EL PAÍS DEL LLEGAR Y LLEVAR

Publicado en Punto Final en Junio de 2011.

Cuando las cuentas de la economía real no cuadran con las cuentas financieras es que algo no marcha bien. Dos ejemplos: En Islandia, durante los años anteriores a la crisis, sus tres mayores bancos, auditados por Price Waterhouse, acumularon activos once veces más grandes que toda la riqueza de ese país. ¿De donde salió tanto dinero? Una pregunta elemental que el gobierno de la época, presidido por el conservador Geir H. Haarde, no quiso plantearse hasta que en 2008 esa gigantesca burbuja financiera estalló, la corona islandesa perdió más de la mitad de su valor y cada habitante quedó con una deuda a pagar de 50.000 euros por cabeza

El otro ejemplo está tan cerca que no lo vemos. O no lo queremos ver. Se trata de un país en el que los salarios reales aumentaron un 3% mientras la demanda interna se incrementó en un 10%. Y así desde hace muchos años ¿De donde salió tanto dinero? La respuesta de la Cámara de Comercio de Santiago a este acto de psicomagia económica es de antología: “La deuda de consumo ajusta sus ciclos de crecimiento al ingreso de los hogares, lo que le otorga un factor de autorregulación que ha operado eficientemente en las últimas crisis económicas”. Una autorregulación tan eficiente como la demostrada con la caída de La Polar, que avalada por Price Waterhouse, logró ocultar una deuda de más de 400 millones de dólares, y que ha estado haciendo pagar a sus clientes, repactando unilateralmente condiciones de pago.

La diferencia entre Islandia y Chile no radica en la burbuja financiera en la que han caído. La diferencia es la forma de enfrentarlas. El pasado 7 de junio ha comenzado el juicio al ex primer ministro, acusado de negligencia grave por su gestión de la crisis. Es probable que termine tras las rejas, junto a los cuatro banqueros que cumplen condenas desde 2010 por sus responsabilidades en el colapso financiero. Mientras tanto, la economía de Islandia, a punta de juicios y castigos en contra de sus políticos y banqueros comienza a despegar. Pero para hacerlo este pueblo ha tenido que derribar gobiernos, nacionalizar los bancos, votar en dos referendum que no pagará la deuda de sus banqueros y ahora acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica y democrática.

En cambio Chile discute a paso cansino la posibilidad, tal vez, a lo mejor, de establecer un “Sernac” financiero, que a futuro, en otras condiciones, le tire las orejas a las instituciones usureras que se pasen de la raya. Los delincuentes financieros no sólo seguirán en libertad. Se les seguirá premiando por medio de sistemas de incentivos y suculentos planes de compensación cuando inventen tan creativos métodos de hacer dinero. Y las cadenas del Retail seguirán con sus redes de usura, disfrazadas de ventas a plazos.

Es que en estas condiciones, librados a tan eficiente autorregulación, Chile es un país para llegar y llevar. Veremos que ocurre con la acusación de colusión en contra de Turbus, Pullman y otras empresas del transporte interurbano. Seguramente les saldrá baratito. Recordemos que en el caso de la colusión de las farmacias, Fasa quedó fuera del proceso al confesar los hechos a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y pagar una multa de US$ 1 millón, mientras las otras dos cadenas (Cruz Verde y Salcobrand) han logrado postergar el juicio una y otra vez, mientras continúan disfrutando los beneficios de la colusión.

Sólo en Chile es tan fácil y tan barato. En el resto del mundo este tipo de prácticas no se toleran, o al menos salen bastante más caras. Hace pocos días se anunció que la aerolínea Lan pagará en Estados Unidos una indemnización de 66 millones de dólares a los demandantes civiles que la acusaron de establecer un cartel a nivel mundial en el transporte de mercancías junto a otras 40 compañías. Mientras se produjo esta colusión el actual presidente Piñera era miembro del directorio de esta compañía. Con este currículum poco se puede esperar en materia de regulación financiera del actual gobernante.

