Perdones obscenos

A 40 años, abundancia de perdones. La derecha y la Concertación, la Asociación de Magistrados, colegios profesionales, hasta el presidente de la República. Este 11 de septiembre una avalancha de personalidades ha irrumpido con solemnes declaraciones pidiendo perdón a la sociedad chilena. A primera vista, aparece como un gesto tardío, pero sano y justo. Pero a poco andar algo no cuadra. Detrás de tanta palabra grave quedan pendientes muchas preguntas que no terminan de encontrar respuesta. A menos de dos meses de una elección presidencial, queda en el aire la autenticidad de estas palabras.

La actriz Claudia di Girólamo de inmediato lo puso de relieve: “Pidan todo el perdón que quieran, pero digan dónde están los desaparecidos”, demandó. Algo similar observó monseñor Alfonso Baeza: “Pedir perdón es un avance, pero no basta con eso. Sobre todo si son personas que han tenido y que tienen la posibilidad de hacer una acción concreta, como por ejemplo, si alguien sabe, o supo, o estuvo en momentos en que se torturaban personas o grupos y sabe que desaparecieron. Si pide perdón está bien, pero si no hace nada para reparar el daño, me parece que no es una cosa correcta”.

El primero que se lanzó al ruedo pidiendo su absolución pública fue el senador de la UDI Hernán Larraín: “Personalmente jamás he tomado parte en hechos de violencia, estuve la mitad del periodo de la UP estudiando fuera de Chile y no integré el gobierno militar”. Sin embargo, Larraín ejerció como vicerrector de la Pontificia Universidad Católica entre 1976-1986. Entre el 73 y el 89, veintiocho estudiantes y académicos de la PUC fueron asesinados o hechos desaparecer. Como Eduardo Jara, secuestrado por la CNI el 23 de julio de 1980 junto con su compañera de estudios, Cecilia Alzamora, cuando buscaba matricularse en el último semestre de Periodismo, que cursaba gracias a una beca. Simultáneamente, la Universidad que dirigía Larraín se convirtió en el laboratorio de ideas del régimen: la Facultad de Economía, asesorándolo con las ideas de la Universidad de Chicago y la Facultad de Derecho, de Jaime Guzmán, como constitucionalista del nuevo orden político. La violencia y el régimen militar no estaban tan alejados de Larraín, como afirma ahora.

NO TENGO POR QUE PEDIR PERDON”

Al día siguiente Evelyn Matthei reaccionó a las declaraciones de Larraín: “Yo tenía veinte años cuando fue el golpe, no tengo porqué pedir perdón (…) no tenía cómo haber hecho nada más, no tenía ningún cargo público”. Palabras duras en boca de la hija del ex miembro de la junta militar, general Fernando Matthei, que además desempeñó cargos públicos bajo la dictadura, en la Superintendencia de AFPs y en el llamado Consejo Económico y Social.

Pero la declaración más disonante fue la de Camilo Escalona, quien pidió perdón “por la conducta que yo pude tener, al ser parte de la polarización y de una confrontación que nos llevaba a miles de estudiantes a enfrentarnos en las calles a peñascazos y de manera enteramente descontrolada”. Escalona se refería a su rol como presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios durante la UP. Al momento del golpe, Escalona recién había cumplido los 18 años, al igual que sus compañeros de Liceo 6 de San Miguel. Si el senador Escalona siente “culpa” por los peñascazos lanzados cuando era adolescente, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero intentar homologar, aunque sea indirectamente, las movilizaciones estudiantiles a la violencia genocida de la dictadura, muestra quiénes son los destinatarios de sus palabras.

Igualmente chocantes fueron las declaraciones del presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, que pidió perdón por “los muchos excesos” de su partido durante la UP. Tan disonantes resultan sus dichos, que incluso el ex presidente Ricardo Lagos salió a clarificar: “No hay que pedir perdón por lo que hizo Allende”, señaló, recordando que “ con Salvador Allende, el 11 de septiembre en este país había un Parlamento que cumplía sus funciones (…) existían tribunales de justicia que hacían la tarea y la separación de poderes en este país existía y se respetaba, hasta el 11 de septiembre” .

