Los nuevos pobres y el nuevo ecumenismo

No es posible entender al movimiento ecuménico sin comprender el mundo de los pobres. Y si alguna vez algunos pensaron que eso era posible, la historia se ha encargado de hacer inseparables las búsquedas de los creyentes y las aspiraciones de justicia y paz  de toda la humanidad. Se trata de un proceso indisoluble que obliga a analizar constantemente los  cambios en las sociedades y las culturas con el objetivo de estar presentes en el aquí y ahora de los pueblos.

Aún así es fácil que el movimiento ecuménico evada la realidad, ingresando en una inacabable discusión dogmática que termine funcionando como una elegante fuga mundi que tape las preguntas incómodas por su relevancia y su pertinencia respecto al entorno en el que se ubica. Siempre será más cómodo debatir interminablemente sobre las diferencias sacramentales entre nuestras iglesias que clarificar posturas respecto al origen de la desigualdad social y los efectos sociales de la crisis financiera internacional.

Pero la mayor tentación que puede hoy por hoy amenazar al ecumenismo es creer que las respuestas que tenían en el pasado seguirán siendo válidas en el futuro. Y en ningún punto este aspecto se torna más crítico que en relación a la comprensión del nuevo mundo de los pobres. ¿Porqué hablar de un “nuevo mundo”? Simplemente porque lo que tradicionalmente entendíamos bajo este concepto ha comenzado a desaparecer, para reaparecer de una nueva forma, mucho más violenta y provocadora.

En los años setenta el mundo de los pobres era el ámbito de los excluidos. Un enorme campo de seres humanos que había que incluir tanto en las políticas públicas como en el consumo. Por ese motivo se comenzó a pensar en los límites de la pobreza bajo el criterio de la línea de renta monetaria. Si una familia superaba cierta renta se suponía que ya estaba incluida en la clase media. Para lograr que estas personas incrementaran su renta se les incentivó a abandonar sus iniciativas económicas de subsistencia para acceder a puestos de trabajo precarios, de baja calidad, pero que funcionaban bajo la lógica del salario. Además se crearon subsidios sociales de diverso tipo que vinieron a complementar estos escuálidos ingresos.

Treinta años después vemos que esta política fue exitosa en los términos en los cuales fue definida: incrementar la renta de los excluidos. A pesar de la descarada intervención del gobierno chileno a los datos de la encuesta CASEN 2012, la verdad es que la pobreza medida bajo el criterio de la línea de renta ha disminuido considerablemente desde 1990 a la fecha. En América Latina ha ocurrido un proceso similar. Incluso en algunos países, como Brasil, las cifras son proporcionalmente más espectaculares. Pero también este proceso esta ocurriendo en África y en Asia. En todo el mundo los pobres, entendidos como aquellos que carecen de una renta monetaria mínima, están disminuyendo rápidamente.

El problema es que la medición de la pobreza bajo el criterio de la línea de renta oculta el empobrecimiento de la amplia mayoría de la población, bajo el criterio de los bienes de uso a los que puede acceder. Dicho de otra forma, en estas décadas los pobres han incrementado modestamente el dinero en su bolsillo, pero han perdido una inmensa cantidad de bienes y recursos no monetarios, a los que accedían en su calidad de ciudadanos o de miembros de una comunidad local.

Uno de los primeros que se dio cuenta de esto es el economista peruano Hernando de Soto, en los años ochenta. Para ello le bastó darse una vuelta por los alrededores de Lima y calcular el enorme valor inmobiliario de los terrenos en los que se asentaban cientos de miles de personas, en las inmensas poblaciones construidas mediante tomas de terreno que rodeaban a esa ciudad. Para estas gentes las viviendas y los terrenos que ocupaban no tenían valor monetario ya que al estar instaladas “ilegalmente” por lo que no podían ser vendidas ni arrendadas. Pero esas viviendas tenían un valor de uso enorme. Más aún si se considera que esa ocupación era un proceso colectivo, mediante el cual no sólo accedían a un techo, sino también a una amplia red de servicios mutuos y mecanismos de reciprocidad que les permitían sustentar una poderosa economía popular orientada a satisfacer directamente sus necesidades..

