Las verdades incómodas de Felipe Berríos

La entrevista que el jesuita Felipe Berríos ofreció al programa “El Informante”, de TVN, ha despertado al interior de la Iglesia Católica chilena una polvareda de proporciones. Al día siguiente, y colocándose el sayo de las denuncias, reaccionó el obispo Opus Dei de San Bernardo, Juan Ignacio González, quién la descalificó frontalmente como “una entrevista que confunde, divide y enfrenta”, que “trivializa a Dios”, especialmente por aseverar que “la Iglesia ha lucrado creyéndose la dueña de la salvación”, lo que a su juicio era “una completa distorsión”. Pero más que las palabras, lo que traslucía en la respuesta el obispo González era su ira contenida, una rabia impotente ante unos juicios que en otro contexto tal vez no habrían causado tanta polémica, pero que en este momento caen como saetas ardientes sobre los sectores más conservadores de la Iglesia chilena, que atraviesan su peor momento en décadas, acosados por escándalos sexuales, financieros y políticos.

Berríos en un momento particularmente comentado de la entrevista afirmó: “Hay grupos dentro de la Iglesia que le han hecho un daño tremendo a la elite chilena, que ha hecho que se preocupe de unos ritos sin contenido buscando una salvación que Dios se las da gratuita, pero que quieren comprarla con buenas acciones, y cuando tocan sus intereses económicos dejan de ser buenas acciones. Los culpables son los que les han enseñado un Dios que no les cuestiona eso”. Esta realidad se refleja en los obispos chilenos, que a su juicio “son gente que no han hecho nada malo, pero nada bueno tampoco, no son capaces de jugársela por los que sufren, por los pobres, haber detectado la desigualdad en Chile y haberlo dicho, salvo en la última conferencia episcopal en que hablaron del tema; más bien son católicos de los católicos, y eso también lo percibimos los curas, que no tenemos un pastor donde podemos jugarnos y ser críticos (…) Bendigo el anillo a una persona casada por segunda vez y al día siguiente, tengo un llamado del arzobispo de Roma, pero si se bendice una sucursal bancaria que está chupándole la sangre a los chilenos, no decimos nada, eso le resta credibilidad y jerarquía a la Iglesia”.

CAMBIO EN LA IGLESIA CHILENA

¿Cuáles son los grupos que han dañado a la elite? ¿Y cuál ha sido ese daño? Para entender este diagnóstico es necesario recordar que a mediados de los años setenta, la elite conservadora chilena comprendió que la Iglesia liderada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, y especialmente las órdenes y congregaciones religiosas que tradicionalmente les ampararon con sus colegios e instituciones sociales, como los jesuitas, Sagrados Corazones, Verbo Divino, Monjas Inglesas, etc. habían cambiado de una forma irreversible. Este cambio implicaba que estas instituciones ya no volverían a ser nunca más incondicionales de la casta más privilegiada de nuestra sociedad. Ello no quería decir que les abandonaran, sino más bien que su rol estaría fundado en la razón crítica, y por lo tanto, ya no asumirían a priori un papel legitimador del orden social. Ello no implicaba que la Iglesia se matriculara con la revolución. Simplemente intentarían asumir un papel autónomo, basado en criterios fundados en una ética social cristiana incondicionada. Este distanciamiento entre la Iglesia y la clase económicamente hegemónica ya se había expresado en los años sesenta, en la medida en que varios obispos, como Manuel Larraín, habían impulsado la reforma agraria, lo que fue interpretado por los grandes latifundistas como una traición imperdonable. Pero en ese momento todavía no se había producido el divorcio total. Este llegó luego del golpe militar de 1973.

