Chile: El síndrome del programa abandonado

Según la encuesta Biobarómetro, elaborada en Concepción, el 58,4% de los chilenos considera que la próxima presidenta incumplirá sus promesas de campaña. Sólo el 31,6% muestra confianza en sus ofrecimientos. Especificando, el 55,8% es escéptico respecto a que el próximo gobierno mejorará los niveles de satisfacción con la salud pública. El 64% considera que el próximo gobierno no solucionará las demandas de los estudiantes. 73% afirma que la próxima administración no resolverá los problemas de seguridad ciudadana. 59,1% no cree que en la próxima administración legislará a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. 69,5% descree que se despenalizará el aborto. 63% no estima que el próximo gobierno despenalizará el consumo de marihuana. 74% no piensa que se convocará a una Asamblea Constituyente.

Ese 58,4% de “incrédulos” frente a las promesas electorales coincide con el 58,1% de abstención del 15 de diciembre. Es un universo disímil, que lo único que tiene en común es su férreo escepticismo. Es el país desengañado, que ya no se fía en la palabra y los gestos de la dirigencia política. Descreído, incrédulo, desilusionado o desalentado. Poco importa cómo se lo describa. Es la mayoría en el país real. La encuesta no dice que este 58% no aspire a transformaciones profundas. Simplemente refleja una desconfianza radical.

Jovino Novoa ha tratado de interpretar la abstención afirmando que Bachelet no tiene representatividad ni mandato para impulsar cambios profundos, y quienes se han abstenido están “conformes” con el país en el que viven. Niega así una biblioteca completa de estudios que desde hace décadas muestran un altísimo malestar en la sociedad. Un desagrado que se ha agudizado en los últimos cuatro años. La incapacidad de este tipo de políticos para reconocer estas evidencias muestra que viven de acuerdo a la máxima “Si   la   realidad contradice el modelo , peor para la realidad”.

La eufórica Nueva Mayoría parece incómoda cuando se les recuerda el volumen de abstención. Aunque la derecha intente manipular estas cifras, es imposible negar su volumen. No se puede justificar un 41% de participación electoral en la existencia del voto voluntario. En los países con voto obligatorio pero que no sancionan a quienes no votan, la participación media llega al 74%. Y en donde hay voto voluntario la participación alcanza un promedio del 68%(1). En Alemania llegó a un 66,04% en 2013, en España a un 63,26% en 2011 y a un 53,57% en EE.UU., en 2012.

Tampoco esta abstención tiene antecedentes históricos en Chile. La participación electoral, desde la introducción de la cédula única de votación en 1958, vivió un ascenso permanente: 1957: 22%; 1961: 32%, 1965: 50%, 1969: 45% y 1973: 63%. En el plebiscito del 5 de octubre de 1988 votó el 97.53% de los inscritos, que representaban el 86,8% de la población en edad de votar, y en las presidenciales de 1989 un 92,3% de los inscritos. Ese mismo año la Concertación presentó el programa electoral más claro y profundo que ha elaborado hasta la fecha. La plataforma de Aylwin contenía cambios que sin ser radicales, buscaban cambiar el “carácter” del modelo económico, y reordenaban el sistema político. Pero ese programa se convirtió en papel mojado. Hugo Fazio, en su libro El programa abandonado observaba: “Los hechos muestran que tal programa está lejos de haberse cumplido. No se trata de errores cometidos o medidas fortuitas y /o coyunturales, que debieron tomarse dadas las circunstancias. Muy por el contrario”(2). Fazio narra cómo el primer gobierno concertacionista fue tejiendo un “consenso en las alturas” con el gran empresariado y la derecha, que torció la voluntad que inspiraba el programa votado en diciembre de 1989.

A partir de 1993 los programas de la Concertación se llenaron de significantes vacíos como “nuevos tiempos”, “equidad”, “tolerancia”, etc. Adjetivos con los que es imposible estar en desacuerdo, pero difícilmente evaluables. ¿Cómo no concordar con la idea laguista de “Crecer con igualdad”? ¿O con el freísta “Vamos a vivir mejor”? En paralelo, la influencia lavinista comenzó a cosificar y minimizar los programas. Desaparecieron las propuestas políticas nacionales y se comenzó a ofrecer un listado de pequeñas medidas, acotadas y focalizadas en grupos particulares, cuyos destinatarios, dispersos y desorganizados, no pudieron supervisar y exigir su cumplimiento cabal. Piñera llevó esta estrategia a su cumbre. Así entusiasmó, pero terminó desilusionando a casi todos.