La “responsabilidad de proteger”. Alcances políticos y dilemas éticos en el marco del derecho internacional

Las recientes insurrecciones democráticas en los países nor-africanos y árabes han
generado un intenso debate respecto a la posición que los distintos gobiernos han asumido
ante estos eventos. La discusión ha puesto en tensión el parámetro que ha orientado su
política exterior respecto a esa región. Ha quedado en evidencia que las grandes potencias
occidentales se han movido históricamente ante esos países por criterios que han
privilegiado su estabilidad política, a costa de los anhelos democráticos y los derechos
humanos. Ignacio Ramonet, en un agudo análisis de este proceso, editorializó en Le Monde
diplomatique de abril de 2011: “La fuerza espontánea de estos vientos de libertad
sorprendió a todas las cancillerías del mundo. Cuando comenzaron a soplar sobre las
dictaduras aliadas de Occidente (en Tunez, Egipto, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí,
Bahréin, Irak, Yemen), las grandes capitales occidentales, empezando por Washington,
Londres y Paris, se sumieron en un prudente mutismo, o alternaron declaraciones que
revelaban su profundo malestar ante el riesgo de ver desaparecer a sus “amigos dictadores” (Ramonet 2011, 48)

Mucho más debate ha generado la posición de los gobiernos latinoamericanos, de los que se habría esperado una abierta solidaridad con las insurrecciones democráticas árabes, dadas las claras similitudes y afinidades que estas insurrecciones poseen con los procesos
políticos que ha vivido América Latina y el Caribe en las últimas décadas. Sin embargo,
eso no ha ocurrido. Ramonet describe este desencuentro: “Mucho más sorprendente fue,
durante esta primera fase (de mediados de diciembre a mediados de febrero), el silencio de
los gobiernos progresistas de América latina, considerados por toda una parte de la
izquierda internacional como su principal referente contemporáneo. Sorpresa tanto más
grande que estos gobiernos tienen mucho en común con el movimiento insurreccional
árabe: habían llegado al poder mediante las urnas, aupados por poderosos movimientos
sociales (en Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay) que, en varios países (Ecuador,
Bolivia, Argentina), después de haber resistido a dictaduras militares, también habían
derrocado pacíficamente a gobernantes corruptos. Inmediata debía de haber sido allí la
solidaridad con las insurrecciones árabes, réplicas de sus propios alzamientos cívicos. No lo fue.” (Ramonet , 2011: 49).

A juicio del director del Le Monde Diplomatique, esta ambigua postura, se podría
interpretar de dos maneras: “simple prolongación del prudente silencio que hasta entonces,globalmente, habían observado esas cancillerías con respecto a acontecimientos muy alejados de sus principales centros de interés; o expresión de un malestar político frente al riesgo de perder, en su pulso con el imperialismo, a aliados estratégicos…” (Ramonet 2011: 49).

Ante esta segunda opción, Ramonet introduce un juicio severo referido a la coherencia
de la política exterior de los gobiernos latinoamericanos. A su juicio, esta pasividad
implicaría “afirmar que una relación estratégica entre Estados es más importante que la
solidaridad con los pueblos en lucha. Lo cual conduciría, más tarde o más temprano, a
cerrar los ojos ante cualquier eventual atrocidad contra los derechos humanos. Y en este
caso el ideal solidario de la revolución latinoamericana naufragaría en el helado océano de
la “Realpolitik”.” (Ramonet, 2011, 49).

