El déficit moral del gobierno de Piñera

De tumbo en tumbo el gobierno de Piñera se ha visto impelido a realizar algún tipo de autocrítica, pero siempre acotada al ámbito comunicacional. Por supuesto en ese campo todo se reduce a una dificultad para dar a entender una política y una gestión que se siguen afirmando como correctas. Sin embargo, la realidad no ha permitido disfrazar como problemas de imagen el grave déficit de gestión y de conducción política que ha abrumado al actual gobierno. Los movimientos sociales han desnudado estas carencias, mostrando sus improvisaciones, sus descoordinaciones, la falta de horizonte y la incoherencia de la peor administración que ha vivido Chile desde el fin de la dictadura.

Pero afirmar que las carencias del actual régimen se acotan al ámbito de la gestión y de la política también reduce el problema. Porque su principal insuficiencia radica en un déficit moral. Una aporía en el ámbito de la ética pública que da coherencia a la acción gubernamental. Una deficiencia matriz, que le ha llevado a caer cíclicamente en dilemas irresoluble s que han terminado por costar la cabeza a ministros y altos funcionarios, junto con envolver a los partidos oficialistas en una confusión descomunal. El último caso que ilustra esta situación es la renuncia, tardía y bochornosa, del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Pero si revisáramos la larga lista de dimisiones que han jalonado el itinerario del actual Ejecutivo, nos encontraríamos con situaciones recurrentes muy similares.

Nuestro país ha abandonado en las últimas décadas un contexto moralmente monológico, anclado en las valoraciones religiosas tradicionales, para convertirse plenamente en un país éticamente pluralista. Hoy cada cual, desde sus propias convicciones y preferencias, puede adherir a diferentes “doctrinas comprehensivas del bien”, de inspiración católica, evangélica, laica, o fundadas en la propia subjetividad y comprensión de la realidad. Pero esta pluralidad moral no se puede traducir a nivel político en una incapacidad para formular juicios morales compartidos. Cada cual puede aspirar, en su fuero íntimo, a la mejor y más atractiva comprensión de la vida buena y feliz que prefiera. El problema es que en ese ámbito nunca llegaremos a acuerdos sustantivos y vinculantes. Como sociedad no podemos aspirar a compartir una sola visión de “lo bueno”, pero podemos participar de ciertos criterios procedimentales de justicia que nos permitan convivir sin renunciar a nuestras aspiraciones éticas de largo aliento.

En este ámbito radica la incapacidad moral del actual gobierno. Su déficit moral arraiga en una grave incompetencia a la hora de delimitar sus criterios éticos particulares sin invadir la esfera plural de la sociedad que gobierna. Y, por otra parte, en su ceguera para reconocer límites procedimentales que garanticen la prioridad de “lo justo” como criterio nuclear en la administración. A este gobierno no le falta entusiasmo para proclamar sus “verdades” morales como si fueran afirmaciones naturales, compartidas sin mayor problema por toda la ciudadanía. Pero cada vez que el gobierno debe garantizar criterios de ecuanimidad, equidistancia, ponderación, neutralidad y justicia en la administración de su poder, no logra estar a la altura del desafío. La reiterada incapacidad de zanjar los conflictos de intereses del presidente, ministros y altos cargos es sólo la muestra más palpable de esta contradicción.

Es muy probable que la mayoría de los funcionarios del actual gobierno no consideren moralmente reprochable tener intereses pecuniarios en las áreas en las cuales tienen competencia decisional. El argumento del ex ministro Ribera es tan claro como aberrante: “Vamos a la hospedería del Hogar de Cristo a buscar hombres públicos que no tienen nada en el mundo”. Se trata de una opinión legítima, en tanto preferencia privada. Pero la pregunta a la que debe responder un ministro es mucho más exigente: dice relación con dar garantías meridianas de que sus intereses o convicciones particulares no se convertirán en el fundamento exclusivo de la convivencia social.

El actual gobierno tiende a transformar la pluralidad moral de nuestra sociedad en una excusa política. Como no podemos ponernos de acuerdo en asuntos éticos, la conclusión a la que nos llevan Piñera, Ribera, Carlos Larraín y otros dirigentes, es que quienes gobiernan tienen derecho a imponer sus prioridades y valores. Pero lo que olvidan es que ya hace mucho tiempo las sociedades democráticas han encontrado formas de fundamentar una ética pública que permita priorizar la justicia como fundamento racional de convivencia sin la necesidad de imponer las visiones particulares de los gobernantes.

