METÁFORAS GASTADAS

Publicado en Punto Final en Enero de 2011.

El debate del proyecto de ley sobre uniones civiles ha desatado una gran ola de controversias entre los parlamentarios. Pero la sociedad civil parece presenciar la discusión con mucho menor apasionamiento que ellos. No son tiempos para dejar correr la sangre por una u otra concepción del bien y la vida buena, y menos en un área tan íntima como las relaciones de pareja. El proyecto de ley, sin ser irrelevante, llega desfasado, tratando de responder a un conjunto de cambios que han acontecido en la vida familiar a velocidades vertiginosas, y que no parecen ser entendidos ni siquiera por quienes los han vivido.

La actual prescindencia ciudadana ante estas propuestas contrasta con los viejos conflictos que vivió Chile cuando se instauró el matrimonio civil en 1884. En ese momento el matrimonio dejó de ser narrado bajo la metáfora de la Alianza religiosa y comenzó a ser entendido bajo la metáfora del Contrato entre iguales. Es que los cambios en el mundo de la vida, a diferencia de las transformaciones en los sistemas políticos o económicos, acontecen cuando la metáfora que explica los vínculos humanos deja de cumplir su rol y ya no ofrece sentido a quienes los escuchan. Entonces, ya no es posible mantener públicamente ese relato, por muy antiguo y lógico que parezca. A fines del siglo XIX, era evidente que para una parte importante de la sociedad el matrimonio no podía ser entendido como un sacramento eclesial, que ataba indisolublemente a los cónyuges por arbitraria decisión divina. Era necesaria una nueva narrativa, en la que el matrimonio se pudiera reinterpretar desde la conquista más preciada de la ilustración: la autonomía moral de los sujetos. Ese nuevo matrimonio civil permitió a su vez que el matrimonio religioso recobrara, para aquellos que así lo estimaran, su carácter específico, despojado de la coacción arbitraria a los no creyentes, que ahogaba su legitimidad.

Sin embargo, el relato del contrato cívico, que vino a reemplazar al sacramento religioso, no logró desprenderse de herencias atávicas del patriarcalismo. Ya en 1869 John Stuart Mill había desatado la controversia con su célebre ensayo “La esclavitud de la mujer” en el que sostenía “Creo que las relaciones sociales entre ambos sexos,-aquellas que hacen depender a un sexo del otro, en nombre de la ley,-son malas en sí mismas, y forman hoy uno de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad; entiendo que deben sustituirse por una igualdad perfecta, sin privilegio ni poder para un sexo ni incapacidad alguna para el otro.” Un ideal que debería haber sido inherente, por mínima coherencia, con la metáfora del matrimonio como contrato legal. Pero que no se consiguió sino con largas luchas feministas. Baste recordar que en nuestro país este pacto laico, entre personas en pleno uso de razón, se consideró indisoluble hasta la reforma del código civil de 2004. Una indisolubilidad que no tenía más argumento que la discrecionalidad del legislador. Además, por muchos decenios la ley sobre Matrimonio Civil mantuvo una serie de privilegios del padre de familia, que convertían a la mujer en una virtual “menor de edad” que no podía administrar bienes, firmar contratos, decidir sobre la educación de los hijos, etc. De allí que Mill afirmara “La ley de la servidumbre en el matrimonio es una monstruosa contradicción, un mentís a todos los principios fundamentales de la sociedad moderna y a toda la experiencia en que se apoyó para deducirlos y aplicarlos…El matrimonio es la única forma de servidumbre admitida ya por nuestras leyes.”

