La derecha después de la gran crisis

Han transcurrido más de cuatro años desde que se inició la actual crisis financiera internacional, con la quiebra del gigantesco banco de inversiones Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Desde ese día, la historia económica del mundo se ha acelerado, y en ese envión han ido cayendo las certezas acumuladas por medio siglo de relativa estabilidad internacional. Entre las convicciones que se evaporaron está la idea del progreso continuo y constante. Todos los nacidos después de la segunda guerra mundial habíamos bebido de la idea, simple y alegre, que sostiene que viviremos mejor que nuestros padres. Pero ocurre que esa verdad era sólo una hipótesis, y las evidencias empiezan a mostrar que podría estar errada, y que en muchos aspectos viviremos peor. Tendremos más ciencia y tecnología, pero en otros aspectos no gozaremos de una mejor calidad de vida. Nuestros empleos serán más precarios y por ello, nuestras jubilaciones serán más escuálidas. Deberemos pagar más por la salud y la educación de nuestros hijos. Los derechos sociales y las conquistas democráticas alcanzadas se desvanecen en el aire.

Por eso, hasta en los países con democracias “avanzadas” se empieza a hablar de la dictadura de los mercados, no como una metáfora o una hipótesis radical, sino como una evidencia cotidiana en la medida en que los gobiernos parecen resignados a obedecer los mandatos de un nuevo poder, ubicuo y difuso, que todo lo sabe y que todo lo controla. El filósofo italiano Mario Perniola ha propuesto una explicación inteligente a este cambio de ciclo: “Mi tesis se centra en un nuevo fenómeno: la ruptura de la alianza entre el capitalismo y la burguesía. La burguesía ya no le sirve al capitalismo, que encuentra en la clase media un obstáculo a la expansión del patrón neoliberal. La clase media es demasiado costosa. En el siglo XIX el burgués era un acaudalado que vivía de una renta. Hoy el capitalismo ya no está dispuesto a pagar un sueldo ‘político’ independiente del mercado. Eso nos conduce a la formación de solo dos rangos sociales: una pequeña minoría de super ricos y una enorme masa de subocupados y miserables”(1).

Por esta ruptura el capitalismo neoliberal ya no necesita imponerse ideológicamente. Más aun si sus fundamentos teóricos, lo que le hacía “razonable” ante las clases medias, han quedado refutados por el curso mismo de los acontecimientos. El rey mercado, autorregulado y autosuficiente, quedó desnudo en la medida en que los Estados tuvieron que salir a cubrir sus vergüenzas con el dinero de los contribuyentes. El gurú del neoliberalismo, Alan Greenspan, lo tuvo que reconocer en 2008 durante una comparecencia ante el Congreso norteamericano que examinó sus responsabilidades como presidente de la Reserva Federal(2).

Lo que Greenspan tuvo que reconocer no es baladí. Todo su andamiaje conceptual se basaba en un dogma, aparentemente irrefutable, que en esa comparecencia sintetizó al decir: “El interés propio de las organizaciones, específicamente los bancos, era tal que los hacía capaces de proteger mejor a sus propios accionistas y el patrimonio de las empresas”. Esa idea tiene una larga tradición, que entronca con Adam Smith cuando decía: “No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”. Pero en la realidad los bancos de inversión, abandonados a buscar su propio lucro, no sólo se autodestruyeron, sino que arrastraron los intereses generales de toda la sociedad a un horizonte futuro de pobreza y precariedad insospechado. Por lo tanto, no basta con dejar al carnicero, al cervecero y al panadero buscar desreguladamente sus propios intereses, porque pueden terminar acribillándose y dejándonos a todos sin carne, sin cerveza y sin pan. Por algo Adam Smith complementaba su idea de la “mano invisible” con una sólida teoría de los sentimientos morales, que sus seguidores se encargaron de poner en el olvido.

La mayor bancarrota en esta crisis no ha sido la de los bancos. Ha sido la ruina de la ideología del mercado autorregulado. Pero una cosa es que se haya muerto el fundamento legitimador del actual modo de producción y otra cosa es que se haya terminado. Dicho de otra manera, la ideología neoliberal ha sucumbido, aunque el neoliberalismo en sí goza de abundante vida y salud política. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Porque el capitalismo neoliberal no se ha impuesto en el mundo por la lucidez de sus argumentos lógicos, la consistencia de sus ecuaciones o la coherencia de sus principios políticos. Lo ha hecho porque ha tenido la fuerza coercitiva para ejercer su dominio.

