LA CONCERTACIÓN ENTRE DOS MODELOS NORMATIVOS DE DEMOCRACIA

Publicado en revista Pastoral Popular en marzo de 2011.

El gobierno de Sebastián Piñera ha completado su primer año inmerso en una crisis de credibilidad que se traduce en un alto rechazo tanto a la figura presidencial como al conjunto de su administración. Esta situación podría implicar un fortalecimiento de la oposición pero las encuestas nos muestran quela Concertaciónsigue muy abajo en los sondeos. Más aún, todos los partidos políticos se ven ante la opinión pública como las instituciones menos confiables del país. Según el Centro de Estudios Públicos el 76% de los chilenos considera que los partidos políticos no tienen ninguna virtud. El 61% piensa que privilegian los intereses propios por sobre los del país. Paradojalmente un 62% de los encuestados en ese estudio cree que plebiscitos son una buena forma de decidir materias importantes, lo que indica un reclamo de representación directa de sus inquietudes.  

Si analizamos el curso de los acontecimientos de este año se puede comprender muy rápidamente esta situación. ¿Quién ha ejercido fácticamente el rol de oposición en este período? ¿Lo han hecho los partidos en su rol parlamentario o lo han ejercido organizaciones de ciudadanos que han incidido de forma autónoma, desde agendas propias? Este contraste entre una ciudadanía activa y movilizada frente a partidos burocratizados, inmersos en acuerdos vergonzantes con el gobierno, parece justificar la percepción de desconfianza. Sin embargo no sería justo caer en una descalificación sistémica de los partidos políticos que desconozca el fondo teórico que explica esta dicotomía. No se trata solamente de “malos políticos” sino de una concepción de la democracia que condiciona a los partidos a ser lo que son, más allá de las voluntades cambiantes de los parlamentarios y los militantes.

En este contexto ha llamado la atención la redacción por parte del colectivo Océanos Azules, que participó en la campaña de Eduardo Frei en 2009, de un documento crítico llamando a refundar la Concertacióncomo una “Coalición de Ciudadanos por la Democracia”. El texto, más allá de elaborar una crítica demoledora a las prácticas parlamentarias de la oposición, evidencia un debate de fondo que merece profundización. Océanos Azules señala que “Nunca fuimos partidarios del diseño de transición a la democracia que se impuso después del triunfo del NO en el plebiscito de 1988“. Cedimos en laaceptación como un hecho de la Constitución de 1980″. “Intentamos cambiar las cosas desde dentro y no pudimos“. “No nos opusimos al reestablecimiento de un sistema político que circunscribió la democracia al simple funcionamiento de los poderes públicos.No se trata por lo tanto de un debate sobre medios o sobre énfasis. Se trata de una discusión que pone en evidencia dos modelos normativos de democracia, como modelos en disputa, lo que implica un disenso sobre la naturaleza del proceso político.

Por una parte los partidos chilenos, sin excepción, se mueven dentro de una concepción liberal de la democracia que otorga una serie de derechos a los individuos, tratando de garantizar su “libertad negativa”, es decir, la no interferencia del Estado en sus intereses. Los individuos programan al Estado en las elecciones y después se retiran al ámbito de lo privado. En este esquema los actores de la política están altamente profesionalizados y se expresan en los partidos, entendidos como instituciones especializadas, que compiten en un “mercado” electoral. Entre el Estado y la sociedad civil existiría una brecha infranqueable, que sólo se puede amortiguar por mecanismos institucionales de contraloría institucional que eviten la personalización del poder.

Frente a esta concepción liberal, Océanos Azules parece adscribir a un modelo republicano de democracia, que más allá de garantizar las “libertades negativas” permita ejercer las “libertades positivas”, es decir, el derecho a la participación activa, constante y profunda en los procesos de deliberación pública. La democracia se entiende así como la autodeterminación de los sujetos, ejercida en un marco de diálogo racional. En este contexto los partidos políticos y la ciudadanía adquieren otro carácter. Jürgen Habermas, analizando este contraste, afirma que “según la concepción republicana el proceso de formación de la opinión y la voluntad política en el espacio público y en el parlamento no obedece a las estructuras de los procesos de mercado sino a las estructuras propias de una comunicación política orientada al entendimiento”[1]. Se  trata de una concepción de la democracia que atestigua con Hanna Aredt que “”Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político”.

