989 la junta militar derogó el articulo Nº 119 del código sanitario.

Como en muchos otros debates morales, quienes se ven acorralados en razones y en sintonía con la opinión pública, hechan mano a la siempre útil falacia de la pendiente deslizante. Se trata de alarmar a la ciudadanía señalando que si se aprueba el aborto terapéutico esta situación generará una cascada de eventos, uno tras otros, en la misma dirección, hasta la liberalización total de todo tipo de aborto. Se trata de una falacia probadamente eficaz, ya que consigue despertar la paranoia y el miedo en los auditores. Eficaz pero falsa. La misma falacia se ha usado en múltiples situaciones, como en 2004, cuando con motivo de la aprobación de la ley de divorcio la UDI dijo que se destruiría la familia chilena, y hoy vemos que las cifras no muestran gran cambio respecto a las existentes en los tiempos en que se hacía uso de la mentira y la ficción legal para decretar las nulidades matrimoniales. A la píldora del día después también se le ha tratado de estigmatizar como un preludio del aborto. Pero es interesante ver que efectos sociales realmente está provocado. Si tuviéramos cifras verificables de abortos  clandestinos lo más probable es que mostrarían una disminución, lo que se debería atribuir da la píldora del día después, una medida combatida y denostada pero que ha logrado lo que años de campañas anti aborto no han podido conseguir.

Quienes tratan de provocar la paranoia y miedo en este tipo de deliberaciones públicas sostienen un tipo de argumentación que se basa en la falsa causalidad. Se trata de construir un cuadro en el que a la vuelta de la esquina nos espera el infierno, ya que abrimos la cortina para ver lo que ocurría en la acera. Si un partido no permite a sus legisladores, y no sólo a ellos sino a todos sus ciudadanos, deliberar sobre estas materias, expresa una debilidad cívica y una incapacidad democrática seria. En términos más específicos, si la UDI se auto impone debates imposibles e inabordables, sin más razones que los argumentos de autoridad, caería en una insalvable contradicción performativa. Es decir, quienes se declaran demócratas e independientes, impedirían el ejercicio democrático y la independencia de sus parlamentarios. Una especie de harakiri político, ya que supone poner negar la condición de posibilidad del nombre que han dado a su partido.