Thatcher y la muerte de la socialdemocrácia europea

Ocho días antes de la muerte de Margaret Thatcher el premier David Cameron anunció una ola sin precedentes de recortes en el ya precarizado “Estado de bienestar” del Reino Unido. La salud pública pasará a un modelo de semiprivado, se pondrá fin a los subsidios a la vivienda (700000 mil afecatdos directos) y a las contribuciones municiaples de las familias más pobres (5,9 millones de familias), se dejará de reajustar por IPC los otros subsidios existentes, y se universalizarán las tasas judiciales, lo que encarecerá los juicios por despido improcedente y por abusos de las grandes empresas. Resulta sintomática esta sincronía de eventos. Cameron logra concluir la obra thatcheriana justo antes de la muerte de su mentora y líder histórica.

Estas medidas no son nada frente al desmantelamiento del Estado que se está implementando en todos los países mediterráneos: Grecia, Portugal, España, Italia y también en Francia. Sin duda Thatcher ha podido morir satisfecha. Lo que  no alcanzó a hacer en su vida lo llevará a término la actual crisis financiera.  Es cierto que la reacción de los movimientos sociales ante estas medinas no ha sino menor. Hay fuertes luchas de resistencia desde los sindicatos y desde las asociaciones ciudadanas, como la “Plataforma de afectados por las hipotecas”, de España. Pero se trata de resistencias, de intentos de impedir que el filo de las tijeras cercene los derechos conquistados. Pero desde estas resistencias, por masivas que sean, no se puede extraer una propuesta integrada que permita refundar la eonomía sobre bases productivas, de tal manera que se garanticen los objetivos sociales y democráticos que las Constituciones de todos estos países declaran como finalidad explícita de su existencia.

Quienes deberían proponer un programa alternativo, que permita salir del ciclo privatizador y contractivo, son los partidos de izquierda, que parecen petrificados ante la ola neoliberal y que no aciertan más que a mover vegetivamente sus banderas keynesianas en los ciclos electorales, para luego guardarlas hasta nuevo aviso en el caso de acceder al poder. El ejemplo más evidente es el de Francois Hollande, electo para hacer frente a las envestidas de Sarkozy, pero que a un año de llegar al palacio del Eliseo ha logrado despilparrar su popularidad  (27%) sin ofertar más que recortes y austeridad, en medio de escándalos de corrupción de sus ministros. En España el PSOE se hunde encuesta trás encuesta, acercándose a lo que ha ocurrido en Grecia, donde el Movimiento Socialista Panhelénico, PASOK practicamente ha sido erradicado de la escena política.

En este contexto la  muerte de Thatcher ayuda a concatenar los hechos. Porque la actual crisis económica y política no es más que una nueva expresión de una crisis mayor, que ha redefinido la división internacional del trabajo y que no tiene visos de estar concluyendo. Se puede explicar como el reemplazo del viejo paradigma tecno-económico “fordista” por un paradigma “post-fordista” en el marco del desplazamiento entre la “cuarta onda” de Kondratiev a una “quinta onda”, que estaría marcada por la importancia de la informatización y la robotización, el aumento exponencial de área de los servicios, una creciente feminización de la mano de obra, el tránsito a un modelo de producción masivo de bienes idénticos a bajo precio y  una mayor facilidad y rapidez en los medios de transporte. Todos estos procesos han sido facilitados por un entorno político y jurídico que ha facilitado la creación de un nuevo mercado del trabajo que se tiende a relocalizar en los países del «Sur global», que adquieren competitividad a costa de una precaria regulación social y ambiental.  Esto explioca que el “pacto de clases” keynesiano se ha agotado y es imposible de restaurar.

Cuando Thatcher se convirtió en la primera ministra en 1979 encuentra este viento económico favorable a su programa, por lo cual pudo implemertarlo de forma radical, sin mayor argumento que las cifras del déficit público y su voluntad política. Acontecimientos como el abandono del patrón oro-dolar por parte de Estados Unidos en 1971, la crisis del petróleo de 1973, y el surgimiento del mercado chino a raíz de la muerte de Mao facilitaron de sobremanera la financierización de la economía y el inicio de un proceso de deslocalización de industrias. A su vez esta nueva movilidad geográfica y especulativa del capital otrogó una ventaja estrategica a las empresas, por lo que pudieron poner fin a sus acuerdos con los sindicatos y obligar a rebajar las regulaciones estatales en materia social y ambiental. El capitalismo vuelve a ser, después del paréntesis keynesiano de la post guerra, lo que siempre ha sido. Como lo define Polanyi “una economía de mercado es un sistema económico regido, regulado y orientado unicamente por los mercados[1]”, en el cual la esfera económica, política y social están totalmente disociadas.