Esa larga historia de incoherencia, entre la libertad e igualdad proclamada y la libertad y la igualdad jurídicamente instituida, ha contribuido a la deslegitimación del matrimonio entendido como contrato. Creo ser de los pocos miembros de mi generación que se ha casado, y por ambos ritos. Porque la mayoría de mis amigos y amigas ha decidido lanzarse a sus proyectos de convivencia en pareja sin más alarma ni más aviso que el que les dictó su soberana gana. Y no los veo tristes ni desilucionados por ello. Desgastada la coherencia política del contrato liberal, la metáfora matrimonial podría haber conservado alguna legitimidad si ese trámite garantizara alguna protección social. Pero en un país sin un mínimo Estado de bienestar como el nuestro, los papeleos y los trámites ante el fisco parecen tiempo muerto y dinero perdido. Si el Estado no aporta, que al menos no moleste, parece ser la idea en boga, y que explica que hoy por hoy el 52% de los niños chilenos nazcan en parejas que no han suscrito contrato matrimonial alguno. En este contexto, la mayoría parece desear que el Estado no se entrometa en sus proyectos afectivos y familiares. Aunque comparto estos argumentos, soy de los que aún creen que el matrimonio como acto de socialización del amor. Pienso que en un mundo en el que prima un individualismo extremo, una nueva forma de considerar el rito matrimonial podría ayudarnos a valorar los vínculos comunitarios que nos constituyen como personas, en una historia que no ha empezado en nosotros ni concluirá tampoco con nosotros. Pero lo entiendo como un momento comunicativo, que de espacio a la espiritualidad, a las palabras, a la inspiración compartida. El matrimonio como metáfora viva de una alianza de amor entre libres e iguales.

¿Qué significa ser ciudadano económico?

Comentario a CORTINA, ADELA. Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Alianza Madrid 1997. pp. 97 – 131

  1. El concepto de ciudadanía económica.

Un estado social de derecho implica necesariamente transitar de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa, de un tiempo de derechos a un tiempo de responsabilidades. De esta manera se hace posible la participación significativa en los asuntos públicos. Las democracias occidentales, que en palabras de Robert A. Dahl se deberían caracterizar más como “poliarquías” por el déficit participativo y representativo que albergan, están necesitadas de implicar a las personas en sus procesos y dispersar sus centros de poder. Esta realidad es especialmente importante en el curso de los asuntos económicos, determinados por los dilemas propios de la globalización y financiarización de los mercados.

La ciudadanía económica supone reconocer que en la esfera económica y social “los afectados por las decisiones que en ella se toman son sus “propios señores” y no súbditos, lo que implica que han de participar de forma significativa en las tomas de decisiones que les afectan” (p. 99) Esta afirmación es particularmente relevante para dos corrientes de opinión actuales: la ética del discurso y el modelo del Stakeholder capitalism.

 La ética del discurso aplicada a la economía y la empresa

 Desde esa perspectiva Jürgen Habermas sostiene el llamado “Principio del discurso”, que afirma que “sólo son válidas aquellas normas de acción con las cuales podrían estar de acuerdo todos los posibles afectados como participantes en un discurso práctico”. Este principio opera como un horizonte de legitimación normativo, que aplicado al  campo económico exige que las decisiones se abran a un espacio dialógico racional, que considere como interlocutores a todos los grupos de afectados e implicados en el proceso empresarial. Este principio sería propio de sociedades que aspiran a un estadio moral postconvencional, que busque satisfacer intereses universalizables y no corporativos. Los afectados por decisiones de las corporaciones empresariales, en cuanto “ciudadanos económicos” y no meros súbditos, deben ser considerados por ello interlocutores válidos e incorporados en el proceso decisional.

Stakeholder capitalism

 Esta perspectiva entiende la empresa como una institución que no sólo busca satisfacer los intereses de los accionistas, sino también la de los diferentes actores implicados en ella: directivos, trabajadores, consumidores, proveedores, competidores, e indirectamente a los afectados por su proceder, tanto los inmediatos como alejados. Estos actores, entendidos como Stakeholders, podrían establecer relaciones de cooperación que impidan juegos de “suma cero”, posibilitando la estabilidad a la empresa, y la prosperidad de su entorno social. Este modelo, más cercano a la tradición del capitalismo renano que al modelo manchesteriano o neoliberal, entiende la empresa como un grupo humano complejo, que no sólo satisface necesidades económicas, y que responde a concepto de “empresa ciudadana”.

