Cuando gobiernan los banksters. Escándalos financieros y descrédito de las instituciones.

Cuando todavía la crisis financiera no hacía sentir sus efectos en la vida cotidiana, los banqueros y altos ejecutivos del sector financiero aún eran observados con una mezcla de envidia y admiración por buena parte de la población. Barclays, BNP Paribas, Bankia o Lehman Brothers eran marcas sólidas, que inspiraban confianza y seguridad. Hoy, en cambio, la  revista The Economist se ha visto obligada a poner en portada a los “banksters”, un neologismo londinense compuesto por “bank” y “gansters” que da cuenta del descrédito que se ha ganado el sector a punta de escándalos y desfachatez.

Una encuesta de Pew Research Center (PRC), publicada a mediados de julio, reveló con cifras a escala global el “desgaste reputacional” de las instituciones económicas y políticas. En sus conclusiones la consultora afirma: “La crisis económica mundial ha erosionado el apoyo al capitalismo. En 11 de los 21 países encuestados, la mitad o menos están de acuerdo con la afirmación de que la gente está mejor en una economía de libre mercado a pesar de que algunas personas son ricas y otras son pobres. Y ese apoyo se ha reducido en 9 de los 16 países con datos comparables desde 2007, antes del comienzo de la Gran Recesión. Tal desencanto es particularmente grave en Italia (donde el apoyo a una economía de libre mercado se ha reducido 23 puntos porcentuales), España (20 puntos) y Polonia (15 puntos)[1]“.

Entre los países analizados por PRC no se encuentra Chile. Cabe preguntarse si este deterioro en la legitimidad del modelo económico y político es compartido por la nuestra ciudadanía.  Recordemos que al igual que la mayoría de los países de latinoamérica, Chile no ha sufrido el rigor de la crisis global ya que se ha mantenido constante la demanda de China por materias primas. Por ello las cifras macro económicas han permanecido constantes, e incluso han tendido a mejorar los índices de empleo y reducción de la pobreza.  Sin embargo, el clima callejero no parece dar crédito a estos datos. No sólo están disconformes los estudiantes o los habitantes de las regiones extremas. Las clases medias, incorporadas al consumo y al empleo, hoy también muestran sin desparpajo su desagrado.

Una explicación puede estar en una serie de escándalos de gran magnitud, ligados a la banca y a grandes empresas, lo que han salpicado directamente a las instituciones reguladoras del sistema financiero y comercial  en los los últimos dos años. Si La Polar o  Cencosud eran sinónimo de consumo masivo y crédito fácil, hoy su imagen se ha asociado de forma estructural a la manipulación de la información y la indulgente complicidad de entes fiscalizadores como la Superintendencia de Bancos (Sbif) y la de Valores y Seguros (SVS) que no parecen interesados en enfrentar su enorme poder. Si en 2008 se denunció la colusión de precios entre las mayores cadenas farmacéuticas chilenas, en 2012 la misma situación se volvió a repetir entre las tres firmas dominantes en el ámbito avícola (Agrosuper, Agrícola Ariztía y Don Pollo). También se han formulado acusaciones parecidas en contra del grupo Andina- Coca-Cola  y contra las dos empresas que controlan el sector del de transporte de pasajeros (Tur Bus y Pullman Bus). Universidades privadas que se expandían sin límite, como la Universidad del Mar, entran en crisis por denuncias de millonarios pagos a inmobiliarias en desmedro del salario y cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

Los nuevos escándalos han puesto al desnudo el grado de connivencia que atraviesa las relaciones del Estado y los grandes grupos comerciales y financieros que controlan cada vez más oligopólicamente sus respectivas parcelas de la economía nacional. La delgada línea que separa lo público de lo privado aparece tan diluida que hoy es prácticamente imposible comprender las decisiones de cualquier autoridad estatal sin revisar su currículum y su declaración de intereses patrimoniales. Una situación alarmante, ya que pone en riesgo sistémico factores tan importantes para el desarrollo como la previsibilidad política y la seguridad jurídica. Ha entrado agua en el barco de las instituciones.

El “Perdonazo” a Johnson’s

A inicios de junio la comisión de Hacienda de la Cámara de diputados solicitó al director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, clarificar su decisión de condonar 125 millones de dólares (65 mil millones de pesos) a la empresa de retail Johnson’s por concepto de multas e intereses tributarios y aceptar un pago simbólico de tan sólo US$ 8 millones. El “perdonazo” es de tal magnitud que el diputado Carlos Montes tuvo que ilustrarlo en comparación con las cifras del bono de alimentación que se ha diseñado para apoyar a los sectores de mayor pobreza, y que suma en total 200 millones de dólares (103 mil millones de pesos). Este bono, planificado para dar cobertura a seis millones de personas, podría haber llegado a nueve millones de personas si se hubiera logrado recaudar el total de la deuda de Johnson’s. Se trata de una cifra tan alta que equivale al 10% de lo se piensa recabar con la nueva reforma tributaria.