Ante este programa la socialdemocracia no ha logrado reaccionar. Su sector hegemónico ha asumido los axiomas neoliberales, tratándo de apaciguar sus efectos sociales con políticas de subsidios a la demanda, mientras se incrementa la desregularización financiera. Es la llamada “tercera vía” que teorizó Antony Giddens para Tony Blair en los noventa y que ha pasado al olvido desde el inicio de la crisis en 2008. Pero por la otra banda, los sectores minoritarios, más cercanos a los sindicatos, no han logrado ofrecer una altrernativa distinta a una nostalgia por el modelo industrial fordista-taylorista, basado en el pleno empleo estable y garantizado. Si la primera tendencia claudicó absolutamente ante el mercado autoregulado, el segundo sector evade el problema central del capitalismo contemporáneo: “cuanto más aumenta la productividad, más tiene que aumentar ésta para evitar que el volumen de beneficio disminuya. La carrera hacia la productividad tiende a acelerarse, los recursos humanos a reducirse, la presión sobre el personal a endurecerse, el nivel y la masa salarial a disminuir. El sistema evoluciona hacia un límite interno donde la producción y la inversión en la producción dejan de ser lo suficiente rentables[2]”.

 

[1] Karl Polanyi. “La gran transfomación”. La Piqueta, Madrid, 1989. p. 122.

[2] André Gorz. “La salida del capitalismo ya ha empezado” . Ecorev. N° 28 . 2008.

¡Programa, programa, programa!

Los debates de coyuntura suelen opacar de forma irremediable las discusiones de largo plazo, aquellas que tratan de pensar el país más allá de las maniobras electorales y los escandalillos de última hora. En un año de elecciones, este tipo de noticias, efectistas y efímeras, copan los medios haciéndonos olvidar que aunque es importante elegir personas capaces y virtuosas, mucho más importante es deliberar sobre los programas que ellas ponen a consideración de los ciudadanos. Las elecciones deberían ser una oportunidad para pensar cuál es nuestro lugar en el mundo, y no un concurso de miss o mister simpatía.

Hace bastantes años, Julio Anguita, entonces candidato de Izquierda Unida en España, acuñó en los debates presidenciales una frase que ha quedado en la memoria colectiva de ese país: “¡Programa, programa, programa!” En ese momento, nadie entendió lo que quería decir. Pero hoy, luego de la catástrofe política y económica en que se ha caído, Anguita aparece como uno de los pocos políticos de la era de la transición que todavía es respetado, porque trató de instalar una conversación de fondo sobre el modelo de sociedad y de economía que se construía. Como Casandra, anunciando la caída de Troya sin que nadie le creyera, Anguita vaticinó, a inicios de los noventa, buena parte de los males que hoy han caído en la península. Pero ya es tarde para hacerle caso.

No es extraño que en las encuestas y estudios se señale una supuesta crisis de la democracia. Sin embargo, cuando se expresa esa idea tan ambigua, no se escarba en lo que se quiere decir. ¿Por crisis de la democracia se entiende un anhelo generalizado por restablecer regímenes autoritarios, que restrinjan libertades y derechos? ¿O por crisis de la democracia se entiende la constatación masiva del carácter poco democrático de nuestros regímenes políticos? Nada indica que la primera opción tenga sentido. Tal vez nunca como hoy la democracia, en cuanto categoría política y utopema pragmático, ha gozado de tanta vitalidad. Pero a la vez nunca las “democracias realmente existentes” han tenido tan mala reputación. Más que de una “crisis de la democracia” hay que hablar entonces de una “crisis de representación”.

¿No tendrá algo que ver con esta crisis la extrema banalidad de los actos electorales? ¿O la personalización de las discusiones, en las que las supuestas cualidades comunicacionales de los candidatos se confrontan y exacerban a límites milimétricos, mientras los contenidos programáticos de las coaliciones que sustentan a estos personajes, y que constituirán en realidad el núcleo del gobierno a elegir, permanecen en la total penumbra?