Esa es la gran virtud de la ética kantiana, cuando desafía a los hombres públicos a someterse a la primera formulación del imperativo categórico: “Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal”. En otros términos, ¿podrían el ex ministro Ribera, o el presidente Piñera, aceptar universalmente, de manera sistemática y consecuente, que los gobernantes y altos funcionarios públicos decidan en áreas en las cuales tienen directos intereses privados? ¿Estarían dispuestos a aceptar esta situación en caso de afectar a sus propios intereses? ¿Tolerarían esta situación si fuesen opositores al gobierno? Si respondieran afirmativamente a estas preguntas, seguramente duraríamos de su sinceridad o de su racionalidad.

Demandar que los gobernantes sometan sus decisiones a la crítica del “imperativo categórico” no nos exige pensar en ellos como ángeles ni líderes que anteponen los intereses ciudadanos a los propios, ni siquiera supone buena intención. Porque el valor de la ética cívica radica en su fría racionalidad. No se necesita ser virtuoso para asumirla, simplemente basta tener capacidad de cálculo de largo plazo y evitar el cortoplacismo, la ambición desmedida y la inmediatez desordenada. Porque al final, los costos políticos que Piñera y sus acólitos han debido pagar por su incontenible avaricia y desmesura han sido mucho mayores que los beneficios privados que probablemente han obtenido al calor de su episódica estadía en la administración del Estado.

Mientras tanto, la ciudadanía es la que sufre los efectos inmediatos del déficit moral del gobierno. En una sociedad marcada por desigualdades abisales, la exigencia básica que podemos formular al Estado es que actúe con meridiana equidad e imparcialidad. No es un reclamo maximalista, ni siquiera progresista. Se trata simplemente del “minimum minimorum” que nos merecemos por ser chilenos. Pero el problema es que los conflictos de intereses del presidente, sus ministros y sus altos funcionarios se han convertido en una enfermedad crónica, que ha logrado corroer todos los niveles de la administración a un punto en que amenaza su legitimidad y credibilidad básica. A estas alturas, el estropicio es tan grave que ni siquiera la llegada de un nuevo gobierno podría resolverlo. Sólo a modo de ejemplo: ¿Cómo devolver la credibilidad al sistema de educación superior luego que la Comisión Nacional de Acreditación se demostró como un ente corrupto hasta sus entrañas? ¿Cómo volver a confiar en la capacidad fiscalizadora del Estado luego que el sistema de superintendencias se ha demostrado tan ineficiente e ineficaz ante los escándalos y desmadres que venimos soportando en materia ambiental, laboral, financiera y comercial? Ya no es suficiente con un cambio de rostros. Es hora de un cambio de mentes.

Hacia la I Cumbre CELAC-UE. EUROPA Y AMÉRICA LATINA, ENTRE SONRISAS Y PUÑALES

Publicado en Le Monde diplomatique, enero de 2013.

Santiago de Chile se prepara para acoger la I Cumbre CELAC-UE durante los días  27 y 28 de enero de 2013. Se trata de la séptima versión de la cumbre Cumbre Unión Europea- América Latina y el Caribe, que desde 1999 ha venido reuniendo cada dos años a los mandatarios de ambos continentes. Sin embargo, el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en febrero de 2010, no sólo a supuesto un cambio en la denominación de la cumbre, sino que ha mostrado que la dinámica misma de este encuentro ha tomado un nuevo cariz, que es posible de constatar si se realiza una evaluación retrospectiva del proceso seguido en los últimos doce años.

Cuando en mayo de 1999 se constituyó en Río de Janeiro la primera cumbre UE-América Latina la iniciativa había partido desde la Comisión Europea que buscaba por medio de la llamada “diplomacia de cumbres” agilizar la agenda externa de la Unión. El objetivo declarado: alcanzar una asociación estratégica bi-regional basada en tres pilares: diálogo político, cooperación y liberalización comercial. El objetivo implícito, pero verdadero motor del proceso: implementar una “Zona Euro Latinoamericana de Libre Comercio”, como contra-oferta europea a la Zona de Libre comercio de las Américas (ALCA) ofrecida por Estados Unidos.

