Ley Hinzpeter: ¿La nueva estrategia de la tensión?

Publicado en Le Monde diplomatique, septiembre de 2012

¿Que aconsejan los organismos de inteligencia a los gobiernos que enfrentan ciclos de conflictos sociales crónicos y movilizaciones masivas? En el pasado la respuesta no era muy sofisticada. Como alguna vez lo expresó el ex general Manuel Contreras, todo se basaba en “analizar y proceder”. Hoy, en cambio, las recomendaciones de este tipo de instituciones se ha sofisticado enormemente. Lo más probable es que orienten a las autoridades hacia la judicialización de la represión, evitando el costo político y comunicacional de  las estrategias directas y de viejo cuño.

La judicialización supone moldear progresivamente la legislación de modo que se alcancen dos objetivos: disuadir  a los ciudadanos a expresar públicamente su descontento, y en el caso en que lo hagan, anticiparse a sus posibles acciones reivindicativas, de modo que estén previamente tipificadas como faltas o delitos. De esa forma la ciudadanía se abstendría de acudir a manifestaciones por temor a ser sancionados solamente por el hecho de participar en ellas. Y si lo hacen, las autoridades podrían contar con instrumentos legales que le permitirían sancionar, bajo un manto de perfecta imparcialidad jurídica, a quienes rechacen en público sus políticas y orientaciones. La gran diferencia entre la forma tradicional de represión y la versión judicializada es que el nuevo modelo adquiere una mayor legitimidad social, política y jurídica, superando la imagen de brutalidad arbitraria y descontrolada con que se ejerce esta tarea. De esta forma un ministro del Interior podría argumentar que la policía se ha ceñido estrictamente a la aplicación de la ley, y que su acción no ha hecho más que sancionar delitos o faltas perfectamente delimitados en el marco de un Estado de derecho. Las acusaciones de parcialidad y abuso policial perderían su sentido.

El ejemplo perfecto de esta nueva orientación es el proyecto de “Ley de Resguardo del Orden Público”, llamado también “ley Hinzpeter”[1]. Este texto ha sido presentado por el ejecutivo como un medio detener el vandalismo, los saqueos y la violencia de los encapuchados en las marchas estudiantiles y movilizaciones sociales. Situaciones reales y preocupantes, que perfectamente pueden ser perseguidas policialmente y castigadas de acuerdo a la actual legislación. Pero la clave de la nueva ley radica en que se establece el delito de “desórdenes públicos” como una nueva figura legal, que sanciona conductas que actualmente no son objeto de sanción o que a lo más revisten el carácter de “falta” en la legislación. Entre otras situaciones se apunta a aquellas personas “que impidan o alteren la libre circulación de vehículos o personas”, las que podrían llegar a ser castigadas hasta con 3 años de cárcel. De esa manera  cualquier transtorno en el tránsito de una ciudad,  ocasionada por una marcha o manifestación, vendrá ahora a ser un delito. No importa el contexto o la proporción. Si no se ocupan arterias vehiculares y la manifestación transcurre en un parque o en una plaza igualmente se podría sancionar ya que se interrumpe el transito de las personas.

También adquiere un carácter delictual la toma de un colegio, aunque sea votada por sus estudiantes y se regule en acuerdo con la autoridades del establecimiento, ya que la ley Hinzpeter homologa este acto de protesta con un robo o con un saqueo. Un tercer aspecto preocupante es que no solamente sanciona a quienes cometen los “desórdenes”, sino que persigue de igual manera a los convocantes del acto en que se realizaron esos hechos. Incluso reprime a quienes participaron de estas convocatorias de forma indirecta, difundiendo su realización por medio de redes sociales o en publicaciones escritas. La libertad de expresión y asociación y el derecho de reunión quedan de esta forma subordinados a una noción esencialista del orden público, que permite al gobierno inhibir las voces críticas y a la vez aparecer limpiamente ante la opinión pública, como mero instrumento de la ley[2].  Y aunque el ejecutivo retiró la “suma urgencia” a este proyecto el pasado 13 de agosto, aún puede volver a proponer su discusión en el momento en que lo estime conveniente.

Los efectos de la estrategia de la tensión

Una legislación tan brutal no puede ser aceptada fácilmente por sin un contexto que permita construir el consentimiento de la sociedad civil en torno a ella. Por ello la segunda recomendación que los servicios de inteligencia sería recurrir a la llamada strategia della tensione.  Esta idea fue aplicada con éxito por los servicios secretos de los países de la OTAN,  especialmente en Italia, a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta en un contexto de alta confrontación laboral y huelgas industriales masivas. En síntesis consiste en resaltar comunicacionalmente los aspectos violentos de la conflictividad social de tal forma que se llegue a configurar un cuadro alarma pública entre la población, al punto en que se toleren medidas extremas, tendientes a establecer un estado policial.

En la Italia de los setenta, junto a un ciclo ascendente de movilizaciones, el escenario político incluía un acercamiento entre el Partido Comunista, liderado por Enrico Berlinguer y la Democracia Cristiana dirigida por Aldo Moro, bajo la idea de un compromesso storico que permitiera dar estabilidad económica al país y a la vez consolidar los avances del movimiento sindical. Pero este escenario rompía el paradigma fijado por la guerra fría, y por esa razón los servicios secretos occidentales, coordinados en el marco de la operación Gladio, diseñaron una intervención en múltiples niveles que buscó quebrar este proceso político. La strategia della tensione implicó actividades a baja escala, como crear falsos grupos radicalizados para descalificar a lideres parlamentarios, reventar con violentistas las manifestaciones sindicales y crear situaciones de descontrol y confusión en la policía. Pero también llegó a situaciones gravísimas, como la reconocida infiltración de las Brigadas Rojas, que finalmente asesinan en 1978 a Aldo Moro, hasta el montaje directo de atentados terroristas por parte de los mismos agentes del Estado, como ocurrió en la masacre de Bolonia en 1980. Luego de la experiencia italiana operaciones similares se aplicaron en varios otros países de Europa occidental.