La referencia a la “Realpolitik” nos pone de lleno frente a una noción de larga tradición en
la diplomacia internacional, que se remonta a las consideraciones que Bismarck, como
“canciller de hierro” prusiano, hacía en 1862. En apretada síntesis, este concepto de
“política realista” hace referencia a que los Estados se mueven sólo en función de sus
intereses y de sus alianzas estratégicas, cuya finalidad esencial es su preservación de su
poder, en tanto dispositivos políticos y burocráticos, y no en función de la protección de sus sociedades. De acuerdo a esta conceptualización los países se reducen a los Estados y no es posible tener en cuenta a la ciudadanía. Las consecuencias éticas de estas perspectivas son muy claras, ya que introduce un principio de excepcionalidad que eximiría al Estado de las responsabilidades que obligan a los individuos. Actuar de acuerdo a la Realpolitik implicaría que la conservación del poder estatal, entendido como encarnación del bien colectivo, subordinaría las normas que valen para los ciudadanos bajo el principio “Salus rei pública e suprema lex”.

¿Límites éticos a la soberanía de los Estados?

La “Realpolitik” bismarkiana se ajusta muy adecuadamente a una concepción tradicional de la soberanía de los Estados. Esta doctrina se puede rastrear hasta la paz de Wesfalia en
1648, momento en el que se establece el principio de no-injerencia, y que supone que un
gobierno, sea cual sea el modo en que llegó al poder, tiene total libertad de hacer lo que
quiere en sus asuntos internos. Un autor fundamental al respecto fue Jean Bodin quién
propuso una definición de soberanía absoluta en “Los seis libros de la República”, de 1576:
“La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República (…). La soberanía no es
limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo (…). es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súbditos y anular o enmendar las leyes inútiles (…). Dado que, después de Dios, nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, instituidos por Él como sus lugartenientes para mandar a los demás hombres, es preciso prestar atención a su condición para, así, respetar y reverenciar su majestad con la sumisión debida, y pensar y hablar de ellos dignamente, ya que quien menosprecia a su príncipe soberano menosprecia a Dios, del cual es su imagen sobre la tierra.” (Islas Colin, 2002: 5).

Sin embargo, en el curso de las últimas décadas la intangibilidad de la soberanía de los
Estados se ha visto erosionada en su legitimidad como concepto dominante e
incontrarrestable. Esta interpretación de la soberanía, que pudo funcionar en tiempos de
absolutismo, no es compatible con un moderno estado de derecho. Desde el fin de la guerra
fría en 1989 se argumenta que una política exterior coherente con un enfoque del desarrollo en perspectiva de derechos exige implementar políticas de relaciones internacionales coherente con los derechos humanos y con los valores democráticos fundamentales.

Gracias a este cambio se han sucedido distintas oleadas democratizadoras hasta el punto
que las dictaduras se han visto reducidas en número de año en año. Y las que quedan
enfrentan cada ve van resultando cada vez mayores obstáculos y sufren de un aislamiento
creciente. Se las denuncia como legítimas en criterios del derecho internacional y
moralmente inaceptables porque, impiden a las personas desarrollar sus capacidades como ciudadanas.

Sobre la base de esta crítica a las incoherencias de la política exterior se ha planteado desde
1990, el concepto de derecho de injerencia, deber de asistencia o más recurrentemente
“responsabilidad de proteger”. Se trata de un cambio de paradigma en las relaciones
exteriores ya que introduce un mandato ético-político que implica altas responsabilidades
para los Estados. Se ha abierto la posibilidad de limitar la soberanía por medio de nuevos
instrumentos y cambios conceptuales. Ejemplos concretos de ello: la Corte Penal
Internacional (CPI), creada en 2002 y de manera aún más radical la Resolución 1674 de
2006, por medio de la cual Naciones Unidas ha asumido la responsabilidad de proteger a
los civiles, incluso contra su propio gobierno, si usa armas de guerra para reprimir sus
manifestaciones pacíficas. Esa resolución reafirmó las disposiciones de los párrafos 138 y
139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 respecto de la responsabilidad de
proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los
crímenes de lesa humanidad. Estos párrafos afirman lo siguiente:
“138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad
conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y
convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda,
alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas
a establecer una capacidad de alerta temprana.

139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la
responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos
apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger
a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes
de lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de
manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la
Carta, incluido su Capítulo VII1, en cada caso concreto y en colaboración con las
organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan
inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.”

