EL CLIENTELISMO AL DESNUDO

Publicado en Le Monde diplomatique. Chile. Marzo de 2011.

América Latina arrastra una larga historia de perversión deliberada de los mecanismos institucionales en beneficio de las autoridades que los administran Se trata de una distorsión de la que ningún partido es totalmente inmune, ya que todos admiten su enorme impacto electoral. El Informe “Desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010”[1] elaborado por el PNUD, ha desarrollado este punto al identificar una serie de mecanismos propios de la política latinoamericana que refuerzan la reproducción de las desigualdades, impactando en especial en las mujeres y la población indígena y afrodescendiente. Entre estos factores destaca la baja estabilidad y credibilidad de las instituciones estatales, la discrecionalidad del ejercicio del poder público, la escasa deliberación, el desigual acceso a las redes de influencia, y las fallas institucionales que derivan en prácticas de corrupción, clientelismo y captura del Estado. Estos factores hacen que los actores políticos respondan de manera sesgada y discriminatoria a las necesidades de quienes se han visto históricamente excluidos.

 En Chile tanto políticos concertacionistas como del oficialismo han sido acusados de prácticas clientelares, nepóticas y deshonestas en la administración pública. Lo que ha comenzado a cambiar es la visibilidad y la desenvoltura con que este tipo de faltas se comienzan a exhibir. El caso más emblemático es el que ha protagonizado la intendenta del Bío Bío Jacqueline van Rysselberghe, que ha declarado en un acto ante una Junta de Vecinos, haber falseado información destinada al gobierno central para obtener beneficios para la construcción de viviendas en Concepción. “Usamos el tema del terremoto y el tema del puente a favor de ustedes…” para lo cual “inventamos una historia…”, y que todo lo hizo porque “son privilegiados, porque son regalones…” declaró van Rysselberghe ante los vecinos de Aurora de Chile, mostrando así que su gestión permitió “meter un porcentaje muy importante de personas que no tienen certificados de inhabitabilidad” en programas habitacionales que les permitirán acceder a departamentos “de mejor estándar” que los que se están construyendo “en otros sectores donde la gente sufrió daños” por el terremoto de 2010.

 El escándalo, revelado por el senador Alejandro Navarro, llevó al gobierno de Sebastián Piñera a enfrentar la peor crisis interna de su gestión. Mientras RN y la oposición demandaban la renuncia de la intendenta, la UDIse jugó entera en su defensa, incluso al precio de desgastar la posición de la ministra de vivienda Magdalena Matte, militante de ese mismo partido. Este apoyo llegó a un punto en que Piñera se vio forzado a ratificar a van Rysselberghe en su cargo en los mismos días en que la contraloría regional del Bío Bío iniciaba un sumario administrativo en la Municipalidadde Concepción luego que detectara un déficit de 3.074 millones de pesos durante los años en que la actual intendenta ejerció la alcaldía de esa comuna. La UDIconsidera que van Rysselberghe es la candidata natural a una senaturía porla Región del Bío Bío y no está dispuesta a dilapidar su capital electoral. Mientras tanto, la oposición parece impotente, ya que la opción de recurrir a la acusación constitucional hasta hoy no parece viable de triunfar en el parlamento.

 ¿Hacia una contrademocracia?

 El debate sobre el clientelismo y la corrupción hasta hace pocos años parecía entrampado en las artimañas de los mecanismos legales que impiden este tipo de prácticas. A cada nuevo escándalo las instituciones respondían reformando las leyes, sin resultados satisfactorios. El viejo adagio “hecha la ley, hecha la trampa” explica que los políticos clientelistas hayan burlado la legislación de mil formas y en otros casos hayan logrado  redactar cuerpos legales que han “legalizado” sus dispositivos de captura del Estado. La experiencia muestra que poco o nada se puede logar si no se dispone de formas de control entre instituciones que efectivamente garanticen la separación de poderes. El politólogo José María Ruiz Soroa ha profundizado en estas ideas al afirmar: “Se trata de superar el juego de suma cero a que conduce la oposición binaria entre democracia y Constitución, entre pueblo y juez constitucional. Lo cual exige replantear críticamente el mito de la democracia directa e instantánea protagonizada por el pueblo, poniendo en su lugar la soberanía multipolar de unas instituciones que interactúan y se controlan mutuamente a lo largo de tiempos distintos. El sistema democrático es una especie de cámara de espejos que se reflejan y controlan unos a otros, y el pueblo no es sino la atmósfera que habita entre ellos”[2]