LAS EVASIVAS DE LA DC

La DC ha participado con evidente incomodidad en el debate. Evelyn Matthei, junto con evadir el perdón, les incriminó directamente: “ Acá el golpe de Estado no vino porque sí, no vino de la nada. La DC prácticamente pidió el golpe”. Ignacio Walker salió a responderle que su partido no tiene motivos para pedir perdón, porque “ha luchado por la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos (…) la DC podría haber sido acusada de ingenuidad, pero no de ser golpista”.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle le apoyó diciendo que “ no hay ningún documento que pruebe que (la DC) apoyó el golpe de Estado”. Afirmaciones que contrastan con el propio documento oficial del partido, presentado por el senador Mariano Ruiz-Esquide y el ex ministro Belisario Velasco. En ese texto se reconoce abiertamente que en la DC existieron dos posturas: “Una oficial, que explicó la intervención militar argumentando el clima de inestabilidad, inseguridad y amenaza de enfrentamiento (…) y una disidente, que condenó el golpe de Estado”. Velasco y Ruiz-Esquide fueron parte de “los 13” disidentes, lo que les honra y exculpa individualmente. Pero su posición fue “disidente”, ya que la posición “oficial”, la que entraña responsabilidad institucional cae sobre la directiva presidida en ese momento por Patricio Aylwin. Por eso Ignacio Walker y su directiva están obligados a responder por la posición oficial, sin esconderse tras la posición de los “disidentes”.

 LAS RESPONSABILIDADES JUDICIALES

En el caso de los jueces, el debate tomó un nivel más elevado. La Asociación Nacional de Magistrados recordó que “el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto ”. La respuesta que emitió la Corte Suprema a esta interpelación es interesante, porque clarifica varias nebulosas que abrió la avalancha de perdones. Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema, lo expresa claro: “Un organismo del Estado no debe pedir perdón, sino que tiene que explicar”. La declaración de la Corte Suprema no asumió la palabra perdón. Y tiene toda la razón al hacerlo. Quienes deben pedir perdón son los jueces de ese momento, uno por uno, que como señalan los magistrados, incurrieron en “ acciones y omisiones impropias de su función” al decretar la inadmisibilidad o el rechazo de miles de recursos de amparo y se negaron, sistemáticamente, a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y fueron renuentes a constituirse personalmente en los centros de detención y tortura. No se pueden escabullir bajo el paraguas de un perdón institucional.

¿HACIA UN CONSENSO DE 2013?

Siguiendo el argumento de la Corte Suprema, lo que cabe a las instituciones, poderes del Estado, partidos políticos, universidades, organizaciones, es reconocer responsabilidades, reparar integralmente a los afectados y establecer mecanismos verificables que garanticen que nunca se repetirán esos hechos. Más que un cántico de suplicantes lo que se necesita es un criterio de Estado, que establezca un mínimo de cara al pasado y, sobre todo, de cara al futuro. Tal vez ese criterio se puede fijar en una frase: “Nada justifica los atropellos a los derechos humanos”, como señaló el presidente Piñera. O “nada justifica los atropellos a la dignidad de las personas cometidos a partir de 1973”, como dijo el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Es una frase breve, pero señala un “adentro” y un “afuera”. Pone un límite claro entre los que justifican el golpe y la violencia genocida y los que no lo justifican. Parece una separación modesta, de sentido común. Pero lamentablemente en Chile existen actores poderosísimos que no entrarían dentro de este consenso.

Por ejemplo El Mercurio , que en su línea editorial continúa hasta hoy justificando “el pronunciamiento” y sigue denominando “gobierno militar” al régimen dictatorial, rehusando reconocer sus graves responsabilidades desde la gestación del golpe hasta la actualidad. Si “nada justifica”, se debería establecer un criterio que excluya de la recepción de fondos públicos por concepto de publicidad estatal a los medios “que justifican”.