La “diplomacia de cumbres”, nacida en los años noventa, se basaba en una idea muy simple: los mecanismos diplomáticos institucionales, basados en la interacción bilateral de embajadores y representantes de alto nivel carece del dinamismo y celeridad que la realidad del siglo XXI demanda. Para ello era necesario que los propios jefes de Estado y de gobierno “busquen caminos expeditos para mejorar las relaciones de sus respectivos países, a través de un mecanismo del más alto nivel de diálogo político… bien de manera directa o a través de encuentros sistematizados”[1]. De esta forma las cumbres presidenciales buscarían reducir los tiempos de deliberación colectiva de los Estados por medio de “un mecanismo de consulta abierto que tiene, como aparente contradicción, la de ser un mecanismo multilateral que favorece la bilateralidad”[2].

Un balance general muestra que la UE no logró imponer a América Latina su “Zona Euro Latinoamericana de Libre Comercio” pero bilateralmente consiguió “acuerdos de asociación” con México (1997) Chile (2002) y ahora en 2012 con Centroamérica, Perú y Colombia. En 1999 nada hacía prever que América Latina se iba a resistir con tanta fuerza  a la propuesta comercial Europea. En ese momento la fiebre por firmar tratados de libre comercio enceguecía a los gobernantes latinoamericanos, que competían por acumular el mayor número de acuerdos.  Y a la vez la UE trataba de ser selectiva en sus pactos, tratando de moldear con exquisita precisión los acuerdos de asociación desde sus propias prioridades. Pero con los años los papeles se fueron invirtiendo y la desesperación latinomericana por firmar, casi a ciegas, lo que la UE pusiera por delante se fue calmando y a la vez la  paciencia europea se fue desvaneciendo.

El primer acuerdo que naufragó fue con el MERCOSUR, que demandó una relación comercial basada en la reciprocidad que la UE no tuvo voluntad de satisfacer. De esa forma, luego de una latencia de las negociaciones entre 2002 y 2007, a partir de 2008 no se ha vuelto a hablar de una acuerdo de asociación MERCOSUR-UE y las negociaciones entre ambos bloques se han reducido a la implementación de un “Acuerdo marco interregional de cooperación” y la llamada “asociación estratégica” con Brasil, un intento europeo de granjearse a la potencia emergente pero que sin embargo no logró arrancar de Brasilia las reducciones arancelarias que Bruselas anhelaba.

En la negociación del acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) Bolivia y Ecuador comenzaron a reflexionar sobre los costos ocultos de la liberalización comercial y demandaron al bloque andino mayor firmeza en las negociaciones con Europa. Contrariada por el difícil curso de las conversaciones la UE terminó forzando una ruptura de facto de la CAN que llevó al actual acuerdo de asociación bilateral con Perú y Colombia. En Centroamérica se vivió una situación parecida, que casi lleva a la a implosión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Finalmente se ha arribado a un acuerdo de asociación muy pobre en el que América Central obtuvo exiguas cuotas de acceso en productos agrícolas tales como azúcar, textiles, carne, arroz y mínimas concesiones arancelarias en banano, ron, café, entre otros productos. Cuotas que a su vez estarán bajo permanente amenaza por la introducción en el acuerdo de medidas de salvaguardia que permitirían a la Comisión Europea suspender temporalmente los aranceles preferenciales durante un período máximo de tres meses en caso de que las importaciones centroamericanas alcancen un determinado volumen. Lejos del paraíso prometido, los acuerdos bilaterales de libre comercio han tocado techo sin que hayan significado un avance relevante para América Latina.

En el ámbito comercial la agenda europea prioriza ahora el llamado «Mecanismo de Inversión en América Latina» (MIAL), un sistema de protección jurídica de sus inversiones. Un asunto espinoso ya que tiene relación con las empresas públicas latinoamericanas privatizadas en los noventa y compradas a muy bajo precio por capitales europeos. Es el caso de la argentina YPF, adquirida por la española Repsol, y cuya nacionalización llevó al borde de la ruptura a ambas naciones a inicios de este año. Frente a la demanda europea por “certeza jurídica”, América Latina está desplegando ahora una agenda centrada en demandar coherencia entre las políticas de desarrollo y cooperación declaradas oficialmente por la UE y sus políticas de inversión. Para lo cual resulta central garantizar estándares de evaluación de las inversiones europeas de manera que se garantice la protección laboral, medioambiental y niveles de transparencia en la información.