La refutación matemática del neoliberalismo ya se había hecho en 1956, con la “Teoría del segundo óptimo” formulada por Richard Lipsey y Kelvin Lancaster, que destruyó con números los mitos de la competencia perfecta, el mercado eficiente, las expectativas racionales y el orden espontáneo, frutos de la “fatal arrogancia” de Friederich von Hayek y su escuela. Lo que ahora ha ocurrido es una nueva refutación, pero en la dura realidad. Por eso hemos entrado en una etapa histórica en la que las fuentes de legitimación social y cultural del capitalismo neoliberal se han debilitado. Y por lo tanto su capacidad de dominar por la vía del consenso, activo o pasivo, se han reducido gravemente. Lo que por una parte abre grandes ventanas de oportunidad a la multitud subalterna y plebeya que antagoniza per se con el poder del capital. Pero a la vez el agotamiento ideológico del neoliberalismo augura un escenario de mayor violencia y despotismo de parte de la dictadura de los mercados. Cuando el soft power ideológico se agota se abre la puerta al hard power represivo. Por eso estamos viendo una arremetida impúdica que busca criminalizar la protesta social, debilitar las garantías judiciales, minimizar los derechos humanos y rebajar los estándares democráticos. Y esto no ocurre sólo en Chile o en otros países periféricos, sino en países centrales de larga tradición institucional y con amplias clases medias en proceso de rápida pauperización.

Durante los años de bonanza nos vendieron una novela rosa que hablaba de las virtudes del autointerés racional, de modo que si cada uno buscaba egoístamente su propio bien se realizaría por arte de magia el bien común(3). Pero era evidente que este cuento de hadas no cuajaba en el mundo de la vida. Incluso los intelectuales de la derecha intelectualmente más rigurosa, como James Buchanan, nunca aceptaron estos cantos de sirena y trabajaron sobre la base de las enseñanzas del viejo ogro Thomas Hobbes, que advertían que sin un Leviatán poderoso, un Estado que se precie, la condición humana lleva necesariamente a la guerra perpetua de todos contra todos. Por eso, en esta nueva etapa, la derecha “libertaria”, que ha abundado desde los años de gloria de Milton Friedman, será reemplazada por una nueva derecha más autoritaria y dirigista de la economía, estatalista a su manera, proteccionista, corporativista, represiva, nacionalista, en definitiva, más “hobbsiana”.

Este giro ya se puede ver en Europa. Junto al alza electoral de neonazis y partidos de ultraderecha, la derecha tradicional o moderada está virando muy rápidamente en esa misma orientación. Ha reconocido que la deslocalización de su tejido industrial hacia China y otras economías emergentes fue suicida y ahora desea reindustrializarse, pero a costa de retomar los discursos nacionalistas, xenófobos y racistas. Se tiende a abandonar la idea del diálogo social y se procede por imposición unilateral de las políticas, sin reconocer a los sindicatos, ONGs y otras instancias que permitieron modular la tensión social en las últimas décadas. De celebrar la globalización como un tiempo lleno de oportunidades, se ha pasado a un discurso catastrofista, lleno de amenazas, que exige sacrificio y austeridad bajo la excusa de la competitividad internacional. Los grandes grupos empresariales, aterrados, contemplan el mercado global como a un Frankenstein que se les ha escapado de las manos y reclaman a los gobiernos que les brinden mayor protección, subsidios, amparo jurídico, y les garanticen un mercado nacional libre de competidores.

Este cambio podría llevar a pensar que basta con recuperar las ideas del desarrollismo y la planificación estatal. Pero no hay que olvidar que el nuevo Leviatán no es el Estado nacional, sino una trama de poderes financieros, muy restringida, que usa a los Estados como gendarmes de sus conveniencias. Por ello no basta exigir más y mejor Estado. Es necesario atacar al corazón de la bestia, y oponer a la idea del libre mercado la demanda por un mercado liberado, que permita democratizar la economía sobre la base de destruir los monopolios, las concentraciones de poder y las instituciones que crean escasez artificialmente para garantizar sus utilidades. Se trata de una agenda anticorporativista a la que la Izquierda no ha prestado demasiada atención, focalizándose en la defensa de la esfera de lo público-estatal. Pero ante la magnitud de la crisis, no basta. El futuro pasa por una economía social, de alta productividad, a pequeña escala, sobre una base del conocimiento técnico, la innovación y la colaboración entre pares. A la derecha neohobbsiana y su nuevo Leviatán sólo cabe oponer un programa radicalmente democratizador.

 

(1) Unelibros, otoño 2012, p 25.

(2) Comparecencia ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso de EE.UU. el 23 de octubre de 2008. http://www.youtube.com/watch?v=R5lZPWNFizQ&feature=related

(3) Por ejemplo, Robert Nozik en Anarquía, Estado y utopía .