Es necesario exigir a los partidos políticos que se autorregulen de modo que ninguno de sus candidatos justifique lo injustificable. Si existiera esa norma interna, políticos como Iván Moreira, que afirma: “Hasta cuándo la derecha pide perdón por algo en que no tiene responsabilidad”, no podrían ser candidatos, porque se sitúan a sí mismos fuera de un marco cívico de convivencia, libremente concordado. Si “nada justifica”, quienes comparten la opinión de Carlos Cáceres que niega que las violaciones a los derechos humanos fueran “política de Estado” y que consideran que los crímenes políticos “fueron hechos puntuales, circunstanciales”, no podrían ser designados en cargos públicos o cursar ascensos, si son uniformados.

Nada justifica que “cómplices pasivos” sigan ocupando altos cargos públicos de responsabilidad. Nada justifica que la ley de amnistía siga vigente. Nada justifica que Carabineros, bajo dependencia política del gobierno de turno, siga violentando arbitrariamente la libertad de expresión y el derecho a manifestación de los ciudadanos. Nada justifica que las FF.AA. mantengan grados y honores militares a los criminales que ensucian su historia. En definitiva, nada justifica mantener la Constitución de 1980, la expresión cotidiana y más palpable de la violencia, la bestialidad y la obscenidad del pinochetismo.

 

Los perdones que valen

El perdón no es un valor exclusivo del cristianismo porque todas las tradiciones religiosas, espirituales y culturales le dan un lugar destacado y lo entienden de forma parecida. Es una dimensión de las relaciones humanas que radica en la esfera pre-política, en el ámbito de los vínculos intersubjetivos, anterior al “contrato” por el que entramos en sociedad. Es el campo en que nos regimos por relaciones de “alianza”, basados en sentimientos y reciprocidad. Todos hemos experimentado su efecto a nivel de pareja, familia, amigos, colegas, personas con las que tenemos relaciones de confianza. Tiene sentido en la medida en que restablece un vínculo preexistente. Exige humildad en quien lo pide y generosidad en quien perdona.

Su valor radica en la sinceridad y autenticidad. Quien pide perdón debe admitir la falta cometida, reconocer el daño causado, expresar una clara intención de restituir o reparar el daño y enmendar su conducta en el futuro. Quién perdona lo hace libremente, de forma gratuita, en el momento en que lo siente posible y necesario. Por ello se vicia si existe doblez, o se usa como estratagema para alcanzar algo distinto que la restitución de una relación personal quebrada por un error o una ofensa. Los perdones que valen se piden y se ofrecen en la intimidad, de forma directa, sin mediadores o por personas interpuestas.

El perdón no cabe en las relaciones institucionales, entre un gobierno y los ciudadanos ni entre los Estados, en las relaciones económicas, comerciales, laborales, donde nos vinculamos por la vía del “contrato”. En esa dimensión, lo que cabe es reconocer responsabilidades e incumplimientos con el fin de restablecer unas relaciones funcionales. Si una empresa nos afecta, los usuarios no esperamos que nos pida perdón, sino que nos explique claramente los motivos del incumplimiento, nos dé una indemnización y nos demuestre que no volverá a inclumplir el acuerdo pactado. Y si falla un gobierno, lo que cabe es depurar responsabilidades por la vía de procedimientos transparentes y preestablecidos.

El perdón nunca se debe confundir con el indulto o la amnistía. Estos son actos jurídicos, que se han establecido con el fin de salvar la legitimidad del sistema judicial, ya que la condición humana hace posible el error del procedimiento o la injusticia de los jueces. El indulto corrige o elimina una pena, pero la persona sigue siendo culpable. La amnistía supone la anulación del delito. Lo que importa en ambos casos es que el sistema jurídico opere con justicia, y de esa forma no se castigue a inocentes ni se apliquen penas excesivas o arbitrarias. Como la “alianza” y el “contrato”(1)son campos distintos, es posible perdonar y a la vez exigir que opere el sistema judicial. Puedo perdonar a mi ofensor, pero la sociedad permanecerá obligada a establecer sanciones penales debido a que la ley tiene un valor social, ya que su rol es promover la ejemplaridad pública y salvaguardar su imparcialidad

La fábrica de la desigualdad

Las consecuencias del golpe de Estado de 1973 son multidimensionales y permean hasta hoy todos los aspectos de nuestra sociedad. Si fuera necesario identificar uno en particular, deberíamos analizar el 11S73 como el punto de inflexión en el que las desigualdades sociales se amplían más y más, hasta configurarse como el rasgo central del funcionamiento del Chile actual. Hoy ocupamos el lugar 141º entre 160 países, de acuerdo a igualdad de ingresos. Usando la expresión de Axel Honneth, nos hemos convertido en “la sociedad del desprecio”.