Esta condonación se produjo en el año fiscal 2011, justo antes de que la familia Calderón, propietaria de esta firma, la vendiera a CENCOSUD, del grupo Paulmann, en 64 millones de dólares (33 mil millones de pesos), saneada y regularizada de sus deudas.  Ante ello la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, presidida por Carlos Insunza, denunció que el director del SII aún mantiene vínculos con su antiguo empleador, la consultora PricewaterhouseCoopers, que a su vez fue la autora de las auditorías a Johnson’s que arrojaron la documentación que hizo posible el “perdonazo”. Las explicaciones de Julio Pereira han apuntado a que no se han condonado impuestos sino multas e intereses tributarios, lo que está dentro de las atribuciones del SII, y que previamente se habría realizado un “análisis exhaustivo de las circunstancias”. Sin embargo, como ha observado el economista Roberto Pizarro “las multitiendas acostumbran a cargar los elevados intereses de los créditos a los consumidores y a la menor dilación se aplican multas y comisiones, que se elevan a niveles exorbitantes, sin condonación, como se reveló en la estafa del retailer La Polar”[2] El caso ha hecho evidente que régimen tributario chileno no sólo es regresivo, sino que además otorga amplios beneficios tributarios a los grupos empresariales más poderosos, ofreciendo una “variada oferta” de mecanismos de elusión impositiva. La carga tributaria, de por si muy liviana en relación al PIB per cápita, aparece luego del caso Johnson’s como un pequeño “lomo de toro” fácilmente esquivable si los interesados  conocen quién decide y donde se decide su situación fiscal.

Multas simbólicas al Banco de Chile

 Un caso similar al anterior es la bajísima multa de 40 millones de pesos (US$ 82000) que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) ha decidido cursar al Banco de Chile. Durante el mes de junio 52.770 cartolas, correspondientes a un 7,7 % del total de cuentacorrentistas del banco,  fueron enviadas por error a destinatarios equivocados. De esta manera la información bancaria confidencial de estos clientes ha sido revelada de forma arbitraria y sin precaución. Una falta que en Estados Unidos o Europa habría sido gravemente penalizada por medio de leyes de protección de datos dotadas de mecanismos de investigación rigurosos y fuertes sanciones civiles y penales a los responsables. Sin embargo, la multa que se decidió aplicar al Banco de Chile equivale simplemente a 758 pesos por cliente afectado. Sin embargo, como denunció el diputado Felipe Harboe, de acuerdo al Artículo 19 de la Ley de Superintendencia de Bancos se podría haber llegado a aplicar multas hasta las 5.000 UTM (198.445.000 pesos). Más aún si el Banco de Chile, controlado por el grupo Luksic, ha acumulado este año ganancias récord, que le han permitido desplazar a su principal competidor, el Banco Santander. Sólo entre Enero y Mayo de 2012 el Banco de Chile acumuló ganancias por $194.380 millones.

¿Se comprueban las tesis Alberto Mayol?

En este contexto es posible deducir que si el estudio de PRC se aplicara en Chile los datos no deberían serían diferentes a los de España o de Italia. Se demuestran también las tesis del sociólogo Alberto Mayol[3], que ha sacudido al establishment chileno al sostener que el malestar subjetivo de la ciudadanía, hasta ahora vago y desestructurado, “está íntimamente relacionado con variables objetivas a las cuales se ha desatendido”. De acuerdo a Mayol “el modelo económico en Chile no es exitoso, ni eficiente. Sus propios promotores han medido la eficiencia no por su capacidad específica de producir lo que se busca, sino por la capacidad de ampliar mercados”. Por este motivo el “modelo económico chileno” ha entrado en una grave crisis de legitimidad ya que siendo muy eficiente en la relación consigo mismo, no lo es en relación con la sociedad. Lo que se traduce en una grave crisis de legitimidad de las instituciones, que hasta hace poco lograban transmitir que aunque el sistema era injusto, ellas funcionaban y corregían el modelo de acuerdo a las demandas sociales. Si las instituciones se desploman y pierden su credibilidad ¿Cual puede ser ahora el factor de cohesión y estabilidad en esta sociedad?. Como afirma Mayol: “el debate sobre la articulación de lo público y lo privado en Chile ya se abrió”. Pero nadie puede augurar cómo y cuando se zanjarán los argumentos.

 

[1] Pew Global Attitudes Project. “Pervasive Gloom About the World Economy. Faith in Hard Work, Capitalism Falter. But Emerging Markets Upbeat”. July 12, 2012. http://www.pewglobal.org/files/2012/07/Pew-Global-Attitudes-Project-Economic-Conditions-Report-FINAL-July-12-2012.pdf

[2]     Roberto Pizarro. “El perdonazo al retailer chileno Johnson’s: pájaro en mano…” América Economía, Junio 2012.

[3]             Alberto Mayol M. “El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo”, LOM Ediciones. 2012.