Karadima: bajo el largo manto de Roma

Se ha cumplido un año desde que en octubre de 2011 la ministra en visita Jessica González, que investigaba al sacerdote Fernando Karadima, decretó el cierre del sumario al considerar que los antecedentes recabados eran “hasta ahora insuficientes» para continuar con el juicio. De esa forma concluyó judicialmente uno de los casos de abuso sexual que mayor impacto ha causado en el país. Sin duda, la evaluación general del proceso es positiva, ya que la sociedad chilena adquirió mayor conciencia de la gravedad de abusos de menores y ha obligado a las instituciones, empezando por la Iglesia Católica, a incrementar sus mecanismos de responsabilidad y transparencia. Pero pese a esta innegable contribución, quedó abierta la pregunta por los motivos que obligaron a la ministra González a cerrar su investigación criminal. Karadima recibió una condena eclesiástica y una fuerte sanción social. Pero no se logró dictar sentencia desde la justicia ordinaria.

Recordemos que el proceso criminal presentó una primera etapa a cargo del fiscal regional Xavier Armendáriz y el juez del crimen Luis Valdivieso, que fue cerrado de forma precipitada, sin tomar declaraciones a los denunciantes. Pero el 18 de febrero de 2011 la situación cambió radicalmente ya que el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzatti, informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe había concluido su proceso interno: “Sobre la base de las pruebas adquiridas, el Rvdo. Fernando Karadima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia, y en modo particular, del delito de abuso de menor en contra de más víctimas”[1]. Se trató de un bochorno mayor para la justicia chilena, acusada en ese momento de recibir presiones por parte de grandes empresarios cercanos a Karadima, como Eliodoro Matte[2].

En respuesta al escándalo se removió de la causa al juez Valdivieso y el 22 de marzo de 2011 se designó con dedicación exclusiva a la ministra en visita Jessica González. La magistrado tomó las declaraciones a los denunciantes e interrogó tanto a Karadima como a los sacerdotes más cercanos a su entorno, Juan Esteban Morales y Diego Ossa. En el contexto de esa investigación, a inicios de abril, allanó la oficina del abogado de Karadima, Juan Pablo Bulnes, y procedió a incautar el fallo canónico. Ante la presencia de nuevos antecedentes la magistrado solicitó a la Nunciatura Apostólica a totalidad del expediente del proceso canónico practicado contra Fernando Karadima. El interés de la ministra  radicaba en dos elementos puntuales: los antecedentes que la Iglesia de Santiago manejó desde el inicio de la investigación y los nuevos antecedentes que se enviaron al Vaticano y que llevaron a la sentencia de culpabilidad canónica de Karadima.

En respuesta a esta solicitud el Nuncio Giusseppe Pinto comunicó que los antecedentes que le solicitaban estaban en Roma, en poder de la Congregación Para la Doctrina de la Fe. Por ese motivo cerró la posibilidad de obtener en forma rápida el expediente y la magistrado se vio obligada a recurrir vía exhorto a la Santa Sede, procedimiento que exigía la aprobación previa de la Corte Suprema. Esta autorización se concedió el 14 de abril mediante un fallo unánime de los ministros de la segunda sala en que se señaló: “con el mérito de lo informado por la Sra. Fiscal Judicial Subrogante a fojas 46, dése curso al exhorto internacional y remítase al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que se proceda a su envío a la Santa Sede de la Iglesia Católica, situada en el Estado Cuidad del Vaticano». El 21 de julio el Vaticano respondió negativamente al exhorto aprobado por la Corte Suprema por medio de líneas muy breves en las que argumentó que al igual que Chile es un Estado independiente, por lo que un asunto de esa naturaleza debería manejarse a nivel de relaciones de Estado a Estado. Si Roma hubiera decidido responder positivamente al exhorto de la ministra González, parece muy probable que información hubiera permitido a la ministra continuar la investigación. José Andrés Murillo, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, sostiene al respecto:

“Es complicado el tema, ya que lo más probable es que el expediente eclesiástico contenía nombres y situaciones de abuso sexual a menores de edad, por lo que se le condenó «canónicamente». Lo complicado es que hay personas que confiaron que sus nombres no serían revelados y no querían pasar por el proceso judicial de la justicia chilena, aunque tampoco querían que los delitos quedaran impunes para la Iglesia.  Es probable que estas personas, obligadas a declarar ante la justicia penal chilena, se hubieran retractado.  Sin embargo, de lo contrario, si esas personas hubiesen insistido en su acusación y si además la acción penal no estaba prescrita, Karadima habría sido encarcelado”