Es cierto que la desigualdad es un rasgo atávico, que nos ha acompañado durante toda nuestra historia. También es verdad que toda América Latina tiene inequidades gravísimas, fruto del colonialismo, los patrones productivos extractivistas, las relaciones de dependencia y la captura del poder por elites parasitarias. Sin embargo, Chile se destacó desde mediados del siglo XX por iniciar procesos que llevaban, con ciclos de mayor o menor velocidad, a tomar un rumbo en que la brecha se tendía a cerrar. Desde los gobiernos del Frente Popular, a finales de los años treinta, con altibajos, “ley maldita” y “revolución de la chaucha” incluidas, nuestro país tendió a consolidar las bases de un Estado social de derecho, mientras ampliaba la participación democrática y reorientaba la economía hacia un proyecto de desarrollo endógeno. El gobierno de la Unidad Popular no representó más que la consolidación y profundización de este lento y turbulento proceso. Allende venía a llevar a término, en su máxima expresión, las bases del Estado nacional-desarrollista que se empezó a gestar cincuenta años antes. De esa forma, Chile se situaba como el país latinoamericano que más se acercaba a los países europeos, que luego de la segunda guerra mundial desarrollaron constitucionalmente un pacto keynesiano que buscó asentar una economía mixta y un Estado de bienestar, mediante sistemas nacionales de salud, educación, pensiones y protección ante el desempleo.

La dictadura no sólo dio un golpe de Estado contra un gobierno, sino también contra el pacto de Estado que todas las fuerzas democráticas habían tejido, explícita e implícitamente, en las décadas anteriores, empujadas por un movimiento social que aprendió a jugar sus cartas mediante apoyos selectivos al sistema de partidos políticos. Si no se hubiera dado el golpe de Estado, es muy probable que el curso de los acontecimientos hubiera obligado a todos los partidos a rediseñar el pacto keynesiano. Eso hubiera significado para la Izquierda un retroceso parcial en las conquistas políticas y sociales del periodo, pero el horizonte general del país se hubiera mantenido. En democracia nunca se podría haber impuesto el plan laboral de José Piñera, ni las AFPs y las Isapres, ni la municipalización de la educación, el desmantelamiento de las universidades estatales, ni la privatización salvaje de las empresas públicas. Nunca se hubiera llegado a implementar un sistema tributario tan regresivo y abusivo. Las cuatro familias que concentran el 20% del PIB nunca hubieran llegado a consolidar ese grado de poder. Para imponer el actual orden constitucional, basado en la estamentización clasista de todas las esferas de la vida, era necesaria una violencia nunca antes conocida.

Para la derecha, y buena parte de la difunta Concertación, la desigualdad no representa un problema. Algunos, como Jovino Novoa, lo dicen abiertamente. Otros no lo dicen, pero lo piensan. A ellos les basta el crecimiento en expansión. Todos aceptan que esta economía no chorrea naturalmente, y que por ello el Estado está obligado a compensar a los pobres y mantener la ilusión de la movilidad social mediante mecanismos de transferencia de renta, bonos, créditos y pequeñas dádivas que distienden la caldera política. El debate no va más allá del monto de estas ayudas, su carácter y su condicionalidad. La derecha conservadora diseña el bono para el tercer hijo para incentivar la natalidad. Los liberales se oponen y lo derogarán. Pero la estructura inequitativa del modelo nadie la toca. Pero como observa Joseph Stiglitz, la desigualdad tiene un precio: “La desigualdad reduce el crecimiento y la eficiencia. La falta de oportunidades implica que el activo más valioso con que cuenta la economía (su gente) no se emplea a pleno. Muchos de los que están en el fondo, o incluso en el medio, no pueden concretar todo su potencial, porque los ricos, que necesitan pocos servicios públicos y temen que un gobierno fuerte redistribuya los ingresos, usan su influencia política para reducir impuestos y recortar el gasto público. Esto lleva a una subinversión en infraestructura, educación y tecnología, que frena los motores del crecimiento(1)”.