Este documento modifica de facto, y de forma inédita, principios centrales del derecho
internacional tales como la soberanía interna y la no-injerencia. Este nuevo contexto es
1 La invocación del capitulo VII de la carta de Naciones Unidas se refriere al uso de fuerza militar, de acuerdo a condiciones fijadas en el Consejo de Seguridad.

auspicioso en la medida en que revincula la política a un fundamento ético universal
expresado en la declaración de los derechos humanos. Sin embargo este cambio en la
noción de soberanía también necesita de prudencia, ya que la introducción de argumentos
éticos explícitos en las deliberaciones políticas internacionales puede conducir también a
graves abusos de consecuencias no previsibles. Recordemos que hasta este momento las
experiencias de aplicación práctica de estas nuevas nociones también han servido como
coartada y fachada a los intereses espurios de Estados que se han arrogado un derecho de
intervención para luego cometer graves delitos políticos y abusos humanitarios en países
como Kosovo, Somalia, Bosnia e Irak. El dilema es que estos estruendosos fracasos no
deberían hacernos retroceder a la antigua concepción de la soberanía interna inviolable, que durante siglos sirvió para que los gobernantes despóticos cometieran los más alevosos
crímenes sin temer más que a su propia conciencia.

Por una parte, “desacralizar” la soberanía de los Estados e introducir la obligación de
proteger como un nuevo principio en las relaciones internacionales ha supuesto una
esperanzadora innovación humanitaria. Pero por otra, estos cambios pueden amenazar la
posibilidad de establecer relaciones de igualdad básica entre los Estados. Las asimetrías y
desigualdades encontraron en la intangibilidad de la soberanía estatal un fuerte punto de
anclaje que reforzaba el principio de autodeterminación de los pueblos. Si bien estos
nuevos cambios no deberían relativizar este derecho, se ha abierto un campo de
incertidumbre que debería obligar a redefinir muchos conceptos de modo que no se perciba
con justificada sospecha la introducción de nuevas definiciones como una manera soterrada de volver a prácticas injerencistas de las que los países del Sur global recelan con
justificadas razones. Por ejemplo: ¿Se puede legitimar el uso de una fuerza de ocupación
extranjera con la finalidad de imponer el derecho internacional humanitario?
Un segundo campo de dudas es si este tipo de intervenciones militares humanitarias van a
lograr su objetivo o al contrario van a acentuar el sufrimiento de la población a la cual se
desea proteger. O más radicalmente, van a colaborar al logro de la paz o van a agravar el
estado de guerra, involucrando a más actores armados en el conflicto.

Y el campo de dudas más evidente: ¿Cómo puede operar este principio si su aplicación
recae exclusivamente en el criterio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Es una
instancia legítima? Muchos países piensan como Miguel D’Escoto, ex presidente de la
Asamblea General de la ONU, que la Asamblea General es el lugar legítimo para debatir y
deliberar sobre estos asuntos. (Ramis 2010: 1) Esta pregunta es relevante si se constata que
la Resolución 1973 /2011 del Consejo de seguridad de Naciones Unidas ha autorizado la
intervención militar en Libia basándose en el derecho internacional humanitario enunciado
en la resolución 1674 de 2006. Por otra parte, este mismo Consejo no ha tomado acuerdos
semejantes frente al caso de Siria, Yemen o Bahrein, países en los cuales de modo
simultáneo también se ha producido una brutal represión militar de la población civil por
parte de sus respectivos gobiernos. Es relevante preguntarse entonces por los decisores y
los criterios que definen la necesidad de una intervención destinada a proteger las zonas
pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque por parte de sus propios Estados.
Las relaciones entre ética y política como dilema permanente.