Los otros dos pilares que deberían guiar la relación Euro-latinoamericana, hoy brillan por su ausencia. La cooperación hacia America Latina ha disminuido de forma alarmante en la medida en que se la Comisión Europea ha asumido una serie de criterios de asignación que excluyen a los países de “renta media” de estos recursos. En ese aspecto America Latina argumenta su necesidad de atacar sus problemas de desigualdad y consolidación democrática. Pero estos llamados, lejos de torcer el rumbo europeo, se han estrellado ante los datos que muestran que países que países que habían desplegado una activa política de cooperación, como España, han reducido desde 2008 sus presupuestos de cooperación hacia la región hasta llegar a cifras irrelevantes.

En relación al objetivo de diálogo político se ha hecho evidente la ausencia de  mecanismos de evaluación y seguimiento permanentes, públicos, participativos y vinculantes sobre los acuerdos bilaterales. En ese aspecto no ha colaborado que la Comisión Europea haya delegado la agenda del diálogo bi-regional en la opaca “Fundación EU-LAC”[3], una entidad controlada por el Partido Popular Europeo con sede en Hamburgo, que no ha contemplado ningún tipo de participación latinoamericana en su gobernanza y que más bien muestra abierta hostilidad hacia los gobiernos progresistas de la región.

Doce años después de la primera cumbre la relación entre América Latina y la UE sigue siendo asimétrica. Pero estas desigualdades ya no son las mismas que en 1999. En ese momento el Euro acababa de ser presentado a nivel financiero y Europa se aprestaba a vivir su “década prodigiosa”: un ciclo excepcional de crecimiento aupado por la moneda comunitaria, que terminó de forma brutal en 2008, cuando la crisis financiera puso de manifiesto las debilidades estructurales de la nueva divisa. Hoy, en cambio, Europa enfrenta un ciclo dramático de empobrecimiento. Según Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, casi 120 millones de personas están en riesgo de pobreza en la UE. Una cifra que representa el 24,2% de la población de la Europa de los Veintisiete. Por su parte Oxfam ha denunciado que de mantenerse el actual rumbo político en España el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social podría llegar en 2022 a los 18 millones de personas, casi el 40% de la población de ese país. Y lo peor es que las perspectivas de las clase media europea para salir de esta situación de estrangulamiento y recuperar los niveles de bienestar de 2008 hoy superan las dos décadas.

En cambio América Latina enfrenta una agenda distinta. Si bien las políticas públicas más extendidas en la región han logrado éxitos innegables en la lucha contra la pobreza, han fracasado a la hora de considerar su relación sistémica con la desigualdad. Por lo tanto, el desafío a esta orilla del atlántico se vincula a transformar aquellos factores que hacen persistente e intergeneracional la inequidad. Entre otros la educación como derecho, la calidad de las políticas públicas, el carácter progresivo de las estructuras fiscales y la superación de la matriz primario-exportadora y la dependencia del extractivismo.

Sin embargo, estos problemas no son los que aparecen en los documentos previos de la cumbre. Se puede intuir que el encuentro de Santiago va a repetir una escena ya conocida, en la cual las sonrisas y las fotos de familia ocultarán los puñales que ambas orillas del atlántico tratarán de clavarse en materia de inversiones, deudas, tasas, migraciones y desregulaciones. Mientras, fuera de los focos y de las cámaras,  la sociedad civil esperará que los gobiernos tengan al menos la deferencia de leer sus demandas[4].

[1] Hernández Juárez, Walter R. (2006). Diplomacia de cumbres.  Caracas: Brújula Internacional. p. 4

[2] Ibid. p. 5

[3] http://eulacfoundation.org/es

[4] Sobre las demandas de las organizaciones sociales a la I Cumbre CELAC-UE: Declaración de Santiago del VI Foro Eurolatinoamericanocaribeño de la sociedad civil 2012: http://mesadearticulacion.org/articulos/noticias/declaracion-santiago-vi-foro-eurolatinoamericano