Una cuantificación muy inteligente del costo de la desigualdad ha sido elaborada por Richard G. Wilkinson y Kate Pickett(2). En su estudio concluyen que los efectos perniciosos de la desigualdad se concentran en once grandes áreas que tienden a ser disfuncionales por efecto directo de la inequidad: salud física, salud mental, consumo de drogas, educación, población reclusa, obesidad, movilidad social, confianza interpersonal, violencia, embarazo adolescente y bienestar infantil. Llegan a este análisis al comparar países de renta similar, pero con distinto grado de desigualdad. El retrato que se desprende de su análisis es una buena foto de nuestro Chile, especialmente cuando los autores se preguntan: “Ser pobre en una sociedad rica es casi garantía de infelicidad. Pero, ¿es feliz el rico que vive en una sociedad rica? La respuesta: la desigualdad es la causa fundamental de los males de todas las sociedades. Basado en treinta años de investigación, este libro viene a demostrar que las sociedades más desiguales son negativas para casi todas las personas que viven en ellas: violencia, drogas, obesidad, enfermedades mentales, largas horas de trabajo, bajo rendimiento escolar…”.

Como observó Michael Walzer en Las esferas de la justicia , la igualdad es una categoría compleja. No es un objetivo que se pueda reducir al ámbito de los ingresos económicos, sino que exige implementar criterios de justicia distributiva acordes a cada esfera de poder. Pero en Chile el factor dinero domina como criterio distributivo en todos los campos. El acceso al conocimiento, al poder político, incluso el reconocimiento de los derechos civiles, está mediado por un pago. La ciudadanía social y política se ha transformado en una ciudadanía censitaria, lo que contradice cualquier pretensión democrática porque, como señaló Ronald Dworkin(3), en una comunidad política la igualdad constituye la virtud soberana: “sin ella el gobierno es sólo una tiranía”.

La igualdad, por más que les pese a quienes se llenan la boca hablando de libertad, es la posibilidad para que toda persona, sin importar su condición original, pueda prosperar y llevar adelante su proyecto de vida. Para ello se deben garantizar el acceso a ciertos bienes mínimos, indispensables para el libre desarrollo de la personalidad. Por eso no es metafórico decir que el 11 de septiembre de 1973 nos robaron la dignidad y la libertad. A todos. Incluso se la robaron a sí mismos los golpistas que lo celebraron con botellas de champaña. Ya viene siendo hora que cobremos, y con intereses, esa vieja deuda de justicia.

Notas

(1) Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad , Taurus, Madrid, 2012.

(2) Richard G. Wilkinson y Kate Pickett, Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva , Turner Publicaciones, Madrid, 2010.  

(3) Ronald Dworkin, Virtud soberana. Teoría y práctica de la igualdad , Paidós, Madrid, 2003.

 

Iglesias y dictadura: elementos para una hermenéutica histórica

Le Monde diplomatique, septiembre de 2013.