LOS “APOYOS” EMPRESARIALES

Movidos por una desconfianza ya arraigada, una parte sustancial de la elite empresarial se decidió a apoyar económica y políticamente a una serie de nuevos “movimientos” eclesiales que aparecían dispuestos a asumir el papel de guardianes de las costumbres y del “buen dormir” de sus familias. De esa forma desembarcaron en Chile de forma masiva el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los neocatecumenales, y otros grupos semejantes. De la misma forma fueron apoyando con generosas donaciones a un sector de la Iglesia local que asumía similares predicamentos: es el caso paradigmático de la asociación de clérigos liderada por el ex párroco del Sagrado Corazón de El Bosque, Fernando Karadima. Estos grupos resultaron para la elite altamente funcionales, en la medida en que avalaron y legitimaron su accionar político y económico, y a la vez fortalecieron sus convicciones conservadoras, basándose en una moral de cuño ius naturalista exacerbada hasta un extremo caricaturesco, totalmente alejada de la prudencia aristotélico-tomista. Por ello, observa Berríos, en America Latina se silenció a “una Iglesia viva como la Teología de la Liberación” y “mundialmente se escogieron voceros del Vaticano que no piensan por sí mismos”.

Invirtiendo la afirmación de Marx, estos movimientos ofrecieron un tipo de religiosidad que permitía “el suspiro de la criatura opresora”(1), que por serlo, era también víctima de sus mismas dinámicas de opresión. Pero como observaba lúcidamente Nietzsche en un texto: “El cristianismo nació para dar al corazón alivio; pero luego necesita primeramente abrumar el corazón para poder en seguida consolarle”(2) . He allí el daño que denuncia Berríos. Cuarenta años después de haber decidido “fabricar” un clero a su medida, la elite plutocrática chilena empieza a despertar de su ensoñación y se da cuenta de los efectos “abrumadores” de esa decisión. Lo grave no fue optar por una religión a la carta, sino haber renunciado explícitamente a someterse a la crítica moral, privilegiando la complacencia absoluta con su forma de parecer y de accionar. De esta forma los más grandes empresarios chilenos se han convertido en lo que Aristóteles llama autoades (3) , es decir, en   aquellos “que se complacen a sí mismos ” . Es una situación cómoda a corto plazo pero que al final enceguece, llena de brumas y por lo tanto, obliga a distorsionar los sentidos para amoldar lo que percibe. O como dice Marx, se trata de una religión que funciona como “conciencia invertida de un mundo invertido”.

UN DIOS RASCA

No es extraña la ira del obispo González ante las palabras de Berríos. Pone el dedo directamente en una herida sangrante en las capas más acomodadas, que se sienten decepcionadas de un clero conservador al que financiaron de manera copiosa, al que encomendaron la educación de sus hijos, al que obedecieron en materias morales de forma intransigente para terminar desencantados y humillados, mientras el país se rinde ante el “dios consumo”, como denuncia Berríos. “Les hemos mostrado un Dios tan rasca, insípido, que hace que los chiquillos prescindan de Dios”, afirma el jesuita. Un dios rasca porque “pelagianamente” niega la gratuidad de la gracia y la sustituye por el poder del dinero, que cree que todo lo puede comprar: reconocimiento cívico, autoridad intelectual, credibilidad política, confianza social, certidumbre moral. Y sólo han cosechado descrédito y vergüenza.

Berríos advierte que “la Iglesia real -la gente que vive en poblaciones, los solidarios, los curas jugados, los capellanes que están en los hospitales- existe, pero está la Iglesia jerárquica que no dice nada, no responde”. Las más que seguras presiones subterráneas de obispos como Juan Ignacio González y otros similares, han llevado al superior de los jesuitas, Eugenio Valenzuela, a pedir disculpas por las “generalizaciones injustas” que pueden haber estado en las palabras de Berríos. Sin duda hubo algo de ello, pero también es cierto que el efecto de sus palabras ha removido algo más que conciencias. Y sólo por ello han valido la pena.

Notas

(1) En Crítica de la filosofía del derecho de Hegel Marx afirma: “La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma”.

(2) Nietzsche. Humano, demasiado humano .

(3) Aristóteles. La gran moral , libro primero, capítulo XXVI.