Es interesante una observación de José María Maravall en su reciente libro Las promesas políticas (1) , en la que recuerda que el acto de votar presupone un contrato implícito, entre el elector y el elegido, pero respecto a un mandato programático que debe ser escrupulosamente cumplido. De esta forma el “mandato legal”, lo que la ley permite hacer a un presidente o a un parlamentario en un lapso determinado, está constreñido por un “mandato político” que legitima o deslegitima su acción. Si un candidato al llegar al poder traiciona su programa y pierde esa legitimidad, debería renunciar o ser destituido. En una democracia sana la configuración del mandato legal debería contemplar mecanismos para hacer efectiva esa posibilidad: el referéndum revocatorio, las consultas vinculantes, la delimitación de los mandatos, las cuentas públicas certificables, entre otros instrumentos.

Esta afirmación se suele rebatir afirmando que un político, al llegar a su cargo, puede encontrar dificultades insospechadas que le hagan imposible cumplir sus promesas. Puede suceder que las cifras oficiales, sobre las que diseñó su programa, estén falseadas. O puede acontecer un desastre natural, como un terremoto, que le obligue a redefinir sus prioridades. O puede desatarse una crisis financiera internacional. La casuística da para mucho. Pero de ello ya se ocuparon los clásicos, especialmente en la Revolución Francesa, de la mano de la idea de “voluntad general” que había desarrollado Rousseau en el Contrato Social . ¿Como se forma esta voluntad general? En la actualidad, por la hipertrofia de la democracia “delegativa”, quienes resultan electos suelen pensar que al contar con la mayoría de los votos son depositarios automáticos de la voluntad general. De esa forma su voluntad es la voluntad de la mayoría, y a su vez la voluntad de la mayoría es mecánicamente la voluntad general.

Pero los jacobinos pensaban la democracia de otra forma cuando la definieron de esta manera: “La democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son obra suya, hace por sí mismo todo aquello que puede hacer bien hecho, y por delegados todo aquello que no puede hacer por sí mismo”(2). Por lo tanto, la delegación es un recurso subsidiario, subordinado al principio fundante del autogobierno del pueblo, que ejerce el máximo de poder posible. A la vez, la delegación es un acto circunscrito. Más que un señor diputado o un señor presidente, elegimos a “compromisarios”, personas que se comprometen a hacer lo que el pueblo desea, pero que no puede hacer por sí mismo.

¿Pero cómo se puede llegar a expresar en un programa político la voluntad general? Mediante un extenso camino de deliberación, no exento de confrontación de intereses. Se trata de un proceso “comunicativo”, de interacción y debate directo, y no un proceso “comunicacional”, manipulado por los gangsters de la prensa corporativa. En una democracia efectiva, porosa a los ciudadanos, los movimientos sociales y los partidos políticos pueden confrontar propuestas de forma dialógica hasta llegar, a partir de ensayo y error, a acuerdos satisfactorios para todas las partes. Pero en nuestro país la inercia sistémica impide que este proceso transcurra de forma cordial y por lo tanto, los movimientos sociales deben hacer uso de todas las expresiones de su poder comunicativo, no con el fin de alcanzar el poder para sí, sino para imponer a los actores políticos los elementos fundamentales de su programa, que constituye expresión palpable de la voluntad general.

Ya dirán los de siempre que no es más que el chantaje de grupos de interés. Pero pensando con Habermas, creo no hay acto más democrático que el cerco al poder que ejerce un pueblo organizado: “El poder comunicativo es ejercido a modo de un asedio. Influye sobre las premisas de los procesos de deliberación y decisión del sistema político, pero sin intención de asaltarlo, y ello con el fin de hacer valer sus imperativos en el único lenguaje que la fortaleza asediada entiende” (3) . Llegó la hora de asediar la fortaleza. ¡Hasta tomar el cielo por asalto!(4)

 

(1) José María Maravall, Las promesas políticas , Galaxia Gutenberg, Madrid, 2013.

(2) Maximilien Robespierre. “Discurso del 5 de febrero de 1794, en nombre del Comité de Salud Pública en la Convención Nacional”.

(3) Jürgen Habermas. Facticidad y Validez , Trotta, Madrid, p. 612.

(4) Karl Marx. “Carta a Ludwig Kugelmann”, 12 de abril de 1871.