 

Participación ciudadana: del slogan a la realidad

¿Vivimos en democracia? Cuando hacemos esta pregunta las respuestas no suelen ser concluyentes. La mayoría prefiere matizar diciendo “si, pero…”, “no, aunque..”, más o menos…”. Esta situación no ocurre solamente en Chile. Por ejemplo, en España el movimiento 15M ha llenado las plazas al grito de “lo llaman democracia y no lo es”. Una consigna que ha coincidido con la percepción mayoritaria de los españoles, tal como lo han refrendado todos los estudios de opinión[1]. ¿Entonces, si no vivimos “estrictamente” en democracia, bajo que régimen vivimos?  Tres siglos antes de Cristo Aristóteles ya describió nuestra realidad actual proponiendo un “régimen mixto”, una república que mezcle la oligarquía y la democracia en su “justo medio”. Es muy clarificador leer directamente lo planteaba:

“Una república bien mezclada -dice Aristóteles- debe parecer ser a la vez ambos regímenes  [democracia y oligarquía] y ninguno; y conservarse por sí misma y no por el exterior, y por sí misma no porque sean mayoría los que quieren ese régimen (pues esa condición podría darse en un régimen malo) sino por no querer otro régimen ninguna de las partes de la ciudad en absoluto[2]

Poco importa como lo llamemos. Lo intersante es que el “régimen mixto”, que tanto le gustaba a Aristóteles, no se sostiene por la adhesión directa de la mayoría, sino por la ausencia de una alternativa en el horizonte vital de la ciudadanía. Por lo tanto la posibilidad de “democratizar la democracia” pasa por hacer deseable y viable a los ojos de la generalidad del país, un régimen menos oligárquico y altamente participativo. ¿Pero cómo?

En las recientes elecciones municipales las propuestas de mayor participación ciudadana adquirieron mayor relevancia que en comicios anteriores. De hecho ese fue el leitmotiv de la extraordinaria campaña de Josefa Errázuriz, quién ganó sorpresivamente la alcaldía de Providencia sobre la base de representar esta demanda. Sería una buena noticia poder constatar en los años que vienen que se ha incrementado la voluntad política de los municipios a la hora de generar mecanismos tempranos, efectivos, y ojalá, vinculantes en materia de participación y deliberación social. Como muestran todos los estudios la voluntad política de las autoridades representativas es el ingrediente irreemplazable en cualquier política pública que busque promover la participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, los mismos estudios también advierten que la sola voluntad política no basta. Las mejores intenciones en esta materia pueden naufragar si no se sabe integrar los intereses plurales de la población con las posibilidades y capacidades de las instituciones.

Por ese motivo adquiere una importancia estratégica monitorear la forma como se implementará la nueva ley nº 20.500 sobre “Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”. Publicada en el Diario Oficial del 16 de febrero de 2011, esta ley recogió una larga y diícil tramitación en la que intervinieron activamente ONGs, asociaciones vecinales, movimientos sociales y agrupaciones culturales de todo el país. Durante los más de diez años que supuso su discusión quedó en evidencia que los recelos y el temor a la participación no son un monopolio de la derecha política. También en la Concertación, incluso en sectores ubicados claramente en el ala izquierda de esta coalición, se pudo observar una alergia evidente a toda propuesta que suponga abrir espacios a  la deliberación pública. Bajo los argumentos de la eficacia y la necesidad de respuestas ejecutivas, o amparados en que el mandato de las urnas da a las autoridades representativas una carta blanca para gestionar sus instituciones como si fueran dueños de ellas, una parte de la Concertación se coaligó con la derecha en el afán de cercenar y deslucir los alcances originales de esta ley y lograron vaciar algunos de los aspectos más incisivos del proyecto.

A la vez, el reglamento dictado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) en forma posterior a la promulgación de la ley, ha sido cuestionado por muchas organizaciones por no garantizar la obligatoriedad de los municipios de realizar plebiscitos convocados por iniciativa popular, disminuir las atribuciones de los consejos de la sociedad civil a nivel municipal, no ofrecer garantías de transparencia en la elección de los miembros de estas instancias, no delimitar los recursos económicos para este organismo dentro de los presupuestos municipales y excluir en su primera constitución a las Organizaciones No Gubernamentales.

Pero a pesar de todos estos límites la nueva ley podría ser un valioso instrumento en manos de actores políticos que logren captar que en una sociedad plural “sólo pueden pretender validez las normas que encuentran (o podrían encontrar) aceptación por parte de todos los afectados, como participantes en un discurso práctico[3]”.  No hace falta ser un demócrata a “carta cabal” para entender esto. Basta reconocer que sin participación social hoy es difícil alcanzar legitimidad, credibilidad y eficiencia en materia de políticas públicas. La ley obliga a los municipios a constituir los Consejo de la Sociedad Civil, implementar  Audiencias Públicas y da espacio para convocar  Plebiscitos y las Consultas Ciudadanas. También impulsa el desarrollo de Defensorías Comunales, Mesas Territoriales, Cabildos Vecinales y Presupuestos Participativos.

