Mar para Bolivia: una solución del siglo XXI para un problema del siglo XIX

José Aldunate S.J. y Alvaro Ramis

“Nos conviene” por Alvaro Ramis

Nuestra relación con Bolivia pone en colisión dos puntos de vista. El primero, al que adhiero, considera que Chile tiene una obligación de justicia, por la que debe restituir la calidad marítima a Bolivia. Nuestro país realizó un expolio salvaje durante la guerra del salitre que va mucho más allá de la usurpación territorial. Las consecuencias de 1879 se extienden, en la historia boliviana, hasta hoy, originando un daño multidimensional que no somos capaces de captar sin visitar el país altiplánico y estudiar detalladamente su historia política y económica. Desde esa perspectiva, la demanda en La Haya debe ser atendida y Chile esta obligado a acatarla.

El otro enfoque se basa en la legitimidad del “derecho de conquista”, por el cual los territorios asimilados constituyen un patrimonio irrenunciable, herencia de la sangre derramada. Esta argumentación se puede desplegar de forma brutal, chovinista, racista y discriminatoria. Pero también puede adquirir formas sutiles, civilizadas y racionales. “No hay nada que discutir” es el axioma que pone candado a toda reclamación boliviana. Con oídos sordos y la mirada perdida en el horizonte, Chile asume que con Bolivia la mejor relación es no tener relación. Dice atender así a nuestra conveniencia. ¿Por qué ser generosos? Especialmente si este mundo se muestra como un campo de batalla. El hombre es un lobo para el hombre, decía Hobbes. Y el que no lo entienda, que salga a la calle y lo entenderá.

Los reclamos de justicia no sólo chocan con el chovinismo y el racismo que corroe sin distinción de clase. También se estrellan ante el muro de la conveniencia, del pragmatismo, del autointerés colectivo. Y ante ese bastión es difícil oponer argumentaciones morales. Es necesario cambiar la discusión. Chile y Bolivia están condenados por geografía e historia a vivir juntos y entenderse. Su forzada convivencia puede ser provechosa, o seguir siendo un dilema que cause constantes desgastes económicos y políticos. Chile sufre el costo de este conflicto secular como un enorme daño reputacional. El estigma de “mal vecino”, “usurpador”, “problemático”, “sordo y prepotente” tiene un precio, que los propagandistas del “derecho de conquista” nunca calculan. Pero las mismas dinámicas de la globalización exigen ponderar este aspecto. Hoy los gobiernos intentan potenciar la “marca país”, entendida como el valor de su reputación. Calculan el valor simbólico de sus productos -turismo, selecciones deportivas, artistas, servicios públicos- y obtienen un dato que refleja cuantitativamente sus cualidades diferenciadoras. Aborrezco la noción de “marca país”. Mercantiliza a los pueblos, las identidades y las culturas. Pero me llama la atención que los mismos que la promueven, nunca caen en la cuenta de que la mejor manera de potenciar la “marca Chile” sería resolver creativamente un conflicto que nos coloca contra las cuerdas en los foros internacionales. Si nos importa el prestigio y el “capital confianza”, las agencias de branding,las creadoras de imagen, ya deberían proponer una salida al principal flanco débil de nuestra marca.

Kant decía que “el establecimiento de un Estado siempre tiene solución, incluso cuando se trate de un pueblo de demonios, basta que estos posean entendimiento”. Lo racional, lo lógico, es darse normas de convivencia, que sin despreciar las “tendencias egoístas”, las reoriente hacia el máximo beneficio. Chile podría torcer el rumbo del conflicto, tener audacia y ofrecerle a Bolivia una propuesta que sea imposible de rechazar. Ser generoso y cambiar el juego de suma cero en el que hemos caído. Si lo hace, The Economist nos declararía “país del año”, tal como lo hizo con Uruguay luego de la ley sobre el consumo de marihuana. Ofrecer a Bolivia una solución definitiva sería una medida igualmente inteligente. No sólo resolvería una disputa cara e inútil. También nos posicionaría como uno de los pocos países que ofrecen soluciones del siglo XXI a los problemas del siglo XIX.

