Guerra civil en el Vaticano

Para muchos, el Vaticano ha sido desde siempre un lugar de intriga e inmoralidad. Basta revisar la abundante literatura y filmografía que acompaña a figuras como Alejandro VI, el Papa Borgia, o las teorías sobre el asesinato del Papa Juan Pablo I, en 1978. La diferencia es que en esta ocasión las nuevas tecnologías y las divisiones al interior de la propia curia vaticana han hecho saltar por los aires todos los sistemas de compartimentación de la información que, tradicionalmente, habían protegido de mil maravillas a la institución eclesial.

Todo comenzó en enero de 2012, cuando el periodista italiano Gianluigi Nuzzi publicó cartas del arzobispo Carlo Maria Viganò, ex secretario de la gobernación del Vaticano entre 2009 y 2011. En las cartas, Viganò pidió al Papa no ser trasladado por haber denunciado presuntos actos de corrupción: “No existe transparencia alguna en la gestión de las contratas de construcción y de ingeniería de las empresas que tienen negocios en el Vaticano” afirmaba, apuntando directamente al secretario de Estado, Tarcisio Bertone. Aunque la denuncia significaba que el Estado Vaticano había perdido millones en contratos sobrepreciados, Viganò fue apartado de su cargo y enviado como nuncio apostólico a Estados Unidos.

En los meses siguientes se filtraron nuevos documentos a la prensa italiana. En ellos se comienza a hacer público que las luchas de poder dentro del Vaticano estaban in crescendo de forma alarmante. Sobre la base de estas nuevas cartas, Nuzzi publicó en mayo de 2012 un libro titulado Su Santidad: Los papeles secretos de Benedicto XVI. En esta obra se hacen públicas las cartas y notas confidenciales del Papa Benedicto XVI, que muestran al Vaticano como un nido de intrigas, celos y luchas entre facciones de la curia, los grupos ultraconservadores, clanes mafiosos y otros actores financieros y económicos globales. Se revelan detalles sobre las finanzas personales del Papa, incluyendo pruebas del pago de sobornos de personalidades que han buscado una audiencia privada.

El escándalo escaló. En un intento de aplacar sus efectos, Benedicto XVI nombró, en marzo de 2012, una comisión de cardenales para investigar las filtraciones. La presidió el cardenal español Julián Herranz (Opus Dei), quien dirige la oficina legal del Vaticano. Sugerentemente, la investigación criminal responde directamente al Papa, sin pasar por la Secretaría de Estado dirigida por Bertone. El 26 de mayo, el Vaticano anuncia el arresto de Paolo Gabriele, más conocido como Paoletto, el fiel mayordomo personal del Papa desde el año 2006, a quien se acusa de filtrar la información robada desde el escritorio papal. Detenido por el Vaticano, la guardia pontificia afirma haber encontrado documentos clasificados en su departamento. Es sometido a un proceso judicial secreto, en el que la “empresa” para la cual trabaja actúa a la vez como juez, defensa y acusadora en un juicio secreto. Según Il Corriere della Sera, el mayordomo Paoletto, miembro del Opus Dei, sería un agente doble al servicio del Vaticano para desenmascarar a los auténticos “topos” que robaron la documentación del “Vatileaks”. Según esas fuentes, habría sido descubierto hace seis meses, y en ese instante decidió colaborar con las autoridades vaticanas a cambio de evitar la cárcel. Desde esa fecha habría seguido sacando documentos de la recámara papal y entregándoselos a otros implicados en la trama del “Vatileaks” para que la guardia vaticana pudiera identificarlos. Se estima que tras la resolución del escándalo será indultado.

LOS TRES PODERES EN DISPUTA

¿Pero qué hay detrás de tantas acusaciones y disputas? En primer lugar, una lucha fraticida por la sucesión de Benedicto XVI. Este es el móvil principal, ya que las piezas de todos los actores involucrados se mueven tras el trono de San Pedro como presa central.

Joseph Ratzinger, de 85 años, es un Papa enfermo y solitario que no ha logrado gobernar su pequeño Estado. Algunos vaticanistas de renombre, como Sandro Magister, ya se atreven a revelar sus candidatos a Papa. En su caso, es el cardenal canadiense Marc Ouellet, un tradicionalista que sería fuertemente resistido por los cardenales italianos, que esperan que uno de los suyos vuelva al pontificado luego de más de treinta años de Papas “extranjeros”.

