Escrache: asediar la fortaleza sin ánimo de conquista

Desde que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido hacer uso del escrache como estrategia de incidencia política se ha instalado en la opinión pública la pregunta por la legitimidad de este recurso. Una duda relevante que debería dar pie a una deliberación que de cuenta integral del dilema. No parece pertinente responder a la pregunta por la eficacia del escrache en cuanto tal. Ya será la propia PAH la que evaluará ese aspecto, de acuerdo a los objetivos generales que ella misma se ha fijado. Lo que nos cabe a los ciudadanos es dilucidar un criterio respecto a la pertinencia ético-política de este recurso de presión, en el contexto de una sociedad que se comprende a si misma como democrática.

Mi aproximación no es neutra. Entre 1999 y 2003 participé activamente en las actividades de la “Comisión Funa”, la versión chilena de los escraches argentinos. Los escraches ( o “funas” en el contexto chileno) buscaban alcanzar un gran objetivo: poner en evidencia el hiato institucional que impedía que los autores de crímenes en contra de la humanidad fueran juzgados, debido a leyes de “punto final” promulgadas en el periodo dictatorial y acatadas por los nuevos gobiernos civiles. Luego de cientos de acciones de denuncia pública se logró dejar patente ante la opinión pública y ante los poderes del Estado que el marco de impunidad que amparaba a asesinos y torturadores, y que les permitía transcurrir arropados por el anonimato y la desmemoria, era socialmente insostenible.

 No se puede afirmar que los escraches, por si solos, lograran que la Corte Suprema chilena de forma paulatina pero firme, reformara la jurisprudencia y permitiera que al menos los más notorios autores materiales de los crímenes de la dictadura pinochetista se sentaran en el banquillo y recibieran una condena. Pero sin la enorme presión social que generó esta estrategia los grandes decisores políticos y jurídicos jamás se hubieran atrevido. Es cierto que los condenados han sido proporcionalmente pocos y han cumplido sus sentencias en condiciones extremadamente benévolas. Pero sin duda la percepción ciudadana es que se ha alcanzado un grado de justicia que parecía imposible, y lo más importante, el poder judicial recuperó legitimidad y credibilidad.

¿Que tienen en común las víctimas del terrorismo de Estado de Argentina y Chile con las víctimas de las hipotecas abusivas en España? En ambos casos las autoridades políticas y los juristas reconocen que se ha cometido una grave injusticia, pero a la vez la única solución que ofrecen a los afectados es la conformidad pasiva al orden legal y en el mejor de los casos, la vaga promesa de un paliativo futuro. Es verdad que no es lo mismo delatar públicamente a un torturador o a un asesino que denunciar a un parlamentario por oponerse a la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por la PAH. Pero en ambos casos se busca poner en evidencia que existen actores, que presionados por poderes fácticos y con plena conciencia del desfase entre justicia y legalidad, deciden mantener elstau quo a costa de la dignidad de un conjunto de ciudadanos que ven conculcados gravemente sus derechos.

¿Justifica esta situación la implementación de una estrategia de asedio no violento? Pues sí, lo justifica, y más todavía, la realidad así lo reclama, en la comprensión del orden Constitucional como un programa inacabado, y del Estado de derecho como un proyecto necesitado de permanente revisión. Es una idea que describe muy bien Habermas cuando expresa: “El poder comunicativo es ejercido a modo de un asedio. Influye sobre las premisas de los procesos de deliberación y decisión del sistema político, pero sin intención de asaltarlo, y ello con el fin de hacer valer sus imperativos en el único lenguaje la fortaleza asediada entiende[1]”.

Por ello la justificación última de la denuncia pública de la injusticia radica en reafirmar el vínculo entre sociedad civil y sociedad política “cuando las tentativas legales de la primera de ejercer influencia sobre la segunda han fracasado y también han quedado agotadas otras vías [2]”. Se busca así, dice Habermas, que las “esclusas” del Estado se mantengan abiertas impidiendo su manipulación o clausura. Por ello recurrir al escrache no es más que confrontar a la democracia con los principios que la fundamentan, haciéndolos valer en contra de su inercia sistémica.



[1] HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez, Trotta, Madrid, p. 612.

[2] Ibid. p. 465.