“Relaciones con Bolivia” por José Aldunate S.J

Frente a la aspiración boliviana de una salida soberana al mar, podemos oponer razones válidas fundadas en el tratado de 1904. Podemos aun sentar nuestra posición por la fuerza. Pero, ¿nos bastará todo esto para que quedemos satisfechos y tranquilos? Alguno pensará tal vez blandir en esta ocasión nuestro desgraciado lema “Por la razón o la fuerza”. Ojalá que un día reneguemos de él.

Ciertamente no basta tener la razón, ni la fuerza. Hay otros valores que crecientemente se aprecian en el mundo de hoy. Está la apreciación ética, la amistad, la simpatía. Prácticamente todos nuestros países hermanos de Sudamérica apoyan la postulación boliviana. Podemos aparecer como prepotentes y autosuficientes. La generosidad no es solamente una virtud para el individuo, lo es también para una nación. Nuestro ingrediente cristiano nos impulsa en esta dirección. Chile debe dejar en el pasado su visión corta de pueblo isleño. Vive en un continente -o en un subcontinente- destinado a convivir, a colaborar, a crear en conjunto un organismo integrante de un mundo globalizado.

¡Tantos desafíos surgen ante este llamado a integrarnos! Podemos tener la capacidad de integrar el problema boliviano a esta visión, y discernirla a la luz de esta totalidad. Ciertamente en esta perspectiva no basta tener la razón y la fuerza. Nuestra situación actual con Bolivia es de tensión, no de amistad. A esta tensión contribuye aún más el recurso impuesto por Bolivia ante el Tribunal de La Haya. El recurso de Bolivia en el Tribunal de La Haya no es comparable con el que formuló Perú. La iniciativa peruana se justificaba por el hecho que Chile no consintió en dialogar sobre su diferendo, como Perú se lo había pedido. Ahora, en cambio, ya estaban dialogando Chile y Bolivia. Bolivia dice que interrumpió el diálogo porque sentía que éste se había vuelto engañoso y no conducía a nada. Los ex presidentes chilenos de la República han aconsejado al gobierno actual que no reconozca autoridad al Tribunal de La Haya para intervenir en este litigio.

Yo creo que el camino verdaderamente constructivo para buscar una solución sería reanudar el diálogo, ofreciendo la garantía de un diálogo serio. Se le podría pedir a Bolivia que suspenda su recurso ante La Haya. En todo caso, que se “encapsule” el litigio si no se puede suspender. Un encapsulamiento que no se hizo por torpeza de los cancilleres chilenos en el caso del recurso peruano a La Haya. Lo importante es que continuemos abiertos y dialogando todo lo posible en búsqueda de un acuerdo viable.

No puedo dar un consejo autorizado: mi opinión es personal, pero está ciertamente influida por una visión cristiana del mundo y un patriotismo que quiere ver a Chile integrado a una América Latina y a un mundo ecuménico. La solución se trataría fundamentalmente de una donación, aunque percibamos compensaciones menores que se podrían pactar. Por ejemplo, compensaciones en gas o en agua. No haría falta la mediación jurídica de un tribunal, pero sí podría pedirse la asistencia de una entidad pública como la OEA, Mercosur o Unasur, -o bien de la misma Santa Sede que nos ha ayudado en otras ocasiones a dar sabiduría, peso y solemnidad a las resoluciones-.

En cuanto a la concreción de la salida al mar para Bolivia, uno piensa espontáneamente en localizarla en un territorio y un mar situado entre Perú y Chile, o sea, en la región de Arica. Contrariamente a lo que se ha dicho, entiendo que Perú no se opone radicalmente a esta salida. Pondrá sí, me imagino, sus condiciones. Quisiera avanzar otra opinión -que tendrá oposiciones- pero es bueno que todos opinemos y se conozcan esas opiniones. Podría barajarse la posibilidad y la conveniencia de convertir a Arica en un puerto común bajo el dominio de los tres Estados: Bolivia, Perú y Chile. O aún de quedar la ciudad de Arica -y su región- como un Dánzig(1) perteneciente a los tres países, como ciudad abierta o bien perteneciente al co-gobierno de los tres países. Es evidente que en cualquier caso lo determinante sería la voluntad de los ariqueños. No hemos de considerar estas posesiones de territorio o regiones como inconcebibles. Un falso nacionalismo nos podría llevar a ello. Debe primar un claro bien común de la región y también el bien común del continente. Arica podría ser el término de un importante corredor transcontinental que uniría el Atlántico con el Pacífico. Los ariqueños se sienten en parte frustrados y postergados. Sufren desocupación y podrían ser los grandes beneficiados por el crecimiento previsto de una nación entera como Bolivia y el interior del Brasil.

