La batalla de los “think tanks”

El lanzamiento del nuevo think tank Espacio Público ha hecho evidente el nuevo rol que estas instituciones están ocupando en el contexto de la crisis de legitimidad y desprestigio de los partidos políticos. Un papel que es necesario someter a la crítica democrática, ya que su creciente poder representa un síntoma de la captura de las instituciones públicas por lobbies económicos y camarillas elitistas.

El problema no es la existencia de centros de estudio o investigación ligados directa o indirectamente a partidos políticos. Se trata de una necesidad evidente en el marco de la complejidad de los procesos de deliberación parlamentaria y de la competencia electoral. Incluso en algunos países, como Alemania, se reconoce a cada partido con representación parlamentaria el derecho a constituir una fundación ligada a sus ideas, bajo control democrático de sus instancias partidarias, y a la vez con un margen de autonomía intelectual para criticar a su propio partido. De esta forma existen las fundaciones Heinrich Böll, ligada a los Verdes, Friedrich Ebert a los socialdemócratas, Konrad Adenauer y Hanns Seidel a la DC, Friedrich Naumann a los liberales y Rosa Luxemburgo a la Izquierda.

Hasta 1973 este rol en Chile lo ejercían centros adscritos directamente a las universidades, como el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren) de la Universidad Católica. Pero la proscripción de los partidos por la dictadura obligó a fundar nuevas instituciones con personalidad jurídica propia, que dieran cuerpo a la reflexión de las distintas corrientes partidarias. La DC fue uno de los partidos que creará mayor número de centros de estudios, ligados a sus distintas tendencias y liderazgos, como el CED, fundado por Gabriel Valdés, el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, ligado a Jaime Castillo Velasco, o Cieplan fundado por Alejandro Foxley. Para la Izquierda este tipo de centros de estudios sirvieron para canalizar la reflexión de intelectuales perseguidos en las universidades. Para ello fue fundamental el aporte de recursos provenientes de la cooperación internacional.

Florecerá además un amplio campo de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, como SUR, PET, Codepu, Fasic, Judep o La Morada, con voluntad de incidencia política pero sin adscripción partidaria, sino fundadas en la adhesión ciudadana. En el caso de las ONGs debe existir una tajante separación, tanto de los partidos como del Estado, con el fin de garantizar la autonomía de la propia institución.

Con el fin de la dictadura, el acceso a los recursos externos se redujo bruscamente. El gobierno monopolizó la cooperación internacional, las ONGs entraron a una etapa de exigua sobrevivencia, ejecutando políticas públicas y los antiguos centros de estudios “para-partidarios”, pasaron a ser consultoras externas del Estado o a prestar intermitentes servicios de asesoría parlamentaria. La Concertación no valoró el capital intelectual acumulado por estas instituciones, levantándolas y dejándolas morir cíclicamente, o llevándolas a hibernar en una lastimosa latencia. Por su parte, la derecha creó y fortaleció sus propias organizaciones, como el Instituto Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán, ligadas a la UDI, o el Instituto Libertad, vinculado a RN. Los empresarios financiarán sus propios centros, como el CEP, que reúne en su directorio a buena parte de las grandes fortunas de este país, como Eliodoro Matte, Wolf von Appen, Roberto Angelini, Jean Paul Luksic y Bruno Philippi. Incluso Andrónico Luksic ha levantado en los últimos años su propio instituto, llamado Res Publica, integrado por académicos de la derecha y de la Concertación.

A partir de la última década por simple siutiquería y snobismo se ha importado la denominación think tank, sin caer en cuenta en los defectos de esta categoría anglosajona. Durante la segunda guerra mundial el ejército norteamericano constituyó grupos de trabajo intelectual con el fin de desarrollar armas, estrategias y herramientas de análisis bélico. De allí su nombre, “tanques de pensamiento”, que vinieron a sumarse a los tanques de combate desde la trinchera de las ideas. En la guerra fría, estos nuevos tanques intangibles ampliaron su radio de acción, ya que el enemigo a batir era de carácter ideológico. Por eso al hablar de think tank se aparta a los centros de estudio de la esfera académica, de la deliberación democrática, que argumenta constructivamente, y se les sitúa en la esfera de la agonística absoluta, donde lo que importa es legitimar a priori las propias decisiones políticas. Como diría Schopenhauer, la lógica que subyace a un think tank es la dialéctica erística, el arte de discutir de tal manera que se tenga siempre la razón, tanto lícita como ilícitamente.

