#ÉticaTwitter. Las redes sociales y sus dilemas políticos

Le Monde diplomatique, julio de 2014

La irrupción de las redes sociales ha generado un nuevo marco para la acción política ciudadana. Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, y una infinidad de otras similares son una vía de información, articulación y coordinación de quienes se movilizan de acuerdo a sus prioridades e intereses. En 2004, cuando Zuckerberg Saverin, Hughes y Moskovitz crearon Facebook, nadie previó los alcances políticos de estos sistemas, pensados a escala micro social, y como canales publicitarios para las empresas.

Pero su evidente capacidad de incidencia en los procesos de resistencia y protesta social ha llevado a muchos autores a ensalzar sus capacidades como el nuevo soporte de la deliberación democrática. Este discurso optimista llegó a su nivel más alto durante la “primavera árabe”, en la cual los activistas utilizaron instrumentalmente Facebook para burlar la censura oficial. Manuel Castells[1] comentó en ese contexto que las redes sociales permitían el paso “de un sistema basado en la comunicación de masas a un sistema de autocomunicación de masas basado en Internet y las redes móviles”, lo que permitía a cada persona puede actuar como emisor y receptor de forma simultánea, y de forma autónoma.

Este poder de las redes es real. No en vano diversos gobiernos, enervados por las movilizaciones populares, han anunciado medidas de “regulación” de las redes sociales, en especial de la red de microblogging Twitter. Es el caso de Turquía, donde el gobierno de Recep Erdogan bloqueó el acceso a Twitter el pasado 21 de marzo. Y aunque el tribunal constitucional dictaminó en abril que este tipo de medidas eran inconstitucionales, el gobierno turco ha continuado aplicando medidas contra otras redes sociales, como YouTube y Google+. Y en España, luego del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León,  a manos de una correligionaria de su propio partido que no usaba redes sociales, la prensa conservadora se lanzó a pedir la “depuración” de las redes sociales y el endurecimiento de las penas por insultos a los políticos. En respuesta a este discurso, el ministro del interior Jorge Fernández Díaz ha impulsado la detención “ejemplarizadora” de varios jóvenes que ironizaron  en las redes con el crimen de Carrasco.

En nuestro país los gobiernos, hasta hora, no han incitado medidas semejantes. Aunque algunos diputados, como Iván Moreira, han amenazado en alguna ocasión con  “terminar con la leserita de Twitter”. Pero en la práctica nunca se han presentado medidas legislativas en esta línea. Sin embargo, durante el gobierno de S. Piñera el senador Pedro Muñoz denunció a la contraloría que el Ministerio Secretaría General de Gobierno había adjudicado un contrato por $ 14.388.000  a la empresa Brandmetric S.A con el fin de implementar una “Plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos de Internet”. Una definición opaca, que no delimitaba el rango entre la medición de temas de interés social y el control punitivo de las opiniones.  Ante la ola de denuncias el MSGG determinó poner fin al contrato argumentado que “no satisface las necesidades que dieron lugar a la contratación de  este tipo de servicio”. Pero la polémica dejó en claro que los gobiernos tienen acceso a tecnologías que les permiten hacer de las redes sociales un campo de estudio, análisis y si lo desean, control y represión.

Los argumentos de los “reguladores”

Los gobiernos que intentan censurar las redes sociales siempre lo argumentan diciendo que el “mundo virtual” no puede ser un campo desregulado, diferente al “mundo real”. Internet no puede ser un limbo jurídico, en el que se toleren los crímenes, y especialmente, las amenazas de muerte, injurias, ofensas, acosos personales. Efectivamente, Twitter no permite una autoregulación perfecta. Ello no quiere decir, como afirman los enemigos de las redes sociales, que estemos ante una selva donde impere la ley del más fuerte. En Twitter existe una norma fundamental, el principio de publicidad: quien afirma algo debe hacerse cargo de ello, porque no lo dice ante una audiencia cerrada, sino ante una audiencia universal. Por ello, la lista de políticos, celebridades y dirigentes que han tenido que disculparse o renunciar a sus cargos por un tweet imprudente está en constante aumento. El problema es que esta regla no es general. Si todos los twitteros actuaran con su nombre y apellido la autorregulación sería suficiente. Pero la figura del troll anónimo, encubierto por el anonimato de una falsa identidad, rompe este criterio de equidad comunicativa.

Pero esta desigualdad tiene otras dimensiones: mientras los usuarios se “desvisten” comunicacionalmente ante una audiencia universal, las empresas que administran esta información la pueden procesar, almacenar, e incluso vender de forma opaca, a otras empresas, gobiernos, agencias de inteligencia, marketing o incluso a las redes criminales. No es una fantasía. El Wall Street Journal[2] publicó el 12 de junio que Facebook “compartirá” los historiales de navegación de sus usuarios con empresas anunciantes. Y lo justifica diciendo que así la publicidad llegará con más “efectividad” a los internautas. “Lo que hemos escuchado de la gente es que quiere una publicidad dirigida más específicamente hacia ellos”, dice Brian Boland, vicepresidente de Facebook.

