Bachelet, segunda parte

El 11 de marzo, Chile ha iniciado un nuevo ciclo político. La segunda presidencia de Michelle Bachelet posee innegables coincidencias, de forma y de fondo, con su primer mandato: se repiten nombres, estilos de gestión, los vicios y virtudes de un colectivo político que en su gran mayoría ya tiene experiencia en funciones de gobierno. Pero también hay grandes diferencias, que si no se destacan no permiten entender la coyuntura específica que está viviendo el país.

La primera diferencia es que la Nueva Mayoría no es “exactamente” la Concertación. La presencia del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana no constituye la única novedad. El cambio fundamental es otro: la Concertación era una coalición estratégica, sin fecha de caducidad, pero que se agotó después de veinte años. En cambio, la Nueva Mayoría se define a sí misma como un “acuerdo político programático” para apoyar el gobierno de Bachelet. Nada más. No se trata de un pacto estratégico, sino un contrato a cuatro años plazo. Cumplido el periodo presidencial, y evaluado el cumplimiento del programa, los que hoy son aliados podrían, eventualmente, tornarse adversarios. De allí que la existencia misma de la Nueva Mayoría se juegue en el cumplimiento (o incumplimiento) de ese programa.

Que se trate de un “acuerdo político programático” no es bueno o malo en sí mismo. En el sistema parlamentario de Europa es lo que ocurre cotidianamente. Las coaliciones de gobierno se forman después de trascurridas las elecciones, y los partidos se pueden demorar meses en negociar un pacto de gobierno hasta lograr un contrato mayoritario. Bélgica estuvo 589 días sin gobierno, entre 2010 y 2011, por las dificultades de llegar a un pacto de mayoría que permitiera gobernar. Estos acuerdos de gobierno pueden incluir a partidos muy disímiles entre sí, los que se vinculan exclusivamente por un programa de gobierno inmediato. Hoy, en Alemania, gobierna la Democracia Cristiana de Angela Merkel y la Social Democracia de Sigmar Gabriel. Pero en las próximas elecciones ambos partidos se enfrentarán con todo, como si nada hubiera pasado en los últimos años.

Bajo un “acuerdo político programático” los gobernantes deben ser muy comedidos en sus intervenciones. Ello se hizo evidente en el primer discurso de la presidenta Bachelet la tarde del 11 de marzo. Fueron sólo 890 palabras, centradas totalmente en los objetivos programáticos de su gobierno, sin alegorías ni grandes referencias fuera de ese marco concreto. Una brevedad y precisión que revela el carácter de la coalición que la sustenta: la imposibilidad estructural de referirse a lo que no está en el programa, pero a la vez lo detallado y puntilloso del “contrato de gobierno” que justifica su existencia.

UNA CIUDADANIA MOVILIZADA

La segunda gran diferencia de esta segunda presidencia de Bachelet radica en el clima social. La presidenta no pudo obviar ese dato, y por eso comenzó su intervención diciendo: “Ustedes han sido los protagonistas de muchos procesos que han ocurrido en este tiempo, donde la ciudadanía ha decidido ejercer sus derechos”. Todos sabemos cuáles son esos procesos y cuáles son esos derechos. No es necesario nombrarlos. La convocatoria a la “marcha de todas las marchas”, para el próximo 22 de marzo, a pocos días del inicio del nuevo gobierno, refleja muy bien ese clima de opinión. Y el comentario de Bachelet a esta convocatoria también refleja la importancia del giro movilizador: “Una marcha el 22 de marzo parece un poquito… entendí que lo que quieren decir es que cumplamos con nuestro programa de gobierno, y eso es lo que queremos hacer. Ellos pueden estar tranquilos”.

