El etcétera de Chile

Solemos usar la expresión latina “etcétera” para dar a entender que conocemos algo que no creemos relevante nombrar. Es “lo demás”, “el resto”, aquello que sabemos que está allí, pero no nos molestamos en identificar simplemente porque lo hemos olvidado, lo queremos dejar a la imaginación del lector o derechamente nos interesa ocultar.

Santiago de Chile ha actuado con el resto de los territorios del país como si fueran su “etcétera”. Y lo ha hecho desde la batalla de Lircay, en 1830, cuando lo peor de la oligarquía capitalina impuso, mediante la traición y la violencia, un modelo centralista y unitario que ha perdurado hasta el presente. Santiago pasó a ser Chile, y el resto del país, es aquello que se sabe que existe porque produce la riqueza, pero que no es relevante nombrar ni señalar. Menos aún consultar y tomar en cuenta. Dice la verdad el ministro Larroulet cuando señala: “La frustración en Aysén viene de muchos años de abandono de los gobiernos de la Concertación”. Pero se queda muy corto, porque sería justo decir que el Estado nacional nunca ha asumido su responsabilidad respecto a ese y tantos otros territorios.

Es cierto que de tanto en tanto los patrones de fundos, devenidos con el tiempo en exportadores de fruta o en empresarios forestales o acuícolas, suelen levantar la voz para reclamar del gobierno central incentivos fiscales, rebajas tributarias, infraestructura pública, subsidios o dádivas semejantes. Es el regionalismo, que tanto éxito electoral ha redituado a los partidos de derecha. También es verdad que los militares, bajo la perspectiva geopolítica de las “fronteras interiores” y del concepto de “enemigo interno” han tendido a ser más vigilantes de las zonas extremas y fronterizas. Pero ni el regionalismo patronal ni militar han propuesto salidas al sometimiento histórico de sus territorios ante la capital. Al contrario, en el mejor de los casos se han contentado en gestionar la crisis, apagando los incendios que amenazaban sus intereses y en el peor, han sido sumamente represivos cuando los pueblos de Chile han reclamado derechos y reconocimiento. Ni regionalistas de derecha ni militares han tenido el mínimo interés en vincular los problemas territoriales con los procesos de democratización política y económica. Menos aún con la crisis ecológica, climática y ambiental. Han sido cómplices del centralismo, que se ha mantenido invariable.

Porque no es posible vencer al centralismo sin una nueva Constitución, nacida desde el Poder Constituyente.

Lo anterior no impide reconocer que el verdadero “vacío histórico” de las izquierdas chilenas en el siglo XX fue no hacer de la lucha contra el centralismo un objetivo de primera línea. Sí lo fue en el siglo XIX, cuando Bilbao, Lastarria, Matta, Gallo y tantos otros, lucharon a brazo partido en contra del modelo de Estado portaliano. Pero es evidente que en el siglo XX esta bandera se diluyó en la medida que Santiago se fue tornando una cantera electoral inigualable, lo que hizo menos nítida y evidente esta demanda. Además, el concepto tradicional de partido, con una dirección omnipotente, devenida en vanguardia iluminada, no colaboró a fortalecer este objetivo. Si sumamos a lo anterior cierta tendencia en nuestras izquierdas al jacobinismo, entendido como un igualitarismo uniformador que rehúye de la complejidad y la diversidad, podemos sacar ciertas conclusiones poco complacientes.

La Izquierda del siglo XXI será federalista y descentralizadora, o simplemente no será. Porque la democracia no es posible sin espacios deliberativos acotados a escala local, que permitan la autonomía y autodeterminación de los ciudadanos. Tampoco es posible modificar el modelo de acumulación neoliberal sin alterar el modelo unitario de Estado y la perspectiva desde donde se toman las decisiones. No se puede hablar de sostenibilidad y justicia ambiental sin dar poder a quienes sufren con mayor rigor los efectos de un capitalismo basado en la explotación de recursos naturales. Sin una descentralización radical, Chile seguirá siendo sinónimo de expolio y dominación para los pueblos indígenas.

Se trata de un proceso que no debería promoverse en contra de nadie, porque el centralismo está ahogando también a Santiago, una ciudad que ha llegado a una escala poblacional y territorial que ya no es sostenible.