Al hacer esta proposición de entregar un territorio patrio lo que quisiera, ante todo, es inculcar un cambio en nuestro discernimiento de lo bueno y malo en temas patrióticos o que interesan a la patria. El cambio de criterio a que me refiero consiste en el paso de una actitud egoísta a una actitud altruista, más universal en la valoración de las relaciones entre países. Y vale el dicho de que lo más universal es lo más divino. Haber contribuido al bien de todo nuestro continente americano debería ser lo que cause mayor satisfacción y orgullo patrio a Chile. El mundo ha cambiado, el “bien común” se ha corrido de lo particular a lo más universal. Bien común de Chile es América Latina, es incluso todo el universo. Nuestra grandeza es poder contribuir a ese bien común. Hemos de corregir criterios errados que aún dominan entre nosotros. Un ejemplo: no estoy de acuerdo con el ex presidente Sebastián Piñera y la actual presidenta Bachelet en su lamentación por el resultado del Tribunal de La Haya en el litigio de fronteras marítimas con Perú. Se lamentaron por algo que tendrían que haber valorado, que deberíamos todos valorar: que el tribunal haya devuelto las costas peruanas como el mar territorial que les correspondía, rectificando así una falla que afectaba al continente mismo en sus “derechos geográficos” por llamarlos así.

(1) Se refiere a la ciudad libre de Dánzig, establecida el 10 de junio de 1920 bajo tutela de la Sociedad de Naciones.

Nota de PF.- Punto Final comparte y hace suyas las opiniones de los redactores José Aldunate S.J. y Alvaro Ramis. La revista siempre ha apoyado la justicia histórica de facilitar a Bolivia una salida soberana al mar. Ha llegado el tiempo de tomar una iniciativa que dignificaría la posición de Chile en América Latina.

El consejo para la transparencia en Chile. Un caso de estudio

Chile aprobó la ley Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado (LDT) el 11 de agosto de 2008, entrando en vigencia en abril de 2009. Con anterioridad abundaban decretos, resoluciones, decisiones administrativas y simples costumbres que definían como reservados los más diversos actos y documentos de la administración. A lo anterior se sumaba la falta de conocimiento de la población respecto al derecho de acceso a la información, por prácticas inveteradas que vetaban estos requerimientos.

El principal mecanismo que instituyó la nueva ley fue el “Consejo para la Transparencia”, que ha asumido la forma de una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Las funciones del Consejo se sintetizan en la promoción del principio de transparencia, ejercer como garante del derecho de acceso, y velar por el perfeccionamiento de la regulación de la normativa en esta materia. Desde su entrada en vigencia de la LDT la administración del Estado ha recibido más de  100.000 solicitudes de acceso a la información. Hacia fines de 2012  4.600 de esas solicitudes habían dado lugar a reclamos ante el consejo de la Transparencia por denegación de información.

Para ilustrar la complejidad de algunos de estos reclamos se detallarán dos casos recientes, que sirven para ilustrar los dilemas a los que se somete la deliberación del esta institución.

Caso 1: Fallo del Consejo para la Transparencia en contra de la subsecretaría de Pesca. Chile

El problema

El 4 de julio de 2011 la ONG ambientalista “Oceana” realizó  una solicitud de acceso a la información a la subsecretaría de Pesca (SDP) del gobierno chileno con el fin de conocer cuántas solicitudes para “pesca científica” había presentado la Universidad del Mar (UDM) y toda la documentación anexa.

En una de esas solicitudes se informaba que la UDM había firmado un contrato con la empresa japonesa “Japan Tuna Fisheries Cooperative” (JTFC) en orden a realizar  “pesca científica” de atunes, con cuatro buques factoría en las aguas cercanas a la Isla de Pascua durante un año. Este tipo de barcos capturan y procesan al pez en alta mar y son tradicionalmente usados por las grandes empresas.