Para los técnócratas como De Soto esta economía “de las necesidades”, basada en los bienes de uso, no especulativos, orientados a la subsistencia y fundados en la autonomía de los sujetos, simplemente no existe. Por ello su propuesta fue simple: darle valor monetario a las viviendas de los pobres asignándoles derechos de propiedad individual. De esa forma a los pocos años se creo un verdadero mercado inmobiliario ligado a las barriadas populares de Lima. Por supuesto, algunos pudieron vender su terreno y con ello mudarse a barrios más consolidados y con servicios. Pero para la gran mayoría este proceso fue equivalente a lo que Marx llamo “acumulación primitiva”: un proceso en el que mediante la presión y el engaño los pobres son arrancados de sus tierras y comunidades y obligados a reinventarse bajo la anónima “esclavitud del salario”.

Este proceso se ha repetido en todo el mundo durante estas décadas: los campesinos chilotes obtenían con sus cosechas de papas un ingreso monetario bajísimo. Con la llegada de las salmoneras han más que triplicado su renta en pesos. Pero han perdido su tierra, se han tenido que mudar a una habitación en Casto o en Ancud, y se ha destruido la red económica y social que les permitía acceder a bienes materiales e inmateriales valiosísimos que hoy simplemente no existen. ¿Son hoy los campesinos chilotes más ricos? Según las estadísticas del gobierno, indudablemente que si. Pero en la realidad, si cuantificáramos de alguna forma los recursos económicos, sociales y culturales que han perdido, no sacaríamos las mismas cuentas.

Los mapuches tradicionalmente vivieron fuera de los circuitos económicos monetarizados. Pero no por ello vivían en pobreza. Su riqueza radicaba en bienes de uso que sólo existían en la forma de procomún, o dominio público, con carácter comunal. Obligados a migar a las ciudades hoy su renta en pesos es indudablemente mayor a los años en que estaban en el campo, pero su riqueza real, las necesidades integrales que pueden satisfacer son mucho menores.

Es difícil llegar a calcular la riqueza que los pobres de Santiago llegaron a acumular en los años sesenta y setenta. En ese período, en el que toda nuestra periferia se transformó en un inmenso campamento, el dinero no era abundante en los bolsillos de los pobladores. Pero los bienes de uso a los que accedieron fueron gigantescos: cientos de kilómetros cuadrados, puestos en uso bajo régimen de autogestión participativa por la fuerza de los hechos. A ello sumemos los servicios públicos estatales a los que lograron acceder, especialmente con la masificación de la educación pública y los servicios sanitarios. Treinta años después este capital social se ha desconstituido de dos formas. Las poblaciones, que eran patrimonio de una comunidad de pobladores, no son ahora más que la suma de viviendas individuales con escaso valor de mercado. Lugares de los que se quiere huir, porque no hay redes asociativas capaces de hacer posible la convivencia.

Por otra parte, mientas se ha incluido a los excluidos arrebatándoles sus bienes de uso, se ha excluido a los que antes estaban incluidos en razón de sus salarios. Es el continuo y sostenido empobrecimiento de los profesionales y pequeños actores económicos. El resultado: las fronteras entre los pobres y la clase media se han borrado. Hoy un profesor en una población es mucho más pobre que la mayoría de los padres de sus alumnos. Y lo mismo puede suceder en una variada gama de profesiones: periodistas, trabajadores sociales, incluso profesionales de la salud o de la administración. Y no les comparemos con la renta de los trabajadores de las industrias “ilegales”: drogas, tráfico de personas, prostitución, y otras ramas de ese floreciente mercado.

El filósofo italiano Mario Perniola ha propuesto una explicación inteligente a este ciclo: “Mi tesis se centra en un nuevo fenómeno: la ruptura de la alianza entre el capitalismo y la burguesía. La burguesía ya no le sirve al capitalismo que encuentra en la clase media un obstáculo a la expansión del patrón neoliberal. La clase media es demasiado costosa. En el siglo XIX el burgués era un acaudalado que vivía de una renta…Hoy en día el capitalismo ya no está dispuesto a pagar un sueldo “político” independiente” del mercado. Eso nos conduce a la formación de solo dos rangos sociales: una pequeña minoría de super ricos y una enorme masa de subocupados y miserables”[1]. En otros términos, llegó la hora de asumir que la consiga de los jóvenes de Ocuppy Wall Strett: We are the 99%‎, no es solo un slogan. Es una descripción de la realidad.

 Pero, si somos tantos y tan pocas cosas nos separan ¿No habrá llegado de alguna forma la hora de hacer realidad el sueño ecuménico de “ser uno”? ¿No habrá llegado la hora de volver a reclamar la riqueza que nos han arrebatado, y ponerla en común bajo régimen de usufructo?

[1]Entrevista a  Mario Perniola,en Unelibros, Otoño 2012. p 25.