La tensión descrita obliga a establecer distinciones que permitan vincular el ejercicio
político y la deliberación ética sin que ambas dimensiones se anulen ni se identifiquen
mecánicamente. Al respecto Fernández García (1997: 109) sostiene que no es deseable ni
conveniente la diferenciación absoluta, ni tampoco una identificación o subordinación total entre ética y política. De esa forma la moral separada de la política sería socialmente
ineficaz, y la acción política autonomizada de la ética se convertiría en una máquina de
destrucción en manos de los poderosos.

Este ejemplo es muy pertinente si se aplica al debate sobre el deber de proteger. La
resolución 1674 de Naciones Unidas busca hacer eficaz la declaración universal de los
derechos humanos. Pero si esta intencionalidad inicial se pierde o desvirtúa la resolución se puede convertir en un peligroso instrumento en manos de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por este motivo Fernández ha propuesto establecer lazos sólidos entre ética y política como esferas distintas, pero garantizando su autonomía e independencia recíproca. Se instala así la necesidad de una tensión convivencial permanente en la que el juicio moral está llamado a cuestionar constantemente la acción política, pero reconociendo que los fines de la ética yla política son diferentes, por lo cual cabe cargar con las deficiencias éticas de la política siempre y cuando esa carga no sea demasiado pesada para la convivencia moral.

Usando este criterio la esfera política que no sólo se mueve de acuerdo al código de lo
bueno o de lo malo, sino también al de la oportunidad y la inoportunidad. Ya Maquiavelo
distinguía entre lo que un político puede querer hacer, de lo que debe positivamente hacer:
“Y muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie vio nunca y que no
existieron en la realidad, porque el modo en el que se vive y el modo en que se debería vivir
están tan lejos el uno del otro, que si alguien deja a un lado lo que se hace por lo que se
debería hacer aprende más su ruina que su preservación: un hombre que quiere profesar de
bueno en todos los aspectos, sólo logrará su ruina entre tantos que no lo son. Por lo tanto,
un príncipe, si quiere conservarse, debe aprender a poder ser no bueno, y valerse de ello o
no según su necesidad” (Maquiavelo, 1986: 83).

Por eso, si bien nadie podría negar prima facie que la política debería estar subordinada a la
ética, también se puede argumentar la existencia de situaciones excepcionales en las que
cabría una casuística diferenciada. Este es el motivo por el cual siempre regresa al debate
sobre la Razón de Estado. Rafael del Águila ha afirmado respecto a este regreso que:
“usualmente el tema de la razón de Estado se considera una cosa del pasado: un ámbito que pertenece a los historiadores, pero no a los politólogos. Se supone que, desde el punto de vista de la teoría política, éste es un tema normativamente muerto: las razones de Estado son siempre ilegítimas y nuestros sistemas democráticos han puesto en marcha mecanismos institucionales destinados a asegurar su desaparición” (Del Águila, 2000: 1)

Sin embargo la Razón de Estado se entiende mejor si se la define como “una disciplina que justifica ciertas excepciones a los principios morales legitimadores o a la justicia por razones de orden político para lograr así proteger la seguridad de la comunidad o el bien  público” (Del Águila, 2000: 3) Se trataría, según del Águila, de un intento de “ofrecer una solución perfecta y sin fisuras a los dilemas trágicos que atraviesan nuestras formas de vida” (Del Águila,2000: 6).

Lo que diferenciaría a un estado democrático, en comparación a uno no democrático, es
tener reguladas ex -ante estas situaciones excepcionales. Al mismo tiempo, este contexto
pide ponderar los medios a utilizar por medio de la prudencia: “Me parece urgente
desembarazarse de la pretensión contemporánea de diluir la democracia en derecho, la
política en seguridad racional, el debate y el pluralismo en consenso total e inclusivo. Una
política libre no puede convivir con la seguridad racional, sino con la prudencia y la
virtud.” (Del Águila, 2000: 8)

La razón prudencial como razón cívica

La emergencia de un nuevo concepto de soberanía, limitada y constreñida por un marco
ético universal, obliga a los Estados, pero también a la ciudadanía, a ejercer un constante
discernimiento crítico frente a una realidad trágica que nos obliga a responder. Establecer
un criterio político para esta respuesta supone poner distancia de dos polos contradictorios: el reduccionismo que legitima el empleo de medios ilícitos en función del interés público, como también el extremo opuesto, que se puede caracterizar como un legalismo total, basado en la máxima “fiat iustitia pereat mundis”, que implica someter a los Estados y a la derechos humanos a un sacrificio extremo.