Para la ONG era llamativo el número de proyectos de pesca con supuestos fines científicos en los que estaba involucrada la Universidad del Mar, con cantidades de extracción de pescados que excederían los usados con fines investigativos.

Dentro de la petición de Oceana se pedía acceso al contrato entre la UDM y la empresa asiática. Sin embargo, la subsecretaría de Pesca no entregó ese documento, agregando sólo un resumen de lo que pretendía hacer la firma en aguas chilenas y documentos menores.

La ONG Oceana se volvió a comunicar con la SDP reiterando su petición de conocer el contrato. Sin embargo, violando expresamente la Ley de Transparencia, la subsecretaría le dio a esa solicitud un número de ingreso distinto, para evitar la revelación del mentado documento, debiendo haberlo resuelto en la primera solicitud de Oceana. Continuando con la tramitación de la solicitud de Oceana, la SDP ofició a la Universidad del Mar para conocer si manifestaba su oposición a la publicidad del contrato. Como era de esperar, la universidad se opuso a la publicación del documento.

La solución

Ante la negativa a entregar ese contrato específico, la ONG envió un recurso de amparo al Consejo para la Transparencia (CPLT), el que fue acogido. El fallo del CPLT obliga a la Subsecretaría a entregar el contrato solicitado por Oceana y constata que la Subpesca no cumplió correctamente con las normas de la Ley de Transparencia.

Según el CPLT la subsecretaría no entregó argumentos válidos, pero explicó que decidió tramitarla aparte porque podía afectar los intereses de terceros, es decir la Universidad del Mar. Además, la entidad argumentó que el otro interesado era una empresa con domicilio en Japón y que los documentos estaban en ese idioma.

La Universidad del Mar por su parte, indicó que el contrato con la nipona no podía ser revelado porque contenía información estratégica de la empresa y que su carácter era secreto. Sin duda, debían ir los honorarios que cobraría la casa de estudios. Pues bien, luego de analizar los antecedentes, el CPLT los rechazó porque, ya que a su entender, la subsecretaría usó “artificios” ilegales que finalmente favorecieron a la Universidad del Mar. Y esta última, un día antes de enviar sus argumentos al CPLT retiró todos los documentos para “pesca científica” desde la Subsecretaría.

Recomendaciones y aprendizajes

El CPLT obligó a la SDP a entregar la documentación, pues esta debería tener una copia de los documentos en su poder. De lo contrario, debe enviar a Oceana las resoluciones mediante las cuales se devolvieron los papeles a la UDM. La resolución señala:

“Que, por último, se le representará a la Subsecretaría de Pesca que, pese a estimar que la información requerida podría afectar los derechos de terceros, no dio estricto cumplimiento al procedimiento de oposición establecido y regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, retrasando, con ello, la entrega de la información al requirente e impidiendo, asimismo, que el eventual afectado por la entrega de la información pueda ejercer su derecho a oposición, lo que implica una vulneración a dicha norma…”.

Caso 2: La declaración de patrimonio del Presidente S. Piñera.

Al iniciar su mandato en marzo de 2010 Sebastián  Piñera había delegado el manejo de sus inversiones a cuatro entidades que las administran bajo la figura del fideicomiso ciego voluntario. De esta forma se buscaba evitar los conflictos de intereses. Pero en noviembre de 2013 la revista Forbes publicó su lista anual con las personas más adineradas del planeta. Por séptimo año consecutivo el entonces presidente chileno S. Piñera figuró como uno de los principales millonarios a nivel mundial. Esta vez, en la posición 589 con un patrimonio avaluado en US$ 2.500 millones. Desde que asumió el su cargo de gobierno su patrimonio se habría incrementado según los cálculos de la revista, en un 150%.