Sin embargo, las estadísticas muestran que todavía son una minoría los alcaldes que se han percatado de las posibilidades que abre esta la legislación. La organización “Ciudad Viva” acaba de hacer público un estudio[4] que ha revelado que hasta el momento sólo 3 municipios han implementado la Ley de Participación Ciudadana de manera efectiva: Maipú, La Pintana y Peñalolén  Y por el otro lado, 70 municipios no han cumplido ni siquiera con los requisitos mínimos de la ley, por ejemplo, constituir el Consejo de la Sociedad Civil y actualizar su ordenanza de participación municipal. Entre esos municipios se cuentan Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura y Lo Barnechea. Tomás Marín, director ejecutivo de Ciudad Viva ha observado al respecto: “Llama la atención que los cuatro municipios más ricos del país tengan una precaria implementación de la ley, lo que revela que la voluntad política es tanto o más importante que los recursos que tiene cada municipio para funcionar”.

Otras comunas que aparecen en los puestos inferiores del listado son comunas con una tradición asociativa poderosa, como Cerro Navia, La Florida, San Bernardo y Quinta Normal. Sin embargo sus municipalidades no parecen dar cuenta del capital social presente en sus territorios.

Danae Mlynarz, coautora del estudio, sostiene:  “Sin estos mecanismos, la participación es desigual porque quienes son amigos del Alcalde o tienen mayores recursos económicos, tienen muchas más posibilidades de influir en las decisiones municipales, que las comunidades de base[5]” Para Tomás Marín la precaria implementación de la ley de participación es otro factor que explica el alto abstecionismo electoral en las últimas elecciones: “ Nos parece evidente que existe una relación entre la precaria implementación de la Ley de Participación Ciudadana y la alta abstención electoral. Porque si los vecinos no participan día a día en la gestión pública del municipio, no se van a sentir convocados a participar en una elección que ocurre cada cuatro años”

Ante la desidia y inoperancia municipal a la hora de implementarlos contenido de esta ley una coalición de organizaciones sociales y ONGs ha presentado una solicitud a la Contraloría General de la República, para que fiscalice su cumplimiento. Esta coalición, compuesta por Ciudad Viva, Asesoría Ciudadana, Fundación Ciudadano Inteligente, la Red de Territorios Ciudadanos, Fundación Casa de la Paz, Corporación Participa, Fundación Pro Acceso, Fundación Pro Bono y la Asociación Chilena de ONGs Accion A.G. anunció además el lanzamiento de un sistema de monitoreo ciudadano llamado “Santiago Como Vamos” que permitirá medir de forma focalizada y continua distintos indicadores de participación ciudadana y calidad de vida en las comunas del Área Metropolitana.

La participación efectiva en los asuntos de interés público no se agota en las posibilidades que pueda contemplar la legislación específica. Las movilizaciones sociales constituyen la expresión más clara y directa de un derecho que antecede a las instancias formales que pueda ofrecer la ley de manera complementaria e enriquecedora. Por ello alarma que la primera decisión del nuevo ministro del interior Andrés Chadwick haya sido reponer el carácter de “suma urgencia” a la llamada “ley Hinzpeter”, que busca criminalizar a las organizaciones que convocan a la ciudadanía a expresarse de forma pública por temas de su directa incumbencia. Si esta ley se aprueba se produciría una situación asfixiante, ya que la legislación específica sobre participación ciudadana ni se implementa adecuadamente ni se fiscaliza con rigor, y a la vez el derecho a protestar estaría gravemente restringido. Con las calles bloquedas y las instituciones cerradas hasta el “regimen mixto” de Aristóteles nos va a parecer más democrático y participativo.

[1] Metroscopía.  El tercer problema de España.. El País, 21 de febrero de 2012.

[2] Aristóteles, Política. VI (IV) 9, 1294 b 34-40.

[3] HABERMAS, Jürgen. (1991) Escritos sobre moralidad y eticidad. Paidós. Barcelona. p. 101.

[4] MARÍN, Tomás y MLYNARZ, Danae. Monitoreo a la normativa de participación ciudadana y transparencia municipal 2012. Disponible en http://www.ciudadviva.cl

[5] “Ciudadanos piden fiscalizar cumplimiento de ley de participación”. En http://www.santiagocomovamos.cl