Es natural entonces que entre el texto de Océanos Azules y la dirección de los partidos concertacionistas se produzca una incomprensión absoluta, ya que están debatiendo en claves totalmente diferentes y por lo tanto es necesario adentrarse en una discusión de fondo sobre que entendemos por democracia. Por ejemplo, si se analiza la concepción liberal de la soberanía popular se entenderán las elecciones como una forma de legitimar el ejercicio del poder político. Una vez que se ha accedido al poder de forma legítima, en elecciones justas, el representante sólo debe responder por el uso que hace de ese poder en el marco de las atribuciones que la da la ley. En cambio, la concepción republicana considera que el acto electoral no sólo habilita a ejercer un mandato, sino que compromete a cumplir un programa que se ha construido mediante el acuerdo de un conjunto de actores implicados. Cualquier cambio en ese programa implica un proceso deliberativo con los ciudadanos que han validado ese programa.

Estas diferencias muestran que lo que se demanda a los partidos dela Concertaciónes algo que no se puede resolver con una foto publicitaria con representantes de la sociedad civil. Sería muy fácil reducir este debate a un momento “cumbre” en que personalidades e instituciones sociales entreguen sus propuestas a los partidos de la oposición. Pero se trataría de un rito intrascendente, que más allá de las buenas intenciones entrañaría un autoengaño colectivo. La demanda ala Concertaciónpasa por internalizar un profundo cambio de paradigma desde un modelo monológico de acción política a un modelo dialógico, donde la ciudadanía sea capaz de incidir en las decisiones de los partidos, orientándolos en una determinada dirección, sin por ello subsumirse en su institucionalidad ni perder su autonomía. Este cambio también supone repensar lo que se suele entender como dialogo entre el Estado y la sociedad civil. Una democracia republicana exigiría garantizar institucionalmente diversos espacios públicos autónomos y procedimientos de formación  de la opinión y la voluntad ciudadana que se puedan sostener autónomamente frente al poder del sistema económico y al poder del Estado. Una transformación de esta envergadura no se puede hacer en el marco de la actual Constitución y de la actual institucionalidad, pero los partidos opositores podrían prefigurarlos en su propia práctica si tuvieran la voluntad de repensar su concepción de la democracia. Lamentablemente, se trata de un ejercicio que no parece estar a la altura de sus actuales dirigentes.


[1] HABERMAS, J. “Tres modelos normativos de democracia” en “La inclusión del Otro”. Paidós. Barcelona. 1999. p. 233.

LOS HIJOS DE KARADIMA

Publicado en Punto Final en Marzo de 2011.

La condena canónica al párroco Fernando Karadima parece cerrar el más bullado caso de abusos sexuales que ha enfrentado la Iglesia Chilena. A diferencia de otras situaciones, que han involucrados a clérigos de bajo perfil, en esta ocasión el ascendiente de Karadima sobre las élites chilenas ha conferido a este suceso una importancia inusitada. No sólo se estaba cuestionando a un sacerdote devenido en celebridad pública, sino que se estaba juzgando al fundador de una organización religiosa que ha alcanzado un enorme poder en el interior de la Iglesia de Chile. Recordemos que la Pía Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón, liderada por Karadima desde hace más de treinta años, reúne a una cincuentena de sacerdotes que le consideran su “padre espiritual”. Entre ellos se cuentan nada menos que cinco obispos: el auxiliar de Santiago Andrés Arteaga; el obispo de Talca, Horacio Valenzuela; el obispo castrense, Juan Barros; el obispo de Linares, Tomislav Koljatic, y el obispo de Los Ángeles, Felipe Bacarreza. Además, sus discípulos han copado buena parte de los altos cargos en la arquidiócesis de Santiago, por ejemplo, Francisco Javier Manterola es el vicario de la zona centro; Rodrigo Polanco, el vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, entre otros. Andrés Arteaga además ocupa el cargo de Vice gran canciller de la Pontificia Universidad Católica. El lunes 21 de febrero un grupo de dirigentes estudiantiles de la FEUC, junto a profesionales que cursan programas de postgrado, alumnos de pregrado, ex alumnos, y profesores de esa universidad han demandado a Arteaga su dimisión, afirmando que  su cerrada defensa de Karadima “llegó a desestimar los testimonios de las víctimas, convirtiéndose así en un cómplice más de la red de protección de Karadima”, por lo que su  “complicidad también es falta”. Arteaga respondió a esta carta el miércoles 23, lamentando que sus palabras o actitudes “hayan significado dolor y sufrimiento a quienes han sido afectados en este caso”. Al mismo tiempo Arteaga se refirió a la condena a Karadima afirmando: “Declaro públicamente mi completa y filial adhesión a los dictámenes de la Santa Sede”. Pero de renuncias y responsabilidades personales no hubo ninguna palabra.