Ante estos datos el 14 de noviembre de 2013, un periódico chileno envió una solicitud de acceso a información pública a la Presidencia chilena para pedir copia de todos los contratos de fideicomiso ciego contraídos por el Presidente S. Piñera o las sociedades en que participa. La respuesta del director Administrativo de la Presidencia señala que lo publicado en el sitio web del gobierno referido al patrimonio  corresponde a “toda la información que disponemos referidas a dichas declaraciones”. Y agrega: “Finalmente, y en conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, informamos a usted que además de lo señalado, diversos antecedentes vinculados con las referidas declaraciones pero no exigidos por la ley vigente, se encuentran en poder de la Contraloría General de la República, para su consulta”.

Para conocer los contratos faltantes y el detalle de qué inversiones fueron delegadas a las cuatro corredoras de Bolsa, el periódico solicitó a la Contraloría general de la república (CGR) acceso a todos los documentos referidos a las declaraciones del Presidente Piñera, tanto a los formularios en sí como los anexos que haya entregado en 2010. Como los documentos son de carácter público, seis días después se obtuvo copia de las declaraciones completas del mandatario: ocho contratos que no aparecen en las declaraciones de Sebastián Piñera publicadas por la web de la Presidencia. En cada uno de los documentos se establecen las condiciones bajo las cuales operarán los fideicomisos ciegos. Todos señalan lo mismo: la empresa mandante entrega a la respectiva corredora de Bolsa (el mandatario) un paquete de acciones de distintas sociedades anónimas abiertas individualizado en el anexo A del contrato para que realice inversiones de toda clase de instrumentos financieros, ya sea en Chile o en el extranjero, entregándole también las facultades para que venda libremente esas acciones a precio de mercado en cualquier minuto mientras esté vigente el contrato. También señalan que el mandante no será informado bajo ninguna circunstancia de las operaciones ni del estado de la cartera de inversiones encomendada. El problema es que esos contratos tampoco están completos: ninguno incluye el anexo A, donde se detalla cuántas acciones y de qué empresas se están entregando a las corredoras de Bolsa para su administración, y menos el anexo B, donde se establecen las comisiones que las empresas del presidente deberán pagar a las administradoras del fideicomiso

En otras palabras, los documentos entregados por el Presidente Piñera no permiten siquiera saber cuáles eran las inversiones que tenía al momento de firmar el fideicomiso. Por lo tanto, sus declaraciones no respetan el espíritu de la ley, ya que resulta imposible conocer a través de ellas cuál es –o al menos era, antes de firmar los contratos– su patrimonio. Piñera ha afirmado. “Respecto a mi declaración patrimonial quiero ser muy claro: todo mi patrimonio ha sido declarado de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.088. No existe omisión alguna. Pero la cuantificación de su patrimonio al momento de firmar los fideicomisos no se encuentra reflejada en ninguna parte.

Para Chile Transparente –rama chilena de Transparencia Internacional –la interpretación de la ley es clara: “Debe concluirse que todos los funcionarios obligados a prestar una declaración de patrimonio deben declarar no sólo las sociedades en que tengan participación como personas naturales, sino también aquellas en las que participen a través de otras sociedades. Esa es la única forma en que la declaración de patrimonio sea una herramienta adecuada para prevenir el conflicto de intereses y hacer posible la fiscalización de los órganos competentes y de la ciudadanía”.El presidente Piñera podría argumentar que el fideicomiso ciego lo libera de detallar las participaciones cuya administración ha delegado, pero considerando que se trata de un contrato privado, voluntario y no sometido a las regulaciones de transparencia, es difícil encontrar un argumento legal que lo justifique.

Algunas conclusiones.

La aprobación de la LDT en Chile ha sido una de las pocas innovaciones democráticas que se han implementando en Chile en las últimas décadas. Se debe entender como el resultado de la incidencia de la sociedad civil organizada que levantó esta demanda a fines de los años noventa y que producto de su acción focalizada a nivel nacional e internacional consiguió su aprobación. El fallo de la corte interamericana en el caso Claude Reyes v. Chile generó un precedente internacional relevante en materia de reconocimiento del derecho a acceso a la información pública y resultó determinante en esta conquista.

A pesar de este avance, la opinión pública chilena mantiene hasta el día de hoy altos índices de desconfianza en las instituciones estatales, tal como lo indican los estudios del Consejo para la Transparencia. Además, se requiere mucha mayor capacitación y difusión de esta nueva institucionalidad, de manera que se logre conocer y asimilar su potencialidad. Al mismo tiempo, se deben estudiar y corregir las barreras de entrada denunciadas por Pro Acceso, que limitan el ejercicio del derecho a acceso, las que resultan fácilmente  subsanables por vía administrativa.