Empresas, instituciones privadas y violaciones a los DDHH en Chile. Aquel estruendoso silencio

Publicado en Le Monde diplomatique, abril de 2013.

Han pasado cuarenta años y las brasas de la gran tragedia chilena aún no se han apagan, atizadas por una demanda social de memoria, reconocimiento y reparación que nunca ha cesado. Ya no se trata del torbellino que exigía a voz en cuello “verdad y justicia” a inicios de 1990. En los últimos trece años se ha avanzado significativamente en el establecimiento de la verdad histórica, se ha logrado un tímido acercamiento a la verdad jurídica y algo se ha logrado en materia de justicia restaurativa. Pero es evidente que los condenados han sido pocos, han recibido penas ligeras y en condiciones extremadamente benévolas. Pero lo que más llama la atención es que la enorme mayoría las sentencias han recaído sobre militares, en cuanto autores materiales de crímenes atroces, que además se destacaron por la crueldad y ensañamiento con que actuaron. Pero han quedado fuera de foco los civiles, tanto los coautores materiales, pero sobre todo los autores intelectuales de la masacre. Este asunto pone de relieve la necesidad de seguir esclareciendo la arquitectónica del horror, hasta configurar una tipología de los civiles que participaron en las violaciones a los derechos humanos en Chile, que debería abarcar las siguientes distinciones.

1.Autores materiales que ejecutaron directamente los crímenes. Las investigaciones han señalado a civiles que actuaron individualmente, como el torturador Osvaldo Romo Mena, pero también a bandas civiles armadas, especialmente en zonas rurales como en el caso de Paine, en el complejo madero Neltume, y más generalizadamente en el territorio mapuche, donde los latifundistas organizaron directamente la represión.

2.Cómplices: En esta categoría se pueden identificar muchos más civiles, que ejercieron tareas de apoyo logístico, médico, organizativo, jurídico y estratégico. Y también caben los delatores, que traicionando a sus organizaciones políticas pasaron a colaborar con los órganos represivos del régimen. Al establecer la complicidad es fundamental diferenciar entre quienes ejercían estas tareas por coacción de quienes lo hacían con plena conciencia y autonomía.

3.Encubridores, que conociendo los delitos cometidos auxiliaron a los autores materiales a ocultar los instrumentos y consecuencias de los mismos, y en algunos casos a eludir la acción de la Justicia.

4.Instigadores y autores intelectuales: esta es la categoría más compleja y relevante en materia de responsabilidad. Apunta a los actores políticos, económicos, mediáticos, e institucionales más poderosos, que configuraron el plan de exterminio y represión masiva. Es evidente que la dictadura pinochetista no fue exclusivamente un régimen militar, dado que el golpe fue inducido activamente por actores civiles, los cuales van a adquirir desde el 11 de septiembre un espacio protagónico, no sólo en la esfera económica, sino también en la gestión política y represiva.

Apuntar a los autores intelectuales presupone reconocer que la política de terrorismo de Estado no obedeció a un desvarío irracional del dictador y su estrecho círculo de incondicionales. La magnitud del plan represivo, su persistencia temporal, su profundidad y sobre todo su funcionalidad estratégica en el marco del proyecto global del régimen sólo se explica por la existencia de un marco categorial que motivó y argumentó racionalmente la violencia.

En el ámbito militar la legitimación ideológica se sustentó en la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, inoculada en las FFAA desde los Estados Unidos, que se valió para ello de instancias de cooperación como la “Escuela de las Américas”[1]. Pero en el caso de los civiles la incitación a la masacre no se formuló bajo la forma de una “doctrina” coherente, sino bajo una estrategia comunicacional destinada a persuadir de forma más emocional que racional, tanto a una audiencia nacional como internacional. Para ello la dictadura contó tanto con la colaboración activa y conciente del complejo mediático que permaneció en actividad luego del golpe[2] como también de la acción de políticos, empresarios y académicos en calidad de altos funcionarios del Estado.

No confundir legalidad y legitimidad.