 Una concepción renovada de empresa.

 La literatura tradicional ha entendido la empresa como una maquinaria, con input y output de producción, en función de la maximización de las utilidades. Frente a este paradigma se ha desarrollado en las últimas décadas un paradigma alternativo que entiende el fin de la empresa como la satisfacción de necesidades humanas, con calidad. El beneficio que ella busca son bienes tangibles, pero también intangibles, indispensables para lograr la excelencia en su campo. La empresa que logra incorporar esta visión adquiere estabilidad, legitimidad, capital-simpatía, credibilidad, prestigio y la confianza de su entorno. Para ello la empresa debe realizar una serie de cambios organizacionales:

  1. De la jerarquía a la corresponsabilidad: de un modelo de gestión taylorista, basado en el mando y la obediencia, a un modelo de gestión participativo, basado en corresponsabilidad.
  1. Conciencia de la cultura organizacional: La empresa debe ser conciente que su organización se basa en un sistema de significados compartidos y en esquemas de interpretación que recrean esos significados. Este es el ethos de la organización, clave para dar coherencia institucional a sus decisiones y crear adhesión e identidad a sus integrantes. Una empresa autoconciente de su propia cultura organizacional debe buscar sintonizar con los valores éticos de una sociedad democrática.
  1. Reconfiguración ética del mundo laboral: Toda empresa busca implementar sus relacionas laborales desde una perspectiva de racionalidad. Sin embargo, esto no implica que se pierda de vista que toda persona es un fin en si misma, y por lo tanto, la racionalización laboral no debe ser sinónimo de instrumentalización de las personas. La cultura organizacional de la empresa no puede operar como un “opio” que desnaturalice sus responsabilidades laborales.
  1. Balance social. Supone el esfuerzo de describir en informes internos y externos cuantos datos sean posibles sobre los beneficios y costos de la actividad empresarial acarrea o puede acarrear, a la sociedad en que opera. Debe incorporar datos económicos, pero también información del grado de satisfacción del entorno, desde una ética de las instituciones basada en intereses universalizables.
  1. Concepción renovada de la ética: La legitimidad de las empresas pasa hoy más que nunca por la opinión pública. En una empresa, donde la división del trabajo es un dato evidente, es necesario transitar de una ética individualista y basada en las buenas intenciones del agente, a una ética de las instituciones, preocupada también de las consecuencias de las acciones de actores colectivos. El desafío es desandar los presupuestos que fundan la racionalidad empresarial en el primado del lucro a toda costa y la competencia sin límites.  Más que una ética del desinterés, es necesario una ética del interés común, de múltiples interesados, basada en la responsabilidad por las propias decisiones.
  1. Marco de una empresa ética (e inteligente)

 Este tipo de empresa, que aspira a incrementar su credibilidad y confianza, debe actuar:

  1. Satisfaciendo con calidad las necesidades humanas de los distintos grupos sociales afectados por su actividad.
  2. Ciertamente su mecanismo propio de actuación se sitúa en el marco del mercado, la competencia, y en la búsqueda del beneficio. Pero como medios adecuados a su meta integral.
  3. Debe hacerlo de acuerdo al marco jurídico-político en que está establecida: reglamentaciones laborales, ambientales, sociales, procedimentales, etc.
  4. Pero las normas jurídico-políticas no agotan las exigencias propias de una conciencia moral crítica formuladas de acuerdo a la ética del discurso.
  5. Nuevos obstáculos al ejercicio de la ciudadanía económica

 Esta concepción de empresa se enfrenta a claros desafíos propios de nuestro entorno actual. Entre ellos:

El “fin del trabajo”: la automatización tecnológica, que sirve de argumento para recortar las plantas de personal y deslocalizar la producción empresarial, se ha traducido en la precarización de los empleos y en la generación de un alto desempleo estructural. Pero este proceso también podría haber supuesto una reducción de la jornada laboral y la ampliación de las ofertas de trabajo en el área de los servicios. Abjurar del principio del “pleno empleo” supone despojar a una parte de la población no sólo de sus sustento, sino del principal medio de identidad, participación, educación y humanización del que disponemos como personas. Si la meta de una empresa es incrementar su productividad, ello resulta contradictorio si se rebajan los salarios y se precarizan los contratos laborales. La productividad debería asociarse a mayor capacitación e integración de los trabajadores en la cultura organizacional de la empresa. Autores como Robert Reich han salido a recodar que el trabajo constituye la verdadera “riqueza de las naciones”, factor decisivo para recuperar la rentabilidad empresarial. De lo que surgen dos imperativos aparejados al imperativo tecnológico: Capacitación e incorporación a un proyecto común. Así la empresa puede hacer converger simultáneamente su eficacia productiva y su eficacia social.

Dos medidas que podrían aportar en este contexto son la renta básica de ciudadanía y la reforma de la semana laboral, más conocida como “reparto del trabajo” en áreas en las que no se disminuiría la productividad. Estos cambios suponen un “nuevo contrato moral” entre el trabajador y el empresario, basado en lealtades y seguridades mutuas, que impliquen para el trabajador, por ejemplo, oportunidades de capacitación que mejoren su empleabilidad, sobre todo si se trata de un empleo temporal y el apoyo en su relocalización en casos de reducción involuntaria de la planta.

La nueva clase dirigente: los trabajadores del saber: Un peligro latente, denunciado por Peter Drucker (1996), es que la emergencia de una sociedad del saber o del conocimiento, puede acarrear una nueva “división de clases” determinada ya no por la propiedad de los medios de producción sino por la propiedad del conocimiento. Quién disponga de ese conocimiento, de carácter práctico, anulará ventajas propias del “dumping social” aplicado en los países emergentes y en desarrollo. Los trabajadores del saber serán un sector poco numeroso, cuya labor no sería susceptible de ser distribuida y reemplazada. Por ello podrían emerger como “clase dirigente”, lo que acrecentaría las desigualdades. Por ello urge reforzar la capacitación y las culturas de la profesionalidad, desde los valores éticos de la ciudadanía, educados en espacios formales (la escuela) e informales (familia, medios, espacios de socialización).

¿Reparto de responsabilidades? El tercer sector. En este contexto cobra importancia el llamado “ tercer sector” o “sector social” como un espacio basado en organizaciones sin fines de lucro que buscan acrecentar la calidad de vida de las personas. Es un campo jurídicamente poco delimitado y comprende las ONG, fundaciones, movimientos sociales, asociaciones ciudadanas, de mujeres, pueblos indígenas, vecinales, de DDHH, activismo social, medioambiental, cultural etc. Tienen amplia tradición, en la antigüedad con un carácter religioso y filantrópico, y en la actualidad con una diversidad temática e inspiracional muy diversa. Es un sector que cubre necesidades abandonadas por los actores tradicionales de la economía y la política, situándose entre el mercado y el Estado. Se suele ver en este sector una respuesta a la necesidad de crear nuevos empleos en las actuales circunstancias y un formidable movilizador de recursos humanos y financieros.

Lógica del beneficio, lógica de la beneficencia.Sin embargo, el fortalecimiento de este campo asociativo no se debe comprender como una excusa para exonerar al Estado y al sector empresarial de sus propias responsabilidades. No se trata de delegar en el “tercer sector” el rol de colchón social por medio de la  “privatización de los pobres”. Lo que se busca es la corresponsabilidad, que  asuma los efectos de una economía destructora de empleo y que no crea capital social. Distinciones entre sector privador y sector público o entre la lógica empresarial y la filantropía pueden encubrir estas responsabilidades. Por ello se debe rechazar que la lógica de la empresa sea socialmente neutral y que lo social radique en actores de la beneficencia o la acción cívica voluntaria. Esa clase de disociación implicaría destinar a las asociaciones solidarias a la periferia de las decisiones fundamentales de la sociedad y condenar a los actores económicos al espacio de la inmoralidad estructural. Si los seres humanos pensamos socialmente una empresa inmoral no puede ser verdaderamente una empresa.