Pero las grandes materias pendientes en relación a la LDT dicen relación con la capacidad de esta nueva institucionalidad para responder ante la presión de grandes poderes que intenten limitar sus atribuciones.  Frente a ello se requiere fortalecer la actual institucionalidad. La proposición de constitucionalizar el derecho a acceso a la información toma una enorme relevancia.

 

 

“Podemos” y la crisis de la monarquía española

La abdicación del rey Juan Carlos I no se explica por problemas de salud o porque el monarca piense ceder la primera línea a una generación más joven. Se va porque no tuvo otra opción. Durante meses, el rey y su corte negaron en público y en privado que fuese a abdicar. Al menos mientras no recuperara algo de popularidad y prestigio, hundidos por sus cacerías, el descaro de sus amigas entrañables y los procesos por corrupción que afectan a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarin. Salir del trono en este momento se percibía como una derrota inasumible. Un rey o muere en su puesto, o se retira en el pináculo de la gloria.

Si se va con la popularidad en caída libre sólo se entiende porque el futuro se avizora mucho peor. Para salvar a la Corona, se hizo necesario sacrificar al rey. En este momento, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español todavía pueden conducir en el Parlamento la entronización de Felipe VI antes de julio, porque cuentan con una mayoría aplastante. Pero en las próximas elecciones todo indica que esa mayoría cambiará, tal como lo han indicado las recientes elecciones al Parlamento Europeo, y se podrá introducir un nuevo debate sobre la jefatura del Estado, especialmente por la debacle casi irreversible del PSOE.

EL FIN DEL BIPARTIDISMO

En las elecciones de este 25 de mayo el duopolio PP-PSOE obtuvo en conjunto un 49% de los votos, perdiendo cinco millones de electores. En las anteriores elecciones europeas, de 2009, habían sumado más del 85% de los votos. Esta enorme masa pasó a englosar un heterogéneo campo de partidos, especialmente de Izquierda. El PP bajó de 24 eurodiputados a 16. El PSOE de 23 a 14. Mientras Izquierda Unida subió de dos a seis. Pero la novedad fue la irrupción de una fuerza de Izquierda, totalmente diferente, llamada Podemos. Con sólo cuatro meses de existencia, este partido ha logrado un millón doscientos mil votos y cinco eurodiputados, cuando las encuestas no registraban su existencia. También se debe reseñar el éxito de los nacionalistas de Izquierda: ERC de Cataluña con dos eurodiputados, Compromís per València y EH Bildu en Euskal Herria, con uno. En conjunto, esta heterogénea Izquierda sumó quince eurodiputados, uno más que el PSOE, quedando sólo a uno del PP.

DE REY DE MUCHOS A REY DE POCOS

En 1994 el 65% manifestaba confianza en la monarquía y menos del 10% desconfiaba. Hoy sólo el 18,8% expresa alta confianza y más del 50% desconfía(1). Esto se explica porque entre los años 70 y 2000 la prensa cumplió a rajatabla un pacto de silencio que aseguró mantener la vida pública y privada de la Corona fuera de todo escrutinio. Esta tendencia sólo cambió en 2007, con el “cese temporal de la convivencia matrimonial” de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, y con la patética intervención del rey en la XVII Cumbre Iberoamericana, donde lanzó a Hugo Chávez el “por qué no te callas”, tan celebrado por la derecha pero que reveló el talante autoritario y prepotente del monarca.