Karadima: bajo el largo manto de Roma

Se ha cumplido un año desde que en octubre de 2011 la ministra en visita Jessica González, que investigaba al sacerdote Fernando Karadima, decretó el cierre del sumario al considerar que los antecedentes recabados eran “hasta ahora insuficientes” para continuar con el juicio. De esa forma concluyó judicialmente uno de los casos de abuso sexual que mayor impacto ha causado en el país. Sin duda, la evaluación general del proceso es positiva, ya que la sociedad chilena adquirió mayor conciencia de la gravedad de abusos de menores y ha obligado a las instituciones, empezando por la Iglesia Católica, a incrementar sus mecanismos de responsabilidad y transparencia. Pero pese a esta innegable contribución, quedó abierta la pregunta por los motivos que obligaron a la ministra González a cerrar su investigación criminal. Karadima recibió una condena eclesiástica y una fuerte sanción social. Pero no se logró dictar sentencia desde la justicia ordinaria.

Recordemos que el proceso criminal presentó una primera etapa a cargo del fiscal regional Xavier Armendáriz y el juez del crimen Luis Valdivieso, que fue cerrado de forma precipitada, sin tomar declaraciones a los denunciantes. Pero el 18 de febrero de 2011 la situación cambió radicalmente ya que el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzatti, informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe había concluido su proceso interno: “Sobre la base de las pruebas adquiridas, el Rvdo. Fernando Karadima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia, y en modo particular, del delito de abuso de menor en contra de más víctimas”[1]. Se trató de un bochorno mayor para la justicia chilena, acusada en ese momento de recibir presiones por parte de grandes empresarios cercanos a Karadima, como Eliodoro Matte[2].

En respuesta al escándalo se removió de la causa al juez Valdivieso y el 22 de marzo de 2011 se designó con dedicación exclusiva a la ministra en visita Jessica González. La magistrado tomó las declaraciones a los denunciantes e interrogó tanto a Karadima como a los sacerdotes más cercanos a su entorno, Juan Esteban Morales y Diego Ossa. En el contexto de esa investigación, a inicios de abril, allanó la oficina del abogado de Karadima, Juan Pablo Bulnes, y procedió a incautar el fallo canónico. Ante la presencia de nuevos antecedentes la magistrado solicitó a la Nunciatura Apostólica a totalidad del expediente del proceso canónico practicado contra Fernando Karadima. El interés de la ministra  radicaba en dos elementos puntuales: los antecedentes que la Iglesia de Santiago manejó desde el inicio de la investigación y los nuevos antecedentes que se enviaron al Vaticano y que llevaron a la sentencia de culpabilidad canónica de Karadima.

En respuesta a esta solicitud el Nuncio Giusseppe Pinto comunicó que los antecedentes que le solicitaban estaban en Roma, en poder de la Congregación Para la Doctrina de la Fe. Por ese motivo cerró la posibilidad de obtener en forma rápida el expediente y la magistrado se vio obligada a recurrir vía exhorto a la Santa Sede, procedimiento que exigía la aprobación previa de la Corte Suprema. Esta autorización se concedió el 14 de abril mediante un fallo unánime de los ministros de la segunda sala en que se señaló: “con el mérito de lo informado por la Sra. Fiscal Judicial Subrogante a fojas 46, dése curso al exhorto internacional y remítase al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que se proceda a su envío a la Santa Sede de la Iglesia Católica, situada en el Estado Cuidad del Vaticano”. El 21 de julio el Vaticano respondió negativamente al exhorto aprobado por la Corte Suprema por medio de líneas muy breves en las que argumentó que al igual que Chile es un Estado independiente, por lo que un asunto de esa naturaleza debería manejarse a nivel de relaciones de Estado a Estado. Si Roma hubiera decidido responder positivamente al exhorto de la ministra González, parece muy probable que información hubiera permitido a la ministra continuar la investigación. José Andrés Murillo, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, sostiene al respecto:

“Es complicado el tema, ya que lo más probable es que el expediente eclesiástico contenía nombres y situaciones de abuso sexual a menores de edad, por lo que se le condenó “canónicamente”. Lo complicado es que hay personas que confiaron que sus nombres no serían revelados y no querían pasar por el proceso judicial de la justicia chilena, aunque tampoco querían que los delitos quedaran impunes para la Iglesia.  Es probable que estas personas, obligadas a declarar ante la justicia penal chilena, se hubieran retractado.  Sin embargo, de lo contrario, si esas personas hubiesen insistido en su acusación y si además la acción penal no estaba prescrita, Karadima habría sido encarcelado”