También se va constatado el peligro de que la aparente “neutralidad” de las redes, pueda ser alterada por un soporte informático predeterminado. Ese fue el caso de ZunZuneo, el llamado Twitter cubano, financiado por la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo (USAID). Este sistema, presentado como una red de mensajería para la telefonía móvil no se basaba en el principio del libre curso de la información, sino que era controlado en sus flujos desde sus servidores centrales. Y todo ello en nombre de la libertad de expresión.

Los riesgos del ciberfetichismo

Los investigadores Barbrook y Cameron[3] llamaron a esta paradoja con el nombre de “ideología californiana”. Describen así las tendencias ciberfetichistas presentes en California a fines de los años 90 e inicios del 2000. Se trataría de “una forma optimista y emancipatoria de determinismo tecnológico” que idealizaría la producción post-industrial basada en la información, confiriéndoles una capacidad natural de impulsar el crecimiento, el empleo y reducir las estructuras de poder del Estado, favoreciendo comunidades virtuales. La “Ideología Californiana” cree que la tecnología de la información liberará al genero humano de toda forma de control político, haciendo posible la plena autonomía individual y abriría un campo de riqueza inexplorado que permitiría a quienes desarrollen sus capacidades competir de forma equitativa en un “mercado liberado” de las asimetrías y barreras de entrada instaladas por los oligopolios. Pero los “californianos” olvidaron que  el surgimiento de las nuevas tecnologías también implica que las transnacionales y los Estados pueden manejar una enorme cantidad de información personal, sin controles. Lejos de contribuir a la libertad individual, construyen un  sistema global controlado por una rígida lógica corporativa-estatal que no se podría desafiar o cambiar.

Evgeny Morozov[4] ha constatado que los cambios tecno-productivos impulsan estas tendencias al “ciberfetichismo” por sobreestimar sus impactos positivos. Por ello denuncia el “ciber-utopismo” y el “Internet-centrismo” como discursos ingenuos e irresponsables que no perciben la censura, propaganda y vigilancia que se incuban al interior de las redes telemáticas. Armand Mattelart[5] ya analizó ese peligro al sostener que la nueva capacidad de estas tecnologías va aparejada a una nueva forma de “sociedad del control”, que lejos de democratizar y personalizar las relaciones económicas, las fragmenta y masifica. Por eso el sociólogo belga califica el concepto de “sociedad de la información” como un paradigma “tecno-utópico”, que sobreestima la nueva techné instrumental y estadística, olvidando los aspectos teleológicos inherentes a ella. Estaríamos ante un nuevo “determinismo tecnológico” como “subproducto de la concepción mercantil de los vínculos sociales”[6] Las posibilidades de vinculación social vía telemática no estarían adecuadamente ponderadas, Como dice César Rendueles: “Es como si creyeran que Internet nos permite reengancharnos con el entorno supuestamente cordial de las sociedades tradicionales tras el incómodo paréntesis de la modernidad”.

De allí que grupos de usuarios de Twitter estén hoy reaccionando críticamente a este proceso. En “The #TwitterEthics Manifesto”[7] un colectivo de usuarios denunciaba: “Periodistas, académicos y plataformas principales medios de comunicación que citan fuera de contexto, citan sin permiso, o plagian no están realizando actos de bondad – están abusando de sus poderes”. Siguiendo a Elinor Ostrom[8], las redes sociales como “sistemas de recursos” pueden tener propietarios individuales. Pero las “unidades de recurso” que fluyen en esos sistemas, los mensajes, fotos, opiniones que publicamos en ellas, constituyen bienes comunes, que pueden ser objeto de regulaciones por parte de quienes participan en el sistema, pero no pueden cercados posesivamente por parte de quienes han construido la red. Como dicen los autores del #TwitterEthics Manifesto: “Las redes sociales preexistentes son espacios a los que vamos para la conversación pública. Hay que mantener el sueño de construir nuestras propias estructuras que complementen la descolonización de los espacios públicos en los que hemos invertido”. ¿Surgirá una reacción similar en nuestro contexto o sucumbiremos a los encantos del ciberfetichismo?

 

[1] Manuel Castells: “Los grandes medios o se alían con internet y el periodismo ciudadano, o se convertirán en marginales. En  http://www.periodismociudadano.com 2011/03/03.

[2] Wall Street Journal, “Facebook to Target Ads Based on Web Browsing”.  12 Junio 2014.

[3] Barbrook, Richard y Cameron, Andy (1996): «The Californian Ideology», en Science as Culture, 26, pp. 44–72.

[4] Morozov, Evgeny (2012): El Desengaño de internet: los mitos de la libertad en la red,  traducción de Eduardo G. Murillo,  Destino, Barcelona.

[5] Mattelart, Armand (1974): La cultura como empresa multinacional, Galerna, Buenos Aires.

[6] Rendueles, Cesar (2011): «La era del ciberfetichismo», http://lapupilainsomne.wordpress.com/2012/01/01/la-era-del-ciberfetichismo/.

[7] Dorothy Kim, Eunsong Kim, “The #TwitterEthics Manifesto”,  7/4/2014, http://modelviewculture.com/pieces/the-twitterethics-manifesto

[8] Ostrom, Elinor (2011): El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las Instituciones de acción colectiva, traducción de Leticia Merino Pérez, 2da. ed., UNAM CRIM-FCE, México, p. 77.