 

RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA: DEL BIENESTAR A LA JUSTICIA

Publicado en Le Monde diplomatique, Chile. Enero 2011

Sabemos que el Estado de bienestar ha soportado un ataque constante desde que al finalizarla SegundaGuerraMundial los países europeos se definieron bajo el concepto de Estado social de derecho. Este ataque, a  mano de los neoliberales de diferente signo y pelaje, no había sido capaz de desplazar del todo las bases institucionales que garantizaban una serie de bienes básicos que un Estado social de derecho no puede dejar insatisfechos sin perder su legitimidad. Sin embargo, la crisis financiera internacional de2009 haservido de escusa para tratar de asentar un golpe definitivo a los derechos sociales en Europa. Cameron, Sarkozy, Berlusconi, Merkel  e incluso Zapatero han desatado una nueva agenda que parece buscar que los ciudadanos paguen el despilfarro de los especuladores financieros.

Este análisis no puede dejar de lado que desde hace muchos años todos los sectores políticos han coincidido en un diagnóstico básico sobre la necesidad de actualizar el modelo de Estado de bienestar, lo que exige rediseñar su estructura Ese diagnóstico muestra señales preocupantes efecto de la transición demográfica, con un envejecimiento de la población y baja natalidad, una transición económica, hacia una economía post industrial basada en el conocimiento y la inversión en capital humano, altas cuotas de cesantía estructural y precariedad laboral, ajustes en la productividad, en el coste de los transportes, en la deslocalización de empresas y a la vez procesos de perdida de soberanía de los Estados nacionales hacia entidades más amplias y ciclos de descentralización que acompañan el acrecentamiento del poder de las instituciones de Bretton Woods y de los capitales financieros especulativos. Estos cambios cuestionan la viabilidad de los fundamentos tradiciones del Estado de bienestar que se formularon sobre la base del pleno empleo, al menos como un objetivo viable y  posible.

Por este motivo, entre quienes ofrecen alternativas que detengan el ataque neoliberal al Estado de bienestar ha tomado fuerza la idea de establecer una Renta Básica ciudadana que  renueve este modelo superando el concepto de pleno empleo, tanto por la imposibilidad de fijarse esta meta como también porque el trabajo remunerado no es la única actividad valiosa, que debe ser reconocida social y económicamente, como han denunciado los movimientos feministas constantemente.  La propuesta dela Renta Básicabusca colaborar en el rediseño de las actuales redes de protección social, subsanando sus cada vez mayores inconsistencias que se traducen en ineficiencia, falta de cobertura, incentivos perversos, problemas de estigmatización, condicionalidades humillantes, clientelismo, burocratización, discrecionalidad, etc. Se estima que su implementación permitiría compatibilizar mayor flexibilidad en el mercado de trabajo con una adecuada protección para el trabajador y generaría condiciones para la búsqueda de nuevos empleos; a la vez que valorizaría el trabajo doméstico, asociativo y voluntario. Además daría un piso de seguridad para iniciar iniciativas emprendedoras, evitaría la deserción escolar, incentivaría a los mayores a retirarse del mercado laboral; aumentaría las remuneraciones en trabajos poco atractivos, desincentivaría la realización de horas extras entre otros efectos.

En América Latina se han generalizado las políticas públicas de transferencia de renta condicionada en todos los países de la región (Panes en Uruguay, Jefes de hogar en  Argentina, Bono Juancito Pinto en Bolivia, Ecuador Solidario, Chile Solidario, Bono Progresa en México, etc.) que tienen un enorme impacto en las cifras de pobreza y desigualdad. La mayoría están vinculados a condicionalidades socioeconómicas y de escolarización infantil. Sin embargo sólo el gobierno brasileño ha afirmado expresamente, en enero de 2004, una ley que apunta hacia un camino gradual de implementación de una renta básica universal, sostenido en la renta petrolera. En una primera etapa se ha definido el programa Bolsa familia como una renta básica universal parcial pero el objetivo es avanzar hacia el objetivo de una renta que cubra a todos los brasileños y todos los extranjeros que hayan vivido desde hace cinco años en el país.[1]. La razón ha sido fundamentalmente de eficiencia, ya que un sistema de renta condicionada es particularmente difícil de administrar cuando una alta proporción de la población vive un poco arriba de la línea de la pobreza y trabaja en la informalidad. La solución más racional es su universalización.