Enfrentado a permanentes escándalos y disputas intraeclesiales, Ratzinger se ha retirado a la reflexión doctrinal y teológica, delegando de forma creciente un gran poder de gobierno a su secretario de Estado, Tarcicio Bertone. Este es el segundo poder en disputa. Bertone, a lo largo de los años, ha ejercido su cargo de forma cada vez más visible y ostentosa. De esa forma ha emprendido giras internacionales como la que realizó a Chile en marzo de 2010, extralimitándose respecto a su rol eminentemente político y no pastoral. Además, se acusa a Bertone de no haber logrado impedir que el gobierno de Mario Monti impusiera una nueva ley que obliga a la Iglesia italiana a pagar el impuesto de bienes inmuebles sobre todos los edificios que no se dedican al culto religioso, es decir, unas treinta mil propiedades.

Bertone habría iniciado una serie de turbios negocios con el fin de comprar una red de clínicas privadas en territorio italiano, partiendo por la famosa clínica Gemelli, de Roma. Estos negocios, que en buena parte fracasaron, han servido de excusa para que el antiguo secretario de Estado, Angelo Sodano, y sus partidarios (los cardenales Jorge Medina y Darío Castrillón entre otros) hayan comenzado una campaña de desprestigio y acusaciones violentas en su contra, partiendo por atribuirle relaciones homosexuales, incompetencia, corrupción desenfrenada y nepotismo. Entre las cartas publicadas por Nuzzi se mostraría a Benedicto XVI en abierta confrontación con Bertone. Sin embargo, también cabe sospechar de estas filtraciones ya que estas cartas, reveladas por Paoletto actuando como agente doble, benefician a los antagonistas de Bertone, que desearían su pronta caída para hacerse con el segundo cargo de poder en la Iglesia.

El tercer foco de conflicto radica en el Banco Vaticano. En 2009 Estados Unidos colocó a la Santa Sede en la lista de Estados acusados de colaborar en el blanqueo de capitales. Alarmado, ya que esta acusación podría significar un estrangulamiento del crédito internacional, el Papa nombró al economista Ettore Gotti Tedeschi, director de la filial italiana del Banco Santander, al frente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como Banco Vaticano. Su misión era ordenar las cuentas y lograr que el Vaticano pudiera aparecer en la white list de los Estados con altos estándares de oposición al blanqueo de capitales. Tedeschi, miembro del Opus Dei, comprendió al poco tiempo que la tarea que se le encomendó no sólo era imposible, sino que lo más probable era que si intentaba transparentar esos fondos, su vida empezaría a correr peligro.

En este contexto, a fines de mayo de 2012 Tarcisio Bertone, como contralor del banco, ordenó la expulsión de Tedeschi de su cargo, en medio de graves acusaciones que insinúan que Tedeschi sería el “cuervo” que habría entregado la información a Nuzzi, además de llevar una vida libertina, etc. El 9 de junio un periódico del norte de Italia filtró un supuesto “informe sicológico”, confeccionado ex profeso con el interés de mostrar a Tedeschi como víctima de desordenes patológicos. Sin duda el banquero vaticano ha sido víctima de los ataques de Bertone y su clan, pero eso no lo exculpa del todo. De hecho, la policía italiana allanó la casa de Gotti Tedeschi en Piacenza y sus oficinas de Milán, ya que lo acusan de recibir comisiones ilegales por la venta de helicópteros a India por parte del grupo Finmeccanica, en un turbio manejo del partido de extrema derecha Liga Norte. Tedeschi no es de trigos limpios. Pero su salida del Banco Vaticano supera todo lo esperado.

El gran temor que ahora corroe al Instituto para las Obras de Religión es que en el allanamiento policial a Tedeschi la policía habría requisado un legajo con cerca de 200 páginas que incluiríanemails, apuntes manuscritos y una agenda en que aparecen encuentros, reuniones y citas con personajes públicos, e información sobre cuentas bajo código cifrado que la mafia tendría en el Banco Vaticano. Se habla de depósitos con gruesas sumas en comisiones ilegales pagadas a algunos funcionarios y políticos, tanto de Italia como del Vaticano mismo. Ante tamaña filtración, el portavoz eclesial ha manifestado su “máxima confianza en que las prerrogativas soberanas reconocidas a la Santa Sede por la legislación internacional sean adecuadamente respetadas” y agrega, a modo de amenaza: “La Santa Sede (…) está examinando con el mayor cuidado la eventual lesividad de las circunstancias”. En otras palabras, que las autoridades judiciales italianas no se atrevan a publicar e investigar el caso, so pena de entrar en un litigio político y diplomático de marca mayor.