La inexistencia de fuentes públicas de financiamiento de las organizaciones sociales, que no estén sujetas a la discrecionalidad de las autoridades políticas, acentúa esta dinámica que favorece a camarillas elitistas que sobre-representan sus intereses y desfavorece a las mayorías, que no logran representar su voz institucionalmente. Jürgen Habermas ha reflexionado esta situación cuando propone una definición de sociedad civil como “asociaciones, organizaciones y movimientos surgidos de forma más o menos espontánea que recogen la resonancia de los ámbitos de la vida privada, la condensan y elevándole, por así decir, el volumen o voz, la transmiten al espacio de la opinión pública política”. Pero Habermas concibe este espacio de deliberación bajo la exigencia de condiciones ideales de comunicación, cierta mínima simetría que impida que algunas voces tengan tanto volumen que simplemente no se escuchen las demás.

Pero lo más grave es la creciente capacidad de algunos think tank de situarse fuera de los bienes internos de su práctica, más allá de su rol tecno-político. Se les puede describir como verdaderas trenzas de poder supra-partidario. O si se prefiere, micro-partidos políticos de facto , sin los costos, controles y riesgos de la acción partidaria. Durante el gobierno de Bachelet fue el caso de Expansiva, grupo liderado por Andrés Velasco, que llegó a contar con cuatro ministros supuestamente “independientes”, pero vinculados a esta trama: Eduardo Bitran en Obras Públicas, Vivianne Blanlot en Defensa, Karen Poniachik en Minería y Andrés Velasco en Hacienda. Terminado el gobierno, Expansiva desapareció del mapa sin necesidad de ir a las urnas para validar su actuación. Y ahora, ad portas de las elecciones, buena parte de sus antiguos “militantes” han reaparecido bajo un nuevo paraguas llamado Espacio Público, presidido por Eduardo Engel. A él pertenecen casi todos los miembros del equipo de economía del comando de Michelle Bachelet, y sus miembros copan un porcentaje importante de los asientos en las demás comisiones.

La actual crisis de legitimidad y prestigio de los partidos se explica porque no son lo que dicen ser: no cumplen el programa de medidas que proponen, no defienden las ideas a las que dicen adherir y sobre todo, no actúan internamente como sus estatutos y declaraciones de principios dicen que deben hacerlo. Sobre ellos pesa la “ley de hierro de las oligarquías”, descrita a inicios del siglo XX por Robert Michels, que describió la tendencia de los partidos a oligarquizarse, burocratizarse y a abandonar su democracia interna. Michels describió este proceso de forma determinista, como una ley irreductible, ya que la eficacia política siempre sería contradictoria con la apertura participativa y colaborativa. Sin embargo, hay múltiples ejemplos que contradicen la “ley de hierro” de Michels, que demuestran que cuando hay voluntad política es posible reducir estas tendencias. Pero se requiere un entorno legal y cultural que facilite estos intentos.

Una mala alternativa ante la crisis de los partidos es intentar sustituir su espacio por medio de los think tanks , a los que se ingresa exclusivamente por cooptación, cuyas fuentes de financiamiento son poco claras, con liderazgos que no tienen base ni control democrático. El peor de los partidos políticos es una institución pública, con domicilio conocido, al cual hay libre acceso y que puede ser objeto de sanción penal y electoral. ¿Pero quién sancionaría a un ministro de Espacio Público si sus políticas son erradas? ¿Los otros miembros del think tank ? La crítica a Espacio Público no sólo debe atender al dogmatismo neoliberal de su orientación. Se debe advertir que el creciente poder de este tipo de grupos puede devenir fácilmente en lobbies de intereses privados, que capturen las instituciones del Estado.

Ética para Colusores

Publicado en Le  Monde diplomatique, agosto de 2013.

Colusor es aquel que entra en pactos deliberados para perjudicar a otros. Una conducta  delictiva cuando se trata de oferentes de bienes y servicios que acuerdan en secreto un precio distinto del que hubiera resultado si hubieran competido entre sí. En la mayoría de los países este delito implica fuertes multas para las empresas coludidas y sanciones penales para los colusores. En Chile era así hasta que la ley 19.911, de noviembre de 2003, derogó las disposiciones penales que contenía la legislación sobre libre competencia. El argumento: facilitar que los involucrados desistan de su conducta y se autoinculpen ante los entes reguladores. Ello no demostró tener efecto en el gran escándalo de colusión de precios de las cadenas de farmacias, que mantienen hasta hoy el control del 95% del mercado, operando con integración vertical en la fabricación, distribución y venta de fármacos.