Es muy probable que los participantes en la manifestación del 22 marchen bajo premisas distintas. Algunos lo harán en la lógica de expresar, tranquilamente, su apoyo el programa de Bachelet. Otros lo harán con mayor desconfianza, motivados por exigir su estricto y rápido cumplimiento. Y otros, más escépticos todavía, para manifestar su recelo ante la voluntad política del gobierno y para declarar su pretensión de ir más allá de lo que se propone la Nueva Mayoría.

En este momento todavía es posible que este conjunto tan heterogéneo de personas puedan salir juntas a la calle. A medida que pase el tiempo, será cada vez más difícil que se articulen públicamente. El curso del cumplimiento del programa mostrará cuál de los tres grupos es el que tiene la razón. Aún es muy pronto para sacar conclusiones.

LA CENTRALIDAD DEL PROGRAMA

La tercera diferencia se desprende de las dos anteriores. Nunca un programa de gobierno había tenido tanta centralidad. Desde 1990 los gobiernos han tenido que responder a expectativas mucho más intangibles, centradas fundamentalmente en la persona de los presidentes: el primer presidente “democrático”, el hijo de un presidente, el primer socialista después de Allende, la primera mujer presidenta, o el primer gobernante de una coalición distinta a la Concertación. Hoy este tipo de factores es irrelevante. La Nueva Mayoría es un programa, y sin programa no hay Nueva Mayoría. Por lo tanto, Bachelet se juega el todo por el todo en el cumplimiento de unas promesas que, inevitablemente, se convertirán en un campo de batallas interpretativas.

Por ejemplo: ¿Cuán “nueva” será la nueva Constitución? Si se asumiera el procedimiento institucional de la Asamblea Constituyente, no cabría duda que el texto resultante sería enteramente distinto. Pero una reforma por vía parlamentaria va a introducir el debate sobre el estatus final del texto: ¿En qué punto una Constitución reformada comienza a ser una nueva Constitución? Esto no es una tarea que puedan resolver los juristas o los lingüistas, porque los que tendrán que evaluar esa novedad serán los ciudadanos. Ellos serán los que deberán resolver si hemos entrado en un nuevo orden de cosas, o si los cambios son cosméticos.

Bachelet parece consciente de esta dificultad en su discurso del 11 de marzo: “Quiero que el día que vuelva a dejar esta casa, ustedes sientan que su vida ha cambiado para mejor. Que Chile no es sólo un listado de indicadores o estadísticas, sino una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente”. En otras palabras, la presidenta sabe que la evaluación de su programa no será un asunto cuantitativo o estadístico, como pensaba Piñera, sino un asunto enteramente cualitativo. Pasará por la profundidad y radicalidad de los cambios, y no por la cantidad de ellos. Pocas trasformaciones, pero significativas. Ese será el criterio de la ciudadanía. De allí la tesis central del discurso: “¡Chile tiene un solo gran adversario, que se llama desigualdad!”, sostuvo Bachelet a modo de conclusión y mandato. Una desigualdad sentida y vivida, y no sólo expresada en cifras o indicadores. Pero también una desigualdad que se explica por el trabajo incesante de unos “desigualadores” que han hecho todo lo posible para acrecentar y ensanchar las diferencias entre los chilenos. Y a ellos no les temblará la mano a la hora de defender su “obra” de cuarenta años.

¿Podrá la Nueva Mayoría, en tanto “acuerdo político programático”, derrotar a tan gran adversario? ¿Y cómo se las arreglará Bachelet para derrotar a los “desigualadores” que existen al interior de la Nueva Mayoría? En este aspecto, la ciudadanía espera, al menos, que Bachelet sea capaz de revertir la tendencia de las últimas décadas. En la América Latina de hoy sobran los ejemplos para demostrar que eso es perfectamente viable y posible. No es fácil, implica grandes esfuerzos. Pero las experiencias y los ejemplos cunden, y hablan por sí solos. No hay que tener miedo a imitarlos. Chile tiene un solo gran adversario: los “desigualadores”.