A nivel conceptual es fácil sacudirse del centralismo. A nivel práctico, cuando se comienza a tocar intereses y prácticas arraigadas, es mucho más difícil. En cierta forma es necesario revisarse todo el tiempo, personal e institucionalmente, para liberarnos del portaliano que los chilenos llevamos escondido, muy dentro de nuestras cabezas. Pero sin enfrentar este cambio de paradigma, no cambiaremos la gramática en la que se han conjugado las luchas de nuestros pueblos.

La agenda 2012

Publicado en PF, 9 de marzo de 2012

Durante 2011 los movimientos sociales han logrado desestabilizar el sistema político chileno. Un logro de magnitud, considerando la “gobernabilidad” del período 1990-2010, marcado por el dominio absoluto e incontestable de las élites que se constituyeron al finalizar el régimen de Pinochet. Una misma comparsa dirigencial ha controlado la política, las empresas y la esfera simbólico-comunicativa, con contradicciones internas, pero cohesionada en sus aspectos nucleares por el consenso en torno al modelo económico y el marco legal que le protege. Lo que ahora ha cambiado es que la hegemonía de esa camarilla ya no es estable y no se ejerce de modo espontáneo. La contestación ciudadana, que siempre ha existido, se ha incrementado a un nivel que hace inestable su dominio.

 Pero atención, porque aunque el sistema se ha desestabilizado, no se ha desestructurado. No se ha producido ningún cambio en la institucionalidad ni en la legalidad vigente. Se ha logrado cuestionar de forma radical y permanente la legitimidad de este orden jurídico-político, pero no se le ha tocado en su materialidad misma. Hacer esta distinción es importante porque nos aporta un diagnóstico sobre lo que debería ser la prioridad de los movimientos sociales en 2012. Durante este año es crucial mantener y acrecentar la presión social, de manera que la casta en el poder no logre reestabilizar su dominio. Para ello es fundamental la movilización callejera y la presión en todos los espacios naturales de sociabilidad: estudio, trabajo, transporte y convivencia. Por supuesto, por medio de las redes en internet, pero sobre todo en el cara a cara, en el espacio público, haciendo sentir, de la forma más inteligente posible, el brutal desfase entre legalidad y legitimidad que vivimos. Sin embargo la movilización, aunque necesaria, no será suficiente. Porque la desestructuración del sistema político requiere algo más. Reclama la acción propiamente política. O dicho en otros términos, los movimientos sociales no pueden por si mismos des-estructurar el entramado legal e institucional que nos agobia. Es necesario traducir el poder social de negar y resistir en poder político afirmativo, que operativise los cambios.

 Este giro no es fácil. Basta ver las revoluciones árabes para darse cuenta. El inmenso poder de la multitud en la plaza Tahrir de El Cairo, que hizo caer a Mubarak, no ha logrado expresarse políticamente, y ese espacio lo han ocupado los hermanos musulmanes, que participaron tardía y tibiamente en el proceso. O el movimiento 15M en España, que logró sacar a millones de personas a la calle mientras la derecha más rancia de Europa se hacía con el poder del Estado en las elecciones. Sin duda poder social no es sinónimo de poder electoral. Esta dificultad obliga a pensar el dilema de la representación política de los actores sociales: optar por la auto-representación o desarrollar un estrategia de incidencia estratégica sobre los partidos políticos establecidos. La opción ideal, no cabe duda, sería lograr la auto-representación política de los movimientos sociales, que logren constituir un instrumento político que les permita poner en valor su capacidad movilizadora. Así nació en PT brasileño a inicios de los ochenta. Es lo que lograron hacer en Bolivia los sindicatos cocaleros y movimientos indígenas que construyeron el MAS a inicios de la década pasada, hasta lograr desatar el poder constituyente que barrió con el poder constituido. Sin duda es el mejor escenario, pero es también el más difícil y el que exige mayores condiciones de posibilidad. Presupone unas organizaciones “madre” de largo recorrido, dotadas de una autonomía básica que sustente el salto de lo social a lo político. Presupone un sistema electoral mínimamente proporcional. Y requiere un liderazgo corajudo y carismático, pero también con capacidad de administración y cálculo estratégico.