Lo único claro es que para julio de este año se anticipa un veredicto negativo en contra del Banco Vaticano por parte de las autoridades internacionales que evalúan la normativa contra el blanqueo de capitales. Si además la banca de Italia es “rescatada”, como ha ocurrido con la banca española el pasado 9 de junio, el Instituto para las Obras de Religión (IOR) podría perder su autonomía y debería empezar a ser fiscalizado por la Unión Europea. En ese momento, la economía vaticana, altamente dependiente de la economía italiana, podría paralizarse y tendrían que salir a flote todas las cuentas oscuras que ha acumulado esta institución por décadas. En síntesis, en caso de un rescate a Italia, se puede augurar un cataclismo de marca mayor para el Vaticano.

LA MANO DE LA MAFIA Y DE LAS REDES DE PEDOFILIA

Tras estas disputas centrales sobrevuelan otras menores, pero no menos importantes. La más ruidosa es la que se vincula a la muerte de Emanuela Orlandi, hija de un funcionario del Vaticano, en 1983. El domingo 27 de mayo cientos de amigos y familiares de Emanuela concurrieron a la plaza de San Pedro cuando el Papa dirigía el rezo del Regina Coeli desde el balcón de su estudio. Con su manifestación esperaban que el Papa dijera algo sobre el caso. Pero no fue así. Benedicto XVI no aludió a ella a pesar del gran cartel con su nombre que se desplegó. Al finalizar la oración, estallaron las protestas al grito de ¡Vergüenza!, ¡Vergüenza! y ¡Verdad, verdad! Emanuela Orlandi , de nacionalidad vaticana, desapareció misteriosamente hace 29 años, cuando tenía 15 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. Al poco tiempo, desapareció en Roma otra joven, Mirella Gregori, en circunstancias muy similares.

Las teorías sobre el paradero de Emanuela son muchas. Algunos acusaron al cardenal Paul Marcinkus, presidente del Banco Vaticano entre 1971 y 1989, quien estuvo involucrado en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, en 1982, y según el autor inglés David Yallop, en el asesinato de Juan Pablo I. Para el padre Gabriele Amorth, exorcista oficial del Vaticano, Emanuela Orlandi fue capturada por una red de pederastas de la curia vaticana que la convirtió en esclava sexual. Cuando se cansaron de ella, la habrían asesinado y desaparecido. Otras versiones afirman que el cuerpo de Emanuela estaría junto a la tumba de “Renatino” De Pedis, jefe de la peor mafia de Roma, enterrado en la basílica de San Apolinar en 1990 luego de ser asesinado a tiros por una banda rival. La viuda de “Renatino” habría pagado una fuerte suma de dinero al Opus Dei, regente de San Apolinar, para conseguir que este capo mafioso pudiese ser sepultado junto a grandes cardenales. Y el cuerpo de Emanuela habría ido a parar a ese lugar ya que De Pedis habría tenido relación con el caso.

Todas estas son conjeturas. Pero lo cierto es que la Fiscalía romana acaba de imputar a monseñor Pietro Vergari , del Opus Dei y ex rector de San Apolinar, como colaborador en el secuestro y desaparición de Emanuela Orlandi . El punto es que Vergari se conecta en la investigación con otro personaje relevante: el cardenal Bernard Francis Law, arzobispo de Boston, quién tuvo que dimitir en 2002 luego de destaparse su protección a una gran red de pedofilia de sacerdotes de su diócesis. En el proceso por Orlandi aparece una extraña carta dirigida a “Box 331, Kenmore Station, Boston”, dirección postal usada en los 80 por la organización de pedófilos Nambla (North American Man Boy Lover Association), la red de pedófilos protegida por el cardenal Law. ¿Hay un vínculo que una estos casos? De hecho el cardenal Law, luego de renunciar a la diócesis de Boston, terminó sus días como arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

“Vatileaks” ha abierto muchas de las cajas de Pandora que guardaba el Vaticano. Pero es necesario leer sus datos con cuidado. La revelación de esta información se da en el contexto de una guerra de información de carácter hobbsiano, donde el “hombre es un lobo para el hombre” y en la que es muy probable que los agentes dobles, las pistas falsas, los mensajes codificados y los señuelos creados para despistar sean muy numerosos. Pero lo cierto es que un poco de transparencia ha empezado a llegar hasta Roma. Ya era hora.

¿De quienes dependen los Bancos Centrales “Autónomos”?

Publicado en Le Monde diplomatique, Chile junio de 2012.