 

Estudio de caso: Fallo del Consejo para la Transparencia en contra de la subsecretaría de Pesca. Chile

  El 4 de julio de 2011 la ONG ambientalista “Oceana” realizó  una solicitud de acceso a la información a la subsecretaría de Pesca (SDP) del gobierno chileno con el fin de conocer cuántas solicitudes para “pesca científica” había presentado la Universidad del Mar (UDM) y toda la documentación anexa.

En una de esas solicitudes se informaba que la UDM había firmado un contrato con la empresa japonesa “Japan Tuna Fisheries Cooperative” (JTFC) en orden a realizar  “pesca científica” de atunes, con cuatro buques factoría en las aguas cercanas a la Isla de Pascua durante un año. Este tipo de barcos capturan y procesan al pez en alta mar y son tradicionalmente usados por las grandes empresas.

Para la ONG era llamativo el número de proyectos de pesca con supuestos fines científicos en los que estaba involucrada la Universidad del Mar, con cantidades de extracción de pescados que excederían los usados con fines investigativos.

Dentro de la petición de Oceana se pedía acceso al contrato entre la UDM y la empresa asiática. Sin embargo, la subsecretaría de Pesca no entregó ese documento, agregando sólo un resumen de lo que pretendía hacer la firma en aguas chilenas y documentos menores.

La ONG Oceana se volvió a comunicar con la SDP reiterando su petición de conocer el contrato. Sin embargo, violando expresamente la Ley de Transparencia, la subsecretaría le dio a esa solicitud un número de ingreso distinto, para evitar la revelación del mentado documento, debiendo haberlo resuelto en la primera solicitud de Oceana. Continuando con la tramitación de la solicitud de Oceana, la SDP ofició a la Universidad del Mar para conocer si manifestaba su oposición a la publicidad del contrato. Como era de esperar, la universidad se opuso a la publicación del documento.

La solución

Ante la negativa a entregar ese contrato específico, la ONG envió un recurso de amparo al Consejo para la Transparencia (CPLT), el que fue acogido. El fallo del CPLT obliga a la Subsecretaría a entregar el contrato solicitado por Oceana y constata que la Subpesca no cumplió correctamente con las normas de la Ley de Transparencia.

Según el CPLT la subsecretaría no entregó argumentos válidos, pero explicó que decidió tramitarla aparte porque podía afectar los intereses de terceros, es decir la Universidad del Mar. Además, la entidad argumentó que el otro interesado era una empresa con domicilio en Japón y que los documentos estaban en ese idioma.

La Universidad del Mar por su parte, indicó que el contrato con la nipona no podía ser revelado porque contenía información estratégica de la empresa y que su carácter era secreto. Sin duda, debían ir los honorarios que cobraría la casa de estudios. Pues bien, luego de analizar los antecedentes, el CPLT los rechazó porque, ya que a su entender, la subsecretaría usó “artificios” ilegales que finalmente favorecieron a la Universidad del Mar. Y esta última, un día antes de enviar sus argumentos al CPLT retiró todos los documentos para “pesca científica” desde la Subsecretaría.

Recomendaciones y aprendizajes

El CPLT obligó a la SDP a entregar la documentación, pues esta debería tener una copia de los documentos en su poder. De lo contrario, debe enviar a Oceana las resoluciones mediante las cuales se devolvieron los papeles a la UDM. La resolución señala:

“Que, por último, se le representará a la Subsecretaría de Pesca que, pese a estimar que la información requerida podría afectar los derechos de terceros, no dio estricto cumplimiento al procedimiento de oposición establecido y regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, retrasando, con ello, la entrega de la información al requirente e impidiendo, asimismo, que el eventual afectado por la entrega de la información pueda ejercer su derecho a oposición, lo que implica una vulneración a dicha norma…”.

Fuente: Fallo del CDT: http://ciperchile.cl/ciper-radar/agoqrswy46

El legado de Piñera

Una de las obsesiones más fuertes de Sebastián Piñera ha sido intentar grabar en la opinión pública la idea del “enorme legado” que deja.