La distinción clásica entre la “buena” y la “mala” de la Razón de Estado sirve a este
respecto para acotar y regular la necesidad de las intervenciones basadas en el principio de
protección de la población civil. Este tipo de intervenciones suponen una excepción, ya que
vulneran la soberanía de un Estado. Por lo cual exige un marco legal encuadrado en el
sometimiento de la política, si no a la moralidad, al menos a la legalidad, como elemento
protector de los derechos fundamentales de la población. De esta formas, como reflexiona
Fernández “desde ahora la razón de Estado debe convivir con las razones de un Estado de
derechos”. (Fernández 1997. 110)

En este sentido, las intervenciones militares internacionales, basadas en el “deber de
proteger”, presuponen una exigencia de legalidad inequívoca, que en este caso pasa por la
imperfecta institucionalidad vigente, en el marco de Naciones Unidas. Sin embargo, esta
legalidad no basta. Es necesario que este tipo de intervenciones den cuenta y razón de su
legitimidad de forma pública y transparente. Se requiere someter este tipo de intervenciones a procesos deliberativos que tensionen sus objetivos humanitarios. De otro modo, si su legitimidad es débil, sus propios procedimientos militares se verán en grave riesgo de fracaso.

Por otra parte la ciudadanía tampoco puede aspirar a contar con una institucionalidad
internacional de orden cosmopolita, perfecta y absolutamente democrática para poder exigir  que los Estados intervengan ante las graves violaciones masivas a los derechos humanos.

La gravedad de los hechos impide la pasividad política, y exige una reacción en el marco
legal, imperfecto e inequitativo, que opera en la actualidad. Como lo sintetiza Bobbio: “el
poder sin derecho es ciego, pero el derecho sin poder es vacuo”.
Vale la pena entonces retomar la reflexión que en otro contexto hacía Francisco Tomás y
Valiente cuando afirmaba: “Contra esta mala razón de Estado estamos todos los demócratas conscientes, quienes entendemos como únicos valores sustantivos los del hombre individual y sus derechos a la vida, a la paz, a la libertad y los de ellos derivados.

Pero hay que decir enseguida que, para lograr o no perder estos valores y derechos, el Estado es imprescindible, es instrumento, pero instrumento necesario, de manera que, si se destruye, nos quedamos sin los objetivos que lo legitiman y que constituyen su razón de ser, la buena razón de Estado”. (Fernández, 1997: 117)

Conclusión

Los cambios que están operando en materia del derecho internacional, ejemplificados en la
“responsabilidad de proteger”, imponen ineludibles dilemas éticos que no se pueden
resolver de forma inequívoca y segura. Como afirma del Águila: “Hemos de resistir la
tentación de convertirnos en satisfechos ciudadanos implacables o impecables, para
arrostrar la más modesta tarea de ser ciudadanos reflexivos a secas. Y no hay ley, regla o
derecho que nos exima de esa responsabilidad y de los riesgos que comporta”. (1997, 116)
De allí la necesidad de una razón cívica que permita deliberar políticamente sobre
escenarios en los que no es posible evadir responsabilidades ni arrogarse legitimidades a
motu proprio.

Dicho de otro modo, debemos asumir que los contextos de graves violaciones a los
derechos humanos exigen respuestas inmediatas y urgentes, que aunque constreñidas a
marcos legales y políticos muy estrictos, no garantizan su impecabilidad ética. Sin
embargo, la implacable pasividad internacional tampoco parece ser una opción menos
contradictoria. Ni implacables ni impecables, discernir la “responsabilidad de proteger” se
convierte en un desafío político que nunca estará exento de un marco de inevitable
incertidumbre.
Bibliografía
Del Águila, Rafael. (2000) “Política, derecho y razón de Estado”. Revista Española de
Ciencia Política. Núm. 3.