En estas elecciones, la Nueva Mayoría ha retornado a la “gran política” mediante tres promesas mayores: nueva Constitución, educación gratuita y reforma tributaria. A una parte del electorado estos compromisos le han entusiasmado, y con justificadas razones. Pero otro amplio sector no ha acompañado esta esperanza. Y no porque estén en contra de estas propuestas, sino porque consideran que caen a destiempo. ¿Cómo creer que se cumplirán estos grandes compromisos si no se cumplieron los pequeños ofrecimientos de antaño? Ya se han contagiado del síndrome del programa abandonado. ¿Hay antídoto ante tamaña infección? Sólo uno: cumplir lo prometido. Ser flexible en las estrategias, inteligente en los caminos, pero fijarse líneas rojas que, cueste lo que cueste, no se esté dispuesto a traspasar. Si la Nueva Mayoría no asume este criterio, la actual epidemia se transformará a muy corto plazo en una pandemia con pronóstico desconocido.

Notas:

(1) International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

(2) Fazio, Hugo. El programa abandonado , Santiago, LOM, 1996. p. 12.

Repositorio: http://www.sinpermiso.info/textos/chile-el-sndrome-del-programa-abandonado

 

Un temor muy conveniente

De cara a la segunda vuelta electoral, El Mercurio , como vocero oficioso de la derecha política y sociológica, ha estallado en un coro de espantos ante la segura derrota de su candidata, Evelyn Matthei. Si un corresponsal extranjero sólo dispusiera de ese periódico como fuente de sus crónicas, seguramente nos contaría que Chile está en el umbral del socialismo: la Nueva Mayoría, versión remasterizada de la Unidad Popular, dotada de un amplio quórum parlamentario, se dispone a avasallar a las personas de bien, que con su propio esfuerzo y talento han labrado el progreso de este país. “Momios, junten miedo” se trasluce tras cada titular del “diario de Agustín”. El problema es que ni El Mercurio se cree a estas alturas sus propios argumentos. Todos comprendemos que si no se logra provocar una ola irracional de terror colectivo, masivo y descontrolado, Evelyn Matthei va a recibir una derrota vergonzante.

La semana previa a la primera vuelta, Leonardo Suárez, director de estudios de Larraín Vial, redactó un informe de coyuntura en el que dejó muy claro a los grandes inversionistas lo que verdaderamente debían esperar del escenario electoral(1). Y su conclusión es muy explícita: “Con Bachelet, la torta podría crecer menos, pero se distribuiría de forma menos inequitativa”, dice. “Estamos lejos de vislumbrar una democracia chavista o kirchneriana” en 2014-2018, como algunos proyectan”, desinflando sin compasión todos los argumentos del periódico que dirige Cristián Zegers.

Lo que para Larraín Vial interesa es muy acotado: con Bachelet el gasto en educación subirá del 4 al 6%, como en Singapur o en Europa. “Ello no sería relevante para el mercado”. Tampoco sería inconveniente una AFP estatal, siempre que funcione como un banco más del sistema. En salud una nueva ley de Isapres sólo reduciría las utilidades de las aseguradoras. La corredora de Bolsa da a entender que los inversionistas estarían dispuestos a aceptar un alza de los impuestos del 20 al 25% bajo la condición de no tocar el FUT (Fondo de Utilidades Tributarias) que permite a las grandes empresas tributar sólo sobre las utilidades retiradas y no sobre su totalidad.

Respecto a los cambios institucionales y constitucionales, lo que Larraín Vial remarca es que el programa de la Nueva Mayoría es ambiguo respecto al Banco Central. Por una parte, Bachelet afirma que “se le reconoce su autonomía” pero agrega que “la ley establecerá la medida de la autonomía y la configuración de sus competencias”. Esta pequeña coletilla, que podría llegar a significar algún grado de regulación específica a las competencias del ente emisor, es lo único que Suárez invoca como realmente peligroso para sus lectores. Ni la Asamblea Constituyente ni el fin del binominal le quitan el sueño. Porque la gran conclusión con que cierra su informe es taxativa: “Chile seguirá con un modelo económico de libre mercado, integrado financiera y comercialmente en el mundo”.

Todo indica que ya se ha configurado un “pacto” político-empresarial que ha dejado a los mayores empresarios e inversionistas si bien no del todo satisfechos, al menos bastante conformes. Sólo restaría afinar la “letra chica”, que es a lo que apunta Larraín Vial, a la espera de que se anuncie el nombre del nuevo ministro de Hacienda. ¿Cómo se pudo llegar a fraguar semejante acuerdo?