El Golpe de Estado de 1973 constituye un “acontecimiento”, en el sentido de Alain Badiou: una “singularidad universal”, un hecho particular, localizado y temporal, pero que contiene una verdad universalizable, que abre a un nuevo horizonte de significados[1]. Se trata de un momento de ruptura, que “hace un agujero en el saber”, que obliga a reinterpretar a todos los involucrados en él de una forma novedosa. Ni la iglesia Católica ni las iglesias Evangélicas escapan a ello. Su identidad misma se va a redefinir profundamente a partir de ese momento. De allí que la mirada histórica al rol de las iglesias durante la dictadura no puede remitirse a un simple repaso de hechos y nombres sino que debe adquirir una dimensión hermenéutica, en cuanto crítica a las ideologías (y de las teologías) que pugnaban por dar sentido a la encrucijada chilena. Un intento de interpretación puede emerger desde un juego de espejos con otro acontecimiento similar, como puede ser la dictadura Nazi en Alemania. En cuanto proyecto ideológico el Tercer Reich propuso una reinterpretación total del curso de la historia y del sentido de la vida, por lo que reclamó una catarsis completa en la teología cristiana. Por supuesto, un paralelo entre el régimen hitleriano y la dictadura pinochetista es un ejercicio precario, que no resiste equivalencias “aritméticas”. Pero en cuanto “acontecimientos” ambos momentos permiten lecturas sincrónicas, a pesar de la asimetría de sus horrores.

La iglesia del Reich y la Iglesia Confesante

El ascenso nazi llevó a profundas divisiones en las iglesias europeas. En el caso católico una parte de los obispos, encabezados por el obispo de Münster, el Cardenal Clemens von Galen, ofrecieron fuerte oposición y resistencia a Hitler, pero otros, como el austriaco Alois Hudal, el eslovaco Josef Tiso, o el Croata Aloysus Stepinac van a colaborar de forma activa con su proyecto.En las iglesias protestantes la división tuvo relación con el intento nazi de utilizar al cristianismo como seña de identidad alemana, subordinado a la ideología oficial, en tanto religión nacional. En 1933 impuso la unificación de las distintas iglesias protestantes en una única “Iglesia del Reich” (Reichskirche) e impuso como “Reich Bishop” al capellán militar de Königsberg,  Ludwig Müller. Se elaboró una nueva teología, “purgada” de elementos judíos y “antinacionales”, para otorgar al nazismo un carácter mesiánico y escatológico, sustentada en el “Führerprinzip” que demandaba obediencia absoluta al líder. Esta nueva doctrina opuso el “cristianismo positivo”, nazificado, al “cristianismo negativo”, contaminado por el “materialismo judío” y el marxismo. La “Iglesia del Reich” introdujo el “párrafo ario” por el cual excomulgó a sus miembros con antecedentes raciales judíos, glorificó los principios de “sangre, raza y suelo”, y argumentó la necesidad de destruir a los enemigos ideológicos. Toda disidencia a la posición oficial se consideró una “politización” indebida de la iglesia. En enero de 1934  Müller decretó que “toda participación de un pastor en la política de la Iglesia será considerada como una infracción a la disciplina eclesiástica y la falta implicará la suspensión inmediata en sus funciones.”

En reacción surgió en 1934 la “Iglesia Confesante” (Bekennende Kirche), llamada así por la “confesión de Barmen” por la que un campo de protestantimos alemán rechazó la subordinación al Estado y el mesianismo hitleriano, inspirados por la “teología dialéctica” de Karl Barth. Para los “confesantes” la fe cristiana no constituía un objeto cosificable, sino una acontecer que emerge en la vida y exige respuesta. Van a establecer la “oficina Grüber”, un equipo humanitario destinado a proteger a los perseguidos por razones políticas y raciales. Clausurada en 1940, los miembros de la oficina fueron enviados a campos de concentración. Muchos miembros de la “Iglesia Confesante”  terminarán luchando junto a la resistencia directa al régimen y perdiendo la vida en ello. La figura más emblemática es el pastor Dietrich Bonhoeffer, que participará  junto al grupo de oficiales de la Abwehr[2] en el atentado contra Hitler del 20 de junio de 1944. La conciencia de la Iglesia Confesante se condensa en el famoso poema del pastor Martin Niemöller: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío, Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”[3].