Fernández García, Eusebio. (1997) “Entre la razón de Estado y el Estado de derecho: la
racionalidad política” Dykinson. Madrid.

Maquiavelo, Nicolás (1986) “El Príncipe”. Trad. M. Ángel Granada. Alianza Madrid

Islas Colín, Alfredo. (2002). “La república según Jean Bodin”. Disponible en Internet en
formato PDF en:
<http://www.cem.itesm.mx/derecho/sitioobservatorio/info/islas/38_A_Guide/16-La-
Repblica-Jean-Bodin.pdf>

Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. “Resolución 1674 (2006)” Aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 5430ª sesión, celebrada el 28 de abril de 2006.

Ramis, Álvaro (2010) “Miguel D’Escoto, ex presidente de la Asamblea General de la
ONU: “Naciones Unidas tiene que ser reinventada”. Punto Final, edición Nº 709, Santiago
de Chile.

Ramonet, Ignacio. (2011) “Libia, lo justo y lo injusto”. Le Monde Diplomatique. Ed.
española. Abril 2011.

Realpolitik y Razón de Estado: Límites y confluencias

Las recientes insurrecciones democráticas en los países nor-africanos y árabes han generado un intenso debate respecto a la posición que los distintos gobiernos han asumido ante estos eventos. La discusión ha puesto en tensión el parámetro que ha orientado la política exterior respecto a esa región. Ha quedado en evidencia que las grandes potencias occidentales se han movido ante esos países por criterios que han privilegiado una conveniente estabilidad política a costa de los anhelos democráticos y los derechos humanos de esos pueblos. Sin embargo, esta constatación no tiene nada de sorprendente, ya que ese criterio ha sido una constante en múltiples eventos similares. Ignacio Ramonet, en un agudo análisis de este proceso, afirma: “La fuerza espontanea de estos vientos de libertad sorprendió a todas las cancillerías del mundo. Cuando comenzaron a soplar sobre las dictaduras aliadas de Occidente (en Túnez, Egipto, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, Bahréin, Irak, Yemen), las grandes capitales occidentales, empezando por Washington, Londres y París, se sumieron en un prudente mutismo, o alternaron declaraciones que revelaban su profundo malestar ante el riesgo de ver desaparecer a sus “amigos dictadores” (Ramonet 2011, 48)

Mucho más debate ha generado la posición de los gobiernos latinoamericanos, de los que se habría esperado una abierta solidaridad con las insurrecciones democráticas árabes, dadas las claras similitudes y afinidades que estas insurrecciones poseen con los procesos políticos que ha vivido América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Ignacio Ramonet describe este desencuentro: “Mucho más sorprendente fue, durante esta primera fase (de mediados de diciembre a mediados de febrero), el silencio de los gobiernos progresistas de América latina, considerados por toda una parte de la izquierda internacional como su principal referente contemporáneo. Sorpresa tanto más grande que estos gobiernos tienen mucho en común con el movimiento insurreccional árabe: habían llegado al poder mediante las urnas, aupados por poderosos movimientos sociales (en Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay) que, en varios países (Ecuador, Bolivia, Argentina), después de haber resistido a dictaduras militares, también habían derrocado pacíficamente a gobernantes corruptos. Inmediata debía de haber sido allí la solidaridad con las insurrecciones árabes, réplicas de sus propios alzamientos cívicos. No lo fue.” (Ramonet , 2011: 49)