Cinco argumentos a favor de una Asamblea Constituyente para Chile

Dale vida a los sueños que tienes escondidos,
descubrirás que puedes vivir estos momentos
con los ojos abiertos y los miedos dormidos,
con los ojos cerrados y los sueños despiertos.
Mario Benedetti

 

Los argumentos que se proponen a continuación no son axiomas evidentes que se deben aceptar sin demostración, sino proposiciones razonables que se arraigan en la experiencia histórica y en las condiciones de posibilidad que ofrece el sistema democrático. Se trata de tesis que buscan sistematizar la creciente movilización que demanda convocar al poder constituyente en Chile. Un movimiento que no se fundamenta en certezas empíricas ni en fórmulas cartesianas. Tras sus aspiraciones laten sueños largamente postergados, cargados de pasiones, subjetividades y angustias. El desafío pasa por interpretar lo que esos sueños expresan en el aquí y ahora de nuestra convivencia. Con Freud sabemos que “Todo sueño aparece como un producto psíquico provisto de sentido” . Ha llegado el momento de intentar desentrañar los sentidos que laten tras este sueño colectivo.

1. Por una Constitución que nazca con plena legitimidad democrática.

La Constitución de 1980 es hija del terror y del desprecio. Apenas consumado el golpe de Estado de 1973 la Junta Militar designó arbitrariamente a los miembros de la llamada “Comisión de estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile” (CENC) con la misión de redactar un anteproyecto constitucional. En esa decisión el régimen se atribuyó a si mismo la condición de “dictadura soberana” de acuerdo a doctrina de Carl Schmitt . De esta manera abandonaron el principio de soberanía popular y lo reemplazaron por una noción schimittiana que comprende que “la soberanía es quién decide en un Estado de excepción”. El pueblo, máximo depositario de la voluntad constituyente, fue desposeído de su derecho fundamental para ser reemplazado por un poder dictatorial que se asumió a sí mismo como depositario de un poder ilimitado, que no podía estar restringido por ningún sistema legal ni normativo preexistente.

El 11 de septiembre de 1980 este ejercicio de poder total llegó al paroxismo. El ex presidente Eduardo Frei Montalva, en su discurso en el Teatro Caupolicán del 27 de agosto de 1980 anticipó lo que en ese día acontecería: “Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década y cuyo verdadero alcance y significado sólo se conocerán cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla” . Efectivamente, el plebiscito por el cual se aprobó el nuevo texto constitucional fue una mala broma, repleto de todas las irregularidades imaginables, en la cual 3.000 agentes de inteligencia se desplegaron en distintos centros de votación durante todo el día, cumpliendo la orden de asegurar el triunfo del sí a la nueva Constitución, tal como lo ha revelado recientemente el ex agente de la CNI Jorgelino Vergara, alias “el Mocito”.

La ilegitimidad de origen, denunciada por Frei Montalva, constituye un vicio de la voluntad popular que no se ha resuelto por medio de las distintas reformas constitucionales que se han sucedido desde 1988. El momento fundante del ordenamiento constitucional chileno se fraguó de una forma que no respetó los criterios de seriedad, manifestación, sinceridad, libertad y espontaneidad que reclama todo acto jurídico. La voluntad ciudadana se vulneró porque la dictadura impuso su proyecto constitucional por medio de la intimidación física y psicológica, impidiendo el discernimiento y la libre intención de la ciudadanía. En nuestra tradición legal este tipo de vicios del consentimiento implican la nulidad de los actos que los padecen, por lo cual, en stricto sensu la Constitución de 1980 rige como un poder constituido que opera de facto, pero no de iure, ya que su ilegitimidad permanece. De allí que la convocatoria a una Asamblea Constituyente se impone como el único mecanismo que garantiza que el pueblo, como depositario supremo, ilimitado, originario, indelegable, único e indivisible de la voluntad instituyente pueda participar de forma libre, plena e informada en la creación de una nueva Constitución, que nazca con una legitimidad incuestionable, y que garantice un orden político que refleje el vínculo indisoluble entre pueblo, poder constituyente y soberanía.