Si algo deberá quedar en limpio después de esta tormentosa crisis financiera internacional es la comprobación empírica y constatable de la insensatez de las políticas neoliberales. En los cuatro años que han transcurrido desde la quiebra de Lehmans Brothers en 2008, las tesis que la escuela de Chicago y sus adláteres habían proclamado como “verdades científicas” se han reducido a dogmas revelados, que sólo se pueden defender con el escudo ideológico de la fe del carbonero, que no acepta hechos ni evidencias. Entre estas nociones que han caído al nivel de las creencias mitológicas hay algunas que gozan en Chile de particular asidero y veneración. Es el caso de la autonomía del Banco Central.

Tanto la derecha en el gobierno, como la oposición concertacionista, comparten una fervorosa adhesión a este planteamiento ya que concuerda con una de las creencias más asentadas en los últimos treinta años, que afirma que la única función de un banco emisor debe ser el control de la inflación. Recordemos que la autonomía de  Banco Central chileno se concretó por medio de una ley orgánica constitucional aprobada en octubre de 1989, a pocos meses del fin de la dictadura militar. Se trató de uno de los acuerdos de la transición más tensos y complejos ya que la intención de Pinochet era designar íntegramente el nuevo directorio con el fin de hipotecar la política económica del nuevo gobierno democrático. Finalmente se llegó a un compromiso con la designación de Andrés Bianchi como presidente de un primer directorio que contó con la anuencia de ambas partes. La nueva ley estableció un método designación del directorio que distribuye “binominalmente” su composición, y que garantiza que el Banco no esté sujeto ni a la fiscalización de la Contraloría General de la República ni a la de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Tampoco se le considera parte de la Administración del Estado. Cabe por tanto la pregunta del poeta clásico Juvenal ¿Quis custodiet ipsos custodes?, ¿Quién vigila a nuestros vigilantes?.

Ya en 1975 la dictadura había impedido, por medio de una reglamentación interna, que el Banco Central proveyera financiamiento al sector público y al sector privado no financiero, vetándole la promoción del crecimiento y el empleo. El argumento, propuesto antes por monetaristas como Kydland y Prescott o Woodford,  radicaba en que su única tarea debía consistir en mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. En cierto modo esta normativa fue anticipándose a un proceso que con posterioridad acabaría involucrando a la inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo. En la actualidad el Banco Central de Chile no sólo continúa ejerciendo su rol bajo esta orientación, sino que además realiza un activo proselitismo de esta política. Su afán “adoctrinador” llega al paroxismo en un concurso escolar llamado “economía más cerca”, organizado por el propio BC, en el que se invita a los estudiantes secundarios chilenos a escribir relatos y cuentos breves que respondan a la pregunta “¿Por qué es importante que el Banco Central de Chile sea autónomo?[1]”. Si los escolares ya deben ser conocer la única respuesta correcta ¿Que debate podráimos tener los adultos sobre esta materia?

El Banco Central. ¿Un nuevo dictador?

Desde la fundación del primer banco central en Suecia en 1668, han existido voces que pedían que los bancos centrales fueran independientes de los gobiernos por el temor a que los gobiernos emitieran moneda sin restricciones para financiarse, provocando una ola inflacionaria como la que vivió Alemania durante la república de Weimar que llegó a superar el 26.000.000.000% en 1923. Este atávico temor no tiene en cuenta que muchos economistas actuales consideran  que hoy no existe la inflación por “exceso de emisión monetaria” ya que los Bancos Centrales ya no manejan la cantidad de dinero en circulación, y que en realidad la inflación se  determina de acuerdo a la demanda de crédito[2]. Pero la respuesta al peligro inflacionario ha sido mucho más fuerte y ha llegado en la actualidad a situaciones dramáticas, como las que actualmente enfrenta la eurozona.

La actual crisis del Euro es inexplicable sin atender a las responsabilidades del Banco Central Europeo (BCE), creado en 1998 con un estatuto autónomo y  un mandato que le impele a buscar exclusivamente un Euro fuerte, con una inflación al máximo control. El cumplimiento estricto de este objetivo propició el grave endeudamiento de los países periféricos (Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia) que vieron disminuir la competitividad de sus exportaciones y a la vez tuvieron contraer créditos exorbitantes para pagar sus importaciones de los países del norte de Europa. El BCE, confiado en la “gran moderación” de la volatilidad económica, anunciada por Ben Bernanke en 2004, nunca previó un nuevo ciclo de crisis sistémica como la que estalló en 2008. Para salir de este ciclo de endeudamiento el BCE ha obligado a los gobiernos periféricos a iniciar drásticos procesos de disminución del gasto público, (especialmente en salud, educación, subsidios del desempleo, pensiones, etc.) acompañados de brutales reformas laborales, recortes del salario mínimo; aumento del IVA, desregulación de sectores económicos, que amenazan con dar el golpe de gracia al modelo social europeo. Ante las advertencias que la mayor parte de los economistas, que pronosticaban que este tipo de medidas iban a elevar aún más el desempleo y conducir a un agravamiento de la recesión  Jean-Claude Trichet – entonces presidente del Banco Central Europeo, se limitó a decir “Creo firmemente que, en la coyuntura actual, las políticas que impulsen la confianza acelerarán la recuperación económica en vez de obstaculizarla, porque la confianza es el factor clave hoy en día”. Finalmente, la conducción del BCE, buscando ciegamente la confianza de los mercados, ha originado una desconfianza alarmante en el Euro, poniendo  en riesgo no sólo su propia supervivencia como divisa, sino también la viabilidad misma de la Unión Europea como proyecto político.