Las formas y los mecanismos en los que se aplica la estrategia de la tensión han variado desde entonces, centrándose cada vez más en incrementar el impacto emocional en la audiencia, aprovechando los recursos de las nuevas tecnologías de la comunicación, que incrementan la capacidad performativa de los agentes del Estado.

Sin embargo, muchos gobiernos que hicieron uso de esta lógica en el pasado, han reconsiderado sus efectos. No siempre lo han hecho por haber fortalecido sus convicciones democráticas, sino porque han advertido que estas dinámicas tienen como efecto no deseado un progresivo desgaste de la credibilidad de las autoridades políticas, responsables de las instituciones antiterroristas. La existencia de la estrategia  de la tensión da espacio entre la población a todo tipo de teorías conspirativas y paranoicas, por lo que en  situaciones de verdadero riesgo nacional no se logra la confianza y colaboración de la ciudadanía. Además, la estrategia de la tensión exacerba la ideologización de las fuerzas de seguridad, nublando su capacidad de análisis y reduciendo su capacidad predictiva.

A este último aspecto apuntaron las recientes conclusiones de la comisión investigadora del doble atentado cometido en Oslo y en a isla de Utoya el 22 de julio de 2011. Este comité, designado por el parlamento Noruego y compuesto por 10 expertos independientes, señaló que el ataque pudo ser perfectamente evitado[3], sin embargo los servicios secretos nunca recabaron información sobre el autor de los crímenes, el ultraderechista Andres Breivik, ya que toda su atención se había centrado durante la última década en los grupos islamistas, mientras descartaron investigar, por prejuicios ideológicos, a la extrema derecha.

La crisis de credibilidad del ministro Hinzpeter

La gestión del actual ministro del interior Rodrigo Hinzpeter ha estado acompañada desde sus  inicios por continuas denuncias de montajes comunicacionales e intervencionismo en las investigaciones policiales y judiciales de casos ligados a movilizaciones y conflictos en espacios públicos. Estas acusaciones son muy variadas y poseen diverso grado de credibilidad, y en si mismas no constituyen pruebas concluyentes que involucren al gobierno. Algunas denuncias se refieren al manejo de la comunicación política, como la instalación de falsas manifestaciones de apoyo al gobierno o de rechazo a líderes sociales o estudiantiles. Pero muchas otras apuntan a hechos mucho más graves, que podrían poner en riesgo la autonomía de los poderes del Estado y la seguridad física y jurídica de las personas. A priori no se puede otorgar verosimilitud a todo el conjunto de imputaciones contra el ministro Hinzpeter que corren por vías informales, como las redes sociales o medios de comunicación. Pero a la vez el Ministerio del Interior debería reconocer que su actuación ha dado pié a que estas denuncias sean cada vez más creíbles.

Cabe destacar el bochornoso desenlace del llamado “caso bombas” (en el cual su cartera era parte querellante), luego que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declarara inocentes a los seis acusados. Pero la lista de sucesos podría ser mucho más larga, incluyendo los extraños incendios de buses en el centro de Santiago, el llamado “caso exonerados”, las violentas intervenciones en las comunidades mapuches, entre otras situaciones similares. Por lo tanto ya no resultaría irresponsable sostener que el actual gobierno ha desplegado su propia versión de la strategia della tensione, en vista a restringir libertades y derechos con el fin de acallar a sus opositores.

Ante estas imputaciones el ministro Hinzpeter respondió públicamente a inicios de junio, amenazando con ejercer acciones judiciales en contra de quienes le atribuyen estas prácticas ilícitas. Estando en su derecho al hacerlo, debería tener en cuenta que la credibilidad de un ministro del interior no constituye solamente el recurso intangible de un gobierno, sino que también es un bien público sin el cual la sociedad pierde cohesión y confianza, mientras se resquebraja la legitimidad y prestigio de las instituciones.

El debate en una sociedad democrática debe permitir las más diversas interpretaciones de los acontecimientos que la afectan. Pero la deliberación pública requiere como precondición la inteligibilidad, la verdad, la rectitud normativa y la veracidad de los discursos de los actores públicos. Como han alertado autores como Apel y Habermas estos elementos constituyen presupuestos pragmáticos, de carácter contrafáctico, sin los cuales es imposible sostener un debate basado en argumentos racionales. Sin esas condiciones de validez sólo tiene lugar en la política el uso del cálculo estratégico, el terror y la fuerza. Cabe al Ministro del Interior dar todas las garantías que permitan devolver la credibilidad a su actuación, o estaremos condenados a vivir una espiral de tensiones en la que no hay ganadores.

 

[1]Ver Boletín 7975-25 camara.cl

[2]Un análisis detallado de la “ley Hinzpeter”se puede consultar en la presentación de Sebastián Aylwin http://prezi.com/qs-oqs9vhp8n/resumen-explicativo-del-proyecto-de-ley-de-resguardo-del-orden-publico-ley-hinzpeter-en-el-marco-de-la-protesta-social/

[3]http://ng01.07.no/22julifiles/Complete_combined_English_version.pdf