2. Por una Constitución que sitúe la participación como presupuesto de la democracia.

La conquista fundamental de la Ilustración se condensa en el reconocimiento del “principio de autonomía”, tal como lo expresó Kant: “Veíase al hombre atado por su deber a leyes; mas nadie cayó en pensar que estaba sujeto a su propia legislación” . Este principio reconoce que los seres humanos somos dueños de nuestra propia conciencia, y por eso no sólo obedecemos las leyes de forma forzada, por interés, atracción o coacción. También somos capaces de darnos nuestras propias leyes y somos capaces de cumplirlas. Si reconocemos este principio comprenderemos que la democracia no se fundamenta en argumentos de conveniencia, como si fuera un sistema político más, preferible por factores prácticos o funcionales, ya que sería “el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás”. No es así. Si reconocemos que la legitimidad de la ley nace del consentimiento de quienes se subordinan a ella, el principio democrático es necesario en el sentido filosófico del término, ya que implica una condición de posibilidad. Otra cosa es si el sistema electoral, la práctica política, los vicios partidarios, las estratagemas de los ciudadanos pervierten o imposibilitan la aplicación de este principio.

La expresión contemporánea de esta idea kantiana se expresa en el llamado “principio del discurso”, formulado por Jürgen Habermas: “Sólo pueden pretender validez las normas que encuentran (o pudieran encontrar) la aprobación de todos los afectados en tanto que participantes en un discurso práctico” . Por este motivo no tiene sentido establecer distinciones entre democracia representativa y democracia participativa. La representación no constituye más que un mecanismo subsidiario ante la imposibilidad de la participación permanente, de todos los ciudadanos en cada momento. La convocatoria a una Asamblea Constituyente reflejaría la máxima coherencia posible con el “principio del discurso”, en cuanto supondría que todos los sectores que serán sujetos de los derechos y deberes establecidos en la nueva Constitución podrían expresar sus argumentos, y por lo tanto la nueva carta Constitucional poseería una plena validez, no sólo política, sino también ética.

3. Por una Constitución que garantice la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos.

Como todas las Constituciones la carta de 1980 reconoce y ampara de forma general los derechos humanos, especialmente en su artículo 19. Pero si se analiza la forma como lo hace nos encontramos con declaraciones retóricas, vaciadas de toda posibilidad efectiva de ser exigidas ante la autoridades. El ejemplo más evidente es el derecho a la educación (art. 19, nº 10) que se limita a declarar que al Estado le corresponde “otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. Lo mismo se expresa en materia del derecho a la salud: “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud”. (art. 19, nº 9). De esta forma el papel del Estado se reduce a garantizar el “acceso” a un bien genérico, sin mayores exigencias para el Estado que garantizar la “oferta” en estas materias.

Esta concepción insustancial de los derechos sociales es fruto de la noción de “Estado subsidiario” que impregna toda la actual Constitución. La subsidiaridad no sólo implica que el sector público prescinde de sus potenciales capacidades económicas y productivas, sino que además reduce sus funciones sociales a roles paliativos y supletorios de las externalidades y distorsiones del mercado. El Estado abandonó así todas sus obligaciones positivas especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, situándose de forma permanente en una tensión dilemática con la legislación internacional que le impele a reconocer la exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos .

Una Asamblea Constituyente debería superar esta aporía jurídica y política, permitiendo que Chile se constituya en un Estado Social y democrático de derecho, obligado a fortalecer los servicios públicos y a garantizar derechos esenciales para participar en plenitud en la sociedad. Es el paso de la libertad negativa que se concentra en la no interferencia del Estado a la libertad positiva, que se focaliza en incrementar las capacidades reales de las personas de acuerdo a su proyecto vital.

4. Por una Constitución que armonice el patriotismo constitucional con la interculturalidad.

Una Constitución no sólo debería ser un texto que señale derechos y obligaciones, procedimientos y reglas. También debería ser un texto que permita cohesionar de forma democrática y no coercitiva a la ciudadanía. La actual Constitución de 1980 intenta realizar este ejercicio a partir de un nacionalismo no reconocido. La chilenidad es definida de acuerdo a un patrón monocorde coherente con un modelo de Estado unitario, que esencializa la identidad nacional bajo el supuesto de una historia o a un origen étnico común. Sin embargo la demodiversidad del país ya no soporta esta homogeneización forzosa. Por supuesto no lo toleran los pueblos indígenas que reclaman su legítimo reconocimiento como naciones preexistentes al Estado chileno. Pero tampoco lo toleran las regiones, ahogadas por un centralismo agobiante. Y tampoco lo toleran las nuevas generaciones, que no comparten las señas de identidad ni el mito nacionalista de la chilenidad oficial que pretende definir las normas de pertenencia y exclusión de la comunidad nacional.