Una pista la dio el Wall Street Journal en un artículo del 11 de noviembre pasado, en el que arremetió sin la menor diplomacia en contra del gobierno(2). El texto califica a Sebastián Piñera de gobernante populista, excéntrico, arbitrario y caprichoso que al igual que el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha sido “reacio a defender los derechos individuales cuando creen que saben más”. Wall Street le recrimina a Piñera su absoluta falta de formalidad institucional: “Los caprichos de Piñera han sido más peligrosos. Durante los primeros días de su gobierno, puso fin a la construcción de una planta de electricidad a carbón, tal como pedían los ambientalistas que protestaban en las calles. GDF Suez GSZ.FR había invertido 15 millones de dólares en evaluaciones y en procesos para superar las barreras regulatorias. Piñera, sin embargo, se puso del lado de los manifestantes y le hizo una ‘sugerencia’ -tal como lo explicó en una visita a las oficinas de The Wall Street Journal en septiembre-, al máximo ejecutivo de la compañía de que trasladara la planta. El proyecto se canceló y los inversionistas se marcharon”.

El periódico neoyorkino afirma que Piñera “no ha sido ningún adalid de la libertad económica”, y le acusa de introducir la licencia de maternidad de seis meses y de incrementar los impuestos a las empresas después del terremoto: “Se suponía que el alza iba a ser temporal. Pero cuando los estudiantes, encabezados por activistas comunistas, salieron a las calles en 2011 para exigir una educación universitaria financiada por el Estado, Piñera ideó un generoso paquete de subsidios y concesiones para complacerlos, y el aumento de impuestos se volvió permanente”. Wall Streetacusa a Piñera de entender su paso por la Presidencia “como el de un genio que sale de la lámpara y otorga deseos cuando le viene en gana”.

Lo que “los mercados” demandan a gritos, por boca de Larraín Vial, Wall Street Journal , The Economist , o del inefable Andrés Oppenheimer, es muy simple: reglas claras, y previsibles con gobernabilidad y estabilidad social, aunque haya que pagar un poco más de impuestos. Bachelet y la Nueva Mayoría lo garantizan ampliamente, y ofrecen además un proyecto muy parecido al brasileño: un Estado activo, que apalanca estructuralmente a un empresariado que sale a conquistar el mundo. Lo que más temen es que el “Aladino” Piñera se prolongue en las veleidades de una Evelyn Matthei que un día amanece liberal, dispuesta a subir los impuestos y al día siguiente promete gobernar con la Biblia en la mano.

El Mercurio mismo entiende perfectamente que los dados ya están echados. Por eso el 24 de noviembre se limitaba a levantar el acta del desastre: “Estos -grandes empresas nacionales y transnacionales- desnivelaron sus aportes a favor de Bachelet al extremo de sofocar materialmente la candidatura de Matthei”. Curioso masoquismo el de las transnacionales.

 

Notas

(1) Leonardo Suárez. “Chile: oposición tendría los 4/7 del Senado, lo que sería inesperado. ¿Más tributos y menos recaudación a repartir?”. Departamento de estudios Larraín Vial. 12 de noviembre de 2013.

(2) Mary Anastasia O’Grady. “Chile se dispone a dar un giro hacia la izquierda”. Wall Street Journal . 11 noviembre 2013.

 

La UDI después de la derrota. La decadencia de los irreductibles

Le Monde diplomatique, diciembre de 2013.

El resultado obtenido por la UDI en las elecciones parlamentarias pone fin a un ciclo de veinte años en los cuales ha sido el eje de la derecha chilena. Ya en las municipales de 2012 la UDI perdió comunas fundamentales como Santiago, Concepción, Recoleta, Providencia, y Huechuraba. Sus cada vez más frecuentes casos de corrupción a nivel edilicio mellaron su imagen: Gonzalo Cornejo y su esposa Claudia Nogueira en Recoleta, Jacqueline van Rysselberghe en Concepción, Mario Olavarría en Colina, el caso GMA en Viña del Mar, sólo por citar algunos. Y el estilo autoritario y caudillista de sus cargos públicos ha comenzado a hastiar hasta a sus propios votantes.