Nunca se investigó la vinculación del rey con sonados casos de corrupción, como los de sus íntimos amigos Mario Conde, Javier de la Rosa y Manuel Prado Colón de Carvajal. Nunca se aclaró el rol del rey en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que ha sido frontalmente cuestionado por las investigaciones de Pilar Urbano en sus libros El precio del trono (2011) y La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar (2014). El New York Times ha recordado que Juan Carlos ascendió al trono “casi sin dinero” y que hoy posee una “fortuna opaca” de 2.300 millones de dólares. El periódico lo explica porque, además de los casi 8 millones de euros anuales que la Casa Real recibe del Estado, la ley le permite recibir “regalos y donativos”: “En sus viajes, el monarca puede aceptar regalos en nombre del gobierno español, pero no hay una lista pública de los presentes. Con los años, ha recibido yates, una casa en una isla y automóviles de lujo para añadir a su gran colección de autos provocando mensajes cáusticos de Twitter como: ‘Los españoles en zapatillas y el rey con setenta coches’”.(2)

En 2008 se inició una crisis financiera internacional que atrapó a España en un momento de máxima vulnerabilidad. Hoy es el país más desigual de Europa. Los inmigrantes latinoamericanos, ligados a la construcción y los servicios domésticos, regresaron masivamente a sus países. Una nueva forma de pobreza atrapó a familias que habían disfrutado de décadas de alto bienestar, y obligó a cientos de miles de jóvenes españoles a emigrar en busca de trabajo. Es un proceso de empobrecimiento sistemático de sus capas medias, donde uno de cada cinco españoles (el 20,4%) vive por debajo de la línea de pobreza. A la vez, los veinte españoles más ricos acumulan una fortuna de 77.000 millones de euros. Más de lo que tiene en conjunto el 20% de la población más pobre.

Luego de negar la gravedad de la crisis durante dos años, en mayo de 2010 Zapatero terminó por ceder a la presión de Alemania e impuso el mayor recorte en el gasto social de la historia española. A la vez, rompió con los sindicatos al reducir bruscamente los derechos laborales. En agosto de 2011, a pocos días de dejar su cargo, y con los votos de los dos partidos mayoritarios, reformó el art. 135 de la Constitución, introduciendo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, al dictado de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. En ese contexto, el triunfo del PP reflejó mucho más el profundo desencanto de los votantes socialistas que una adhesión a Mariano Rajoy.

LA IRRUPCION DEL 15-M

El 15 de mayo de 2011 el agudo malestar de la sociedad se pudo convertir en indignación política. Cientos de miles de personas se juntaron en la Puerta del Sol, de Madrid, acampando durante un mes para expresar su rabia contra el bipartidismo y sus instituciones. Desde esa plaza, “kilómetro cero” de las carreteras españolas, la mecha se expandió por todo el país. No sólo todas las capitales provinciales tuvieron “acampadas” 15-M. Muchísimas ciudades menores y pueblos pequeños replicaron su “Plaza del Sol” durante la primavera de 2011. Los “indignados” hicieron de un problema personal, la pérdida del empleo y de protección social, un conflicto con una elite política y financiera, que prefirió rescatarse a sí misma que rescatar a las personas. Se trató de un proceso reactivo, que irrumpió en una sociedad que parecía condenada a la resignación. Puso en evidencia las trampas institucionales de un régimen que se fundamentó en la leyenda rosa de una transición modélica, que garantizó la total impunidad de quienes sostuvieron la dictadura franquista y que construyó un sistema bipartidista excluyente de toda alternativa.

El movimiento denunció al PP y al PSOE como brazos del entramado corporativo español (Endesa, Telefónica, Unión Fenosa, Repsol, Inditex, OHL, Ferrovial, Bancos Santander y BBVA) que les financiaba y protegía de forma tan ilegal como descarada. Más que “puertas giratorias”, el 15-M sostuvo que entre el poder político y el económico se entabló una cohabitación, en la que se perdió todo pudor de cara a la ciudadanía, lo que impide la democracia. En ese contubernio la monarquía no era sólo un decorado. En la práctica, el rey se convirtió en un engranaje de los negocios de las transnacionales españolas. A punta de títulos nobiliarios, regalos y giras internacionales, Juan Carlos devino en el gran relacionador público de las empresas españolas.