La renta Básica representa el valor mínimo que la comunidad política está dispuesta a garantizar a cada uno de sus miembros de pleno derecho como reconocimiento a su valor intrínseco. En cualquier caso, toda persona debe tener la oportunidad de trabajar para mejorar su renta, por ello el Estado debe procurar que todos tengan acceso al empleo. Por lo tanto, se trata de no empeñarse en garantizar un Estado de bienestar sino un Estado de justicia. La Renta Básicagarantizada sería así una propuesta que permitiría liberar de la necesidad y excluir de la dominación de unos hombres por otros, de tal forma que el reconocimiento de la ciudadanía sea anterior al de la autosuficiencia económica[2]. El caso más cercano a una renta básica universal completa es Alaska, mientras que el programa más divulgado de renta básica universal parcial es el de las pensiones de Canadá. En Alaska existe una transferencia monetaria no contributiva que se paga anualmente en forma universal a todos los habitantes, los recursos provienen de un Fondo Permanente que proviene de la renta petrolera y del mineral. Con 611 mil habitantes, en 2009 se distribuyeron 3.269 dólares por persona.

En años recientes han aparecido estudios financieros (ej. Argentina[3], España[4] y Uruguay[5]) que muestran que en muchos casos iniciar un camino de implementación de la renta básica no está lejos de las posibilidades fiscales de los Estados, incluso en países emergentes y sin Estado de bienestar. En consonancia con ello CEPAL ha propuesto fortalecer el sistema de protección social en America Latina y el Caribe a través de la universalización de los programas de pensiones y ha estimado el costo de la propuesta: una pensión universal no contributiva y no focalizada, tendría en América Latina un costo equivalente de un 2 % del PBI en promedio[6]. En cualquier caso cualquier formula de calculo presupone la existencia de un sistema tributario progresivo entendido como aquél en el cual los individuos o familias que están en los niveles de más alto ingreso pagan un porcentaje mayor de sus rentas, que aquellos que tienen un nivel más bajo. Esto significa que la tasa promedio de impuestos aumenta cuando el ingreso sube; o que los impuestos reducen el ingreso real de las familias de altos ingresos.

Esta propuesta no puede ser asumida sin un amplio consenso social y político, ya que requiere un compromiso de largo alcance y un rediseño profundo de las políticas sociales existentes. Sin embargo, estas condiciones no deben hacer olvidar que las transformaciones económicas y las urgentes necesidades de rediseño institucional del actual Estado de bienestar exigen respuestas urgentes e impostergables. La propuesta dela RBlejos de ser una panacea, debe ser entendida como un desafío conceptual que colabore en esa tarea. Es una idea suficientemente prometedora como para que merezca la pena ensayarla, con cautela política y prudencia científica, pero también con audacia e imaginación.


[1] Ley 10.835 del 8 de enero de 2004

[2] Cortina, Adela. “Ciudadanía económica cosmopolita”. en El País, 5-6-2001

[3] Lo Vuolo, Rubén. Pobreza y políticas de sostenimiento del ingreso. Asistencialismo focalizado vs. Ingresos básicos universales. CIEPP, 1998.

[4] Arcarons, Jordi, Boso, Alex; Noguera , José Antonio, Raventós,  Daniel. La Renta Básica de Ciudadanía, Barcelona, Mediterránea, 2005.

[5] Lorenzelli, Marcos Viabilidad económica y fiscal de la renta básica. Impactos posibles en el mercado de empleo” en Renta básica universal: derecho de ciudadanía, MIDES, Montevideo, 2008

[6] CEPAL, La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad, 2006.