 La segunda opción es renunciar a priori a la auto-representación política y en cambio optar por condicionar el escenario de los actores políticos existentes por medio de una acción racional que les imponga adherir al núcleo programático defendido por los movimientos sociales. En otros términos, obligar a la izquierda actualmente existente a hacer lo que la calle decida. Esta opción tampoco es fácil ni exenta de riesgo. En primer lugar se requiere de un mínimo de consenso en los fines. En los años treinta, en medio de la gran depresión. los movimientos sociales “obligaron” a Franklin D. Roosevelt a implementar el New Deal que él mismo les había prometido. Cuando los dirigentes sindicales o reivindicativos acudían a su oficina siempre encontraban sintonía en el presidente, pero recelos de los funcionarios que debían implementar las medidas. Por eso Roosevelt les decía: “ahora vayan a la calle y oblíguenme a hacerlo”. Al finalizar la segunda guerra mundial la tasa tributaria de las grandes fortunas llegó a un techo histórico del 50% y la nueva conciencia de derechos adquiridos se tradujo en un apoyo clave en la redacción de la declaración universal de Derechos Humanos de 1948. El problema vino después: si bien la agenda social avanzó, el sistema político de Estados Unidos no tuvo variaciones, y la hegemonía bipartidista se dedicó desde entonces a demoler sistemáticamente lo conquistado en esos años. Puesto el dilema sobre la mesa es hora de deliberar y hacer opciones. Las dos estrategias poseen pros y contras, adherentes y detractores y lo único claro es que la movilización social debe unirse urgentemente a una propuesta política. ¿Podrán ser ambas estrategias complementarias o al menos no contradictorias?

Gobierno del cambio, año tercero

Publicado en El Clarín, 11 de marzo de 2012

Quienes durante décadas hemos anhelado cambios profundos en nuestro país no deberíamos sentirnos defraudados por Sebastián Piñera. Nos prometió un gobierno del cambio y su compromiso no ha resultado falso, al menos en un sentido genérico. En estos dos últimos años Chile ha cambiado muchísimo y a una profundidad insospechada. Obviamente, no se trata de los cambios propuestos en el programa que la derecha presentó en las últimas elecciones, en el que ofrecían el cielo y sus alrededores. En ese sentido ni sus partidarios más incondicionales han conseguido lo que esperaban. Como dijo Roger Waters “¿Será que todos los políticos son tán descuidados con la verdad?”.

 Hay que reconocer que la Concertación, con toda su mediocridad política y moral, al menos puso mucho empeño por implementar la máxima más conocida de Ricardo Lagos: “en este país las instituciones funcionan”. Efectivamente, en algunos aspectos se había normalizado una cierta institucionalidad básica, que hacía de Chile un país previsible. Pero en estos dos años la posición del Estado se ha agrietado, se han abierto agujeros en esa jaula de hierro weberiana, basada en reglas de control racional. La causa es una conducción política arbitraria y desconcertante, que ha perdido credibilidad y capacidad de control. Aysén es el ejemplo más evidente, ya que muestra a un gobierno con una alarmante ineptitud a la hora de responder a demandas básicas y urgentes de la población.

 El lado positivo de los cambios es que obligan a enfrentar la raíz de los problemas. Los gobiernos de la Concertación lograban postergar y maquillar las crisis del modelo, mientras el gobierno de Piñera parece decidido a incendiar la pradera con tal de detener cualquier asomo de rebeldía. Y en ese proceso va dejando al desnudo las miserias del país real: su centralismo sempiterno, el clasismo endémico, la hipertrofia tecnocrática, y el autoritarismo descarado. El gobierno del cambio ha desnudado a Chile de todos sus envoltorios y lo ha puesto ante el mundo tal como es. Ya no abundan los artículos laudatorios en Newsweek, o The Economist. Al contrario. El mundo parece entender que el Chile que les han vendido por viente años no era más que una careta tras la que se ocultaban injusticias tan vergonzosas que se habían puesto a buen recaudo bajo la alfombra de las instituciones.

 Sin duda Chile cambió. La opinión pública ya no tolera lo que antes le resbalaba. La indignación parece ocupar el lugar de la resignación. Y en ese sentido hay motivos de sobra para celebrar y tener esperanza. Pero cuidado. Una cosa es el hastío, la rabia y la exasperación ciudadana, y otra muy distinta la construcción de una alternativa política que de respuesta a estos sentimientos. Y en ese sentido se avanza de forma lenta, a tropezones. Y es fácil caer en el autoengaño.

 Recordemos que la combativa provincia de Aysén votó en 2010 en un 70% por Piñera. Y no hay motivos para criticarlos, ya que las izquierdas no propusieron en el ámbito de la descentralización nada relevante, mientras Piñera, de la mano de un regionalismo de componendas clientelares logró sumar voluntades. Hoy todas sus promesas se han evaporado, pero desde la izquierda no aparece con claridad una propuesta creible y consistente, que permita hacer posible lo necesario.