 La dificultad de este tipo de planteamientos es que si el pueblo es sólo una “atmósfera”, la democracia termine ahogada por instituciones que no tienen legitimidad de cara a la ciudadanía, que es la fuente de toda autoridad representativa. No basta el control institucional y jurídico. A la aparente legitimidad electoral del político clientelista es necesario movilizar a una ciudadanía activa que responda a sus contradicciones. Por este motivo la alternativa que se ha comenzado a vislumbrar ha pasado del plano jurídico al plano de la acción ciudadana. A esta idea responden conceptos emergentes, tales como la “contrademocracia” propuesta por Pierre Rosanvallon[3] y las ideas de John Keane[4] sobre una “democracia monitorizada”. Ambos proyectos buscan ampliar los controles respecto a los gobiernos, gracias a las nuevas tecnologías de la información y al fortalecimiento del rol de la sociedad civil organizada. Se trata, según Rosanvallon, del “conjunto de las intervenciones ciudadanas frente a los poderes” que operan como ejercicios democráticos no institucionalizados, reactivos, que expresan de forma directa las expectativas y decepciones ciudadanas. La posición de Keane es parecida ya que destaca la creciente importancia de mecanismos e instrumentos de vigilancia que se pueden desplegar para “monitorizar” al poder. Un ejemplo actual lo constituye Wikilieaks y otras plataformas similares, que han logrado poner al desnudo las contradicciones de la política exterior de Estados Unidos y de otros gobiernos. En Chile existe también una serie de “observatorios ciudadanos” que monitorean políticas públicas y debates ligados a derechos humanos que han adquirido competencias importantes y una innegable capacidad de incidencia.

 Límites éticos de la democracia monitorizada

En este tipo de iniciativas han demostrado una capacidad de impacto político de enorme importancia. Por esta misma razón se requiere un criterio ético que delimite que tipo de información es lícito hacer pública, y de que forma. Por ejemplo, la intendenta van Rysselberghe ha afirmado que “es una cobardía usar grabaciones clandestinas aquí y en la quebrada del ají, eso no se hace”[5]. Sin embargo, la comparecencia de una autoridad, un acto público, ante organizaciones cívicas, es de libre acceso, y debe responder al “principio de publicidad” enunciado por Kant hace más de doscientos años: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”[6]. No cabe, por tanto, la menor crítica a lo obrado por el senador Navarro. Lo importante es garantizar que la grabación de una intervención de este tipo se exponga sin descontextualizar su integridad. Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en Georgia, Estados Unidos, donde Andrew Breitbart, bloggero ligado al Tea Party, editó manipuladoramente y subió a YouTube dos minutos y medio de una conferencia que dictó una funcionaria del Departamento de Agricultura, de raza negra, llamada Shirley Sherrod. En ella hablaba de un caso ocurrido hace 24 años, cuando trabajaba para una ONG que ayudaba a agricultores con poco recursos. Tras arrepentirse del trato que había dado inicialmente a un granjero blanco, le ayudó posteriormente a salvar su negocio y salir adelante en la vida. Pero Breitbart sólo dejó en el video la primera parte, lo que da a entender que la funcionaria negra discriminaba a un granjero blanco. A las pocas horas un ayudante del secretario de Agricultura le llamó para solicitarle la renuncia. De nada sirvió que ella pidiera que se escuchara su discurso completo. Tuvieron que pasar algunos días hasta que propia Shirley Sherrod subiera a YouTube los 45 minutos de su conferencia e implorara a los medios que la visualizaran completa. Finalmente el propio presidente Obama tuvo que llamar a la funcionaria para pedirle disculpas en nombre de todo su gobierno. ¿Qué reacción tuvo el bloguero Breitbart de todo esto? Ante preguntas de CNN, respondió: “¿Por qué debería pedir disculpas? Yo no fui que la despidió de su trabajo”.

 


[2] RUIZ SOROA, J. M. El pueblo contrala Constitución. El País.  Madrid. 06 Enero 2009.

[3] ROSANVALLON, PIERRE. La contrademocracia. Manantial, Madrid. 2007

[4] KEANE, JOHN. The life and death of democracy, Simon & Schuster, London, 2009.

[5] Declaraciones a Radio Cooperativa el 3 de febrero de 2011.

[6] E. KANT. La paz perpetua. Alianza Madrid 2006.

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