La iglesia del Régimen

En el caso chileno, la Junta Militar recurrió desde el primer momento a la legitimación religiosa de su poder, ostentando una interpretación mesiánica de su actuación: “Al terminar esta breve exposición, pido al Altísimo que nos ilumine y nos dé fuerzas para afrontar las difíciles tareas de Gobierno, y a mis compatriotas, la fe y el sacrificio para salvar a la Patria, dolida y enferma, de la dura prueba a que el destino la sometió, quizás si para señalarle con este golpe, cual será su verdadera misión[4]“. Se trata de un argumentario dualista en que se opone la “civilización cristiano-occidental” y el “marxismo-leninismo”, la espiritualidad y el materialismo ateo, los vencedores y los vencidos, la Virgen del Carmen y el caos terrorista. El golpe de Estado se interpreta como “la respuesta de Dios” ante una “catásfrofe social y política”. La represión violenta  como el “sacrificio necesario” a la “misión salvífica” de las Fuerzas Armadas. Pinochet sostiene en 1974: “Ustedes saben que el pueblo oraba por su salvación y que ahora (conmigo) se siente libre y apartado del mal[5]“. Y en 1977: “Ustedes saben que el movimiento del 11 de septiembre fue especialmente dirigido a salvar la parte espiritual del país. Es así que quién analiza el pronunciamiento militar de 1973 y estudia casualmente como se produjo llega al convencimiento de que aquí estuvo presente la mano de Dios[6]“. Los medios de comunicación, controlados unánimente por régimen, difundirán la doctrina de esta nueva “Iglesia patriótica”, por medio de las homilías televisadas del capellán militar Florencio Infante en Televisión Nacional o del presbítero Raúl Hasbún en Canal 13.

A este discurso se sumará en bloque un sector del catolicismo especialmente infuido por el nacional-catolicismo español, sacerdotes como Osvaldo Lira y obispos como Emilio Tagle, de Valparaíso. Este sector rechazaba de forma directa o indirecta el Concilio Vaticano II y participó en las sombras de las maniobras golpistas.  Por vía de Wikileaks se ha conocido que el nuncio Sótero Sanz influyó en el entonces Secretario de Estado Vaticano Giovanni Benelli con el afán de minimizar las denuncias de violaciones a los DDHH, que ya llegaban a oídos de Roma. Un informe secreto de la Embajada de EE.UU. en Italia afirma que Benelli “tildó de exagerada la cobertura de los acontecimientos en Chile como posiblemente el mayor éxito de la propaganda comunista[7]”. Una postura aún más abiertamente favorable al régimen tendrá el sucesor de Sótero Sanz, el nuncio Angelo Sodano.

La adhesión de las iglesias evangélicas se buscó por medio de prácticas clientelares,  favoreciendo la penetración del neo-pentecolistalismo norteamericano, representado por telepredicadores como Pat Robertson o Jimmy Swaggart. Esta estrategia se inspiró en los “documentos de Santa Fe”, elaborados  por la CIA desde inicios de los 80 y que instigaron la propagación de teologías fundamentalistas en América Latina. David Stoll ha calculado que  Estados Unidos destinó entre $200 o 300 millones de dolares a este objetivo durante la década de los 80, con el doble objetivo de debilitar la resistencia a la política norteamericana y a la vez para canalizar la subjetividad social hacia una actividad religiosa [8].

A pesar de su religiosidad ostentosa Pinochet no tuvo el menor resquemor a la hora de reprimir a los sectores eclesiales que se oponían a su proyecto. La violencia simbólica se canalizará bajo la acusación de “politización ilegítima del clero”. Y la violencia directa dejará en el camino a los sacerdotes Joan Alsina, Gerardo Poblete, Miguel Woodsward, Antonio Llidó y André Jarlán.  La práctica de la tortura no excluyó ni por motivos de religión o de genero, como testimonió Sheila Cassidy en su “Audacity To Believe”[9]. 106 sacerdotes y 32 religiosas se vieron obligados a abandonar el país durante los primeros cuatro meses después del golpe de Estado. Muchos otros los seguirían en los años venideros, siendo los casos más notorios los de José Combin en 1978, Pierre Dubois,  Daniel Carouette y Jaime Lancelot en 1986. Incluso en abril de 1976 un grupo de jóvenes pinochetistas (entre ellos el actual ministro  Andrés Chadwik) apedrearon a los obispos Enrique Alvear, Fernando Ariztía y Carlos Camus al arribar al aeropuerto de Pudahuel.