Ahora debe asumir el fracaso de las estratégicas candidaturas senatoriales de L. Golborne y P. Zalaquett en Santiago y un retroceso en 9 diputados. Pero la derrota fundamental radica en que estas pérdidas coinciden con el alejamiento de la primera línea política de sus más importantes líderes históricos. Jovino Novoa no fue a la reelección, apostando a que Golborne garantizaría su relevo en la comisión de Hacienda del Senado. La afección de Pablo Longueira hace prever que no volverá a política activa por un largo tiempo. El pésimo resultado presidencial de E. Matthei ha terminado por desgastar a un ya alicaído Joaquín. Lavín. Los públicos cuestionamientos a la actual directiva, presidida por Patricio Melero, abrirán un difícil proceso sucesorio. Se avizora que algunos parlamentarios que se han sentido menospreciados, como Iván Moreira, buscarán castigo a las ofensas recibidas.

La UDI actual ya no es el escuadrón homogéneo y disciplinado que diseñó Guzmán. Durante este año se hicieron públicas las abiertas discrepancias entre la línea “popular” impulsada por Longueira, y la ortodoxia neoliberal defendida a ultranza por Novoa. Y si se analiza el futuro se percibe una clara fractura entre la generación fundacional y la de sus propios hijos. Las nuevas camadas ya no parecen dispuestas a mantener la misma uniformidad ideológica, lo que explica el surgimiento de grupos como Evópoli, liderados por el ex ministro Felipe Kast, en abierto contraste con la línea conservadora que impulsa su tío José Antonio Kast. O el estilo desvergonzadamente frívolo de Joaquín Lavín Jr. y su esposa Catherine Barriga.

El primer síntoma de esta grieta se observó en marzo de 2012 cuando este partido celebró por primera vez en su historia elecciones para elegir a su directiva. Hasta es momento la cúpula histórica (los “coroneles”) tenían la capacidad de consensuar internamente los cargos sobre el entendido de que eran cambios de gestión, pero no de orientación política, la que se suponía inmodificable. Pero los desafíos de la realidad actual impiden mantener esa unanimidad. Ha surgido una fuerte competencia en su propio campo: por un lado la tesis de la “nueva derecha”, que busca desligarse totalmente del pasado pinochetista, defendida desde RN por J.M. Ossandón y A. Allamand. Están las ansias de volver a La Moneda de S. Piñera, que requiere reconectar con el centro político. Y la irrupción de F. Parisi, que con su 10% les ha arañado muchos votos con un discurso antielitista, liberal y despolitizado. ¿Cual será la estrategia adecuada ante este ese escenario? ¿Mantener la posición intransigente de J. Novoa a cualquier costo? ¿Profundizar en las tesis “populares” y “antiabusos” de P. Longueira”? ¿Derivar hacia una retórica nacionalista, acompañada de “populismo penal”, al tenor de la ultra-derecha francesa? ¿Acoplarse a la línea liberal de Evópoli y converger en el futuro con grupos como Fuerza Pública de A. Velasco? Al parecer, hoy todas estas tesis conviven en el seno de la UDI.

Crítica de la razón gremialista.

 La identidad más profunda de la UDI se sintetiza en una de las frases de J. Guzmán que más se repite en los discursos internos de ese partido: «Nos odian porque nos temen, y nos temen porque nos saben irreductibles». Una irreductibilidad en dos dimensiones: primero la irreductibilidad orgánica. Guzmán ideó un partido de cuadros de matriz leninista, en el que no hay fisuras. El grupo fundador, pensado como vanguardia, está dotado de amplísimos poderes e incorpora dirigentes por cooptación, probando la lealtad y capacidad de los militantes. El debate interno es mínimo, y acotado a aspectos organizativos o tácticos. Pero la verdadera irreductibilidad que buscaba Guzmán era la ideológica. Ese factor ha constituido a la UDI como una clave de bóveda en el edificio institucional construido bajo la dictadura militar, y que le permite ejercer un rol de gendarme de una cuasi- indestructible fortaleza constitucional. Para conseguir ese monolitismo doctrinal Guzmán compuso una síntesis entre el conservadurismo de raíz católica y el neoliberalismo proveniente de la escuela monetarista de Chicago. Una articulación conceptual compleja en la medida en que ambos factores se tienen a anular mutuamente. ¿Cómo armonizar el laissez faire económico y la rigidez en materia moral?

Para lograrlo Guzmán aplicó la llamada «paradoja del liberalismo tardío», que conduce a  una división del trabajo entre el positivismo en la esfera pública y el existencialismo decisionista en la vida privada[1]. La objetividad se asume como un predicado exclusivo de la tecno-ciencia, mientras las prescripciones normativas de la ética se clasifican en el campo del «existencialismo subjetivista-irracionalista». Así el ámbito de las decisiones económico-institucionales opera bajo las premisas de una racionalidad procesal valorativamente neutral y la esfera íntima en base a valoraciones pre-racionales. Todo intento de cuestionar esta bifurcación es atacada como un intento ideológico por restringir la libertad individual.