El argumento del Vaticano para denegar el expediente eclesiástico radicó en su estátus de país independiente, por lo que un asunto de esa naturaleza debía manejarse a nivel de las relaciones de Estado a Estado. Por esa misma razón el Estado chileno podría haber continuado demandando el acceso a al expediente canónico, por vías diplomáticas. ¿Debería hacerlo en el futuro? Murillo nos comenta esta hipótesis:

“En lugar de poner la energía en eso, me parece que es necesario que el Estado se pregunte por qué las personas no confían en abrir sus experiencias de víctima ante sus instancias de justicia. Es necesario pensar en disminuir las instancias revictimizadores de la  administración de justicia. Claro que tal vez si se abren los archivos del Vaticano acerca de las acusaciones a sacerdotes y religiosas por abuso sexual, tal vez nos encontraríamos con grandes sorpresas. Pienso que los Estados podrían exigir la apertura de estos archivos, ya que una manera de prevenir posibles abuso sexuales infantiles sería identificando a aquellos que han sido acusados. Hay que pensar que la Iglesia ha tenido una política de no incentivar e incluso impedir que las víctimas acudan a la justicia ordinaria en casos de abuso sexual infantil. No es descabellado pensar que muchos que son considerados grandes sacerdotes o religiosas, escondan acusaciones por abuso sexual infantil”

La forma como se cerró la investigación judicial a Fernando Karadima podría sentar un grave precedente en futuros casos de abusos a menores que involucren al clero ya que de facto la investigación canónica tuvo preeminencia ante una investigación judicial. Situación que se debe analizar a la luz de otros hechos que complementan este cuadro. Por ejemplo que el 23 de mayo de 2011, luego de declarar ante la ministra González,  James Hamilton, uno de los denunciantes, afirmó haber recibido 20 correos electrónicos en los que se le presionaba desde la Iglesia para que “desistiera” de la acusación judicial contra el párroco de El Bosque, a cambio de “avances en la investigación canónica.

José Andrés Murillo, complementa esta observación, recordando que junto a las dificultades de acceder al proceso canónico, para quienes buscan esclarecer abusos sexuales contra menores todavía se deben vencer obstáculos ligados a la prescripción de estos delitos: “El caso Karadima fue un caso un poco de laboratorio. Lo que buscamos es que nadie pueda esconderse tras la prescripción para permanecer en la impunidad cuando se trata de delitos de abuso sexual infantil. Hay que saber que se trata del delito más vergonzoso, cobarde y con mayores consecuencias para la personalidad de la víctima. Por eso es tan importante que se investigue y se busque la justicia en estos casos. No puede ser que una investigación canónica tenga preeminencia, pero tampoco puede ser que los delitos queden impunes por un problema de prescripción. Lo que hay que hacer es modificar la legislación para que estos delitos tengan plazos de prescripción más amplios o que directamente no prescriban, como lo estamos pidiendo desde la Fundación para la Confianza y nuestra campaña: Si tocan a un niño, me tocan a mí[3]”.

La única novedad en este proceso es que el ex párroco de El Bosque, Juan Esteban Morales, está siendo investigado por el vicario judicial Jaime Ortíz de Lazcano luego de recibir varios testimonios que lo acusan de manipular la conciencia de sus feligreses. Una noticia positiva, que como ha comentado Murillo es parte de “un cambio de época radical respecto de la historia en la iglesia[4]“. ¿No sería tiempo de profundizar estos cambios y proponer, como lo han hecho recientemente el obispo emérito Pedro Casaldáliga y el profesor Juan José Tamayo[5], la supresión del Vaticano como Estado, y su recalificación como una organización internacional, sin los privilegios soberanos que hoy le protegen[6]? ¿Es legítimo mantener la ficción jurídica que ha permitido este singular “Estado sin nación”, al que se le sospecha de actuar como un “paraíso judicial” que ampara a clérigos acusados de gravísimos abusos?

 

 

 

[1] Declaración del Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati. 18/02/2011
[2]  Carlos Peña.  «Matte y Chahuán», El Mercurio, 03/ 04/ 2011.
[3] http://www.paralaconfianza.cl
[4] Radio Cooperativa. 30/08/2012
[5] El Periódico de Cataluña, 14 de agosto de 2012.
[6] Especialistas en derecho internacional sugieren homologar el estatus del Vaticano al del Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a  las iglesias protestantes y ortodoxas, y que mantiene una oficina de representación ante la ONU por su rol singular como “participante en el proceso de gobernanza mundial”, pero como actor de la sociedad civil.