Una situación parecida vive España, que hoy muestra un extraño acuerdo entre ciudadanos, partidos políticos, sindicatos,  expertos, bancos y analistas en un sólo punto: la indignación ante la desastrosa gestión de la crisis por parte del Banco de España y su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Se le achaca su extrema permisividad ante la evidente burbuja inmobiliaria, por la lentitud en la reforma y reestructuración de las cajas de horro ahora quebradas, así como la pasividad ante las indemnizaciones millonarias que se asignaron a sí mismos los directivos de instituciones de ahorro arruinadas. La reciente nacionalización de Bankia (tercer banco español) ha llevado al absurdo todos los informes que año a año Fernández Ordóñez sostuvo con vehemencia que su país poseía uno de los sistemas bancarios más solventes del mundo. Sin embargo, de acuerdo al modelo de autonomía vigente, la gestión de un director como Fernández Ordoñez sólo deberá responder ante la historia y ante su conciencia. Autónomos de las autoridades democráticass, los bancos centrales se han mostrado altamente dependientes de los intereses de los mercados.

Fin de ciclo. Cambio de rumbo.

Sin embargo el dogma de la autonomía comienza a caer. Economistas como Toporowski han mostrado que la pretendida independencia de los Bancos Centrales es una mera ilusión, ya que sólo han pasado de depender de los gobiernos a depender de otros bancos centrales más poderosos, y más gravemente aún, de especuladores financieros que controlan indirectamente sus activos. Situación que puede ser peligrosa para países como Chile: «Fuera de Europa y de Norteamérica los bancos centrales son especuladores “macro fondos”, dependientes de los gobiernos de US y de Europa cuyos bonos tienen ellos. Estos bonos pagan muy bajos rendimientos, pero los altos rendimientos concomitantes con altas tasas de interés en Europa y Norteamérica, podrían representar salidas de los flujos de capital de los mercados emergentes[3]».

A nivel político François Hollande, presionado por la crisis y por la demanda ciudadana, propuso en su programa una reforma al estatuto del BCE que incorpore un nuevo mandato que incluya la promoción del crecimiento y el empleo. De esta forma sería posible la emisión de eurobonos  que den un respiro a los países periféricos. Un cambio similar se está produciendo en Argentina donde la presidenta Cristina Fernández ha iniciado el trámite de una nueva Carta Orgánica del Banco Central, que ampliaría su mandato con el fin de perseguir objetivos múltiples que incluyen el crecimiento, una distribución del ingreso más equitativa, la promoción del crédito sectorial y la estabilidad de precios. Este tipo de reformas permitirá una efectiva coordinación entre la política fiscal del ejecutivo y la política monetaria del ente emisor.  Respecto a la reforma argentina, 20 economistas heterodoxos de diversas universidades, encabezados por George Irvin, Costas Lapavitsas, y Marc Lavoie, suscribieron el 16 de mayo una carta en la que afirmaron un punto muy determinante: “El nuevo mandato permite que el gobierno actual, y los próximos gobiernos, elijan entre políticas económicas acertadas y equivocadas, mientras que la legislación anterior institucionalizaba las políticas erróneas”[4]. Arrancar a un Banco Central del actual paradigma restrictivo no asegura per se una orientación correcta. Pero permite devolver a los Estados un marco básico de soberanía que les permita tener control de su política monetaria, y especialmente de la tasa de interés, que viene a ser la gran herramienta que permite regular el crédito y orientarlo a su función social y productiva.

[1] http://www.economiamascerca.cl/

[2] Ver entrevista a Marc Lavoie en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-190191-2012-03-22.html

[3] Jan Toporowski. “El banco central como fondo de cobertura: La nueva política económica del banco central”. OLA Financiera. nº 10 sept. dic. 2011. UNAM México. p. 127.

[4] http://www.telam.com.ar/nota/25383/