Tanto la fuerza como los límites del 15-M radican en su espontaneísmo asambleario. De allí que las últimas manifestaciones de este movimiento terminaran en “gritos silenciosos”, largos minutos de silencio multitudinario que sólo se acallaban en un aplauso que acompañaba a las personas en el regreso a sus casas. Pero ese momento de catarsis colectiva generó las bases de una multitud de resistencias focalizadas, que han acompañado la vida española los últimos tres años. Vale resaltar a la plataforma de los afectados por las hipotecas (PAH), que han resistido los desalojos habitacionales instigados por los bancos, y las distintas “mareas de colores”: la marea blanca, en contra de la privatización de la salud, la marea violeta, en defensa de los derechos reproductivos de la mujeres, la marea verde orientada a la educación pública, la marea amarilla, por el sistema de bibliotecas públicas, la marea azul, contra la privatización del agua, la marea naranja, por los servicios de atención social, la marea negra, contra los recortes de funcionarios de la administración y la marea roja, de los desempleados. El 15-M también derivó en distintas asambleas barriales, colectivos artísticos y finalmente, en diversos partidos políticos. Entre ellos está el partido X, ligado a Hervé Falciani, quien reveló una lista de evasores fiscales en Suiza, y el movimiento RED, impulsado por el ex juez Elpidio Silva, expulsado del Poder Judicial por investigar al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Pero el partido que ha logrado mayor afinidad con la experiencia del 15-M ha sido Podemos.

¡ESTA CLARO QUE PODEMOS!

Para Pablo Iglesias, cabeza de lista de Podemos, su partido es un instrumento al servicio del 15-M, pero no su expresión directa, ni menos su representación. Iñigo Errejón, el “cerebro electoral” de la formación, lo expresa así: “Estuvimos en el 15-M y aprendimos mucho en las asambleas. El 15-M abrió la puerta para romper el secuestro de la política por parte de la casta. Sin este movimiento, Podemos no hubiese sido posible. Fue una ventana de oportunidad para los ciudadanos, pero nosotros no somos herederos del 15-M”.

Podemos aprendió del 15-M cómo trabajar en asambleas multitudinarias, evitar la burocratización, construir con mínimos recursos y cómo fortalecer los lazos de confianza entre los participantes. Pero también aprendió muchísimo de los procesos de cambio en América Latina. Errejón sintetiza estos aprendizajes latinoamericanos en tres puntos: “Al menos tres rasgos de la iniciativa Podemos remiten a las enseñanzas de los procesos de ruptura popular y cambio político en Latinoamérica. En primer lugar, el uso estratégico de los liderazgos, en particular mediáticos, y de formas plebiscitarias como palancas para abrir dinámicas de protagonismo popular, algo que fricciona con la matriz liberal de buena parte de las izquierdas europeas. En segundo lugar, la impugnación del modelo según el cual (pese a las numerosas experiencias en contra) la fuerza se acumula en ‘lo social’ y después se expresa en ‘lo político’, apostando por el contrario porque sea la dinámica político-electoral un momento de articulación de unidad popular (y fundamentalmente ciudadana, por las características del terreno social, institucional y cultural) por el cambio, donde antes sólo había fragmentos. En tercer lugar, la convicción de que para alterar sustancialmente las correlaciones de fuerza, los que desafían el orden constituido deben proponer nuevos alineamientos, nuevas fronteras que construyan nuevas identificaciones y en concreto, una amplia frontera popular ‘destituyente constituyente’, que en términos nuevos abra el espacio al We the People”.(3)

LA INCERTIDUMBRE ESPAÑOLA

Junto al debate sobre la monarquía, España vive un momento de particular tensión territorial. El 9 de noviembre está programada una crucial consulta sobre la independencia en Cataluña. Al ser “ilegal”, no será vinculante, pero expresará una clara voluntad de ese pueblo respecto a su futuro. Y el Parlamento del País Vasco acaba de aprobar una declaración en que afirma textualmente: “Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación”. Se supone que el monarca es la “clave de bóveda” institucional que permite arbitrar y cohesionar al Estado. ¿Podrá hacerlo si la calle no le reconoce legitimidad democrática? ¿Podrá sobrevivir el Reino de España o necesitará convertirse, de una vez por todas, en una República de iguales?

Notas:

(1) Fuente: CIS.

(2) New York Times, “Chastened King Seeks Redemption, for Spain and His Monarchy”, 28/09/2012.

(3) Errejón, Iñigo, “Podemos para lectores latinoamericanos”, en Rebelión, 01-02-2014.