Ya se ha anunciado oficialmente que el mandatario va a inaugurar, tan pronto como deje la Presidencia, una fundación “que defenderá el legado de su gobierno”. Por medio de una gira de despedida, diseñada explícitamente para este objetivo, todo el verano Piñera lo ha dedicado a mostrar sus balances alegres y sus informes comparativos con la gestión del gobierno anterior. La propaganda gubernamental ha girado, desde hace meses, en torno a este concepto, con una tesis que el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, resumió al decir: “El legado del gobierno es muy macizo y nos permitirá, como oposición, construir sobre él(1)”.

El interés de resaltar este supuesto “legado” no es nuevo en Piñera. Apenas llegó a La Moneda, y sin nada que exhibir todavía, empezó a utilizar ese eslogan. Era la época en que no se amilanaba y afirmaba que “en veinte días hemos hecho más que la Concertación en veinte años”. Recordemos que la celebración de los doscientos años de la Independencia, en 2010, la denominó “Legado Bicentenario”. Y desde ese momento, todo corte de cinta, cada decreto firmado, las nuevas leyes promulgadas, las reuniones sostenidas, todo se convirtió en un gran legado a la posteridad, que deberíamos agradecer de aquí a la eternidad.

No es extraño que los políticos quieran dejar una buena imagen para la historia. No sólo es natural, sino que es un incentivo moral positivo. Si no les importara el juicio público sería peligroso, porque ya no habría ningún estímulo en su gestión, más que el de su más estrecho interés personal. Cuando a un gobernante ya no le importa la opinión de la sociedad, el cinismo no tiene límites. Incluso a Berlusconi, condenado por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, todavía le interesa salvaguardar su imagen y el recuerdo de “su legado”.

Por eso, no puede haber reparo a priori en que Piñera y sus ministros traten de resaltar lo que consideran sus aportes y logros en el gobierno. Se trata de un interés legítimo, aunque contradictorio con sus pretendidos principios liberales, que le deberían llevar a confiar en que la ciudadanía sacará sus propias conclusiones. En todo caso, están en su derecho. Pero por supuesto, ese interés comunicativo debe tener un criterio prudencial. Y ese es el límite que Piñera ha traspasado ampliamente. Este gobierno intenta convertir el cumplimiento mínimo de sus roles y funciones constitucionales, en una herencia maravillosa que los chilenos deberíamos reconocer de forma extraordinaria.

¿DE QUÉ LEGADO ESTAMOS HABLANDO?

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo sintetizó así: “La postura del presidente por los 40 años del golpe es el legado más trascendente de su gobierno(2)”. Dicho de otra manera, haber llamado “dictadura” a la dictadura militar y “cómplices pasivos” a quienes colaboraron con ella, es la herencia más grande que nos deja. ¿Necesitaba el país este acto de reconocimiento? Excepto los fanáticos de la ultraderecha, nadie duda de que se trató de un gesto positivo. ¿Pero se trata de un legado al país, o sólo es el cumplimiento de una mínima exigencia democrática? ¿Es no más que una herencia para su propio sector político, que ahora puede afirmar que deslindó posiciones con el pinochetismo más recalcitrante y limpió su imagen?

LEGADOS PARA LOS AMIGOS

En esa categoría, de herencia para sus cercanos, caben las llamadas “becas Piñera”. Bajo ese nombre se apunta a los mecanismos contractuales diseñados para permitir que un número significativo de personeros políticos, designados por la actual administración, se incrusten a largo plazo en el aparato estatal. Que la Concertación haya realizado prácticas similares no es excusa ni aminora la culpa. Otra herencia de Piñera a sus amigos es una serie de “leyes de amarre” que beneficiarán a grandes grupos económicos: la ley de pesca, la licitación del litio, la ley de concesiones eléctricas, sólo por nombrar algunos de los dones más valiosos que Piñera ha entregado de cara al futuro.