Un país tan diverso y plural como el nuestro, que se ha formado por diferentes oleadas migratorias, que se ha desplegado en un territorio marcado por enormes contrastes y desigualdades, no puede fundar su identidad en un estrecho nacionalismo de base étnico-cultural. La alternativa es buscar esta cohesión en un “patriotismo constitucional” , basado en la adhesión a unos valores cívicos comunes. De esta forma las diversas formas de vida particulares y las tradiciones culturales se reconocen y se respetan, pero se enmarcan en un proyecto post-nacional de base republicana. Bajo este tipo de patriotismo el orgullo por la pertenencia a una nación no se funda en la exaltación de las singularidades ni en el chauvinismo excluyente, sino en la coherencia de la nación con los valores democráticos plasmados en la Constitución. Para ello es necesario que la Constitución exprese unas convicciones que representen efectivamente a los ciudadanos, y que puedan hacer suyos en su cotidianidad.

En el contexto de las tensiones históricas del Estado chileno con los pueblo indígenas, de la emergencia de las demandas regionalistas por reconocimiento de su singularidad, y sobre todo ante la abismante desigualdad económica que disgrega a los chilenos sólo un proyecto constitucional construido de forma participativa sería capaz de identificar un conjunto de valores cívicos ampliamente compartidos, capaces de fundamentar en el siglo XXI un proyecto viable de nación.

5. Por una Constitución que haga sostenible el modelo de desarrollo.

El apoyo que la actual Constitución logra en un sector de la población está en relación a la defensa del principio del Estado subsidiario, al que se le atribuyen los ciclos de expansión y crecimiento de la economía de las últimas décadas, basados en las exportaciones. La pregunta crucial en nuestro contexto es si el Estado subsidiario colabora a la sostenibilidad del proyecto de desarrollo del país o necesita ser reemplazado.

Lo que estas décadas muestran, junto a las innegables cifras de crecimiento, es que el sector exportador y el sector financiero, las áreas claves de nuestra economía, no logran autoregularse. Es más, tienden por si mismos a la autodestrucción y a socavar sus propias fuentes de riqueza y legitimidad social. Por ello el Estado subsidiario se ha demostrado altamente ineficiente e irresponsable en su rol regulador, mientras las externalidades y costos de la arbitrariedad empresarial se han transferido directamente a la población y al medio ambiente. Cabe por lo tanto la demanda por un modelo de Estado regulador. Pero en segundo lugar es evidente que durante estos años muy pocos han ganado y muchos han perdido, sin que estas desigualdades representaran un dilema significativo para el Estado subsidiario, que ha permanecido impasible ante ellas. Es imposible mitigar la desigualdad dentro el actual modelo de Estado, ya que requiere un nuevo rol económico del sector público, enfocado especialmente en la búsqueda del valor agregado de nuestra producción, especialmente por medio de la inversión en I+D+i. Esto no significa el regreso del Estado empresario, sino más bien la llegada de un Partner State , un “Estado socio”, capaz de crear las condiciones para emprendimientos económicos que posibiliten el incremento de la productividad, el aumento de los salarios de los trabajadores y el progresivo abandono del modelo extractivista y el giro hacia una economía basada en el conocimiento.

Luego de 32 años el mundo es muy diferente al de 1980. Han caído las divisiones tradicionales de la política internacional: ni el conflicto Este-Oeste ni el contraste Norte-Sur tiene la menor relevancia. En cambio lo que se observa es la emergencia de nuevas potencias como los BRICS, capaces de imponerse en los organismos internacionales mientras las potencias tradicionales ven declinar su hegemonía. Este nuevo orden internacional nos coloca en una disyuntiva: mantener el actual Estado subsidiario garantiza la estabilidad pero también augura una inevitable decadencia en el nuevo mundo multipolar. Pensar en un nuevo modelo de Estado sin duda generará inseguridades e incertidumbres pero es la única forma de abrir la puerta a un modelo de desarrollo que sea sostenible de cara al futuro.