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/Escrache-asediar-fortaleza-animo-conquista_6_115548458.html#_ftn2

El fracaso de nuestra “élite extractiva”

Euforia económica. Santiago aparece a inicios de 2013 como una ciudad exultante. Al menos, así lo narran las crónicas de la prensa financiera, que destacan cómo Chile ha mantenido una alta tasa de crecimiento, mientras ha reducido el desempleo y ha disminuido los niveles oficiales de pobreza. Y lo ha hecho mientras los países desarrollados se paralizan por la crisis y ven incrementar exponencialmente sus cifras de cesantía y conflictividad social. A fines de 2012 el PIB chileno alcanzó los US$19.099, un dato superior al proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para 2013 se augura un crecimiento del 5,2%. Mientras el nivel de desocupación, en torno al 6%, ha hecho proclamar al gobierno que se ha alcanzado el nivel de pleno empleo.

No cabe duda que Sebastián Piñera puede exhibir ante el mundo algunos números envidiables. Y se ha preocupado de hacerlo notar, por ejemplo, durante la última cumbre UE-CELAC, ofreciendo recetas a la líder alemana Ángela Merkel y dando al presidente español Mariano Rajoy una bienvenida a “un mundo mejor”. Pero en medio de tanta bonanza y algarabía, algo no cuadra. El gobierno de Sebastián Piñera no logra remontar en las encuestas, ha recibido un grave castigo en las pasadas elecciones municipales y todo indica que se prepara para una derrota humillante en las próximas elecciones generales de diciembre.

Los dirigentes de los partidos oficialistas, los líderes empresariales y los intelectuales de la derecha no logran un consenso ante esta situación contradictoria. ¿Porqué estos datos tan auspiciosos no logran traducirse en popularidad para el gobierno? ¿Por qué se mantiene una alta conflictividad social en este período? ¿Que ha hecho mal un gobierno que puede exhibir tantos logros estadísticos? Algunos políticos han comenzado a publicar libros en los que se tratan de dar una explicación coherente a esta paradoja: “Con la fuerza de la libertad” sirve a Jovino Novoa  para acusar al actual gobierno de haber abandonado el ideario de la “centroderecha”. En respuesta el ministro Cristián Larroulet ha presentado un panegírico titulado “Chile Camino al Desarrollo”. Es probable que el debate político-literario  continúe durante este año pero es poco factible que tenga algún efecto en la mala evaluación que los ciudadanos están manifestando respecto al actual gobierno.

Por su parte los movimientos sociales (incluyendo a estudiantes, trabajadores precarios, habitantes de regiones afectadas por los impactos de las empresas extractivas, pueblos originarios, y otros actores de la sociedad civil) han logrado articular un discurso convergente que explica claramente los motivos por los cuales este gobierno es tan impopular. En síntesis reconocen que la provisión de “bienes privados” opera a las mil maravillas. Pero la provisión de “bienes públicos” (enseñanza, medicina, transporte, información, seguridad, acceso a la justicia infraestructuras, etc.) es altamente deficiente e gravemente insuficiente. Y esta carencia de bienes públicos termina agotando y destruyendo los “bienes comunes”, tanto tangibles (como el agua, los peces, el patrimonio histórico material, la biósfera) como intangibles (las relaciones asociativas, los vínculos culturales, la confianza cívica, el sentido de nación, etc.). Y este diagnóstico parece representar las apreciaciones y  sensibilidades de una amplia mayoría de la población, tal como lo indican las encuestas que muestran un apoyo vasto y sostenido a estos movimientos reivindicativos.

El problema es que el gobierno, y las fuerzas políticas que lo sustentan, no pueden aceptar el diagnóstico de la sociedad civil por razones puramente doctrinarias. No puede reconocer que existen bienes que no se pueden proveer desde el sector privado y que por justicia distributiva y eficiencia económica deben ser provistos por el Estado. Y tampoco valoran aquel ámbito, difuso, volátil, pero a la vez vital e imprescindible, que está fuera del Estado y del mercado y que se basa en las redes cooperación y reciprocidad en las que participamos. Esta ceguera ideológica le impide llegar a pactos de gobernabilidad que permitan delimitar racionalmente el campo de lo privado y el campo de lo público, atendiendo a los intereses y valoraciones aceptadas por todos los involucrados. Y de allí su invariable defensa de la actual Constitución, sin medir el grave impacto que causa de su obstinación política.