Últimamente Ciper ha destapado el caso de una serie de reformas a la legislación inmobiliaria, lanzadas en los últimos años, y que debilitaron gravemente las regulaciones a favor de las grandes empresas del sector(3). El decreto Nº 1 de 2013 permitirá que se construyan los polémicos malls comerciales de Castro y del Muelle Barón, de Valparaíso, la ampliación (vía túnel) del Alto Las Condes, y la construcción de un gran hotel en las áreas verdes del Club de Golf Los Leones. Y a futuro, esta nueva regulación permitirá lo mismo en cualquier barrio en el que las cadenas comerciales quieran hacerlo.

EL “LEGADO” DEL TPP

Dentro de los “amarres” que nos dejará Piñera, tal vez el más desconocido y más preocupante es el Acuerdo Estratégico de Asociación Transpacífico de Libre Comercio (TPP). El secretismo que ha rodeado toda su negociación es el mejor reflejo de la gravedad de su aplicación futura. Este acuerdo es un tratado de libre comercio multilateral, que involucra a doce naciones: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y en América Latina a México, Perú y Chile. Pero a diferencia de otros TLC, en este tratado se contemplan cláusulas explícitas que van más allá de lo estrictamente comercial. Es de especial gravedad el capítulo de propiedad intelectual, impuesto por Estados Unidos y apoyado con entusiasmo sólo por Chile.

Si se llega a aprobar este tratado se producirán graves efectos en la vida cotidiana. El objetivo general del TPP es cercar el acceso al conocimiento y la cultura, favoreciendo a los grandes monopolios de la industria de la información y el conocimiento. Se limitarán los derechos digitales, obligando a que las empresas proveedoras de acceso a Internet sean responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin mediación previa del Poder Judicial u otro órgano público que garantice los derechos de los usurarios. También buscará gravar con multas, desconexión de Internet y hasta penas de prisión las prácticas que la industria digital considere como vulneraciones al derecho de autor. El intercambio de archivos o videos podría ser considerado como delito.

También se pondrán grandes obstáculos al acceso a medicamentos genéricos, a la regulación de los pesticidas y al control de los aditivos de los alimentos. El TPP propone extender el plazo de protección a los derechos de autor a 90 años, duplicando el tiempo necesario para que una obra entre al dominio público y pueda ser usada sin permiso de los titulares de sus derechos. A su vez, se catalogan como “importación paralela” las compras internacionales vía Internet, por lo que adquirir libros o música por esa vía se convertiría en algo carísimo(4).

CÓMO HEREDARSE A SÍ MISMO

¿Cómo ha evolucionado el patrimonio del presidente Piñera en los últimos cuatro años? El informe de la revista Forbes estima que se duplicó, pasando de 1.000 millones de dólares en 2010 a más de 2.500 millones en noviembre de 2013. Se trata de cifras que sería necesario contrastar y analizar en detalle. Sin embargo, el fideicomiso ciego voluntario que firmó al inicio de su mandato no incluyó anexos en que se detallen sus inversiones al momento de delegar su gestión. Por eso, siempre quedará una nebulosa sobre las verdaderas causas del extraordinario rendimiento de las acciones presidenciales durante estos cuatro años de mandato. ¿Su éxito se debe a simple coincidencia, suerte o a una abierta intervención gubernamental? En este punto se evidencia la gran contradicción de Piñera. Confundir el “legado” al país, con la “herencia” que deja a sus colaboradores, a sus partidarios, a sí mismo y a los suyos.

Notas

(1) El Mercurio , 23 de febrero, 2014.

(2) La Tercera , 9 de febrero, 2014.

(3) Ciper, 24 de febrero 2014.

(4) Furche, Carlos (2013): Chile y las negociaciones del TPP: análisis del impacto económico y político . (Derechos digitales). Santiago.