La Iglesia de la Solidaridad

Frente a la brutalidad de la iglesia del régimen nacerá de forma espontánea una Iglesia “confesante” que el 4 de octubre de 1973 ya había levantado su propia “oficina Grüber”: el Comité Pro Paz, fruto de la voluntad del Cardenal Raúl Silva Henríquez y del obispo luterano Hermut Frenz. Disuelto en 1975 la acción humanitaria se mantuvo en el ámbito católico por la Vicaría de la Solidaridad y en el campo protestante por medio de FASIC. A nivel de base la resistencia tendrá múltiples expresiones: La Vicaría de la Pastoral Obrera, coordinada por Alfonzo Baeza colaborará a salvaguardar y reconstruir las organizaciones sindicales. La coordinadora de comunidades cristianas en sectores populares, con sacerdotes como Mariano Puga, Jesús Rodríguez, Roberto Bolton levantará procesos participativos y fortalecerá la asociatividad poblacional. El movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, fundado por el jesuita José Aldunate, recurrirá a la no violencia activa para poner en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La lista de religiosas sería larguísima: Blanca Rengifo, Odil Loubet, Elena Chaín, Francisca Morales, María Cristina Lepeley, Karoline Mayer, María Inés Urrutia, Anita Goossens. Y sacerdotes como Esteban Gumucio, Sergio Torres, Enrique Moreno Laval, Ronaldo Muñoz, Manuel Donoso, Arnoldo van der Mer, Rafael Marotto, Gerardo Pappen, José “Pepo” Gutiérrez, y tantos otros. En el ámbito protestante la Confraternidad Cristiana de Iglesias[10] quebró con el estereotipo del mundo evangélico como “refugio de las masas con el testimonio de la pastora Juana Albornoz, los obispos Enrique Chavez, Isaías Gutierrez, José Flores, Sinforiano Gutierrez, y los pastores Edgardo Toro, José Cárdenas y Juan Sepúlveda.

¿Porque lo hicieron?¿Qué pudo motivar a tantos y tantas a resistir contra toda esperanza? ¿En que creía esta Iglesia de la Solidaridad? Dietrich Bonhoeffer logra dar alguna respuesta cuando afirma en su diario de prisión: “hay que vivir como si Dios no existiese…Ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Dios se deja desalojar del mundo y clavar en la cruz. Dios es impotente y débil en el mundo, y solo así está en nosotros y nos ayuda…Solo el Dios sufriente puede ayudar. [11]

[1]Badiou, Alain. (1999).  “El ser y el acontecimiento”. Buenos Aires: Manantial.

[2] Oficina de Inteligencia Militar,

[3] Sermón en  la Semana Santa de 1946 en Kaiserslautern, titulado: “¿Qué hubiera dicho Jesucristo?”. De forma equívoca se suele atribuir a Bertolt Brecht,

[4] Augusto Pinochet. “Discurso a un mes del golpe de Estado del 11.09.1973″

[5] Augusto Pinochet. Entrevista en 1974.  Citado en: Lagos, Humberto  (2001) “El general Pinochet y el mesianismo político”. LOM Santiago. p. 23-24.

[6] Ibid. p. 23-24.

[7]http://dotsub.com/view/4efa571e-4920-4244-8b04-d716b35ec538

[8] Stoll, David  (1990)  “Is Latin America Turning Protestant?”. California University Press.

[9] Cassidy, Sheila (1977). Audacity To Believe, Collins, London.

[10]Conformado por las iglesias Misión Iglesia Pentecostal, Iglesia de Misiones Pentecostales Libres, Iglesia Wesleyana Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en Chile, Iglesia Misión Apostólica Universal, Iglesia Misión Comunión de los Hermanos, Iglesia Unión Cristiana, Iglesia Evangélica Reformada,Iglesia Pentecostal de Chile e Iglesia Eben Ezer Pentecostal.

[11] Dietrich Bonhoeffer (2008) “Resistencia y sumisión-Cartas y apuntes desde el cautiverio”  Sígueme, Salamanca.