Frente a la cerrazón de la derecha a reconocer estos argumentos, es necesario abrir el debate a otras consideraciones que permitan superar el empecinamiento de este sector político. Puede ser relevante revisar, a la luz de la experiencia chilena, uno de los libros que más controversia ha suscitado en Estados Unidos durante 2012: “Por qué fracasan los países” de Daron Acemoğlu y James A. Robinson[1]. El primero, profesor de economía en el MIT y el segundo profesor de gobierno en Harvard. Se trata de una obra extremadamente complaciente con la autopercepción de los norteamericanos, como país cuna de la libertad y la democracia. Además es un manifiesto explícito a favor de los grandes valores e ideas de la derecha liberal: la importancia de garantizar los derechos de propiedad, el principio de gobierno limitado, el rol preponderante del mercado, etc. Estamos ante un libro que cabe, teóricamente, dentro de la misma esfera de ideas que defienden Novoa y Larroulet con sus respectivas obras.

El punto por el cual Robinson y Acemoğlu son relevantes para Chile recae en su tesis central: la prosperidad de los países radica en que poseen instituciones democráticas que procuran el bienestar general. Al contrario, los países atrasados, son aquellos que caen presa de élites políticas que sólo  buscan su propia satisfacción. Por lo tanto, la riqueza de las naciones  no depende de los recursos naturales, ni de las rentas disponibles, ni de la cifra de crecimiento, sino de la calidad de las instituciones. Como señalan textualmente «En este libro se mostrará que, aunque las instituciones económicas sean críticas para establecer si un país es pobre o próspero, son la política y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas que tiene un país[2]

A partir de esta tesis clasifican a los países en dos categorías de acuerdo a sus estructuras: extractivas o inclusivas. Entienden por estructuras extractivas aquellas cuyo fin es extraer rentas y riquezas de un sector de la sociedad para beneficiar a un sector distinto, para lo cual se valen de fuertes monopolios y restricciones de entrada. Y entienden por inclusivas aquellas que posibilitan y fomentan la participación de la mayoría y permiten a las personas escoger su destino en el marco de una sociedad pluralista. Los ejemplos concretos que Robinson y Acemoğlu aportan para aclarar esta diferenciación suelen caer en los límites de las clasificaciones binarias y las pretensiones omnicomprensivas, pero la idea fundamental de su obra es muy provocadora.

Sostienen que la clave a la hora de distinguir entre sociedades extractivistas e inclusivas radica en la distribución del poder. Mientras mayor distribución y limitación del poder, más inclusivas. En cambio la existencia de “elites extractivas” la explican por la concentración del poder y la riqueza por medio de instituciones expresamente diseñadas a favor del sector que lo controla. También observan que algunas instituciones que fueron diseñadas originalmente con finalidades “inclusivas”, como los partidos políticos, paulatinamente pueden volverse “extractivas”, en la medida en que son capturadas por grupos de interés.

Uno de los ejemplos que proponen es la colonización de América. Recuerdan que los conquistadores españoles no buscaron cultivar la tierra por ellos mismos y por ello diseñaron una manera para que otros los hicieran por ellos, mientras se dedicaban a extraer el oro y la plata que finalmente terminó en los bolsillos de banqueros alemanes, como los Rothschild[3]. En cambio los colonos ingleses en norteamérica se asentaron en la forma de granjeros que cultivaron su propia tierra y para ello establecieron fuertes instituciones que garantizaron el acceso universal a la propiedad y los mercados y un marco muy claro de  igualdad política y jurídica. Es un ejemplo imperfecto, porque olvida el expolio de los indígenas norteamericanos y la evolución desigualitaria y antidemocrática de los Estados Unidos en el siglo XX. Pero a pesar estos límites, la metáfora da cuenta de un hecho incontrarrestable: la riqueza extraída en la América hispana terminó fugándose hacia destinos impredecibles mientras que la riqueza de la America inglesa permaneció en su territorio.

Si sometiéramos a Chile y sus instituciones al test de Robinson y Acemoğlu es poco probable que calzáramos entre las sociedades inclusivas. Nos corresponde ubicarnos entre las sociedades extractivas, en las que una élite político-empresarial ha diseñado a su medida las instituciones políticas y económicas con pretensiones monopólicas. De allí su fracaso. Esa élite extractiva, a pesar de todas las cifras de éxito de las que presume, no logra validación social y política porque ya no puede contener la voluntad de inclusión de una ciudadanía que intuye muy bien las razones por las qué fracasan los países.

 

[1] Daron Acemoğlu y James A. Robinson . Por qué fracasan los países. Ediciones Deusto.  2012.

[2]  p. 61

[3] p. 25