El argumento del Vaticano para denegar el expediente eclesiástico radicó en su estátus de país independiente, por lo que un asunto de esa naturaleza debía manejarse a nivel de las relaciones de Estado a Estado. Por esa misma razón el Estado chileno podría haber continuado demandando el acceso a al expediente canónico, por vías diplomáticas. ¿Debería hacerlo en el futuro? Murillo nos comenta esta hipótesis:

“En lugar de poner la energía en eso, me parece que es necesario que el Estado se pregunte por qué las personas no confían en abrir sus experiencias de víctima ante sus instancias de justicia. Es necesario pensar en disminuir las instancias revictimizadores de la  administración de justicia. Claro que tal vez si se abren los archivos del Vaticano acerca de las acusaciones a sacerdotes y religiosas por abuso sexual, tal vez nos encontraríamos con grandes sorpresas. Pienso que los Estados podrían exigir la apertura de estos archivos, ya que una manera de prevenir posibles abuso sexuales infantiles sería identificando a aquellos que han sido acusados. Hay que pensar que la Iglesia ha tenido una política de no incentivar e incluso impedir que las víctimas acudan a la justicia ordinaria en casos de abuso sexual infantil. No es descabellado pensar que muchos que son considerados grandes sacerdotes o religiosas, escondan acusaciones por abuso sexual infantil”

La forma como se cerró la investigación judicial a Fernando Karadima podría sentar un grave precedente en futuros casos de abusos a menores que involucren al clero ya que de facto la investigación canónica tuvo preeminencia ante una investigación judicial. Situación que se debe analizar a la luz de otros hechos que complementan este cuadro. Por ejemplo que el 23 de mayo de 2011, luego de declarar ante la ministra González,  James Hamilton, uno de los denunciantes, afirmó haber recibido 20 correos electrónicos en los que se le presionaba desde la Iglesia para que «desistiera» de la acusación judicial contra el párroco de El Bosque, a cambio de “avances en la investigación canónica.

José Andrés Murillo, complementa esta observación, recordando que junto a las dificultades de acceder al proceso canónico, para quienes buscan esclarecer abusos sexuales contra menores todavía se deben vencer obstáculos ligados a la prescripción de estos delitos: “El caso Karadima fue un caso un poco de laboratorio. Lo que buscamos es que nadie pueda esconderse tras la prescripción para permanecer en la impunidad cuando se trata de delitos de abuso sexual infantil. Hay que saber que se trata del delito más vergonzoso, cobarde y con mayores consecuencias para la personalidad de la víctima. Por eso es tan importante que se investigue y se busque la justicia en estos casos. No puede ser que una investigación canónica tenga preeminencia, pero tampoco puede ser que los delitos queden impunes por un problema de prescripción. Lo que hay que hacer es modificar la legislación para que estos delitos tengan plazos de prescripción más amplios o que directamente no prescriban, como lo estamos pidiendo desde la Fundación para la Confianza y nuestra campaña: Si tocan a un niño, me tocan a mí[3]”.

La única novedad en este proceso es que el ex párroco de El Bosque, Juan Esteban Morales, está siendo investigado por el vicario judicial Jaime Ortíz de Lazcano luego de recibir varios testimonios que lo acusan de manipular la conciencia de sus feligreses. Una noticia positiva, que como ha comentado Murillo es parte de “un cambio de época radical respecto de la historia en la iglesia[4]«. ¿No sería tiempo de profundizar estos cambios y proponer, como lo han hecho recientemente el obispo emérito Pedro Casaldáliga y el profesor Juan José Tamayo[5], la supresión del Vaticano como Estado, y su recalificación como una organización internacional, sin los privilegios soberanos que hoy le protegen[6]? ¿Es legítimo mantener la ficción jurídica que ha permitido este singular “Estado sin nación”, al que se le sospecha de actuar como un “paraíso judicial” que ampara a clérigos acusados de gravísimos abusos?

 

 

 

[1] Declaración del Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati. 18/02/2011
[2]  Carlos Peña.  «Matte y Chahuán», El Mercurio, 03/ 04/ 2011.
[3] http://www.paralaconfianza.cl
[4] Radio Cooperativa. 30/08/2012
[5] El Periódico de Cataluña, 14 de agosto de 2012.
[6] Especialistas en derecho internacional sugieren homologar el estatus del Vaticano al del Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a  las iglesias protestantes y ortodoxas, y que mantiene una oficina de representación ante la ONU por su rol singular como “participante en el proceso de gobernanza mundial”, pero como actor de la sociedad civil.

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