La detección y denuncia de la colusión de las farmacias fue alertada unilateralmente por el Ministerio de Salud en mayo de 2008. El Tribunal de la Libre Competencia no tuvo problemas para condenar en enero de 2012 a las tres cadenas, Salcobrand, Cruz Verde y Fasa, a pagar una multa de U$19 millones cada una. Pero a nivel penal la Fiscalía Metropolitana Centro Norte no pudo procesar a los 10 ejecutivos que idearon e implementaron el mecanismo de colusión[1]. Impedido por la legislación de 2003, el fiscal trató de recurrir a la figura de “alteración fraudulenta de precios”,  pidiendo penas de cinco años de prisión. Al poco andar esta acción judicial se mostró improcedente desde el punto de vista procesal. Entrampados en un embrollo tecnico-jurídico el ministerio público y la defensa de los ejecutivos terminaron pactando un acuerdo sui géneris: los acusados deberán asistir a un programa de capacitación sobre ética empresarial de treinta horas lectivas y realizar donaciones personales por un monto de $255 millones a ONG’s ligadas al área de la salud, tanto en dinero como en medicamentos. Cumplido un año, si estas condiciones se cumplen, el caso será sobreseído definitivamente, sin que ello suponga reconocimiento de culpabilidad de parte de los imputados.

Tampoco los ejecutivos de La Polar y Cencosud, que aplicaron a sus clientes repactaciones unilaterales y cobros abusivos, corren riesgo de carcel. Mientras los jóvenes mapuches Andrés Santander Pichimán y Andrea Vergara Cortés han sido condenados este año a ocho años de prisión por robar una gorra y un cinturón a un carabinero en retiro. Y dos campesinos de La Unión arriesgan 8 años de cárcel por robar un saco de papas. Y Miguel Angel Vega Cristi, de 24 años, ha sido condenado a 5 años de prisión por robar ropa colgada en un cordel en Calama. Y Ariel Henríquez Sepúlveda falleció en el incendio de la cárcel de San Miguel mientras cumplía una pena de cinco años por un robo menor, sin tener antecedentes penales anteriores. Se evidencia un estado permanente de ofensa radical al “sentido de justicia”, entendido como la capacidad moral para apreciar “lo justo”, aquello que no siempre coincide con “lo bueno” ni con “lo legal”, pero que describe, delimita y realiza la práxis de la justicia[2]. Una cualidad que debería impregnar el sistema judicial hasta el punto naturalizarse como el “sentido común” de su proceder. Pero nuestro sistema jurídico-penal da muestras de estar viciado medularmente por aporofóbia, odio y hostilidad arbitraria y persistente en contra de los pobres y los desposeídos. Como comentó el capellán nacional de gendarmería, el jesuita Luis Roblero: “Hay una casta privilegiada que goza de un tipo de beneficios, y hay otro sector inmenso que tiene otro sistema […] Como el mundo está al revés, sugiero a una parte de nuestros jueces y legisladores que asistan a clases de sentido común”.

Si finalmente los ejecutivos de las farmacias deberán cumplir con su curso de ética empresarial, ¿cual sería en currículum mínimo que debería cubrir ese curso? ¿Qué conviciones fundamentales debería asumir todo directivo de una compañía?  Sugiero, como  ejercicio, comenzar con estas cinco lecciones:

1 clase: “¿Para qué sirve la ética?”. La formación ética brilla por su ausencia en la formación de los economistas y ingenieros comerciales chilenos. Revisando el currículo de las principales universidades chilenas no se percibe una capacitación en hábitos de deliberación moral que habiliten a quienes constantemente deciden “por otros” en vista de su competencia técnica económica y financiera. ¿Porque deberían formarse en ética empresarial? La filósofa Adela Cortin responde: “Para reducir costos”[3]. No se trata solamente de evadir el precio que deberán pagar las empresas en multas y los ejecutivos en “donaciones involuntarias” a ONGs. Se trata ante todo del costo reputacional, que finalmente agota el recurso intangible más valioso que puede tener una empresa: la confiaza de sus stakeholders: clientes, proveedores, trabajadores, socios, accionistas, entes reguladores, y la opinión pública en general. Pero la ética no solo es “útil” para evitar costes. También es el único camino que permite alcanzar la “excelencia”. Pensar que “calidad total” se puede lograr a golpe de marketing es tener una perspectiva muy cortoplacista y miope del negocio en el que se participa. En la nueva sociedad de la información y el conocimiento es poco probable mantener oculto por mucho tiempo los secretos más inconfesables. Luego del derrumbe de sus talleres las cadenas de la moda más populares, como ZARA, GAP y H&M no pudieron ocultar las condiciones de trabajo en que producían su ropa en Bangladesh, pagando sueldos de 18 mil pesos chilenos al mes. Bastante tarde se percataron que la ropa barata tenía un costo demasiado alto.