Identificar a los autores intelectuales implica separar dos tipos de responsabilidades: las individuales y las institucionales. Las primeras son claramente delimitables política y moralmente, aunque no sean punibles judicialmente. El problema se plantea en el caso de las responsabilidades institucionales. Nos podemos preguntar si las culpas de Agustín Edwards Eastman, tan bien retratadas en el documental “El diario de Agustín”[3], atañen también al grupo “El Mercurio” o sólo recaen en su persona. ¿Comparte la P. Universidad Católica de Chile alguna responsabilidad por las decisiones del rector delegado Jorge Swett Madge, que llevaron a la detención y muerte de 28 académicos, estudiantes y funcionarios de ese plantel[4]? ¿Deben las empresas del grupo fundado por Ricardo Claro Valdés responder por las acciones de su fundador, que llegó a facilitar a la DINA dos buques de su naviera para que sirvieran de calabozos flontantes[5]? La lista de preguntas podría seguir, cruzando tranversalmente a buena parte de las empresas que cotizan en el IPSA.

Es obvio que en todas estas empresas e instituciones el personal directivo se ha renovado completamente, por lo que no se le pueden imputar faltas personales. Pero una cosa es la “culpa” individual y otra es la responsabilidad institucional. Si bien lo exigible no cabe en el ámbito judicial, sí entra en el campo de la credibilidad y legitimidad social. Una empresa, un periódico o una institución académica no es solamente una red estructurada de actividades privadas que se rige mecánicamente por la maximización de los beneficios de sus dueños o accionistas. También es un actor público que posee un espacio propio de libertad, y por lo tanto, es responsable como sujeto moral y como tal debe responder ante la comunidad que le otorgó una licencia social para actuar. Una empresa puede ser intachable legalmente pero a la vez merecer el calificativo de injusta o inmoral, ya que los argumentos económicos o legales ya no son suficientes para garantizar confianza social. El apego “formal” al derecho no es condición suficiente para respaldar la legitimidad de una empresa.

Lícitamente, tanto las víctimas directas y sus descendientes, como también la sociedad en su conjunto, tienen derecho a exigir a las instituciones, empresas y medios de comunicación que colaboraron con la dictadura muestras activas de reconocimiento y reparación del daño causado. El reconocimiento implica una crítica severa y sincera de los actos de violencia cometidos por miembros de la institución, su rechazo como tal, y el deseo de que no hubieran tenido lugar. Se debe dar cuenta del daño psicocorporal y material efectuado a las víctimas. Pero también de un daño moral, en la medida en que se ha atacado injustamente la dignidad de las personas. Y se debe responder de un daño cívico, ya que la violencia ejercida buscó impedir que los afectados pudieran ejercer su ciudadanía, por lo que no solo se dañó a las víctimas directas sino a toda la sociedad que vio afectados sus derechos democráticos.

Coherentemente, la reparación también se debería expresar a esos tres niveles: material, especialmente si es factible identificar a los afectados directos o sus descendientes, moral reivindicando la memoria de las víctimas que ha sido denostada por parte del perpetrador de los crímenes, y cívica, manifestando un compromiso indeleble de abandonar todo intento de legitimación o justificación de los hechos acaecidos, y desarrollando un plan institucional que impida que sucesos semejantes se puedan repetir en nuevos contextos de conflictividad política o social. Estas medidas deberían constar y ser certificadas externamente en las memorias de Responsabilidad Social de estas instituciones.

Luhmann  ha afirmado con acierto que “la confianza está asociada con la reducción de la complejidad[6]”. Por ello toda institución privada que busque consolidar la confianza de la opinión pública debe transparentar su propia historia y dar garantías de ser capaz de cooperar con todos los actores con los que está inserta. Por eso mientras las grandes empresas e instituciones chilenas no examinen su responsabilidad durante el período 1973-1990 se mantendrá en el ambiente un estruendoso silencio que mella su capital reputacional, y que seguirá complejizando su arraigo y legitimidad de cara al Chile real.

[1] http://observadoreschile.blogspot.com.es/

[2] Sobre el rol de los medios antes y después del golpe ver: Hernán Uribe. (1998)  Prensa y periodismo político en los años 1960/70. En  “Morir es la Noticia”. Ernesto Carmona Editor.

[3] http://www.eldiariodeagustin.cl/

[4]  Colectivo Memoria PUC. “Una luz sobre la sombra”.  Prólogo de Gabriel Salazar. Disponible en http://www.londres38.cl/1934/articles-90933_recurso_1.pdf

[5] Nancy Guzmán J., Héctor Salazar Ardiles, José Miguel Insulza. Historia para no olvidar. Catalonia, 2009.

[6] N. Luhmann. Confianza. Anthropos. Barcelona. p. 51