Este diseño conduce a un doble dogmatismo: las decisiones económicas se justifican como exclusivamente técnicas, despojadas de toda dimensión social y política. Y las determinaciones morales dejan de necesitar argumentación racional. Es posible arraigarlas en el más absoluto intimismo, sin necesidad de concordar un marco mínimo de acuerdos intersubjetivos que garanticen la convivencia pública. De esa forma la UDI puede defender el neoliberalismo más extremo bajo argumentos tecnocráticos y su inmovilismo moral en base a su particular concepción de  la ley natural. Es lo que ocurre cuando fundación Jaime Guzmán sostiene: “Para nosotros la moral es algo objetivo, no subjetivo, puesto que tiene su sostén en la Ley Natural que, a su vez, responde a la naturaleza y fin propios del ser humano[2]”. Un criterio de este tipo no es universalizable, ya que se basa en un “maximalismo agathológico”, una concepción absoluta del bien fundada en el fideísmo más absoluto.

El elemento integrador del que se sirvió Guzmán para cerrar su sistema lo extrajo de la Doctrina Social de la Iglesia Católica (DSI). Se trata del principio de “subsidiaridad”, que interpretó como un criterio legitimador de las privatizaciones y la despolitización de la sociedad. Pero al hacerlo ocultó expresamente que la DSI articula la subsidiaridad junto a los principios de “dignidad humana”, “solidaridad”  y “destino universal de los bienes”[3]. Se trata de una impostura ideológica con graves consecuencias, como ha reconocido implícitamente el sociólogo católico Pedro Morandé[4].

De la refutación teórica a la refutación práctica.

El gran problema de la UDI radica en que sus fundamentos teóricos no sólo han sido refutados en la teoría. Debe hacer frente a su refutación práctica. La justificación pseudo-científica del neoliberalismo como verdad absoluta ya había sido desmontada hace mucho, entre otros por la “Teoría general del segundo óptimo” de Lancaster y Lipsey[5]. Pero hoy debe responder a una crítica cotidiana, que cuestiona la legitimidad de su aplicación a partir de criterios mínimos de justicia, lo que incluso Longueira terminó por reconocer abiertamente.

Por su parte su dogmatismo “valórico” ha entrado en crisis en la medida en que es contestado abiertamente por una sociedad ética, religiosa y culturalmente cada vez más diversa, tal como ha mostrado año a año el PNUD. Incluso la UDI lo tiene difícil a la hora de contener las disensiones internas de sus militantes en materia moral. Durante este año algunos alcaldes de la UDI, como Rodrigo Delgado de Estación Central, suscribieron el “Acuerdo por la Igualdad” impulsado por la fundación Iguales. Algo impensable hace pocos años atrás. La ventaja de la “nueva derecha” no es más que el reconocimiento de este dato y de la necesidad de  concordar un marco mínimo de convivencia basado en criterios éticos universalizables, y no confesionales.

Finalmente, la fortaleza inexpugnable que diseñó Jaime Guzmán en 1980 se ha terminado por corroer. No ha sido como resultado de la acción política, sino fundamentalmente por su deslegitimación por la sociedad civil, que ha ejercido su poder argumentativo “asediando la fortaleza sin ánimo de conquista”[6]. Lentamente, golpe a golpe, el poder de la ciudadanía ha derrotado a los irreductibles.

[1] Apel, Karl-Otto. (1986)  “Estudios éticos”.  Alfa, Barcelona. p. 113.

[2] Fundación Jaime Guzmán E  (2008) “Manual de Formación: Principios Fundamentales”. Fundación Hanns Seidel – Fundación Jaime Guzmán.  p. 13

[3] Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2005) “Compendio de la Doctrina social de la Iglesia”.  Ciudad del Vaticano.  nº 170-172.

[4] Morandé, Pedro. (2008) “Subsidiarity in Chilean Education”. En : “Pursuing the Common Good: How Solidarity and Subsidiarity Can Work Together”. Margaret S. Archer and Pierpaolo Donati eds. Vatican City.

[5] Lipsey, Richard y Kelvin Lancaster (1956)” The General Theory of the Second Best”. Review of Economic Studies. Vol. 24, No. 1 (1956 – 1957), pp. 11-32.

[6] Habermas, Jürgen. (1999) “Tres modelos normativos de democracia” en “La inclusión del Otro”. Paidós. Barcelona. p. 465.