2 clase: “¿Qué es una empresa?”. La mentalidad en la que se forman los directivos empresariales se alimenta de dos principios articuladores: la racionalidad del Homo œconomicus, maximizador de utilidades y la doctrina del “individualismo posesivo”. La empresa se piensa como un dominio absoluto que sólo pertenece a su dueño, que la administra jus uti et abuti, por la idepor lo que puede hacer lo que estime en gana con ella. Este propietario solo debería tener en cuenta la maximización de sus utilidades monetarias a la hora de administrar su empresa. Se afirma esta idea como axioma inevitable, pero además deseable, recordando que Adam Smith observaba que “No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés”. Esta perspectiva olvida que en su “Teoría de los sentimientos morales” el mismo Smith comienza afirmando: “Por más egoísta que pueda suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse por la suerte de los otros de tal modo, que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla[4]“. La “necesidad” de la felicidad ajena obliga a pensar la empresa como una red de relaciones e intereses inxtricables e interconectados. Se impone asumir una concepción compleja de empresa, supeditada a la “función social de la propiedad”, una noción arrinconada en los desvanes conceptuales, pero plenamente vigente a la hora de entendentidad de una compañía moderna.

3 clase: “¿El lucro lo justifica todo?”. Si en la actualidad una empresa no considera que el cliente “es un fín en sí mismo”, viola el gran “imperativo categórico” que le permite tener legitimidad ante la ciudadanía. En una sociedad basada en anhelos de autonomía personal, autenticidad y libre desarrollo de la personalidad, pretender instrumentalizar o engañar a los clientes redunda inevitablemente en una sanción social a mediano o largo plazo. El contrato social que implícitamente permite a una empresa desarrollar su actividad se sostiene en la “licencia moral” que los ciudadanos han otorgado a la compañía, lo que va mucho más  allá de la licencia que el Estado otorga por medio de sus órganos reguladores. Una vez que la ciudadanía retira esta “licencia” es muy difícil mantenerse en el mercado.

4 clase: “Cooperar no es coludirse. Pero para coludirse hay que cooperar”. Se podría pensar que para corregir el paradigma tradicional de empresa basta incorporar el “factor C”, entendido como cooperación y corresponsabilidad[5]. La relevancia que han adquirido los intangibles en la creación de valor (marca, diseño, propiedad intelectual) ha revalorizado elinterés en los “bienes relacionales”, y se habla cada vez más de un nuevo modo de producción peer to peer, o entre pares, basado en la reciprocidad y la interdependencia. Sin desconocer la importancia de estos nuevos factores es necesario recordar que la cooperación es también la clave del exito de las sociedaes criminales, como las mafias, los oligopolios o los contubernios ilícitos entre el sector público y actores privados. La colusión es en sí una forma de cooperación autointeresada, fruto de un egoísmo inteligente. La ética empresarial no debería desmercer los mecanismos auténticos de cooperación, basados en la economía del don, la reciprocidad y la co-creación de valor. Pero debe someterlos a una criba permanente bajo criterios incondicionados, que no sólo tengan en cuenta el beneficio de los directamente involucrados sino también del interés público de su actividad.

5 clase. “Culpas personales. Responsabilidades institucionales”. Nadie duda que las personas, en tanto actores racionales y autónomos, tienen la obligación de responder por sus actos. ¿Es posible exigir también a una empresa una responsabilidad ética específica? Evdentemente, en la medida en que son instituciones libres para orientarse por distintas opciones, tomar diferentes decisiones y asumir diversas actitudes. Por ello la empresa es un actor plenamente moral. Puede que no sienta culpa u orgullo de sus actos de la misma forma como una persona. Pero no es un ente amoral. Lo que existe es la empresa inmoral: la que no cumple con su misión social y no responde por sus actos ante los otros. “El mito de la empresa amoral ya hace tiempo que ha pasado a la historia[6]“.

[1]              Los ejecutivos involucrados son Sergio Purcell Robinson y Ricardo Ewertz Munchmeyer, por  FASA, Ricardo Valdivia Cloques y Cristián Catalán López  por Cruz Verde, Roberto Belloni Bechini, Ramón Avila Silva, Mehilin Velásquez Chau, Claudia Carmona Zuñiga y Judith Carreño Oteiza por SalcoBrand y Mario Zemelman Riveros por Medipharm.

[2]              Ricoeur, Paul. (2008) “Lo Justo 2. Estudios, lecturas y ejercicios de ética aplicada “. Trotta. Madrid.

[3]              Cortina, Adela. (2013) “¿Para que sirve la ética?”. Paidós. Madrid.

[4]              Smith, Adam. (2004) “Teoría de los sentimientos morales” Fondo de Cultura Económica. México. p. 29

[5]              Razeto, Luis. (1997) “El factor C”. En http://www.economiasolidaria.org/files/el_factor_c.pdf

[6]              García Marzá, Domingo. (2004) “Ética empresarial. Del diálogo a la confianza” Trotta. Madrid.