Respecto a la investigación penal, la fiscal judicial Loreto Gutiérrez ha señalado la investigación del magistrado Leonardo Valdivieso ha sido “incompleta”, por lo que sería importante estudiar la reapertura de la investigación criminal,  sometiendo al párroco  a careos con sus denunciantes y practicándole pericias sicológicas. En ocasiones anteriores Karadima ha rechazado someterse a estos trámites. Pero además la fiscal solicita interrogar a 10 sacerdotes de la Pía Unión, empezando por el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, y al obispo de Linares, Tomislav Koljatic, que aparecería involucrado en la investigación por los millonarios pagos efectuados desde la parroquia a eventuales testigos de los abusos. Este cuadro presagia que la tormenta jurídica no esta completamente cerrada.

Lo que recién se esta abriendo es el proceso de “visita canónica” a la Unión Sacerdotal, demandado por la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se notificó la condena a Karadima. En dicho dictamen se ordena al Arzobispo de Santiago “verificar la eclesialidad de los procesos formativos y la transparencia de la administración económica” de este grupo. En pocas palabras se trata de una inspección administrativa, financiera y lo más importante, un examen a su ortodoxia eclesial. Una verdadera paradoja, ya que lo que ha caracterizado a los discípulos de Karadima es haber presumido de su impecable compostura católica, que les ha hecho barrer en todos los lugares por los que han pasado con toda expresión de “heterodoxia” doctrinal. Durante los últimos quince años este grupo se ha dedicado a perseguir y disolver las prácticas sociales y culturales que se desarrollaron al alero de la Iglesia chilena en los años en que obispos como el Cardenal Silva Henríquez, Carlos González o Carlos Camus abrieron las puertas de las parroquias al mundo popular. La llegada de un cura de “El Bosque” como párroco, o pero aún como obispo, suponía un giro absoluto en las pastorales del lugar. Las colonias de verano, los comités de allegados, los comedores y ollas comunes, las comunidades de base, los comprando juntos, los grupos de derechos humanos, los dispensarios, las radios comunitarias, todas estas prácticas desaparecieron de esos espacios. Las que pudieron se refugiaron al alero de municipalidades o sobreviven en la autogestión. Pero este enorme capital social, acumulado como resistencia a la dictadura y que representaba una formidable alternativa a la exclusión y la anomia, se disolvió bajo la mirada de este tipo de clérigos. En su lugar se entronizó la cultura del narcotráfico, la desconfianza y la apatía. De este crimen también deberían responder los hijos de Karadima.

EL CLIENTELISMO AL DESNUDO

Publicado en Le Monde diplomatique. Chile. Marzo de 2011.

América Latina arrastra una larga historia de perversión deliberada de los mecanismos institucionales en beneficio de las autoridades que los administran Se trata de una distorsión de la que ningún partido es totalmente inmune, ya que todos admiten su enorme impacto electoral. El Informe “Desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010”[1] elaborado por el PNUD, ha desarrollado este punto al identificar una serie de mecanismos propios de la política latinoamericana que refuerzan la reproducción de las desigualdades, impactando en especial en las mujeres y la población indígena y afrodescendiente. Entre estos factores destaca la baja estabilidad y credibilidad de las instituciones estatales, la discrecionalidad del ejercicio del poder público, la escasa deliberación, el desigual acceso a las redes de influencia, y las fallas institucionales que derivan en prácticas de corrupción, clientelismo y captura del Estado. Estos factores hacen que los actores políticos respondan de manera sesgada y discriminatoria a las necesidades de quienes se han visto históricamente excluidos.