Este ambiguo silencio, a juicio del director del Le Monde Diplomatique, se podría interpretar de dos maneras: “simple prolongación del prudente silencio que hasta entonces, globalmente, habían observado esas cancillerías con respecto a acontecimientos muy alejados de sus principales centros de interés; o expresión de un malestar político frente al riesgo de perder, en su pulso con el imperialismo, a aliados estratégicos…” ( Ramonet 2011: 49) Ante esta segunda opción, Ramonet introduce un juicio severo referido a la coherencia de la política exterior de los gobiernos progresistas latinoamericanos. A su juicio, esta pasividad implicaría “afirmar que una relación estratégica entre Estados es más importante que la solidaridad con los pueblos en lucha. Lo cual conduciría, más tarde o más temprano, a cerrar los ojos ante cualquier eventual atrocidad contra los derechos humanos. Y en este caso el ideal solidario de la revolución latinoamericana naufragaría en el helado océano de la Realpolitik.” ( Ramonet, 2011, 49)

En el tablero de la política internacional, la Realpolitik (definida por Bismarck, el “canciller de hierro” prusiano, en 1862) considera que los países se reducen a sus Estados. Jamás toma en cuenta a sus sociedades. Según ella, los Estados se mueven sólo en función de sus fríos intereses y de sus alianzas estratégicas (cuya finalidad esencial es la preservación del Estado, no la protección de la sociedad). Desde la paz de Wesfalia en 1648, la doctrina geopolítica establece que la soberanía de los Estados es intangible en virtud del principio de no-injerencia, y que un gobierno, sea cual sea el modo en que llegó al poder, tiene total libertad de hacer lo que quiere en sus asuntos internos.

Semejante idea de la soberanía -que sigue siendo dominante- ha visto erosionada su legitimidad desde el final de la guerra fría en 1989. Y ello en nombre de los derechos de los ciudadanos, y de una concepción más ética de las relaciones internacionales. Las dictaduras, cuyo número se reduce de año en año, van resultando cada vez más ilegítimas en criterios del derecho internacional. Y moralmente inaceptables porque, entre otros graves abusos, desposeen a las personas de sus atributos de ciudadano.

En base a este razonamiento, se desarrolló en los años 1990, el concepto de derecho de injerencia o deber de asistencia que condujo, pese a aceptables pretextos de fachada, a desastres político-humanitarios de gran envergadura en Kosovo, Somalia, Bosnia… Y finalmente, bajo la conducción de los neoconservadores estadounidenes, al desastre total de la guerra de Irak

Pero tan trágicos fracasos no han interrumpido la idea de que un mundo más civilizado debe ir abandonando una concepción de la soberanía interna establecida hace casi cuatro siglos en nombre de la cual poderes no elegidos democráticamente han cometido (y se cometen) incontables atrocidades contra sus propios pueblos.

En 2006, las Naciones Unidas, en su Resolución 1674, han hecho de la protección de los civiles, incluso contra su propio gobierno cuando éste usa armas de guerra para reprimir manifestaciones pacíficas, una cuestión fundamental. Que modifica, por primera vez desde el Tratado de Wesfalia, -en materia de derecho internacional- la concepción misma de la soberanía interna y del principio de no-injerencia. La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, va en idéntico sentido..

En palabras de  Rafael del Águila “Usualmente el tema de la razón de Estado se considera una cosa del pasado: un ámbito que pertenece a los historiadores, pero no a los politólogos. Se supone que, desde el punto de vista de la teoría política, éste es un tema normativamente muerto: las razones de Estado son siempre ilegítimas y nuestros sistemas democráticos han puesto en marcha mecanismos institucionales destinados a asegurar su desaparición” (Del Águila, 2000: 1)

Notas

DEL ÁGUILA, Rafael. Política, derecho y razón de Estado. Revista Española de Ciencia Política, [S.l.], p. 11-29, mar. 2013. ISSN 2173-9870. Disponible en: <http://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37303>. Fecha de acceso: 05 mar. 2016

RAMONET, Ignacio (2011) “Libia, lo justo y lo injusto” en Le Monde diplomatique, ed. Española, Nº: 186 . disponible en <http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=e684c57b-e238-480d-b7f7-bcea31a481b9> Fecha de acceso: 05 mar. 2016