 En Chile tanto políticos concertacionistas como del oficialismo han sido acusados de prácticas clientelares, nepóticas y deshonestas en la administración pública. Lo que ha comenzado a cambiar es la visibilidad y la desenvoltura con que este tipo de faltas se comienzan a exhibir. El caso más emblemático es el que ha protagonizado la intendenta del Bío Bío Jacqueline van Rysselberghe, que ha declarado en un acto ante una Junta de Vecinos, haber falseado información destinada al gobierno central para obtener beneficios para la construcción de viviendas en Concepción. “Usamos el tema del terremoto y el tema del puente a favor de ustedes…” para lo cual “inventamos una historia…”, y que todo lo hizo porque “son privilegiados, porque son regalones…” declaró van Rysselberghe ante los vecinos de Aurora de Chile, mostrando así que su gestión permitió “meter un porcentaje muy importante de personas que no tienen certificados de inhabitabilidad” en programas habitacionales que les permitirán acceder a departamentos “de mejor estándar” que los que se están construyendo “en otros sectores donde la gente sufrió daños” por el terremoto de 2010.

 El escándalo, revelado por el senador Alejandro Navarro, llevó al gobierno de Sebastián Piñera a enfrentar la peor crisis interna de su gestión. Mientras RN y la oposición demandaban la renuncia de la intendenta, la UDIse jugó entera en su defensa, incluso al precio de desgastar la posición de la ministra de vivienda Magdalena Matte, militante de ese mismo partido. Este apoyo llegó a un punto en que Piñera se vio forzado a ratificar a van Rysselberghe en su cargo en los mismos días en que la contraloría regional del Bío Bío iniciaba un sumario administrativo en la Municipalidadde Concepción luego que detectara un déficit de 3.074 millones de pesos durante los años en que la actual intendenta ejerció la alcaldía de esa comuna. La UDIconsidera que van Rysselberghe es la candidata natural a una senaturía porla Región del Bío Bío y no está dispuesta a dilapidar su capital electoral. Mientras tanto, la oposición parece impotente, ya que la opción de recurrir a la acusación constitucional hasta hoy no parece viable de triunfar en el parlamento.

 ¿Hacia una contrademocracia?

 El debate sobre el clientelismo y la corrupción hasta hace pocos años parecía entrampado en las artimañas de los mecanismos legales que impiden este tipo de prácticas. A cada nuevo escándalo las instituciones respondían reformando las leyes, sin resultados satisfactorios. El viejo adagio “hecha la ley, hecha la trampa” explica que los políticos clientelistas hayan burlado la legislación de mil formas y en otros casos hayan logrado  redactar cuerpos legales que han “legalizado” sus dispositivos de captura del Estado. La experiencia muestra que poco o nada se puede logar si no se dispone de formas de control entre instituciones que efectivamente garanticen la separación de poderes. El politólogo José María Ruiz Soroa ha profundizado en estas ideas al afirmar: “Se trata de superar el juego de suma cero a que conduce la oposición binaria entre democracia y Constitución, entre pueblo y juez constitucional. Lo cual exige replantear críticamente el mito de la democracia directa e instantánea protagonizada por el pueblo, poniendo en su lugar la soberanía multipolar de unas instituciones que interactúan y se controlan mutuamente a lo largo de tiempos distintos. El sistema democrático es una especie de cámara de espejos que se reflejan y controlan unos a otros, y el pueblo no es sino la atmósfera que habita entre ellos”[2]

 La dificultad de este tipo de planteamientos es que si el pueblo es sólo una “atmósfera”, la democracia termine ahogada por instituciones que no tienen legitimidad de cara a la ciudadanía, que es la fuente de toda autoridad representativa. No basta el control institucional y jurídico. A la aparente legitimidad electoral del político clientelista es necesario movilizar a una ciudadanía activa que responda a sus contradicciones. Por este motivo la alternativa que se ha comenzado a vislumbrar ha pasado del plano jurídico al plano de la acción ciudadana. A esta idea responden conceptos emergentes, tales como la “contrademocracia” propuesta por Pierre Rosanvallon[3] y las ideas de John Keane[4] sobre una “democracia monitorizada”. Ambos proyectos buscan ampliar los controles respecto a los gobiernos, gracias a las nuevas tecnologías de la información y al fortalecimiento del rol de la sociedad civil organizada. Se trata, según Rosanvallon, del “conjunto de las intervenciones ciudadanas frente a los poderes” que operan como ejercicios democráticos no institucionalizados, reactivos, que expresan de forma directa las expectativas y decepciones ciudadanas. La posición de Keane es parecida ya que destaca la creciente importancia de mecanismos e instrumentos de vigilancia que se pueden desplegar para “monitorizar” al poder. Un ejemplo actual lo constituye Wikilieaks y otras plataformas similares, que han logrado poner al desnudo las contradicciones de la política exterior de Estados Unidos y de otros gobiernos. En Chile existe también una serie de “observatorios ciudadanos” que monitorean políticas públicas y debates ligados a derechos humanos que han adquirido competencias importantes y una innegable capacidad de incidencia.

 Límites éticos de la democracia monitorizada

En este tipo de iniciativas han demostrado una capacidad de impacto político de enorme importancia. Por esta misma razón se requiere un criterio ético que delimite que tipo de información es lícito hacer pública, y de que forma. Por ejemplo, la intendenta van Rysselberghe ha afirmado que “es una cobardía usar grabaciones clandestinas aquí y en la quebrada del ají, eso no se hace”[5]. Sin embargo, la comparecencia de una autoridad, un acto público, ante organizaciones cívicas, es de libre acceso, y debe responder al “principio de publicidad” enunciado por Kant hace más de doscientos años: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”[6]. No cabe, por tanto, la menor crítica a lo obrado por el senador Navarro. Lo importante es garantizar que la grabación de una intervención de este tipo se exponga sin descontextualizar su integridad. Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en Georgia, Estados Unidos, donde Andrew Breitbart, bloggero ligado al Tea Party, editó manipuladoramente y subió a YouTube dos minutos y medio de una conferencia que dictó una funcionaria del Departamento de Agricultura, de raza negra, llamada Shirley Sherrod. En ella hablaba de un caso ocurrido hace 24 años, cuando trabajaba para una ONG que ayudaba a agricultores con poco recursos. Tras arrepentirse del trato que había dado inicialmente a un granjero blanco, le ayudó posteriormente a salvar su negocio y salir adelante en la vida. Pero Breitbart sólo dejó en el video la primera parte, lo que da a entender que la funcionaria negra discriminaba a un granjero blanco. A las pocas horas un ayudante del secretario de Agricultura le llamó para solicitarle la renuncia. De nada sirvió que ella pidiera que se escuchara su discurso completo. Tuvieron que pasar algunos días hasta que propia Shirley Sherrod subiera a YouTube los 45 minutos de su conferencia e implorara a los medios que la visualizaran completa. Finalmente el propio presidente Obama tuvo que llamar a la funcionaria para pedirle disculpas en nombre de todo su gobierno. ¿Qué reacción tuvo el bloguero Breitbart de todo esto? Ante preguntas de CNN, respondió: “¿Por qué debería pedir disculpas? Yo no fui que la despidió de su trabajo”.

 


[2] RUIZ SOROA, J. M. El pueblo contrala Constitución. El País.  Madrid. 06 Enero 2009.

[3] ROSANVALLON, PIERRE. La contrademocracia. Manantial, Madrid. 2007

[4] KEANE, JOHN. The life and death of democracy, Simon & Schuster, London, 2009.

[5] Declaraciones a Radio Cooperativa el 3 de febrero de 2011.

[6] E. KANT. La paz perpetua. Alianza Madrid 2006.